“En la UOM Capital no necesitamos la policía, ni el ejército, ni los barras brava cuidando las urnas. Con los trabajadores nos alcanza”. En diálogo con Infobae, pocas horas después de haber sido proclamado secretario general de la UOM Capital en los cinco días de elecciones que finalizaron este viernes, Roberto Bonetti confirmó con esa definición que es el principal adversario interno de Abel Furlán, el titular del gremio a nivel nacional, que se impuso en los comicios de la Seccional Zárate-Campana en medio de un fuerte operativo de seguridad y denuncias de fraude por parte de la lista opositora, que impugnará el resultado ante la Justicia.

Tras haber sido durante años secretario adjunto de Antonio Caló, que decidió dar un paso al costado, Bonetti es desde hace 24 horas el líder de la seccional más poderosa del sindicato metalúrgico que, además, fue el gremio de origen dos importantes “próceres” de la UOM como Augusto Timoteo Vandor y Lorenzo Miguel.

Pero el flamante jefe de la UOM porteña se muestra dispuesto a levantar su perfil hacia adentro y hacia afuera del sindicato. Por un lado, le atribuyó a Furlán que los metalúrgicos tengan “salarios miserables con porcentajes de aumento miserables y bonos de 15 mil pesos que no alcanzan ni para comprar un kilo de carne y que no tienen nada que ver con lo que se prometió en su momento, que íbamos por salarios dignos”.

En la entrevista con este medio, Bonetti afirmó que su principal desafío será defender a los trabajadores ante el deterioro del empleo y los avances sobre las conquistas laborales. “Estamos ante un escenario complicado, en particular los sindicatos industriales, porque nos están pegando de lleno en la línea de flotación con los puestos de trabajo que se caen todos los días”, dijo al cuestionar al gobierno de Javier Milei. Y agregó: “Lo vamos a tener que enfrentar desde la política porque esta realidad que vivimos pone en evidencia la necesidad de cambiar de rumbo económico”.

Al mismo tiempo, hizo una fuerte advertencia acerca de una de las leyes más importantes de la administración libertaria: “Frente a la reforma laboral, esta seccional de la UOM no va a permitir que se le quite ningún derecho a ningún trabajador”, aseguró.

“Esto lo hemos demostrado en las últimas semanas —añadió— cuando escrachamos a varias empresas por no querer pagarnos el aumento salarial. Y también a una empresa que pretendió echar trabajadores pagándoles el 50% de la indemnización. Aunque no pudimos dar vuelta los despidos porque evidentemente trabajo no hay, con nuestra protesta logramos en 24 horas que pagaran el 100%. Esa va a ser la impronta de esta seccional”.

Enfocado en criticar a Furlán, el líder de los metalúrgicos porteños puntualizó una de las situaciones más graves que enfrenta el gremio: “Más del 60% de los metalúrgicos está debajo de la línea de pobreza. En la última paritaria, antes de Navidad, planteamos que era necesario hacer una movilización ante la Secretaría de Trabajo para que homologue el convenio. No nos escucharon y lo homologaron a mediados de febrero”.

Bonetti sostuvo que los bajos sueldos son consecuencia directa de la política impulsada por el secretariado nacional de la UOM. “Más allá de que dibujan los números sumando los bonos, que se dan por única vez, la realidad es que siempre se perdió salario. En cuatro años no levantaron un solo ladrillo para hacer algo por los metalúrgicos. Y lamentablemente ahora estamos en las redes con denuncias cruzadas para todos lados”.

“Nosotros estamos enfrentados con la conducción nacional (de la UOM) desde el primer día —agregó Bonetti—. Cuando Furlán fue electo secretario general, nuestros representantes votaron en blanco. Y durante estos cuatro años actuamos en soledad”.

El dirigente resaltó: “Hace 2 años y medio estuvimos en contra de la negociación salarial (de Furlán) y fuimos los únicos que lo dijimos durante una reunión de consejo directivo de la UOM. El tiempo nos dio la razón”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reelección de Furlán en la UOM nacional cuando se reúna el colegio electoral del próximo 18 de marzo, Bonetti expresó dudas sobre la legitimidad de la votación en la Seccional Zárate-Campana. “No lo sé. Se proclamó ganador, pero hay presentaciones en la Justicia. De acá al 18 veremos qué sucede porque (en la elección) hubo barras bravas y hay videos de la policía llevándose las urnas”, señaló. “Hay disconformidad de muchos dirigentes —añadió al aludir a una posible rebelión interna contra Furlán—, pero ninguno quiere sacar los pies del plato”.

Respecto de la transparencia en las elecciones metalúrgicas, Bonetti reivindicó la modalidad empleada en la Seccional Capital, donde hizo hincapié en la participación de los afiliados sin ningún incidente: “No necesitamos ni ejército, ni policía, ni barras bravas cuidando las urnas. Con los trabajadores nos alcanza —señaló— Los compañeros vinieron durante cuatro días a votar en las fábricas sin ningún incidente”.

Tanto en su discurso cuando fue proclamado ganador de las elecciones como ante Infobae, Bonetti llenó de elogios a Caló. “Le agradezco toda su gestión y destaco toda la tarea que realizó no solamente al frente de nuestra seccional, sino también en la conducción nacional, ya que tomó una UOM que estaba prácticamente quebrada, la ordenó, hizo muchísima obra, como hoteles, campings, policlínicos y centros de capacitación, y la dejó con 17 millones de dólares de superávit”.

Enseguida, atribuyó a Furlán una maniobra para desplazar a Caló de la UOM nacional: “Antonio fue muy mal recompensado por esa tarea en el sindicato porque lo traicionaron en un conciliábulo entre gallos y medianoche. A la UOM Capital se le ofreció un lugar en el secretariado, pero lo rechazamos porque teníamos en claro que ese contubernio iba a terminar mal. Y ahora no sé si está terminando, pero está mal porque tenemos los salarios por debajo de la línea de pobreza”.

Bonetti también opinó sobre la denuncia contra Furlán por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. “El convenio existe. Eso no es mentira. Yo no sé sus alcances, pero nunca vi un convenio así, donde la empresa puede rescindir el convenio en 30 días y la UOM no lo puede rescindir en 10 años. Si un secretario general lo firma, está comprometiendo dos mandatos y medio de su gestión. Eso me resulta sugestivo. No puedo decir si está mal o si hay malversación porque no tengo los datos. Eso lo tendrá que investigar la Justicia”.

convención,Gustavo Naso,Roberto Bonetti,líderes,orador,escenario,brazos en alto,evento,discurso,organización

Un video publicado en la red social X, de la streamer española Shuuy (@Shuuy_live), se viralizó en las últimas horas por un mensaje dirigido a los argentinos en relación con el gobierno de Javier Milei.

En el clip, la creadora de contenido —quien en su perfil indica que transmite en vivo desde Barcelona, España— expresa su apoyo al rumbo político del país y plantea que le gustaría ver un liderazgo similar en su tierra. “Quiero un Milei en España”, afirma en el video.

“Quiero un @JMilei en España; argentinos por favor no cambiéis el rumbo, sois ejemplo para el mundo, antes lo erais para mal, hoy para mejor, darle una lección a todos los zurdos de mierda, se lo merecen y os lo merecéis”. @Shuuy_live , youtuber española (ex zurda) sin complejos. pic.twitter.com/1zXJDVOsTi

— _DON_ BAIRES_⭐️⭐️⭐️ (@DonDrPr_4ever) March 7, 2026

Durante su intervención también envía un mensaje dirigido a los ciudadanos argentinos. “Argentinos, por favor no cambiéis el rumbo”, sostiene en el fragmento que comenzó a circular en redes sociales.

En el mismo video agrega otra reflexión sobre la gestión del mandatario argentino: “Está haciendo lo que tiene que hacer”. El clip fue difundido en X y comenzó a ser replicado por distintos usuarios en las últimas horas, incluso por el mismo presidente Javier Milei.

La entrada VIDEO | “Quiero un Milei en España”: el mensaje viral de una streamer de Barcelona se publicó primero en Nexofin.

España,Javier Milei,Redes Sociales,Shuuy

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Oscar Liberman presentó un proyecto de ley para prohibir los teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada con la colaboración de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo).

La propuesta fue denominada “Ley Rodrigo”, en referencia al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos luego de una extorsión que, según la investigación judicial, se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena.

El proyecto modifica la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y plantea que las personas privadas de la libertad no puedan tener celulares ni dispositivos electrónicos capaces de conectarse a redes de telefonía móvil o transmisión de datos.

El texto establece que la comunicación telefónica de los internos deberá realizarse únicamente a través de equipos provistos y supervisados por el Servicio Penitenciario. Además, fija un límite diario para esos contactos.

“La comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. El tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”, indica el proyecto.

También dispone que cada detenido podrá comunicarse únicamente con un listado de hasta cinco personas previamente registradas. Según la iniciativa, el Servicio Penitenciario deberá supervisar esos contactos “para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.

Entre los cambios previstos, el proyecto declara la caducidad del “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado durante la pandemia mediante la Resolución N° 47688/20, que había flexibilizado el uso de dispositivos personales dentro de las unidades penitenciarias.

En los fundamentos, Liberman sostuvo que la regulación vigente debe adecuarse a las exigencias actuales de seguridad pública.

“El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresó.

El legislador afirmó además que el proyecto apunta a restablecer condiciones de control sobre las comunicaciones dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, sostuvo que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario”.

La iniciativa también establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento de los internos. Según el texto, esos mecanismos deberán implementarse de forma progresiva y sin interferir con comunicaciones institucionales o de emergencia.

El proyecto dispone además que el uso de inhibidores deberá complementarse con medidas de control permanentes. Entre ellas menciona requisas periódicas en celdas y pabellones, controles tecnológicos para detectar dispositivos electrónicos y acciones preventivas destinadas a evitar el ingreso de elementos prohibidos.

En las disposiciones transitorias, la iniciativa fija un procedimiento para retirar los teléfonos que actualmente poseen los internos. Dentro de los diez días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los detenidos para que entreguen voluntariamente los dispositivos en un plazo de 24 horas.

La norma establece que los teléfonos registrados podrán ser retirados por familiares o allegados del interno luego de seis meses. En cambio, aquellos equipos que no estén declarados deberán ser destruidos en un acto público ante escribano.

Si los dispositivos no son entregados voluntariamente, el proyecto ordena realizar requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los teléfonos y aplicar sanciones a los responsables.

Arroyo Salgado dictó recientemente la prisión preventiva para siete personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y que, según la investigación, habría participado en la extorsión al soldado Rodrigo Gómez. La causa sostiene que las maniobras se realizaban mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de las unidades penitenciarias.

El apoyo del intendente de San Isidro

En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, presentó un pedido formal y urgente ante la Justicia Provincial para que deje sin efecto la autorización que permite, desde el Gobierno de Alberto Fernandez, el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias bonaerenses.

En una carta dirigida al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Lanús argumenta que esta medida fue una disposición excepcional y temporal, adoptada durante la pandemia por el DNU 297/20 y sus prórrogas, cuya vigencia ya finalizó hace tiempo.

“No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, enfatizó el intendente.

El escrito detalla que, a pesar del cese de la emergencia sanitaria, los detenidos continúan utilizando dispositivos de telefonía celular de manera indiscriminada y sin control efectivo. Esto facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los penales, agravando los niveles de inseguridad en el conurbano bonaerense, incluido el distrito de San Isidro.

Rodrigo Andrés Gómez,Quinta de Olivos,Granaderos