POLITICA
La SIDE emitió una directiva secreta para “monitorear” la acción de “grupos sociales vulnerables”

En una directiva secreta que emitió a fines de enero pasado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ordenó “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local, según consta en una copia de esa orden secreta que obtuvo , que verificó su autenticidad con dos fuentes independientes entre sí.
La orden de la SIDE a sus agentes y analistas fue recabar toda la información de inteligencia posible sobre esos “actores” locales, a los que no identificó por sus nombres, y mandó enfocarse en sus “capacidades y motivaciones”, como también ahondar en el “impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación”. ¿El objetivo? Elaborar informes que deberían elevarse a las máximas autoridades del espionaje local.
Firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, la directiva circuló por al menos una decena de despachos oficiales. Abarcó también a “actores estatales” extranjeros que puedan implementar “tácticas” para “influir en el desarrollo político” de la Argentina. Entre otras, por medio de ”ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos” locales, a los que tampoco identificó, pero que estuvieran alineados con sus “intereses estratégicos”.
Esa y otras decenas de directivas secretas similares integran la primera fase de aplicación práctica del llamado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), cuyo contenido reveló este domingo, y que fijó cuáles serán los lineamientos estratégicos de la SIDE durante los próximos años. Algunos de esos lineamientos reafirman las prioridades trazadas por gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado o velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico. Pero también entreabrió la puerta a eventuales tareas de espionaje interno que podrían recaer sobre periodistas, economistas y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o a sus funcionarios.
Desarrollado por la cúpula de la SIDE que lidera Sergio Neiffert, el PIN desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, detallar las eventuales acciones particulares que los agentes deberán desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades.
Así, por ejemplo, la SIDE determinó en el PIN que quedarán bajo la lupa todos aquellos que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación o que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno. También, todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”, sin precisar si alude a periodistas, analistas u otras opciones.
A partir de ese Plan de Inteligencia Nacional, las autoridades de la SIDE comenzaron a distribuir decenas de “directivas” durante los primeros meses de este año año. Las remitieron a todos los responsables del llamado Sistema de Inteligencia Nacional para que recaben información en sus áreas de competencia, “produzcan conocimiento” y elaboren informes trimestrales sobre los eventuales “actores” que queden bajo la lupa.
Así, por ejemplo, la SIDE ordenó recopilar datos sobre todos aquellos “actores locales” que puedan representar un riesgo para el orden constitucional y la gobernabilidad, como así también determinar las eventuales “dinámicas” de “radicalización” de “grupos sociales vulnerables” a los que tampoco identificó. ¿Se refiere a grupos piqueteros, movimientos sociales o, incluso, comederos populares?
Del mismo modo, la Secretaría de Inteligencia –que se encuentra bajo la órbita de influencia del asesor Santiago Caputo– extendió la orden de vigilancia a todos aquellos “actores estatales y no estatales extranjeros” que pudieran impulsar “acciones locales” para interferir en la Argentina. De ese modo podría aludir, por ejemplo, a los intentos de Rusia por manipular las elecciones locales como lo hizo en Estados Unidos, Francia o Rumania, entre otros países, pero la directiva no alude de manera explícita a ese u otros países.
El Plan de Inteligencia Nacional, por el contrario, sí menciona por su nombre a dos naciones: Estados Unidos e Israel. En línea con la decisión del presidente Milei, los identifica y fija como norte al momento de definir alianzas y prioridades estratégica, a diferencia del Reino Unido, debido al conflicto por las Islas Malvinas y el “escenario antártico”.
Horas después de que revelara la existencia de ese documento secreto, cabe remarcar, la Oficina del Presidente respondió con un comunicado en el que confirmó la existencia del documento secreto, pero negó que se utilice a la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios político. Y rechazó lo que llamó “las versiones periodísticas” sobre el Plan de Inteligencia, pero no aportó precisión alguna. El Presidente difundió ese comunicado por la red social X y culpó, además, al 90% del “periodismo” de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.
Según constató , el llamado Plan de Inteligencia Nacional que impulsó la gestión libertaria registra diferencias notables con los elaborados por los gobiernos anteriores. Pone énfasis en una suerte de “batalla cultural por controlar el relato”, un concepto y una prédica muy afín al discurso de la administración libertaria, según confirmaron tres personas que accedieron a ese documento secreto.
POLITICA
Bullrich se mostró con Bondarenko, criticó a Kicillof y pidió que se reincorporen a los 24 policías bonaerenses apartados

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se mostró este jueves por primera vez con el candidato libertario por la tercera sección electoral para las elecciones bonaerenses, Maximiliano Bondarenko, y cruzó al gobernador Axel Kicillof por la medida que terminó con el desplazamiento de 24 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
En una recorrida por el Centro de Comando y Acción, Bullrich habló con la prensa y apuntó contra el mandatario provincial por la medida: «Kicillof además de ser inútil, es una persona que odia a la policía y está del lado de los delincuente“.
La declaración de la actual titular de la cartera de Seguridad tiene que ver con la decisión de apartar a 24 agentes de la fuerza bonaerense después de que Asuntos Internos recibió «una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación» de estos efectivos, según precisó el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso.
De acuerdo a lo que comentó en Radio 10, habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar la candidatura y “fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”.
En este marco, Bullrich explicó que los efectivos que fueron desplazados de sus cargos, habían compartido un asado con Bondarenko antes de que se haga pública su candidatura para la tercera sección electoral.
Fue el propio candidato quien se encargó de aclarar que “una semana después de ese asado” fue que se enteró que competiría en los comicios bonaerenses.
«Este es el mejor ejemplo de lo que hace el gobernador Kicillof con la policía de la provincia, que hace años que es una cacería de bruja“, disparó Bondarenko. Y añadió: ”Cuando fue el único reclamo que hizo la policía de PBA por su sueldo, pasó exactamente lo mismo. Hay muchísimos policías que están hoy afuera de la fuerza por ese reclamo“.
Mientras se mostró emocionado, el ahora candidato libertario sostuvo: «Lo más humillante, es que nos ponen a todos en una fila, les piden su arma y le sacan su credencial como si fuesen delincuentes. Soy policía y siempre voy a tener puesto el uniforme. Eso es lo peor que nos puede pasar cuando nos denigran a profesionales que han dedicado su vida a la institución, que tienen un legajo intachable».
En plena conferencia de prensa, la ministra apuntó: «Echar a 24 policías porque comparten amistad con alguien que es candidato. Ellos no son capaces de poner policías en la lista. Con alguien que es candidato, esos policías están en una división ecológica. Lo que pedimos es que los vuelvan a tomar, porque no se pueden tomar represalias contra policías que son amigos y familia“.
Y explicó: «El asado se hizo en la casa de un policía en actividad. Hay una relación de familia. Son padrinos ambos de sus hijos. A ese policía, junto a otros 23, los echaron por compartir un asado de camaradería“.
«De ahí a sacarle el carácter de policía adelante de todos, porque son amigos de Maxi (Bondarenko). Kicillof, siempre del lado de los delincuentes. ¿Qué hizo Kicillof con las dos personas de Quilmes que le tiraron caca a Espert? ¿Qué hizo con los diputados provinciales que rompieron TN? ¿Hizo algo? Esos cometieron delitos, premiaron a los que cometen delitos. Son bárbaros. Así tratan a las fuerzas de seguridad», agregó.
POLITICA
Neuquén, Salta, Tucumán y Buenos Aires fueron las provincias que más fondos discrecionales recibieron en lo que va de 2025

En una reedición de tensiones entre el Gobierno nacional y los provinciales por la transferencia de recursos, avanza en el Congreso el proyecto para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La discusión se centra en los recursos que el Gobierno de Javier Milei dejó de girar a los gobernadores.
Si bien a lo largo de 2024, la caída en la coparticipación fue generalizada, en el primer semestre de este año la tendencia cambió, impulsada fundamentalmente por emergencias climáticas.
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En este contexto, Buenos Aires, por la emergencia que provocaron las inundaciones; Neuquén, por los incendios; Salta, con emergencia climática, y Tucumán, con emergencia hídrica, fueron las provincias que más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibieron en lo que va del año, según cifras oficiales a las que pudo acceder TN.
Pese a las diferencias marcadas con Milei, varios gobernadores y funcionarios de Economía provinciales desfilaron en los últimos días por Casa Rosada. Se pudo ver en los pasillos a los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil. y de Neuquén, Rolando Figueroa.
El Gobierno nacional necesita negociar con las provincias el veto a proyectos que avanzan en el Congreso y mantener puentes de diálogo activos para las reformas pendientes.
Cómo se distribuyeron los ATN en lo que va de 2025
En lo que va del año, Neuquén recibió $15.000 millones en concepto de ATN, en el marco de la emergencia ígnea que el gobernador Rolando Figueroa extendió hasta fin de año. El objetivo es triple: prevenir los incendios, combatirlos y reconstruir las zonas afectadas.
Durante el verano se destruyeron casi 150.000 hectáreas en todo el país como consecuencia de los incendios.
En el caso de Salta, los motivos de la transferencia de $13.000 millones correspondieron a la emergencia climática y a la emergencia hídrico-socio sanitaria.
En tanto que a Tucumán, los $12.000 millones se giraron por la emergencia hídrica y social, y a Buenos Aires, los $10.000 millones en tres pagos, por la emergencia por inundaciones.
Debajo se ubican Santa Fe (emergencia climática), con ATN por $9000 millones; Santa Cruz (emergencia y/o desastre agropecuario y desequilibrio financiero), por $8000 millones; Chubut (emergencia ígnea), por $7000 millones; Catamarca (desequilibrio financiero), por $7000 millones, y Río Negro (emergencia ígnea, social, económica, habitacional, productiva y agropecuaria), por $5000 millones.
Por debajo se encuentran San Juan (emergencia climática), por $4000 millones; Mendoza (emergencia agropecuaria), $3000 millones; Misiones (emergencia ígnea), por $3000 millones; Entre Ríos (emergencia ambiental), por $3000 millones, y Chaco (emergencia agropecuaria), por $2500 millones.
Cómo impactarían los proyectos que avanzan en el Congreso
Como parte de una nueva rebelión de gobernadores, los mandatarios provinciales de las 23 provincias, más el jefe de Gobierno porteño, firmaron proyectos para modificar los ATN y coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que, en caso de avanzar, tendría un impacto directo en los primeros.
Un análisis del IERAL, de la Fundación Mediterránea, esta reforma “implicaría una ganancia fiscal neta para las provincias, por la diferencia entre los recursos que recibirán en forma automática (58,8%) y el monto que les llegaría en forma discrecional (7% del total en 2024 y 20% en 2025)”.
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Además, la reforma en Combustibles significaría que las provincias pasen de recibir 25,47% a 57,02% de su recaudación.
“Considerando conjuntamente ambas reformas, el costo fiscal total para el Sector Público Nacional (SPN) se estima en 0,18% del PIB si las medidas hubiesen estado vigentes en 2024, y 0,21% en 2025. Equivaldría a cerca del 60% del superávit financiero nacional de 2024 y primer semestre de 2025″, indicó.
Coparticipación, Gobernadores, provincias, recursos, transferencias
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Un Congreso fragmentado y la falta de acuerdos bloquean las leyes: solo se aprobaron 8 de casi 1500

“El peronismo encabeza el ranking con 66 puntos acumulados, seguido por los ex Juntos por el Cambio con 60. En tercer lugar queda La Libertad Avanza, con 43 puntos.” Este dato, extraído del informe del Índice de Incidencia Legislativa elaborado por Directorio Legislativo, revela que, pese a la visibilidad del presidente Javier Milei en la sanción de leyes, la mayor capacidad de influencia en el Congreso argentino sigue en manos de la oposición. La estadística, que suma los puntajes de los bloques según su avance legislativo, sitúa al oficialismo en una posición secundaria, obligando al Ejecutivo a negociar cada paso con fuerzas rivales.
En el primer semestre del año, el Congreso de la Nación recibió 1.422 proyectos de ley, tanto de legisladores como del Ejecutivo. Sin embargo, solo 57 iniciativas obtuvieron dictamen de comisión, 29 lograron media sanción y apenas ocho se convirtieron en ley.
Sin hacer un juicio de valor de los tipos de proyectos que se presentaron durante los primeros seis meses del año, la cantidad aprobados arroja una tasa de probabilidad de sanción del 0,19%, calculada sobre el total de proyectos en estado parlamentario, según el informe de Directorio Legislativo. La cifra ilustra la dificultad para transformar propuestas en leyes efectivas en un contexto de fragmentación y confrontación política.
Entre las leyes sancionadas, cuatro llevaron el impulso directo de Javier Milei: la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), dos reformas al Código Procesal Penal y una ley sobre crimen organizado. Además, se aprobaron tres tratados internacionales pendientes de la gestión de Alberto Fernández y la declaración de zona de emergencia y catástrofe de Bahía Blanca, aunque esta última fue vetada por el Poder Ejecutivo.
Las estimaciones no toman el último tramo parlamentario en donde la oposición logró articular varios proyectos de ley, en especial, todo el paquete previsional que ahora el Ejecutivo dice que va a vetar.
Esto muestra un inicio con mayor fuerza del sector libertario que, frente a la falta de acuerdos, promesas incumplidas y los diferentes procesos electorales hicieron que se vaya diluyendo.
El Índice de Incidencia Legislativa mide la influencia de cada actor en el proceso parlamentario, asignando puntos acumulativos: uno por dictamen de comisión, dos por media sanción y tres por sanción definitiva, de modo que un proyecto sancionado suma seis puntos. Bajo este sistema, Javier Milei se posicionó como el actor individual con mayor puntaje, acumulando 31 puntos. Sin embargo, los bloques de La Libertad Avanza solo sumaron 10 puntos en Diputados y ninguno en el Senado, lo que evidencia la debilidad estructural del oficialismo en el Congreso.
En contraste, Unión por la Patria lideró en Diputados con 43 puntos, seguido por el PRO con 16 y Encuentro Federal con 14. En el Senado, Unión Ciudadana alcanzó 17 puntos, mientras que el Frente Nacional y Popular sumó 6. El análisis agregado de los bloques que participaron en las elecciones de 2023 refuerza la centralidad opositora: el peronismo domina con 66 puntos, los ex Juntos por el Cambio le siguen con 60 y La Libertad Avanza queda relegada al tercer puesto con 43.
El informe de Directorio Legislativo también examina el nivel de alineamiento de los bloques con el Gobierno en las votaciones del recinto, considerando solo aquellos con tres o más miembros. La Libertad Avanza mostró una disciplina interna elevada, con un 96% de votos alineados en el Senado y un 97% en Diputados respecto a la postura del Ejecutivo. Entre los bloques opositores, los que más coincidieron con el Gobierno (más del 70%) fueron Unidad Federal, Frente Pro y Por Santa Cruz en el Senado, y el PRO, Liga del Interior y el MID en Diputados.
En el extremo opuesto, los menos alineados (menos del 30%) resultaron ser el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana en el Senado, y Unión por la Patria y el FIT en Diputados, quienes solo acompañaron al oficialismo en casos puntuales como la suspensión de las PASO y el Juicio en Ausencia.
El balance del semestre, según Directorio Legislativo, muestra que Javier Milei logró estampar su firma en la mitad de las leyes sancionadas, pero su bloque no consolidó una fuerza legislativa propia. El protagonismo presidencial se enfrenta a la debilidad parlamentaria del oficialismo, lo que obliga al Gobierno a negociar cada avance con una oposición que mantiene el control de la agenda legislativa.
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