POLITICA
La CGT acudió a la Justicia para intentar frenar el DNU que limita el derecho a huelga

La Confederación General del Trabajo (CGT), acudió a la Justicia para intentar frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limita el derecho a huelga. La central gremial presentó una acción de amparo sindical solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU.
El pasado miércoles 21 de mayo, el Gobierno publicó un DNU con el que busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza. En la práctica implica limitar el derecho a huelga.
Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga. Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.
El co-titular de la CGT, Héctor Daer se había reunido en Casa Rosada con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la excusa formal de analizar un cambio en las prestaciones del Hospital Naval, aunque le había anticipado que a comienzos de la semana la central obrera iría a la Justicia.
Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU del Presidente reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, plantearon, en los hechos imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.
Por otra parte, la central subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
Además, apuntaron contra el instrumento que se utilizó, el DNU. «Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto», apuntó la CGT.
También argumentaron que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva. «Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales», añadieron.
Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025.
La central de trabajadores sostuvo que apuntan con esto «evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo».
POLITICA
Impronta presidencial: Javier Milei dictó más del doble de decretos que los proyectos que el oficialismo envió al Congreso

La imagen del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, cuando inauguró su mandato en diciembre de 2023, fue la postal que presagió el estilo combativo que caracterizará su relación actual con ambas cámaras. Dos elementos lo confirmaron: en lo que va de su gestión dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley que presentó en igual período. Segundo, este año hubo casi tantos vetos como cantidad de leyes sancionadas.
En vísperas del debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU −para hacerla más restrictiva para el Poder Ejecutivo−, los datos fácticos explican la desesperación del oficialismo por evitar que la oposición le acote el uso de una herramienta clave para su gestión. En estos 21 meses de mandato, Milei dictó 74 DNU; en el mismo lapso presentó 33 proyectos de ley al Congreso. No solo la diferencia entre las cifras llama la atención; lo paradójico es que la mayoría de esas iniciativas está cajoneada por el propio oficialismo en las comisiones que preside.
La predilección de los libertarios por los decretos en detrimento de la sanción de leyes (aunque sean propias) es comparable con el que exhiben con los vetos. Este año el Congreso aprobó apenas once leyes; siete de ellas sufrieron el veto total del presidente. Nunca se vio en la historia democrática reciente semejante raid de vetos.
El oficialismo se victimiza con su debilidad parlamentaria −en ambas cámaras está en franca minoría− y argumenta que el atajo del DNU agiliza la gestión sin necesidad de someterse a farragosas negociaciones en el Congreso. Además, todos los gobiernos −incluso aquellos con mayorías parlamentarias− tuvieron a disposición esta herramienta e hicieron uso (y abuso) de ella, sostiene.
El argumento no deja de ser cierto, pero hay un antecedente que al menos lo pone en tela de juicio: el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el Congreso durante los dos primeros años de gestión (2015-2017). Como Milei, el gobierno de Cambiemos asumió con una representación parlamentaria por demás exigua: 92 miembros en Diputados y apenas 16 en el Senado. No muy diferentes al que supo tener Milei antes de perder aliados en ambas cámaras el último tiempo.
Las cifras entre aquel período y el actual son contrastantes. Durante los dos primeros años de gestión de Cambiemos se aprobaron 188 leyes, dos veces y media más que las sancionadas en lo que va del mandato de Milei. En ese lapso, Macri dictó 34 DNU: Milei dictó el doble. En cuanto a vetos, Macri impartió cinco (parciales y totales), en sus cuatro años de gestión; el libertario ya vetó 10 leyes en solo dos años.
¿Cómo se explica que dos gobiernos en franca minoría parlamentaria exhiban números tan distintos? “Es la política, estúpido”, respondería, con un giro en la frase que lo hizo célebre, el expresidente norteamericano Bill Clinton. En efecto, apenas se inauguró el mandato de Cambiemos sus lugartenientes en el Congreso se abocaron a articular una base estable de legisladores aliados que le permita alcanzar la mayoría. Y lo lograron.
Con gestos y dinero fresco a los gobernadores del PJ quebraron las bancadas kirchneristas y propiciaron el surgimiento de un mosaico de votos peronistas −al que se sumó Sergio Massa y su Frente Renovador− abiertos a negociar las leyes claves; en el Senado entronizó a Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista-kirchnerista, como principal interlocutor, lo que facilitó la tarea en la cámara más compleja.
Las diferencias están a la vista: Milei, en nombre del sacralizado equilibrio fiscal en las cuentas públicas, abjura de la política del diálogo −aunque no del “toma y daca”−, destrata a quienes le aconsejan apertura y moderación e incumple las promesas a quienes supieron acompañarlo. Una actitud cada vez más endogámica y expulsiva. Las consecuencias a la vista: insistencia de leyes y una seguidilla de decretos rechazados por la oposición.
El politólogo y profesor de la UBA Miguel De Luca advierte estas diferencias. “Todos los presidentes no peronistas desde la recuperación democrática –Ricardo Alfonsín, Fernando De la Rúa, Macri y Milei− tuvieron una situación de minoría sea en una o en ambas cámaras. La diferencia entre Milei y sus antecesores es el estilo del gobierno: la mayoría optó por entablar acuerdos más o menos estables con otras fuerzas. No así Milei, quien optó por coaliciones ad hoc”.
“Para ello –continuó− apeló a dos resortes: el veto, pasible de ser blindado con solo un tercio de ambas cámaras pero que no deja de ser un recurso reactivo que dificulta una agenda proactiva en el Congreso. Segundo, los DNU, que tienen un umbral más bajo para su aprobación que una ley y, por ello, constituyen un atajo inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresó el politólogo Martín D’Alessandro. “Es un lugar común de los gobiernos justificarse al decir que los decretos les permiten gestionar de manera más rápida en algunas áreas, pero pierden la confianza que le aportaría el apoyo parlamentario a sus reformas –sostuvo−. La concentración del poder en un Poder Ejecutivo que abusa de los decretos y de los vetos es perjudicial para su propia credibilidad y estabilidad, porque es la evidencia de que puede convencer a muy pocos legisladores”.
DNU y proyectos cajoneados
En la proliferación de DNU de la era Milei hay de todo, como en botica. El más destacable, por su volumen e implicancias, es el DNU 70/23 de desregulación económica. Sin embargo, como en anteriores gobiernos, hay decretos que difícilmente se encuadren en la “necesidad” y “urgencia” que exige la Constitución −como aquel que elimina el descanso para los empleados públicos y el que le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner− y otros que debieron tratarse por ley, como la autorización a la salida y entrada de tropas y las modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el estilo libertario se muestra reactivo al debate legislativo; basta analizar el tendal de proyectos de ley del propio Poder Ejecutivo, algunos presentados con bombos y platillos, que no tuvieron siquiera inicio de debate en comisión, incluso en aquellas presididas por libertarios. Las cifras hablan por sí mismas: de las 33 iniciativas de la Casa Rosada, solo siete fueron sancionadas.
En el cajón del olvido yacen, por ejemplo, la tan promocionada “Ley Horajasca” del ministro más ensalzado por Milei, Federico Sturzenegger; el Régimen Penal Juvenil, cuyos dictámenes esperan desde mayo; la modificación del Código Civil para instrumentar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa; el régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos y –el más aplaudido de todos– el proyecto para “sacar los dólares del colchón”. Una iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no puso siquiera a consideración.
debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a
POLITICA
Los gobernadores están dispuestos a dialogar con Milei, pero esperan a las elecciones para cerrar acuerdos en el Congreso

El vínculo entre Javier Milei y los gobernadores dialoguistas atraviesa una nueva etapa, tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones bonaerenses. El Gobierno intenta recomponer el vínculo, pero entre los mandatarios provinciales, aunque se muestran dispuestos a abrir canales de comunicación con la Casa Rosada, la mayoría coincide en que un encuentro amplio deberá esperar hasta después de las votaciones del 26 de octubre.
La relación fue tensa desde el inicio del gobierno libertario. Apenas asumió, Milei profundizó el ajuste fiscal con un recorte inédito sobre los giros automáticos a las provincias, la eliminación de fondos compensadores y la licuación de transferencias discrecionales. El mensaje fue claro: no había margen para las negociaciones tradicionales que tenían a la billetera como disciplinadora.
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Los gobernadores acusaron el golpe y comenzaron a buscar formas de coordinación, primero con expresiones públicas y más tarde con gestos políticos más visibles, con el debate de leyes en el Congreso nacional como principal eje de disputa.
La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Milei que consiga un acuerdo con los gobernadores, como una de las condiciones de las negociaciones por una ayuda financiera para la Argentina.
“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, reconocieron en Casa Rosada. Desde entonces, los contactos se aceleraron, a tal punto que este lunes a las 10 está convocada a una reunión del Consejo de Mayo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que ocupa la silla en representación de los mandatarios provinciales, confirmó su asistencia, pero el Gobierno aspira en una presencia más amplia.
En paralelo, los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas se concentrarán en la campaña. El martes mostrarán músculo político en Puerto Madryn, donde Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) será anfitrión de un acto que busca consolidar un bloque de al menos 20 diputados en el Congreso.
Confirmaron su presencia Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Buscan enviar una señal doble: marcar independencia frente a la Casa Rosada y, al mismo tiempo, mostrar que pueden revalidarse como actores de peso en la próxima etapa parlamentaria.
El guiño de Milei a las provincias
En los últimos días, un grupo de seis mandatarios y una vicegobernadora se reunió en Bariloche durante el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento. Allí dejaron en claro que el diálogo con Nación no está cerrado, pero plantearon que las condiciones políticas y el clima de campaña hacen inviable un acuerdo inmediato.
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“Siempre estuvimos dispuestos, cada vez que nos llamaron fuimos”, sostuvo Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, en conferencia de prensa, aunque aclaró que “la Argentina productiva nace en las provincias y no en la Casa Rosada”.
Otros fueron más duros. Gustavo Sáenz (Salta) advirtió que “el error más grande del Gobierno fue la soberbia” y cuestionó el centralismo de la gestión libertaria. Alberto Weretilneck (Río Negro), anfitrión del encuentro, coincidió en que después de octubre podría haber “menor tensión” y, sobre todo, mayor claridad sobre lo que expresen las urnas.
Esa referencia al calendario electoral no es casual. En los despachos provinciales entienden que Milei necesita apoyos legislativos para encarar las reformas de la segunda parte de su mandato, pero al mismo tiempo nadie quiere regalar una foto de consenso que el Presidente pueda usar como capital político antes de las legislativas.
Pero, comprometido con Trump, el Gobierno busca acelerar los puentes. Este lunes, a las 10, se reactivará el Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; ministros; legisladores; sindicalistas y empresarios. En representación de los mandatarios asistirá Cornejo, uno de los pocos aliados de Milei en el interior, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
El rol de Francos volverá a ser clave, pero esta vez acompañado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Son los funcionarios con llegada a casi todos los gobernadores y quienes se encargan de amortiguar los choques con el Presidente.
Un nuevo vínculo tras las elecciones
La tensión no es nueva. Desde que asumió, Milei abrió múltiples frentes con los gobernadores: la coparticipación; la pulseada por los fondos educativos; y la negociación frustrada por la primera versión de la Ley Bases, que naufragó en Diputados por la resistencia de los mandatarios. Aunque en la segunda vuelta legislativa el oficialismo consiguió aprobar la norma, quedó claro que el poder territorial de los gobernadores puede inclinar la balanza.
En ese contexto, cada gesto cuenta. Que Weretilneck se haya mostrado como anfitrión en Bariloche, o que Torres convoque en Puerto Madryn, refleja que las provincias se organizan para hablar en bloque. A la vez, el oficialismo confía en que el desgaste de campaña y la necesidad de fondos frescos obligarán a los mandatarios a acercarse. Milei apuesta a que eso reordene la correlación de fuerzas.
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El día después de las elecciones será distinto. Con un nuevo mapa legislativo y con la urgencia de definir el 2026, el Gobierno necesitará apoyos concretos. Los gobernadores, por su parte, tendrán que decidir si se convierten en un bloque de resistencia o si entran en una negociación pragmática que les permita recuperar fondos y obras públicas.
El Presidente necesita respaldo territorial para garantizar la gobernabilidad; los mandatarios requieren de Nación recursos para sostener sus gestiones. Esa tensión define hoy la política argentina. La foto conjunta -si se diera- llegaría después de que hablen las urnas, pero nadie se anima a confirmarlo.
Elecciones 2025, Javier Milei, Gobernadores
POLITICA
Enfrentados en Córdoba: Natalia de la Sota negó haberse “pasado al kirchnerismo” y dijo que a Schiaretti “le mienten”

La diputada nacional Natalia de la Sota rechazó que haya recibido un ofrecimiento para integrarse a Provincias Unidas, el espacio que en Córdoba representa el exgobernador Juan Schiaretti, quien señaló que ella prefirió irse “al kirchnerismo”. La hija del exgobernador José Manuel de la Sota negó esa sentencia y aseveró que a Schiaretti “le mienten”. Consideró también que el exmandatario cordobés hizo un acuerdo con el presidente Javier Milei, y remarcó que ya no representa las ideas de su padre.
“Tengo la impresión de que a él le mienten. Le cuentan una historia para esconder la realidad. Alguien le ha dicho que me convocaron para formar parte de una lista, pero eso es absolutamente falso”, afirmó Natalia de la Sota en declaraciones que hizo llegar a , luego de la publicación de una entrevista en la que Schiaretti aseguró que le habían ofrecido estar en la lista de Provincias Unidas, pero “ella se fue al kirchnerismo”.
Según De la Sota, “es totalmente lógico” que el exgobernador y también candidato a diputado nacional no la haya convocado, porque ambos se encuentran “en posiciones distintas desde que Schiaretti hizo un acuerdo con Milei”.
“Primero, lo apoyaron electoralmente a Milei para la segunda vuelta; después, pusieron altos funcionarios en el gobierno libertario y, finalmente, le votaron las leyes que hacen daño a Córdoba y a los cordobeses”, acusó Natalia De la Sota, que se postula a diputada desde el sello Defendamos Córdoba.
El exgobernador De la Sota y Schiaretti conformaron una sociedad política con la que blindaron Córdoba a partir de una variante provincial del peronismo, que no se sumó al kirchnerismo. Según Natalia de la Sota, las ideas de su padre no están representadas en el espacio de Schiaretti.
“No me fui a ningún lado, sigo en el lugar de siempre, con la misma identidad y las ideas de crecimiento con justicia social que impulsó José Manuel de la Sota, actualizadas a este tiempo amargo que trajo Milei a la Argentina. Nosotros somos Defendamos Córdoba. Estamos para defender a los cordobeses frente al daño que les está haciendo Milei. Son otros los que se fueron, los que siempre estuvieron detrás de [Mauricio] Macri y después se subieron alegremente al tren de los libertarios”, reprochó De la Sota, que comparte bloque (Encuentro Federal) con dirigentes cordobeses leales a Schiaretti y otros que representan a otros distritos, pero también integran Provincias Unidas.
“Schiaretti está en un proyecto personal que poco tiene que ver con Córdoba. Yo estoy en un proyecto colectivo para defender a Córdoba”, subrayó De la Sota en su réplica a Schiaretti.
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