POLITICA
Diputados y senadores se disputan el control del proyecto que reforma la AGN

La modificación e integración de la AGN ya genera una puja por los proyectos entre diputados y senadores.
El libertario Nicolás Mayoraz volvió a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para este miércoles a las 10, con el objetivo de avanzar en los proyectos vinculados a este tema, incluido el del presidente de la Cámara, Martín Menem.
Los senadores iniciarán la discusión sobre la AGN ese mismo día, pero a las 13. La disputa gira en torno a la autoría intelectual del proyecto.
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Para los diputados del oficialismo, hay una doble estrategia parlamentaria: por un lado, buscan debatir su propio proyecto; por el otro, intentan bloquear las intenciones de la oposición de avanzar con las designaciones de los auditores generales. Argumentan que Diputados trabaja en la mejora de la ley y en la adecuación de los mandatos a una duración de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección.
La semana pasada, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda intentaron designar como auditores al actual diputado Emilio Monzó (Encuentro Federal) y a Juan Ignacio Forlón (UxP), con mandatos de ocho años, según establece la ley vigente.
Sin embargo, la sesión fracasó por falta de quórum y por divergencias dentro del sector opositor, donde también se encuentran la Coalición Cívica y los representantes del gobernador cordobés Martín Llaryora.
El proyecto impulsado por Martín Menem, que ya comenzó su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, establece que el auditor general será designado por el Senado, a partir de una terna propuesta por el presidente del partido político de la oposición con mayor número de legisladores. Su mandato será de cuatro años, con posibilidad de una única reelección, sea consecutiva o alternada.
La parte clave del proyecto comienza en el artículo 18, que regula la designación de los miembros de la AGN, que serán siete: un presidente y seis auditores auxiliares. De estos, cuatro serán propuestos por el presidente de la Cámara de Diputados y dos por el presidente del Senado, lo que implica que la Cámara alta perdería un miembro.
Diputados elegirá tres auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor cantidad de miembros, y el cuarto será en representación del oficialismo. El Senado elegirá dos auditores, también representando a los bloques con mayor número de legisladores. El proyecto fue defendido en comisión por el libertario salteño Julio Moreno Ovalle.
Las otras iniciativas
También se discuten otros proyectos, como los de Carla Carrizo y Danya Tavela (ambas de Democracia para Siempre); Ernesto “Pipi” Alí junto a Ricardo Herrera (UxP); Natalia Zaracho y Agustina Propato (UxP); Paula Oliveto (Coalición Cívica); Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); y Silvana Giudici (Pro), quien propone el fortalecimiento del control externo de la administración pública nacional.
Giudici plantea que las auditorías y relevamientos se realicen al término de los mandatos presidenciales. Estos exámenes comenzarían 30 días antes del traspaso de mando e incluirían recuentos, arqueos y validaciones para evaluar el estado de la deuda pública, el stock de reservas internacionales del Banco Central, la situación de los juicios en los que el Estado nacional sea parte, los resultados fiscales y la totalidad del personal del Sector Público Nacional.
Argumenta que “tener buenos controles significa que sean objetivos, es decir, despojados de subjetividades político-partidarias y de intenciones de favorecer o perjudicar a determinada persona. Que se hagan a tiempo, se enfoquen en temas prioritarios para los ciudadanos y tengan la fuerza necesaria para que sus recomendaciones sean implementadas. El control es una institución clave de la democracia representativa, presente en las garantías constitucionales, en la división de poderes, en el voto, y en la libertad de expresión”, señaló Giudici.
Danya Tavela propone institucionalizar un proceso de análisis y evaluación de políticas públicas a cargo de la Administración Pública Nacional, antes, durante y después de su ejecución.
Carla Carrizo propone reducir los mandatos de los auditores a cuatro años y mantener una AGN integrada por siete miembros: un presidente propuesto por el partido opositor mayoritario, tres auditores designados por Diputados y tres por el Senado. Las designaciones responderán a la representación del partido con mayor número de miembros, seguido por los partidos de la primera y segunda minoría, en ambas cámaras.
Agustina Propato, en cambio, sostiene que no podrán ser auditores quienes hayan representado, asesorado o participado —directa o indirectamente— en entidades, sociedades, empresas, fundaciones de interés privado del exterior o cualquier otro tipo de patrimonio similar, ni quienes posean derechos como beneficiarios. No obstante, mantiene la duración del mandato en ocho años, con posibilidad de reelección.
Debate en el Senado
En paralelo, los senadores avanzan con los proyectos de José Mayans (UxP), que busca modificar la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Su iniciativa propone que la AGN esté compuesta por nueve miembros con mandatos de cuatro años, renovables. Ocho de ellos serían designados por resolución de ambas Cámaras (cuatro por cada una), observando la composición política de cada Cámara. El presidente sería designado mediante resolución conjunta de los presidentes del Senado y Diputados.
También se presentó un proyecto de los senadores Juan Carlos Romero y Carlos Espínola (Provincias Unidas), que mantiene a la AGN con siete miembros pero reduce los mandatos de ocho a cuatro años. Otra iniciativa, presentada por José Leavy (UxP), propone una AGN compuesta por cinco miembros.
El dictamen que primero sea aprobado en el recinto —ya sea en Diputados o en el Senado— pasará a la otra Cámara para su revisión. Si se modifica, la Cámara de origen podrá insistir con su versión original o aceptar los cambios. De allí la importancia de imponer el propio proyecto y la puja actual en el Congreso sobre la reforma en la composición de la Auditoría General de la Nación.
auditoria AGN, Martín Menem, José Mayans
POLITICA
De “Kicillof no cumple” a “el problema es Milei”: fuerte cruce por las personas en situación de calle en CABA

El debate por las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires volvió al centro de la agenda este miércoles, cuando dirigentes de distintos espacios políticos discutieron en el programa A Dos Voces, por TN.
La polémica se dio tras el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la transferencia de 27.000 millones de pesos para compensar la asistencia a personas con domicilio en la provincia. En ese marco, funcionarios y legisladores cruzaron acusaciones sobre el cumplimiento de la ley, el rol del Estado y el contexto económico nacional.
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Cruce entre Ciudad y Provincia: acusaciones por incumplimiento de la ley
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, apuntó directamente contra la gestión bonaerense al sostener que “Axel Kicillof no cumple con lo que indica la ley”. Según explicó, la normativa vigente obliga a cada jurisdicción a dar respuesta a la problemática de personas en situación de calle, con infraestructura y políticas específicas.
En ese sentido, remarcó: “La ley obliga a que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tengan una respuesta para la problemática de las personas en la calle. Nosotros en la ciudad lo hacemos; el Gobierno de la provincia no lo hace”.
Y agregó que el aumento de personas en esa situación genera una sobrecarga para la ciudad. “Aumentó el nivel de personas en la calle. Eso hace que nosotros, como Gobierno de la Ciudad, y todos los porteños tengan que esforzarse para poder tener una cobertura más grande”.
Mraida también insistió en que no se trata de una discusión política, sino legal: “Hay una ley que incumple la provincia y cuyo resultado lo sufrimos todos los porteños”.
Al mismo tiempo, defendió el sistema de asistencia porteño, que incluye la línea 108 disponible las 24 horas, y subrayó que la atención se brinda sin distinción de origen: “Tenemos una mirada humana respecto a las personas, pero también porque tenemos que responder ante cualquier reclamo de los vecinos”.
El eje nacional y el impacto económico: del kirchnerismo a Milei
Desde el peronismo bonaerense, el dirigente Jorge Rachid apuntó a la gestión nacional y responsabilizó al presidente Javier Milei por la crisis social. “Acá el problema es Milei, que ha puesto a la Argentina incluso en una guerra”, afirmó, y lanzó duras acusaciones contra el mandatario. Además, sostuvo que “si no hay juicio político a Milei, no hay salida en Argentina”.
La diputada santafesina Gisela Scaglia rechazó esa postura y cuestionó al kirchnerismo: “Pensar que el problema de la Argentina es Milei y desconocer lo que pasó con el kirchnerismo en nuestro país me parece una falta de respeto”. En el cruce, defendió la idea de que el actual escenario político es consecuencia de gestiones anteriores: “Si Milei existe, es también por la responsabilidad que tuvo el kirchnerismo en este país”.
Scaglia también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner al señalar que “está condenada” y debe responder ante la Justicia, en un intercambio tenso con Rachid, quien replicó que el kirchnerismo “dejó al país sin deuda”.
Por su parte, el senador bonaerense y exjefe de campaña de Milei, Carlos Kikuchi, introdujo una mirada crítica sobre el rumbo económico. Si bien respaldó el orden macroeconómico, advirtió sobre falencias en la política productiva: “La Argentina tiene que ser un país con superávit fiscal (…). En términos macro, el Gobierno está encaminado. Lo que ocurre es que no se está tratando como corresponde la política productiva”.
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Kikuchi alertó sobre cierres de empresas y comercios en distintos rubros y sostuvo que “no hay política productiva”, lo que consideró “el punto débil que tiene el Gobierno”.
En la misma línea, detalló que solo algunos sectores muestran dinamismo: “Hay tres sectores que están funcionando bien, que son el financiero, el energético y la minería”, mientras que otros presentan fuertes caídas, como la construcción, alimentos, textiles y la industria automotriz.
A dos voces, situación de calle, CABA, Axel Kicillof
POLITICA
El descargo de Mariano Campero, uno de los apuntados de recibir créditos del Banco Nación

Uno de los legisladores apuntados de recibir créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación desmintió las acusaciones y las definió como “maliciosas”. Se trata del diputado de la Libertad Avanza Mariano Campero, quien realizó su descargo mediante un posteo en sus redes sociales y aseguró que nunca se benefició con una prestación de la entidad bancaria.
Campero publicó un mensaje en el que marcó cinco puntos con los que se desligó de las acusaciones. Uno de ellos fue que, en el pedido de investigación de la oposición, se habló de una» línea hipotecaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)», a la cual puede acceder cualquier argentino que califique, y declaró: “Tanto el número de crédito, como el banco que lo ha otorgado y la certificación o documentación respaldatoria son públicos. Cualquiera puede verificarlo”.
En su segundo argumento, el tucumano sostuvo que un préstamo hipotecario no es un “privilegio político” y explicó: “Es una deuda que nos permite tener nuestra casa. Y, en este caso, al mismo precio de un alquiler. Pero se paga a 20 o 30 años y con muchísimo esfuerzo. Confundir un crédito hipotecario con un beneficio es intentar desinformar o no conocer cómo funciona el sistema financiero”. Además señaló que, en su caso, no recibió ningún beneficio político, sino que tomó una deuda para darle “una casa a su familia”.
En tercer lugar, el diputado aclaró que cuenta con un crédito hipotecario en UVAs que adquirió en mayo del año pasado en 275 millones de pesos y que, con ese dinero, compró su primera vivienda familiar en la ciudad de Yerba Buena, en Tucumán. “Hoy, debido a que las UVAs actualizan conforme la inflación, esa deuda asciende a 322 millones de pesos”, agregó.
Acto seguido, en el cuarto punto, afirmó que el trámite tras obtener un préstamo hipotecario -la presentación de la documentación, tasación del inmueble y la aprobación- comienza entre ocho meses y un año antes del otorgamiento y aseguró: “El momento en el que se otorgó mi préstamo hipotecario nada tiene que ver con los temas que se discutían en el Congreso por aquel entonces; fue fortuito”.
Por último, Campero apuntó contra el peronismo por “alimentar a la polémica” y “hacer pública” información sobre su patrimonio, y marcó que todos los funcionarios y legisladores deben dar explicaciones sobre sus bienes. La información se divulgó desde el sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que se trata de un visualizador que permite seguir la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas, con datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una base pública que registra el nivel de endeudamiento de todos los argentinos en el sistema financiero.
Las acusaciones surgieron este miércoles, cuando diputados opositores pidieron que se investigue la entrega de créditos a funcionarios y legisladores de LLA. El BNA, por su parte, emitió un comunicado en el que indicó que el proceso para acceder a esos préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.
Además de Campero, la lista de funcionarios y legisladores que habrían recibido créditos del BNA incluye a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en la red social X), director nacional de Comunicación Digital y hombre a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, que tiene un crédito por $112.948.000 (US$76.417); Emiliano José Mongilardi, director de YPF, tomó $309.507.000 (US$207.766); y los diputados Alejandro Bongiovanni y Lorena Villaverde, ambos de LLA.
créditos hipotecarios millonarios,Banco Nación,La Libertad Avanza,Conforme a,,Reservas. El Banco Central recuperó US$2336 millones por el reflujo de encajes y el rebote del oro,,Transmisión oficial. Milei encabeza el acto central por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas,,La necesidad de recursos. “A demanda”: el Gobierno cambia los envíos de anticipos a las provincias,Banco Nación,,»Te conviene sacar un crédito hipotecario». La charla en un streaming de dos funcionarios sobre la oportunidad para tomar un préstamo,,»¿Cuánto deben?». Piden investigar millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores,,20 cuotas sin interés. Lanzan nuevo financiamiento para renovar electrodomésticos y tecnología
POLITICA
Dirigentes cercanos a Bullrich y Larreta se quedaron con el PRO de Córdoba y Macri pierde poder en una provincia clave

“Durísima derrota judicial a mano de Servini”. Con inusual crudeza, un importante dirigente del PRO graficó, ante la consulta de Infobae, los últimos movimientos en Córdoba, provincia clave y estratégica para la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. En las últimas horas, la Justicia electoral declaró nula la intervención dispuesta desde la oficina nacional de la calle Balcarce, al tiempo que la Justicia provincial ratificó la validez de las elecciones internas que se realizaron el pasado fin de semana, donde se designó al nuevo presidente, que reemplazará al diputado Oscar Agost Carreño, y que encabezó una lista que acompañaron dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Se trata de un conflicto que lleva años. “Es un desastre”, reconoció un colaborador cercano al expresidente. La jueza federal María Servini, especializada en materia electoral, declaró la nulidad de las intervenciones y remarcó la falta de fundamentos para una medida de esa magnitud. “La inexistencia de elementos o situaciones concretas que justifiquen la intervención, tornan arbitraria dicha medida”, señaló en el fallo.
Además, subrayó que la intervención “es un remedio para circunstancias graves, que debe aplicarse de forma restrictiva y conforme a la carta orgánica, con el fin de proteger la autonomía distrital frente a la intromisión del gobierno central”.
Tras el fallo, los dirigentes locales avanzaron en la normalización partidaria. “Todavía falta el escrutinio definitivo que se está haciendo hoy o se hace mañana. Con eso se hace el acta de proclamación, eso se publica, se eleva al juzgado y el juzgado tiene que revisar todo y aprobarlo. Es un tramite que lleva quince días, más o menos, y tengo que terminarlo. Pero el tema está cerrado”, sostuvo a Infobae el exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, actual presidente del partido en Córdoba y enfrentado de manera directa con Macri y la dirigencia nacional.

Durante la interna, la Junta Electoral resolvió 97 reclamos presentados por el sector alineado con el jefe del PRO y solo admitió uno de ellos, la oficialización de la lista porque la habían presentado veinte minutos fuera de hora.
Sin embargo, el acta de la Junta Electoral indica que la lista Somos PRO, identificada con el expresidente y encabezada por Hernán Cornejo, con aval de la exdiputada y actual concejal Soher El Sukaria, no presentó fiscales ni boletas en toda la provincia. “La ausencia de boletas en las mesas de votación y la falta de fiscales en los centros de sufragio de toda la provincia obedecen exclusivamente a una decisión voluntaria y deliberada de sus responsables, quienes decidieron no participar del proceso electoral”, se indicó.
Por otro lado, Oscar Tamis, exintendente de Oliva, encabezó la lista Córdoba Amarilla, respaldada por Agost Carreño y la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, muy cercana a Bullrich, y que acompañan dirigentes que en su momento apoyaron a Rodríguez Larreta, como el propio Tamis. De no mediar imprevistos, asumirá la conducción partidaria el próximo 19 de abril.
“Toda esta historia, las tres intervenciones, tuvieron un contenido político y no partidario, por eso no prosperan. El único motivo que hubo es manejar las listas o las alianzas. De hecho, no tenían ningún asidero porque la jueza en la última instancia, la Cámara Nacional Electoral, dijo que no son válida, que no había razones válidas. Es más, otras provincias, en las mismas circunstancias, no las intervinieron”, señaló a este medio Rodríguez Machado.
Otro dirigente de la lista opositora a la conducción nacional comparó la situación de Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal, con Santa Fe y el rol de Gisela Scaglia como presidenta del partido pero, al mismo tiempo, titular de la bancada Provincias Unidas en Diputados. “Siguiendo el mismo criterio, ¿por qué a ella no la intervinieron?“, se preguntó.

Además de Córdoba, donde la conducción nacional apeló y espera una resolución de la Cámara Nacional Electoral, según supo Infobae, bajo la conducción de Macri se mantienen las intervenciones en Salta, Tucumán, Corrientes, La Rioja y Santa Cruz, todas por diversas irregularidades.
“Lo que a nosotros no nos gusta es que decidan por nosotros, porque inclusive Macri no dice que no hagamos nunca una alianza con LLA, es más, hay acuerdos en el Congreso, en CABA, en Buenos Aires. Estamos en contra de que nos pongan en una negociación nacional, como un paquete más, como moneda de cambio. Nosotros, los cordobeses, vamos a decidir qué miércoles hacemos en el 2027. Los cordobeses con nuestra asamblea”, sostuvo uno de los armadores de la lista opositora.
Y finalizó sobre la nueva conducción provincial del PRO: “Algunos son ‘patricistas’, aunque ella ahora esté afiliada a otro partido. Hay otros que son de Larreta o que lo apoyaron en la interna con Bullrich. Y hay algunos independientes que no son de ninguno de los dos espacios, pero que estaban ya muy cansados de que nos intervengan cada vez que se les ocurría”.
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