En menos de tres días, el oficialismo pasó de intentar adueñarse del debate del Presupuesto 2026 a plegarse a las condiciones que impuso la oposición. Los bloques dialoguistas reclaman que antes de discutir números, el Gobierno cumpla con las tres leyes que Javier Milei promulgó pero no aplicó: la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y los fondos para el hospital Garrahan.

Martín Menem intentó el lunes escenificar liderazgo al reunir en su despacho a los espacios del centro. Pero ese impulso se diluyó al día siguiente, cuando el Presidente volvió a incumplir las normas sancionadas por el Congreso. Los opositores endurecieron su postura y reiteraron el ultimátum: sin leyes, no hay debate de Presupuesto. Anticiparon, además, que avanzan en un dictamen propio, junto a otros bloques que se niegan a convalidar la displicencia libertaria frente al Parlamento.

El primero en blanquearlo fue Nicolás Massot (Encuentro Federal) durante la reunión de la Comisión de Presupuesto del martes. “Nuestro dictamen va a tener superávit fiscal para darle previsibilidad económica en los próximos dos años”, explicó. Según detalló, proyectará un superávit del 0,9%, frente al 1,5% que propone el Gobierno, y la diferencia se financiará con rentas generales.

Este miércoles, en una nueva cumbre de la Comisión presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch −que reemplazó a José Luis Espert−, el oficialismo deslizó que podría aceptar un texto alternativo siempre que preserve el superávit primario y financiero. La brecha entre ambos proyectos, subrayaron, deberá cubrirse con la porción no indexada del gasto: partidas variables que no incluyen jubilaciones, educación, seguridad ni salud.

Apuntan a votar un texto común con la composición actual de la Cámara baja, pero con la nueva en el Senado. Pretenden, así, recortar el margen del peronismo, que podría condicionar la discusión. El debate, con este cronograma, se extenderá a las sesiones extraordinarias.

El giro no es menor. Menem busca evitar quedar desdibujado en una negociación clave que podría apuntalar su reelección al frente de la Cámara, en diciembre. Pero su margen de maniobra se achica. No solo enfrenta a una oposición que le reclama diálogo y cumplimiento de compromisos, sino también a su propio espacio: Santiago Caputo, asesor presidencial y eventual integrante del futuro gabinete, impulsa a Cristian Ritondo (Pro) como alternativa para conducir Diputados. Aunque esa opción hoy parece lejana, erosiona el liderazgo de Menem y lo obliga a mostrar resultados.

El equilibrio podría romperse tras las elecciones del domingo, si los resultados nacionales golpean a La Libertad Avanza (LLA). Como alfil de Karina Milei −jefa nacional del partido−, Menem carga con la estrategia electoral que priorizó la pureza partidaria sobre los acuerdos. Ya piensa, sin embargo, en una nueva reunión para el miércoles, más acotada: Encuentro Federal y los radicales de Democracia condicionaron su participación al cumplimiento de las leyes, y los representantes de los gobernadores piden encuentros bilaterales para discutir sus demandas.

Uno de ellos fue el diputado misionero Daniel Vancsik, que este martes se reunió en Casa Rosada con Eduardo “Lule” Menem para plantear los reclamos presupuestarios de su provincia. Su par Carlos Fernández −referente de Carlos Rovira− fue más explícito: exigió que el precio de la yerba vuelva a definirse en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y no por obra y gracia del mercado, como dispuso la administración libertaria. Reclamos similares se multiplican en otras jurisdicciones.

La apertura al diálogo del oficialismo representa una rareza para una fuerza que hizo de la confrontación su marca política. Pero también implica una admisión implícita: que es posible cumplir las leyes votadas por el Congreso sin romper el equilibrio fiscal. En ese terreno, los libertarios se atribuyen una victoria cultural. “Los degenerados fiscales de ayer, hoy son fiscalistas”, celebran cerca de Menem, que intenta sostener su autoridad entre el Presupuesto y la interna.

En respuesta parcial a una orden de la Justicia Federal, el Gobierno restituyó hoy 3644 pensiones por incapacidad laboral que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) había pausado en la provincia de Catamarca, luego de la puesta en marcha de una auditoría de carácter nacional, en la que se dieron de baja más de 110.000 pensiones, según datos oficiales.

La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, ocurre luego de que un juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenara restablecer a lo largo de todo el país las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas por el Gobierno.

En su fallo del viernes, el juez Díaz Martínez ordenó que la cautelar dictada el 12 de septiembre se extendiera a todo el territorio nacional, pero la Andis interpuso un recurso contra esa decisión, dijeron fuentes del Gobierno, y reactivó solo las correspondientes a la provincia de Catamarca.

“Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I […] en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa “defensor del pueblo y otro c/ Andis s/acción de amparo ley 16986 c/cautelar”, dice uno de sus artículos de la resolución oficial de hoy.

En su fallo del viernes, el juez Díaz Martínez ordenó que la cautelar dictada el 12 de septiembre de este año se extendiera a todo el territorio nacional y que, en el plazo de 24 horas, se restableciera “la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional”.

El juez también ordenó el cese de las auditorías −basadas en el Decreto 843/2024−, y prohibió disponer de nuevas suspensiones hasta que exista una sentencia definitiva, además de validar a las asociaciones que impulsaron la acción colectiva como genuinos representantes del grupo afectado.

La resolución oficial lleva la firma del interventor de la Andis, Alejandro Alberto Vilches, quien tomó las riendas del organismo tras la salida de Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios en donde se señalaba la existencia de un supuesto mecanismo de coimas en la agencia de discapacidad, un entramado que involucraría a Karina Milei y que hoy está siendo investigado en la Justicia de Comodoro Py.

La restitución de las pensiones catamarqueñas coincidió con nuevas movilizaciones y protestas para que el Gobierno aplique la ley de emergencia en discapacidad (Ley 27.793), que fue aprobada en el Congreso, pero cuya ejecución el Gobierno suspendió.

La ley estableció un paquete amplio de disposiciones. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social; la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores; la compensación de emergencia financiada por el Tesoro; la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.