POLITICA
Buenos Aires 1997 o 2017, el gran enigma
El Gobierno empieza a palpitar que el triunfo en las cruciales elecciones bonaerense es cada vez más probable. Sobre todo, después de la rendición casi incondicional de Mauricio Macri a los pies de Javier y Karina Milei, tras la estrepitosa derrota de Pro en las elecciones porteñas, que terminaron con un invicto electoral de 20 años.
La sensación cobra espesura con la guerra fratricida que se desarrolla en el interior del kirchnerismo bonaerense y los pronósticos agoreros para su espacio, que la propia Cristina Kirchner admite y alimenta después de que libertarios y macristas avanzaran hacia la concreción de una oferta unificada.
Ante ese horizonte, la pregunta más relevante que tiene ante sí la política es cuál será la consecuencia si esas previsiones se plasmaran en la realidad.
En busca de una respuesta, para el peronismo, aunque también para el oficialismo y sus aliados, hay dos referencias ineludibles de elecciones intermedias.
La incógnita es si estos comicios provinciales y sus efectos se parecerán a los de 1997 o a los de 2017, terminado ya cualquier paralelismo posible con los de 2005, por obra y gracia de la debacle amarilla y la claudicación de su jefe. En este caso hoy Javier Milei es Néstor Kirchner y Mauricio Macri, Eduardo Duhalde.
El electorado que va de la centroderecha a la derecha radical y adhiere al rumbo del gobierno nacional (sin espantarse por las formas y algo más) tendrá mayoritariamente una sola oferta dominante, aunque pueda haber alguna boleta que busque disputar el electorado moderado y republicano. Facundo Manes se ilusiona con llevarse lo que pueda quedar. Aunque nadie sabe con certeza a quién podría restarle votos.
La gran duda, que la diputa interna potencia, es si para el peronismo será un revival de las elecciones de 1997, en las que fue derrotado en la provincia de Buenos Aires y terminaron por hundir a un menemismo que había perdido el brillo de sus años dorados, para abrir paso a una traumática renovación, que solo llegó tras la catástrofe de 2001. O si, en realidad, serán como las de 2017, en las que el oficialismo cambiemita les ganó, pero no logró hacer pie económicamente y el peronismo volvió a imponerse dos años después.
Uno y otro escenario encierran proyecciones antitéticas para la política y para la economía. Así como la reminiscencia dispara grandes prevenciones. Y el Gobierno necesita despejar incógnitas para afrontar la segunda parte de su mandato, capaces de darles certezas a los inversores y soporte social. Solo un triunfo arrollador en octubre acompañado de la consolidación de los logros económicos podría proveerle certidumbres.
Por estas horas, esas dudas jaquean más al peronismo y, más aun, al kirchnerismo, que a un oficialismo que solo ve en su parabrisas un horizonte y una ruta suficientemente despejados, como para desdeñar algunas advertencias socioeconómicas que le hacen voces autorizadas ubicados muy cerca de su perspectiva.
Los llamados de atención son tanto sobre el impacto en la economía real del tipo de cambio, como por los efectos socioeconómicos que tendrá la brecha de tiempo y velocidad que habrá entre la ruptura del viejo orden y los frutos del nuevo. Lo acaba de señalar Ricardo Arriazu, uno de los economistas más respetados por el Gobierno y por “círculo rojo”.
De todas maneras, es lógico que el preocupado sea el perokirchnerismo. Sus urgencias son más que las que puedan amenazar al oficialismo y sus aliados (nuevos y viejos).
En las primeras seis elecciones del año el peronismo solo tuvo retrocesos y las perspectivas económicas para lo que falta hasta los comicios bonaerense y nacional ofrecen más signos negativos para su posicionamiento que ventanas de oportunidad. Salvo la llegada de cisnes negros antes de octubre. Pero, por naturaleza, su aparición es impredecible.
Eso parece explicar el grado de agresión verbal que se dedican cristicamporistas y kicillofistas a través de algunos pocos intermediario que todavía subsisten y ante interlocutores frente a los que hasta hace muy poco se volvían mudos cuando se les preguntaba por alguna diferencia interna. La ausencia de comunicación entre las primeras líneas de cada sector es total. El monolítico y hermético kirchnerismo ya no existe.
“Con el desdoblamiento electoral, Axel va a terminar haciendo que lo que hoy es una posibilidad, termine siendo un hecho y perdamos en la provincia de Buenos Aires”, auguran (o temen) bien al lado de “la jefa”.
“Hace 16 años que perdemos elecciones intermedias y hemos perdido cinco de las últimas seis. Lo que están buscando es cubrirse para tener a quien echarle la culpa si se pierde. El desdoblamiento no se modifica”, retrucan las voces más autorizadas del kicillofismo. Para ellos, Cristina y Máximo Kirchner y La Cámpora quieren que, en caso de producirse, la derrota no tenga madre, pero si un padre, cuyas iniciales son AK.
Aunque también van más allá. En el entorno del gobernador devuelven con fiereza la instalación de la sospecha por parte del cristicamporismo de que Kicillof puede estar pensando en que tal vez le convenga una derrota para desatar, aunque sea por la vía traumática, un cambio de mando que no logran concretar.
“Nosotros jugamos a ganar. La Cámpora parece jugar a conservar lo que tiene y dañar a Axel. Adhieren a lo que dijo [Sergio] Berni en Salta: ‘Prefiero tener un partido de siete puntos y que represente realmente los intereses del peronismo’. En su caso serían los intereses del camporismo”, afirma una de las pocas voces autorizadas a hablar por Kicillof.
En ambos campamentos la perspectiva de una ruptura es cada vez más potente, aunque ninguno cierra la puerta a la posibilidad de un arreglo, amparados en la vieja tradición peronista de que el temor al desierto siempre supera las diferencias.
No deberían olvidarse que en 1999, dos años después de perder en las elecciones intermedias, Carlos Menem prefirió la derrota de Duhalde antes que anticipar su jubilación. Otro hito al que mirar.
Parados en aquella rendija de esperanza unificadora, muchos intendentes (salvo los de La Cámpora) adoptan una postura algo más optimista sobre un posible acuerdo. Son los alcaldes bonaerenses que hace mucho vienen siendo el salame del sandwich kirchnerista y ahora se ven obligados a alinearse, aunque no les sobra el entusiasmo por ninguno de los líderes en conflicto.
“Están tensando para arreglar porque entramos en la cuenta regresiva. El 9 de julio es la fecha que todos miramos porque hay que presentar las alianzas para la elección provincial, así que tenemos por delante 20 días de chisporroteo intenso. Ahí tendrán que definir si rompen o arreglan”; dice un barón de esa fortaleza peronista que es la tercera sección electoral, enrolado en el kicillofismo. Lo mismo piensa o cree la mayoría que está en ese espacio. También, los peronistas no camporistas que siguen respondiendo al dedo cristinista.
El acuerdo registrado este miércoles para aprobar los pliegos de un centenar de jueces bonaerenses que estaban demorados en la Legislatura abrió una luz de ilusión en los que esperan un acercamiento. Pero rápidamente se apagó.
“No tiene ninguna relación con la interna. Se apuró porque, a causa de la dilación, se le estaba pudriendo a [Juan Martín] Mena la relación con la familia judicial”, explican en la gobernación con cierto tono de sorna. Mena es uno de los ministros cristinistas que tiene Kicillof y está a cargo de la cartera de Justicia.
La traba que empieza a cristalizarse para que un acuerdo pueda darse es que a la disputa por el poder interno, alimentada por rencores y despechos personales que se han profundizado, se le suma una desconfianza creciente y, al mismo, tiempo una diferencia de propuestas y narrativas que hace todo más difícil de cicatrizar y de amalgamar. Sin ser un “rejunte”, término que el camporismo le reprocha al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, uno de las dos funcionarios más cercanos personal y políticamente a Kicillof. No es casualidad que el camporismo lo retrate como “el malo”, que habla por el gobernador.
Maldad y maldades son, llamativamente, términos que se arrojan de un lado al otro. Los kicillofistas dicen ser víctimas frecuentes de ella, que no son solo políticas sino que hasta afectan la gestión, contra la autopercepción cristicamporista de ser “demasiado colaborativos”.
La reaparición de Cristina Kirchner el domingo pasado con un discurso que fue lo más parecido a una autocrítica que ella puede hacer y en el que planteó algún tipo de renovación política y conceptual reforzó la diferencias con Kicillof.
El llamado cristinista a no hacer críticas de cliché, por ejemplo, respecto del blanqueo de los dólares del colchón, y a dejar atrás la consigna del “Estado presente” para reciclarla en la del “Estado eficiente” contrastó demasiado con el anuncio del gobierno bonaerense, hecho menos de 24 horas después, de que mantendría los controles ante el uso de esas divisas no declaradas.
“Cristina vampiriza a sus opositores. Ella rejuvenece envejeciéndolos”, señaló un agudo observador. Aprovecha la ventaja de ser inmune a las contradicciones. Ella misma y sus fieles la absuelven. Sus críticos internos, que no se animan a enfrentar las consecuencias de una ruptura, no gozan de ese privilegio. Unos temen que cualquier renovación de la doctrina y la praxis kirchnerista, sin aval superior, pueda condenarlos. Y otros sencillamente creen en el viejo catecismo que la jefa se anima modificar cuando lo cree conveniente para mantener su vigencia. Un dilema hasta ahora irresoluble.
El acto del nuevo espacio kicillofista (Derecho al futuro), que se hará este sábado será un test y, tal vez, el punto de quiebre del actual statu quo. La fractura o un acuerdo van a ser evaluados en ese escenario y a la luz de lo que ahí pase y se diga.
“Hasta ahora Axel ha mostrado más solicitadas que músculo”, desafía una fuente que suele verbalizar lo que piensan Cristina y Máximo. Al lado del gobernador responden que ya han hecho actos multitudinarios, y que el sábado habrá “40 intendentes, la dirigencia de las tres centrales obreras y todas las corrientes internas, salvo La Cámpora”.
El Gobierno celebra y potencia en la medida que puede esa interna. Los aceitados vínculos que el superasesor Santiago Caputo mantiene y alimenta con el camporista Eduardo de Pedro abonan en el kicillofismo muchas sospechas sobre el trato que recibe la administración provincial del gobierno nacional. También sobre los vaivenes en el Senado respecto de la integración de la Corte.
Así de complicadas tiene las cosas el peronismo para sostener su bastión. Mientras, el oficialismo avanza para consolidar una amplia oferta polarizadora, a la que con el auxilio del bicolor Cristian Ritondo se proponen sumar al radicalismo de la mano de Maximiliano Abad. Todavía esa conversación está en pañales y los radicales tienen más poder territorial que los macristas para poner condiciones.
Mucho dependerá de lo que estén dispuestos a ceder Javier y Karina Milei para tratar de que, con los logros en materia económica y los errores que pueda evitar cometer, el peronismo se parezca al de 1997 y no al de 2017.
En el horizonte, los libertarios ya avizoran 2027. Su sueño es repetir, entonces, lo que hizo el kirchnerismo en 2007. Todo puede rimar. O ser cacofónico.
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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POLITICA
El Gobierno ultima los detalles de la estrategia para blindar la reforma laboral ante la posible judicialización
Con la media sanción en Senado de la Nación de la reforma laboral, el Gobierno ultima los detalles de la estretegia que desplegará para blindar la norma que obsesiona al presidente Javier Milei ante los potenciales embates judiciales que descartan que ocurrirán. Según confirmó a Infobae una fuente inobjetable involucrada en el diseño de la misma, vaticinan que el caso terminará de definirse en la instancia de la Corte Suprema.
De conquistarse la aprobación completa durante las sesiones extraordinarias y la posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, en Casa Rosada anticipan que se abrirá una instacia de presentaciones judiciales que, detectan, nacerán de la propia Justicia y de los gremios.
Para hacer frente al accionar judicial, un equipo de legales diseña desde hace meses la estrategia definitiva, que mantienen bajo llave, que utilizarán. En la tarea coordinan la Secretaria de Legal y Técnica, que lidera María Ibarzabal; la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), que lleva al frente a Santiago Castro Videla; y el Ministerio de Justicia, en cabeza del secretario, Sebastián Amerio. Todos del riñón del asesor presidencial, Santiago Caputo.
“Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista”, precisó una voz con acceso al despacho presidencial en alusión al ministro del Máximo Tribunal, el constitucionalista Horacio Rosatti.
Con el antecedente del amparo judicial presentado por los gremios al capítulo laboral de la Ley de Bases, en el oficialismo descuentan que los puntos que mayor conflicto despertarán en el sindicalismo son la prelación de convenios de empresas, item que establece que los acuerdos de empresa de una provincia prevalecerá por sobre uno del ámbito nacional; la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos de trabajo; la redefinición del cálculo de indemnizaciones; entre otras cuestiones.
Asimismo, detectan que el propio Poder Judicial cuestionará la determinación de Nación de transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno le otorgó la potestad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar acuerdos de traspaso. El conflicto reside en la disputa por el ejercicio del poder real sobre los tribunales laborales y se originó con la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.
Hasta entonces, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control Nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado, algo que la Corte Suprema sostuvo que debería ser una determinación temporaria. “No corresponde que la justifica intervenga porque está en la Constitución, los fallos de la Corte avalan esto y es el deber ser de un sistema federal”, argumentó una fuente judicial al tanto.
En los últimos años, tras la aprobación en la Legislatura porteña de las leyes que reorganiza la justicia laboral local y que fija un nuevo Código Procesal para el fuero del Trabajo, la Ciudad avanzó con la creación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis magistrados y diez juzgados de primera instancia.
En el ecosistema violeta denunciaron que la justicia laboral “ha sido cooptada”, y aseguran que se dedicó a “atentar” contra las pymes. “Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra que 5 jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia”, arremetió un voz calificada.
Pese a que en la previa de la sesión del Senado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) solicitó una audiencia con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; la vicepresidenta Victoria Villarruel; y representantes de otros bloques, el oficialismo avanzó con su tratamiento en la sesión y obtuvo media sanción a la espera de su aprobación definitiva en Diputados hacia finales de febrero.
En paralelo, en la administración libertaria reafirman la vigencia de la proyecto de “Modernización”, mientras trabajan en los últimos retoques de la hermética estratégia judicial. “Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder», sentenció ante Infobae uno de los involucrados.
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