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Persecución y acoso del mileísmo

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La macroeconomía se estabilizó después de que el gobierno de Javier Milei terminó con el eterno déficit fiscal por primera vez en décadas. La inflación, por lo tanto, comenzó un camino decreciente, que un sector importante de la sociedad le agradece al Presidente. Según las últimas encuestas, la inflación dejó de ser una preocupación prioritaria de la sociedad, aunque todavía existe inquietud en mucha gente común por los aumentos de precios. El valor del dólar es ahora una discusión de economistas, pero dejó de ser una cotidiana preocupación social. ¿Hace cuánto tiempo que el dólar desapareció de la tapa de los diarios? El dólar es para los argentinos el termómetro de la estabilidad económica. El Gobierno podría ufanarse de que logró estabilizar una economía que venía tambaleándose desde la pospandemia de Alberto Fernández. Parte de la tarea está cumplida, pero aún falta mucho. La economía mundial está en problemas por el alto endeudamiento general de los grandes países, por la desglobalización que propone Donald Trump y por las altas tasas de interés. El Gobierno debería mirar ese proceso antes que prenderse fácilmente del saco de Trump. Falta también un programa para la microeconomía porque muchos argentinos sufren la inopia de sus recursos, y el precio de las cosas elementales de vivir aumentan más que el promedio general que hace el Indec. Esto es consecuencia de años de inflación alta en los que el país perdió la noción de los precios relativos. A otros argentinos, que no son pocos, los preocupa la falta de trabajo o la posibilidad de perder el que tienen.

Parece, sin embargo, que la agenda del Presidente se agota en la eliminación del déficit. El riesgo que corre no es menor. Lo peor que le puede pasar a cualquier política económica es perder en algún momento el apoyo social. Esa certeza elemental es ignorada por el jefe del Estado, que prefiere crear conflictos donde no existen, perseguir a los críticos, opositores o periodistas y guardar, sobre todo, la integridad de un relato donde él se asemeja más a un improbable emperador de la antigua Roma que al presidente de la república que le toca gobernar. Las empanadas de Ricardo Darín han sido un síntoma de muchas cosas. Darín es alguien respetado y estimado como un artista notable y como una buena persona; esos atributos no solo se los reconocen en la Argentina, sino también en España, donde trabaja gran parte del año. El precio de la docena de empanadas es el que dio Darín, pero también puede ser mayor o puede ser un poco menor. En efecto, los precios son todavía inciertos en el país. Depende de dónde se las compre, pero no era razón para que el ministro de Economía, Luis Caputo, saliera a ningunearlo y, mucho menos, para que le tiraran encima una insoportable jauría mediática. Los precios de los alimentos están caros, y eso es lo que importa. Lo comprueba cualquiera que va a un supermercado o a otro lugar a comprar carne o verduras. Pero el escándalo que provocó una simple frase de Darín en el programa de Mirtha Legrand demostró que predomina la intolerancia y que el Gobierno persigue públicamente a los disidentes. El acoso a Darín es realmente deplorable para cualquier que valore la civilización política. Tal vez no sea la SIDE la que persigue, como aseguró un documento de Milei, pero alguien del oficialismo lo hace; no puede ser casual (muy pocas cosas son casuales en política) que todo un aparato político y mediático practique la cacofonía para desprestigiar cualquier voz disonante o, lo que es peor, cualquier voz que cuestiona parcialmente el relato del oficialismo sobre su versión de la realidad.

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El periodista Hugo Alconada Mon sufrió un asedio peor, porque trataron de hackearle sus cuentas de WhatsApp y de X y lo vincularon falsamente con sitios de pornografía, una monumental mentira que podría tener consecuencias graves para él. Por ejemplo, si usaran esa falsa identidad para divulgar material referido a la pedofilia. Alconada Mon hizo, precavido, la debida denuncia penal por usurpación de identidad. La embestida contra el destacado periodista sucedió inmediatamente después de que él difundiera en el Plan de Inteligencia Nacional, de la SIDE, que establece parámetros tan vagos y ambiguos para el trabajo de los servicios de inteligencia que estos podrían terminar convirtiendo una simple crítica en un delito contra el Estado. El documento de 170 páginas señala que deben ser objeto de seguimiento “quienes erosionen la confianza en los funcionarios”. ¿Los funcionarios de Milei son infalibles? Parece. También serán motivo de control quienes “manipulen la opinión pública”. Los periodistas son sospechosos, desde ya. Y señala la necesidad de monitorear a actores que “generen pérdida de confianza en la política económica”. Tengan cuidado Carlos Melconian y Roberto Cachanosky, las bestias negras de Milei. Según el documento que leyó Alconada Mon, esos papeles tienen párrafos tan confusos como este: deberán investigar a quienes cometan “acciones cuyo impacto erosionen la estructura política e institucional del país”. ¿Qué? ¿Qué significa tanto palabrerío sin sentido? Nada o todo. Por eso, con esas instrucciones se puede llegar al extremo de culpar de un delito contra el Estado a quien formuló una crítica a la administración. Es lo que hicieron todos los populismos autoritarios desde que existen. Por supuesto, el Gobierno se escuda en el pretexto de que Rusia influyó en las elecciones de los Estados Unidos, de Francia y de Rumania, y que el Gobierno tiene la obligación de evitar esas injerencias extranjeras. Es cierto, pero entonces debió limitarse a hablar de las intervenciones extranjeras. Si ese es el problema, todo lo otro está demás. Pero las alusiones son peligrosamente más amplias y tienen ramificaciones locales. Milei no desmintió el documento; solo aclaró que la SIDE no persigue a opositores, adversarios o periodistas. La política de inteligencia deja huecos o agujeros negros por los que podría colarse la persecución de la SIDE. Ese es el importante descubrimiento de Alconada Mon y, por eso, la cacería política que el periodista todavía padece, además de los agravios, insultos y calumnias en las redes sociales que responden al mileísmo. El problema es más grave de lo que parece. Alconada Mon es un periodista reconocido aquí y en el exterior y sus odiseas tienen inmediata repercusión dentro y fuera del país. Pero, ¿qué sucederá, ante semejante prueba de acoso, con periodistas del interior del país o menos conocidos o con dirigentes empresarios o sindicales? La historia enseña que cuando suceden estos casos, como el que surca Alconada Mon, triunfa la autocensura, que es peor que la censura.

Cuando Javier Milei le negó el saludo al jefe del gobierno de la Capital, Jorge Macri (tan democráticamente elegido como el propio Presidente), y a la vicepresidenta, que no solo tiene el cargo institucional más relevante después del jefe del Estado, sino que es una mujer que merece el debido respeto, se creyó que la nación política había llegado a la cumbre misma de la guaranguería. Y que eso obstaculizaría cualquier entendimiento con Pro en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país. La política nunca es como se la imagina. Cristián Ritondo, delegado de Pro en las negociaciones con Milei, recibió el mandato de la mesa ejecutiva de su partido de llegar a un acuerdo en la provincia “equitativo y digno”. El problema del macrismo es que los intendentes de Pro no quieren ir solos, porque le temen a la derrota después de la experiencia en la Capital, y que la reconstrucción de Juntos por el Cambio es casi imposible. No es cierto que el radicalismo bonaerense esté atrapado ya en el lazo del oficialismo, como hacen trascender los seguidores de Milei. Ni el presidente del radicalismo bonaerense, el senador nacional Maximiliano Abad, ni ningún otro dirigente de ese partido negoció nunca nada electoral con La Libertad Avanza. “No podemos hacer una alianza cuando ni siquiera sabemos qué programa tiene el gobierno nacional para la provincia de Buenos Aires”, explica un dirigente radical. Ahora bien, ¿es posible esa alianza? Abad se comprometió a conversar con los intendentes y dirigentes radicales en los próximos días para establecer qué quieren hacer en las elecciones provinciales de septiembre y en las nacionales de octubre. La Coalición Cívica, la tercera pata histórica de Juntos por el Cambio, está lejos de Milei, de Macri y del radicalismo.

Los argumentos de una ruptura, para exponerlos ante los acuerdistas, son escasos. Pero Macri es cauto, dicen los que lo escuchan, y se resiste a que una alianza nacional lleve el nombre de La Libertad Avanza. El mileísmo sostiene que otro nombre promovería, a su vez, nombres distintos en las provincias y una confusión del electorado con respecto de a quién votar. Nunca, que se recuerde al menos, hubo una coalición de partidos con el nombre de un solo partido. Eso se llama vocación hegemónica, le guste o no al Presidente. No obstante, Mieli tomó nota de que un eventual triunfo kirchnerista en la vasta Buenos Aires podría tener consecuencias nefastas para su Gobierno. Tampoco el macrismo ni el radicalismo quieren repetir la experiencia de la Capital. Todos los caminos conducen a una alianza no peronista, liderada por el mileísmo, aunque todavía faltan los últimos trazos del boceto final.

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La novedad no consistió en el seguidismo de sectores mediáticos a las autoritarias estrategias del oficialismo, sino en la genuflexión de ministros importantes del gobierno de Milei. Patricia Bullrich, Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein y Federico Sturzenegger justificaron hasta que el Presidente le haya negado el saludo a Victoria Villarruel y a Jorge Macri o que haya promovido un video trucho con inteligencia artificial, que fue el intento más grave que se haya registrado en el mundo para interferir en elecciones con la IA. Tampoco nadie recuerda, además, que un presidente de la Nación le haya negado el saludo en público a nadie y, mucho menos, a quien ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación o de jefe del gobierno de la Capital. Ni Caputo, el arquitecto de la paz económica, ni Bullrich, ni Werthein ni Sturzenegger necesitan someterse a tanta sumisión para conservar el cargo que tienen. Ni siquiera necesitan el cargo.

“¿Es solo Cristina Kirchner sin déficit?”, se preguntó un dirigente opositor aludiendo al Presidente. La pregunta que nadie responde es hasta cuándo la sociedad argentina canjeará cierta estabilidad económica por la tolerancia a las peores formas institucionales. No hay respuesta, pero todos saben que la política se reduce a una sucesión de glorias y derrotas.



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Cristina Kirchner pidió a la Corte que le saquen la tobillera y le permitan visitas irrestrictas

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Cristina Kirchner pidió a la Corte Suprema de Justicia que le saquen la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena mientras está presa en su casa.

La expresidenta también solicitó que se flexibilice el regimen de visitas en su departamento de San José 1111 de Constitución.

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La defensa de Cristina Krichner planteó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Casación que había ratificado las reglas de conducta restrictivas que le impusieron los jueces que la condenaron.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, también recusó a los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en Constitución.

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El uso de la tobillera electrónica fue confirmado tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. La defensa cuestiona la necesidad de mantenerla.

El 12 de julio pasado, la Cámara de Casación confirmó que Cristina Kirchner se mantenga con tobillera electrónica en su lugar de detención y que continúe con el actual régimen de visitas restringido.

La defensa de la expresidenta había pedido quitársela y el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, había reclamado que se modificara el domicilio en aras de su seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

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Beraldi pidió que le saquen la tobillera electrónica y flexibilicen el régimen de visitas, que exige que autorización previa para visitas no incluidas en una nómina de familiares y allegados.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, por mayoría, decidieron mantener sus condiciones de detención en ese lugar

También se pronunciaron sobre el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, que había sugerido un cambio en el lugar de detención y mantener el actual régimen de prisión domiciliaria.

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El juez Gustavo Hornos, quien votó en primer término, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y sostuvo la validez del uso de la tobillera electrónica de vigilancia y de la obligación de solicitar autorización judicial para visitas fuera de la nómina original.

Hornos dijo que “este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático” y que “la corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.

Por eso, “el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado”.

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El juez formó mayoría con su colega Diego Barroetaveña, quien también avaló el mantenimiento de las medidas de control.

Barroetaveña dijo que no existe prohibición para que el juez imponga reglas de conducta siempre que sean pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada. Consideró que la restricción de visitas (exigiendo autorización para personas no listadas) es una “mínima restricción” y una precaución para la seguridad de la expresidenta, así como una atribución del juez para velar por el cumplimiento efectivo de la pena sin desnaturalizarla.

Además, señaló que el planteo de la defensa era “conjetural” ya que no se había rechazado ninguna visita hasta el momento, e incluso se había autorizado una visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.

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Sobre el uso de tobillera Barroetaveña afirmó que este mecanismo es el más eficaz para controlar el cumplimiento de la detención domiciliaria y que su implementación permite una modalidad de cumplimiento “cualitativamente mejor” que la prisión carcelaria, sin ser una “mortificación o estigmatización”.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia por revocar la obligación de utilizar tobillera electrónica, y el régimen de autorizaciones.

Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que, momentáneamente no existirían motivos para obligar a un cambio de domicilio; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.

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ratificado las reglas de conducta restrictivas que,Hernán Cappiello,Conforme a

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POLITICA

La Junta Electoral no autorizó listas en distritos clave para el peronismo en PBA y bajó a un candidato del Evita

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Hay grandes posibilidades que en las próximas elecciones el espacio de Fuerza Patria no tenga una lista local unificada en el municipio de Morón y no compita en la ciudad de San Nicolás. Así quedó plasmado tras las distintas resoluciones que emitió la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la oficialización de candidaturas dispuesto por el calendario electoral.

El traumático cierre de listas que vivió Fuerza Patria tuvo sus consecuencias. La falta de acuerdo por el orden y los nombres en la Primera sección electoral produjo un movimiento en la lista cargada luego de la prórroga que había dispuesto la Junta Electoral para que el peronismo termine de negociar las nóminas. Al momento de la carga digital, el casillero número cinco —con posibilidades acceso al Senado bonaerense- quedó en blanco. La pulseada por ese lugar la encabezaron el sector de Kicillof y el kirchnerismo. Había dos nombres: el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, por el Movimiento Derecho al Futuro, y el exdiputado nacional, Leonardo Grosso, por el Movimiento Evita, en acuerdo con el sector de Máximo Kirchner. Finalmente, Grosso quedó inscripto aunque luego del 21 de julio cuando fue la presentación de lista virtual. Sobre esa cuestión se amparó la Junta para no dar lugar a la oficialización de su candidatura. Sin embargo, el vocal de la misma, Federico Thea, -exintegrante del gabinete de Kicillof- pidió “un pronunciamiento expreso respecto de la inclusión del candidato Leonardo Grosso como Quinto Senador de la Primera Sección Electoral por la Alianza Fuerza Patria”, ya que —según considera— “de la documentación acompañada y reseñada precedentemente, se desprende que existió una clara manifestación de la voluntad del candidato Leonardo Grosso a ocupar el quinto lugar de senador de la primera sección electoral”, y que “debe primar siempre la voluntad legítimamente expresada, la que prevalece por sobre cuestiones de excesivo rigor formal”.

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Leonardo Grosso junto a Cristina Kirchner

Pese a ello, Grosso no será candidato. Su lugar quedará ocupado por quien originalmente estaba en el casillero siete. Se trata de Fernando Coronel; vicepresidente del partido Frente Grande que comanda el intendente de Ensenada, Mario Secco. La decisión tiene implicancias políticas en el marco de la interna del peronismo, toda vez que Coronel se encolumna dentro del MDF. Si el peronismo hace una buena elección en la Primera sección electoral —que renueva ocho bancas— el quinto casillero queda en una posición expectante para su ingreso al Senado y más aún si el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que encabeza la lista, finalmente no asume su banca. En este escenario, Kicillof podría tener mayor presencia propia en la Cámara alta para los próximos dos años de gobierno. La decisión de la Junta despertó malestar dentro del Movimiento Evita y apuestan a una reconsideración de la decisión ante la Junta.

El organismo también avaló la candidatura a diputado de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Facundo Tignanelli. Su inclusión como segundo candidato de la lista que encabeza la vicegobernadora, Verónica Magario, fue objeto de algunas observaciones.

En este marco, los vocales de la Junta, Gustavo De Santis y Federico Thea, aclararon de forma expresa que no existe impedimento legal para la postulación de Facundo Tignanelli. El legislador es uno de los jefes de La Cámpora en PBA y además de ser el actual presidente de la bancada peronista en la Cámara baja bonaerense, ocupó una suplencia como diputado en 2021. Sin embargo, esa suplencia fue inferior a dos años —faltaban solo nueve días para completar dicho lapso—, por lo que no se toma en cuenta para restringir su nueva postulación. La intendenta de Quilmes y compañera de lista de Tignanelli, Mayra Mendoza, celebró en sus redes la decisión de la Junta.

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Tignanelli junto a Mayra Mendoza

¿Dos municipios sin lista de Fuerza Patria?

Entre las resoluciones de la Junta Electoral bonaerense, también están la oficialización de la lista del Partido del Trabajo y la Equidad de Morón, que encabeza el intendente Lucas Ghi y la semana pasada ya había oficializado la lista Nuevo Morón que con Martín Sabbatella como primer candidato a concejal. Estas dos decisiones son otro capítulo en la discusión interna por la conducción y representación política del municipio de la Primera sección electoral. El intendente, encolumnado en el MDF, por un lado, y el ex intendente y líder de Nuevo Encuentro, habían presentado sus listas propias ante la posibilidad de que la Junta no oficialice la nómina local de Fuerza Patria. Es que cómo ocurrió con el caso de Grosso, la misma, fue inscripta fuera de los tiempos formales, producto de la negociación entre ambos sectores.

Ahora Fuerza Patria Morón hizo una presentación para dejar sin efecto la baja de la boleta que dispuso la Junta. Si el organismo no da lugar al pedido habrá dos listas cortas para concejales e incluso la lista seccional de Fuerza Patria tendrá en Morón un solo cuerpo.

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Kicillof con Lucas Ghi y Martín Sabbatella en la campaña 2023

En San Nicolás se encamina una situación parecida. La Junta no dio lugar a la lista a concejales de Fuerza Patria, producto de que la misma —que encabeza la ex candidata a intendenta y titular del Consorcio del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comeriofue presentada fuera de término, producto de las desavenencias internas del peronismo.

La complejidad —en el marco de la estrategia seccional del peronismo— es que, de no haber marcha atrás a la decisión de la Junta, no habrá lista a concejales del peronismo. Así, en San Nicolás, la lista de Fuerza Patria para la Segunda sección electoral también tendrá un solo cuerpo.

Este distrito representa casi el 20% del padrón electoral de toda la Segunda sección. Es la ciudad cabecera y el resultado allí será decisivo en el reparto de las once bancas a diputados provinciales que se disputan. Además, como dio cuenta Infobae, San Nicolás es uno de los distritos clave en la agenda de campaña de Kicillof. Por el lado de Fuerza Patria, la nómina la encabeza el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, acompañado por la actual funcionaria del ministerio de Mujeres bonaerense y miembro de La Cámpora, Evelyn Flores, oriunda de San Nicolás.

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“Esta resolución excluye al peronismo nicoleño de la contienda electoral y vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía, en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ nacional, injustamente detenida y proscripta”, plantearon este viernes desde el kirchnerismo nicoleño. A través de un comunicado describieron a la decisión del tribunal electoral como una “arbitrariedad” y un “agravio que daña gravemente a la democracia”. Desde este sector también se remarcó que “recurriremos a todas las herramientas legales para defender su derecho a votar y nuestro derecho a participar”.

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El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en Buenos Aires

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Un fuerte cruce ocurrió este viernes entre la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Fue en relación con la causa que investiga la purga policial de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense que se reunieron con Maximiliano Bondarenko, el candidato actual de Javier Milei por la tercera sección electoral y denunciado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Bullrich aseguró que dicha causa es “inventada” por Kicillof, a quien también calificó de “inútil”. “Le armó una denuncia a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías en una provincia donde la seguridad no sobra”, escribió en X.

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La ministra sostuvo que ahora “el show se le dio vuelta” al mandatario provincial. “Ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años. Persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”, señaló en la red social. Alonso no tardó en responder y manifestar que “Bullrich miente”.

El tuit de BullrichCaptura

A fines de julio, una investigación interna que partió de una denuncia anónima derivó en el desplazamiento de altos mandos de la policía que estaban acusados de militar para el candidato mileísta. Bondarenko es un exintegrante de dicha fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Será la cara libertaria en la sección que representa el bastión del peronismo históricamente.

La denuncia indicaba que este grupo de efectivos integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica, con puestos de conducción y cargos de alta jerarquía, realizaban tareas políticas para Bondarenko. Eran directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores. También hacía referencia a un asado que habrían tenido los acusados con Bondarenko una semana antes de que fuera anunciado como candidato libertario en Florencio Varela.

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Bondarenko rechazó las acusaciones de Kicillof y sostuvo que compartió “un asado de camaradería” con los policías, con quienes tenía una relación de amistad.

La Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense tomó acción y allanó las oficinas de los efectivos. Encontraron “gran cantidad de material probatorio y partidario”. Alonso dispuso el pase a disponibilidad de todos ellos mientras continúa la investigación judicial.

Bullrich miente. ¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial. No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé“, escribió el ministro bonaerense en X.

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Alonso la llamó a “no sentirse perseguida por la historia” donde ella “fue acusada por el actual Presidente y que nunca se aclaró”. “Intente no repetir los mismos hábitos: la mentira no conduce a nada. Si están nerviosos por alguna medición electoral que están viendo, no intente intervenir en la Justicia mintiendo. Los hechos son claros”, señaló.

En medio de la investigación, unos presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados se filtraron. Fue ante ello que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Bullrich, presentó una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica y abuso de autoridad.

Lo hizo ante la fiscalía general de La Plata y ahora la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de esas conversaciones. Según la presentación de la cartera, la División de Asuntos Internos recibió pruebas que incluían chats de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

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En su denuncia, el Ministerio de Seguridad aseguró que Bondarenko prestó servicio en la policía durante 25 años donde por “su labor profesional” formó “vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”.

Reunión Patricia Bullrich con Maximiliano Bondarenko a la que también asistió Sebastián Pareja en el Ministerio de SeguridadValeria Rotman

“Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida —como es natural— se reúnen asiduamente”, explicaron. También negaron que los acusados hayan participado en “supuestos hechos de sublevación” y que, por ende, fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.

Una semana atrás, la denuncia de Kicillof se redujo a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares. Tal como publicó , el fiscal subrogante Álvaro Garganta recibió siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje. En tres de ellas hay documentación señalada como incriminatoria para los efectivos.

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Son notas con el logotipo de La Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría. Allí se mencionaban trabajos como planes de seguridad. Hay siete policías que son los más complicados porque son los dueños de las computadoras secuestradas.

Aunque Kicillof inició un sumario administrativo contra los policías por realizar actividad política mientras estaban en funciones -lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía Bonaerense-, no alcanza para una imputación penal.


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