El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, presentó un escrito ante el fiscal platense Álvaro Garganta y se sometió a una ronda de preguntas del investigador, para defenderse de las acusaciones por fraude, asociación ilícita, enriquecimiento y cohecho que pesan sobre él. La causa investiga un supuesto esquema de gestores que, por fuera de la legalidad, eliminarían fotomultas, y presuntas irregularidades en la concesión de las áreas de explotación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

D’Onofrio, un dirigente alineado con Sergio Massa que perdió el respaldo del Frente Renovador, renunció al cargo de ministro en diciembre de 2024 (había asumido tres años antes). A principios de abril de 2025, Garganta lo imputó como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho pasivo.

El exfuncionario de Axel Kicillof hizo ayer una presentación espontánea en la fiscalía de Garganta. En un escrito, al que tuvo acceso , se defendió de cuatro acusaciones: el “supuesto ‘borrado’ de multas por infracciones de tránsito”; las “supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para adjudicar el servicio público de VTV”; las “supuestas irregularidades en la contratación de un inmueble” y “en la instalación de cinemómetros”.

En su escrito, D’Onofrio subrayó que la hipótesis delictiva “fue la apropiación de fondos públicos por parte de funcionarios del Ministerio de Transporte y jueces de faltas provinciales quienes, actuando en connivencia con gestores que captaban infractores ofreciéndoles reducción de las multas, eliminaban del sistema las infracciones apoderándose así de las sumas destinadas al pago de las multas”. Y añadió: “Evidentemente, el señor agente fiscal ha entendido que tal supuesto delito contó con mi intervención”. A D’Onofrio lo representan los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde.

Según el texto del exministro, el fiscal incurre en una “inaceptable manera de imputar imaginarios delitos de los que no hay prueba”.

“Se intenta incluir dentro del ámbito penal hechos lícitos que, por lo demás, son totalmente ajenos a la esfera de mis funciones como ministro. No soy gestor ni juez de faltas”, indicó D’Onofrio.

Al puntualizar sobre la presunta existencia de un esquema de gestores que captaban infractores para ofrecerles eliminarles las multas a cambio del pago de un porcentaje de la infracción, D’Onofrio planteó que “la promoción de servicios de gestoría no es otra cosa que la oferta de un servicio perfectamente lícito” por el que el gestor tiene derecho a un pago. “Hechos que me son completamente ajenos”, sostuvo.

El exfuncionario argumentó que las multas no pueden eliminarse porque el Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (Sacit) “determina que las formas de resolver son: sentencia absolutoria, nulidad, prescribir y condenatoria”, lo que lo que implica, “que no se ‘eliminan multas’ ni hay modos anormales de terminación de proceso que no sean los enunciados”. Sostuvo que las multas pueden morigerarse y tomó como ejemplo una infracción de tránsito que redujo su valor protagonizada por el particular damnificado en esta causa: Leandro Camani, titular de Secutrans, empresa que brinda equipos y sistemas para el cobro de infracciones de tránsito.

D’Onofrio argumentó que no hubo perjuicio para la administración pública por el accionar de los presuntos gestores, ni para los municipios cuando “los juzgados provinciales asuman la competencia de infracciones” porque “la distribución de ingresos por infracciones se encuentra reglamentada”.

En la causa, al juez de Faltas Mario Quattrochi se lo considera clave por su participación en el registro y procesamiento de las infracciones sospechadas. Es señalado como socio de Claudia Pombo, expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y una dirigente de confianza de D’Onofrio. Tanto Quattrochi como Pombo están también imputados junto al exministro.

La presentación espontánea que hizo D’Onofrio por escrito incluye un pasaje en el que el dirigente se desvincula de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, firma que preside Sebastián Desio, considerado en la causa un “militante de D’Onofrio”. La firma cobra a las concesionarias el 8,5% de cada verificación vehicular por brindarles sistemas informáticos. Según el expediente de la causa, la empresa fue contratada previamente por cada firma que, luego, ganaría los contratos para explotar las plantas de verificación.

“No existía ninguna ‘garantía’ de ‘que se cumpla la promesa de adjudicación’. La cláusula que citan lo único que hace es garantizar a los aceptantes de la oferta que tal aceptación [la de la empresa de Desio como proveedora] solo sería vinculante en el caso que el ministerio aprobara formalmente las innovaciones tecnológicas que se estaban ofreciendo. Si no fueran aceptadas por la administración tales innovaciones, los contratos firmados por las empresas con ‘Soluciones’ quedaban sin vigor alguno”, argumentaron los abogados de D’Onofrio en el escrito.

D’Onofrio planteó que el 8,5% que cobra la empresa de Desio “es una suma que se encuentra exclusivamente a cargo de las empresas prestatarias del servicio” y “no sale un solo centavo del erario público”, por lo que “no existe ningún desvío de fondos”. Y añadió en el texto: “Tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires las prestadoras del servicio de VTV han firmado un convenio con otra empresa por un porcentaje mayor”.

El exfuncionario denunciado también negó vinculaciones con Desio por el alquiler de un edificio en La Plata que utiliza el Ministerio de Transporte provincial (la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, en calle 6 entre 44 y 45) y que tendría como titular a personas vinculadas a un hermano de Desio. “No tuve ningún tipo de intervención en parte alguna del trámite”, remarcó.

En el cierre de su escrito, D’Onofrio se desligó de otra acusación. “Se me imputa que, al menos desde el 3 de enero de 2022, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”. Señaló que “solo uno” de esos equipos que miden la velocidad en tiempo real puestos en cuestión “fue habilitado a partir del año 2022″.

La aprobación para instalar cinemómetros es “responsabilidad de cada municipio”, se defendió D’Onofrio, que lanzó una sospecha en el escrito: “Se excluyó de la imputación sin razón alguna los aproximadamente 50 cinemómetros pertenecientes a Secutrans, que se ha erigido en mi perseguidor penal y a quien se exime ostensiblemente de cualquier responsabilidad”.

Además del escrito presentado, el exministro contestó algunas preguntas de Garganta. En su entorno, consideraban que dejó “demostrado la inexistencia de delito en cada una de las imputaciones”