Segundo paso del plan “dólares del colchón”, el Gobierno comenzó a moverse para tratar de asegurar sostén político a su nueva apuesta económica, algo que expone una necesidad básica: generar confianza social. Y con ese foco, decidió operar rápidamente sobre los jefes provinciales. Antes de los contactos formales que acaba de inaugurar, había recibido señales que podrían ser calificadas de distinto modo en Olivos. Un apoyo condicionado de Santa Fe, que advirtió sobre los riesgos de lavado de las “economías del delito” -no sólo narco-, y un rechazo de la provincia de Buenos Aires, considerado como reflejo opositor en la antesala de la batalla electoral.

 La medida del Gobierno, que amplifica y a la vez no se ajusta a los tradicionales blanqueos, enfrenta como principal desafío la huella dejada en la sociedad por pésimas y repetidas experiencias en este terreno. Es una marca que acumula décadas. Y ese es un dato mayor cuando -según repite el discurso oficial- la apuesta intentaría trascender el paño exclusivamente financiero y buscaría un cambio “cultural” de los ahorristas. En síntesis, se trata de alentar el uso sin temores de los “dólares del colchón”, eufemismo por dólares en blanco o en negro pero fuera del circuito bancario argentino.

 Después de semanas de trascendidos imprecisos, el Ejecutivo resolvió anunciar una serie de medidas prácticas a su alcance, acompañadas al menos por un paso que debería ser dado en el Congreso. Se trata de modificaciones a las leyes específicas de los regímenes penal tributario y de procedimiento tributario, que de acuerdo con consideraciones de especialistas estarían centradas de manera casi excluyente en dar garantías para evitar la categoría de evasor y favorecer las prescripciones.

 Como sea, los contactos informales y las video conferencias de esta semana con los gobernadores no tendrían como eje prioritario el sondeo de las chances legislativas de esos proyectos. Antes, asoma la necesidad de lograr consenso político y, frente a las piezas que puedan quedar afuera de ese tablero, frenar riesgos prácticos: en especial, la posibilidad de que las decisiones de algunas provincias vayan en sentido contrario, sobre todo en cuanto al mantenimiento de controles sobre los orígenes de los dólares.

 De todos modos, tampoco el Gobierno arrancó con una convocatoria exenta de cálculo político menor. Y la línea divisoria entre los jefes provinciales que atendieron el llamado inicial del Gobierno y los que no asistieron a la convocatoria quedó contaminada por el juego político, a pesar de que se trata de un tema sensible. Es ilustrativo el repaso de esta primera ronda de acercamiento, además de algunos otros datos menos visibles.

 Las conversaciones estuvieron a cargo de Guillermo Francos, Luis Caputo y otros funcionarios de menor rango. Fueron dos tandas de contactos virtuales, con participación de gobernadores o ministros provinciales. Y la idea fue ir allanado el camino para un posterior pronunciamiento formal de adhesión o acompañamiento a la medida oficial. En simultáneo, circulan señales más a tono con advertencias, según se deja trascender.

 Esa primera ronda expuso matices y dejó también algunos gestos increíbles para lo que está en discusión. Nada lineal. Estuvieron en la conversación representantes de las dos provincias en manos de peronistas dialoguistas (Tucumán y Catamarca), de ocho de las diez administradas por lo que fue JxC y aliados (Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, Chaco, Chubut, Corrientes, San Juan y San Luis) y de siete manejadas por fuerzas provinciales o no alineadas automáticamente en el plano nacional (Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Santa Cruz y Córdoba).

 Está a la vista que los gobernadores peronistas/K que suelen tener posiciones más duras frente a Olivos no participaron, al menos por ahora. No se trata de posturas cerradas, como se ha visto en el Congreso, aunque, por supuesto, ese lote es encabezado por Buenos Aires e integrado por Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego. Pero tampoco fueron parte de este primer capítulo Santa Fe, con el radical Maximiliano Pullaro anotado entre los ganadores de la primera tanda de elecciones provinciales, y la Ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo viene golpeado por los comicios de hace apenas diez días.

 En este plano asoma el cálculo político/electoral de manera evidente. Desde las cercanías de Jorge Macri dejan trascender que la Ciudad ni siquiera fue invitada a las conversaciones para darle mayor sustento político al plan “dólares del colchón”. Asoma como una continuidad del desaire hecho por Javier Milei al jefe de gobierno porteño en el Tedeum por el 25 de Mayo.

 En cuanto a las primeras reacciones de Axel Kicillof, es difícil imaginar que queden fuera de la lógica del enfrentamiento electoral que viene. Luego del triunfo libertario en el distrito base del PRO, se aceleraron las tratativas entre violetas y amarillos -tal vez, con radicales, según cada sección provincial- para la batalla contra el núcleo del peronismo/kirchnerismo en territorio bonaerense.

 El de las tensiones es un camino riesgoso porque, está dicho, el objetivo del consenso político asoma como un paso ineludible para apostar a la confianza social en los anuncios. En otras palabras: no sería razonable dejar abierta una contraposición práctica entre medidas nacionales y controles locales.

 La gestión santafesina se pronunció de inmediato, apenas formalizado el anuncio oficial. Expresó un respaldo general, aunque advirtió que la provincia mantendrá medidas de seguimiento para evitar lavado de dinero proveniente del delito y operaciones de “mafias que atentan contra la seguridad pública”. Es una señal de alerta emitida por una de las provincias más golpeadas por años de narcotráfico. El interrogante es cómo se haría compatible con la medida nacional.

 En cambio, el discurso desde La Plata fue abiertamente confrontativo. Kicillof descalificó el plan del Gobierno, al que definió como un blanqueo de hecho y sin respaldo legislativo. Dijo además que mantendrá su esquema de fiscalización tributaria. Es el inicio de una nueva pulseada.

 Por lo pronto, en medios opositores se destaca que ARCA lanzó de hecho una advertencia sobre la posibilidad de limitar la información fiscal a los correspondientes organismos provinciales, si los gobernadores no se alinean con la decisión nacional. Cuesta imaginar un efecto positivo si las tensiones terminan en batalla política.