POLITICA
El juez Bailaque, más cerca de ser destituido: la punta del iceberg de una justicia contaminada que sirvió al narcotráfico
Marcelo Bailaque tiene los días contados como juez federal de Rosario, luego de que el Consejo de la Magistratura diera un paso clave para avanzar en su destitución. Se formalizó la acusación contra un juez que asumió en su cargo en 2008 y a lo largo de los últimos años sumó serios cuestionamientos, por proteger a narcos poderosos de Rosario, como Esteban Alvarado. El 30 de abril pasado lo imputaron de tres causas judiciales concretas, y ese escenario complicado en su contra avivó la investigación en el Consejo de la Magistratura. La comisión de acusación de ese organismo estuvo paralizada cuatro meses, desde diciembre.
Bailaque está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló el 11 de junio pasado. Además de darle al financista Whpei el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida por el juez.
El exjefe de ARCA dijo en su declaración como arrepentido que Whpei tenía fuertes influencias en el ente recaudador y la Aduana, que son organismos clave en los controles en el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela –según varias investigaciones judiciales– el narcotráfico a través de la hidrovía.
Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que “esto es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de Bailaque actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez ocupe el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
Como reveló , el 11 de junio pasado, Bailaque tenía el mismo contador Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió ante una consulta de este diario. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.
Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.
Bailaque asumió como juez federal en Rosario en 2008, luego de empezar su carrera judicial en Santa Cruz, donde fue protagonista de la precuela del kirchnerismo, y entabló una buena relación Carlos Chino Zannini, cuando era ministro de la Corte Suprema provincial y aceitó las conexiones con una clase política que en 2003 llegó al poder con Néstor Kirchner. Pero no sólo fue este sector político el que lo sostuvo y protegió, sino también, como insisten en la justicia federal de Rosario, funcionarios de peso del Poder Judicial, que custodiaban una de las jurisdicciones más relevantes del país.
POLITICA
La Casa Rosada afronta una semana clave por el Presupuesto y Caputo evalúa los pedidos de los gobernadores
El Gobierno se enfrenta a una semana clave para el avance de la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos de los jefes provinciales, le acercaron a Diego Santilli.
En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
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En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.
Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.
Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.
En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.
Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.
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Santilli sale a buscar consensos con el resto de los gobernadores
En busca de los consensos para lograr la aprobación del Presupuesto y las reformas, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará en la última semana de noviembre con su agenda federal en los próximos días.
Esas conversaciones deberán tener el visto bueno del jefe de Hacienda, Luis Caputo. En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual la evaluación pasará por el costo sobre las cuentas públicas que implicaría acceder a los pedidos de lso mandatarios.
El raid de reuniones de Santilli con los gobernadores continuará este martes 25 de noviembre con Hugo Passalacqua, en Misiones.
Esta semana, el jefe de Interior recibió en su despacho a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
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Santilli todavía tiene pendiente los encuentro con Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Valdés (Corrientes); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Y estima finalizarlos antes del 10 de diciembre.
Mientras resta conocer si desde la Rosada convocarán a negociar a los cuatro gobernadores peronistas antes del 10 de diciembre: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Gobernadores, Diego Santilii, Luis Caputo, Presupuesto 2026, Javier Milei
El Gobierno nacional y la CGT acercan posiciones para una negociación en torno a la reforma laboral antes que se conozca la versión oficial del proyecto y sea presentado en el Congreso.
Hasta el momento, la iniciativa, que apunta a modernizar en lo jurídico el mercado de trabajo cuenta con un fuerte rechazo del sindicalismo.
Los encargados de la negociación por parte del Ejecutivo son el ministro de Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
En la previa a este diálogo, Santilli habló con dos de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (del gremio de empleados del vidrio) y Jorge Sola (del gremio de Seguros), y les comunicó sobre la convocatoria a dialogar así como también les pidió que no hicieran caso a los trascendidos extraoficiales.
Sturzenegger defendió la reforma laboral: “Argentina hace 15 años que no crea trabajo”
Desde el lado de la CGT se preparan para el encuentro. En ese sentido, presentarán una contrapropuesta en base al punteo del último borrador que trascendió desde el Ejecutivo.
Derechos colectivos y aportes compulsivos
La central intersindical buscará tirar abajo algunos de los artículos que más conflicto generan ene l sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las asambleas de trabajadores en las empresas y otros aspectos que limitan el poder de los sindicatos.
La CGT advierte que la reforma laboral está “viciada” y pide bajar los impuestos
Desde el Gobierno están al tanto de los resquemores que generan dichas iniciativas contenidas en el proyecto, pero consideran que la preocupación no es la misma respecto a los derechos de tipo individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo.
Lo que más obsesiona a la CGT es la posibilidad de que, con la reforma laboral, pierdan la caja que implica el control de las cuotas solidarias, conformadas por aportes compulsivos de los trabajadores a los gremios, y que son el corazón del financiamiento de los gremios.
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POLITICA
Con el apoyo de los gobernadores, la Casa Rosada apunta a lograr el dictamen del Presupuesto el 15 de diciembre
Con el apoyo de los gobernadores, el Ejecutivo apunta a lograr el dictamen de la Ley de Presupuesto Nacional el 15 de diciembre.
El próximo viernes se terminan las sesiones ordinarias en el Congreso y se espera que se caiga el dictamen del Presupuesto actual. Por ello, el Gobierno planea presentar un nuevo dictamen.
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Para que ese dictamen cuente con los votos necesarios y sea aprobado, el Gobierno lleva adelante negociaciones con los gobernadores y busca conseguir los apoyos necesarios.
Es por eso que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió las provincias durante los últimos días y se reunió para negociar diferentes acuerdos.
Este viernes se encontró con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el próximo martes hará lo propio con el jefe provincial de Misiones, Hugo Passalacqua.
Los encuentros son concretos. Los gobernadores piden obras, dinero, impuestos y coparticipación, a cambio de que sus legisladores voten a favor de un nuevo dictamen de Presupuesto para el año próximo.
Cualquier mínimo detalle acerca de los acuerdos debe contar con la aprobación del ministro de Economía, Luis Caputo.
Este martes hubo en Casa Rosada una reunión de los principales funcionarios de la mesa política del Ejecutivo con Caputo.
Este medio pudo confirmar que se habló sobre la hoja de ruta presupuestaria y sobre las demás reformas que el oficialismo quiere impulsar. También estuvo sobre la mesa el mecanismo para conseguir que todas estas iniciativas se aprueben en el Congreso.
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La fecha límite que pone el Gobierno es el 15 de diciembre, para tratarlo en sesiones extraordinarias. Para ese entonces tiene que estar escrito el acuerdo con los gobernadores.
La letra chica que pretenden los jefes provinciales debe estar redactada para que el oficialismo pueda contar con esos votos.
Se espera que antes de que termine noviembre el ministro del Interior complete las reuniones individuales con los 20 gobernadores que asistieron a Casa Rosada hace tres semanas.
Restan por cumplir con el encuentro Jorge Macri (CABA), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Presupuesto 2026, Gobernadores
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