POLITICA
Los intendentes del PRO avalaron el acuerdo con LLA, pero pidieron que “se respete el territorio”
Luego del anuncio del acuerdo en provincia de Buenos Aires entre el PRO y La Libertad Avanza, faltaba conocer el impacto de la decisión en el territorio. Días atrás se realizó una reunión de cúpulas y este jueves se bajó un mensaje a los municipios.
Encabezado por el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, la reunión con intendentes propios se hizo en la sede nacional de calle Balcarce.
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Según pudo saber TN, se acordó la generación de reuniones de intendentes con representantes de LLA en los 14 distritos donde son gobierno. Esto se replicará en los 3 municipios donde gobiernan los libertarios. Además, trabajarán para unificar un cronograma de acción en los distritos donde son oposición.
Pese a que ya hay un entendimiento entre los líderes de cada partido en la provincia, la palabra de los intendentes es fundamental para terminar de cerrar el acuerdo. “La gran mayoría está jugando para que haya acuerdo con los libertarios. Los que no estaban de acuerdo para mantener la identidad, ya retrocedieron en su postura”, indicó a TN uno de los referentes del PRO que más puja por un pacto electoral y político con LLA.
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“El encuentro sirvió para que los intendentes estemos al tanto de cómo vienen las conversaciones con LLA y los avances para la conformación de un frente”, explicó a este medio un jefe comunal del interior. El objetivo principal fue fijar prioridades en aquellos municipios donde gobierna el PRO: allí, armarán ellos las listas.
No habrá listas cerradas desde arriba hacia abajo, sino que en esos 14 municipios PRO, serán los intendentes quienes estén a cargo de la lapicera para definir los nombres. “Se va a mantener la palabra, dijeron, y esperamos que así sea”, apuntaron desde un importante municipio a este medio.
En este sentido, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, aseguró a TN: “Estoy de acuerdo con el armado de un frente de partidos. Creo que hay que consolidar un frente con todos los que realmente queremos llevar un cambio adelante, sin dejar a nadie afuera”. Y remarcó: “Me parece que hay que hacer todo para que el kirchnerismo no vuelva a manejar el país porque ya vimos a donde lo llevó. Hay que ganar la Provincia”.
En la misma línea, Petrecca subrayó: “Por eso creo en sumar a todos los que pensamos parecido. Creo que a la Argentina y a la Provincia se las saca adelante entre todos”. Y agregó: “Hoy, los que tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos mucho para aportar. Conocemos los distritos, conocemos la Provincia. Estamos todos los días en la calle, con los vecinos. Ponemos la cara, incluso cuando los problemas son provinciales o nacionales”.
También dejó entrever que esto es un primer paso de una larga conversación entre las partes. “Si vamos a construir algo en serio, tiene que ser con reglas claras y orden. Esto recién empieza”, aclaró.
Antes del encuentro con los intendentes, este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión entre Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro y el armador libertario Sebastián Pareja. “Hay señales muy concretas de avance”, confió a TN alguien del entorno de uno de los participantes. Se reunieron durante una hora y media y se habló sobre el inicio del armado territorial y las fortalezas del espacio.
Según pudo saber este medio, la reunión consistió en fijar las prioridades de los 17 distritos que gobierna el PRO y LLA en la Provincia. “Con el objetivo de ganar la Provincia y eliminar la guarida del Kirchnerismo/populismo se estableció un criterio general de buscar a los mejores, a los que mejor nos representen, en cada sección electoral”, afirmaron a este medio fuentes del PRO.
Una de las conclusiones del encuentro es que la forma de trabajo la van a encarar los coordinadores de LLA y las autoridades del PRO de cada distrito, para definir las candidaturas locales. “La semana que viene vamos a volver a reunirnos para seguir avanzando en este sentido”, indicaron.
PRO, La Libertad Avanza, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El Gobierno acelera la privatización del Belgrano Cargas y abre una pulseada con los gremios ferroviarios
La Casa Rosada entró en la recta final de uno de los movimientos más relevantes de su plan económico: la privatización del Belgrano Cargas y Logística. Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego con las condiciones de participación será publicado en diciembre y definirá el destino de más de 7.600 kilómetros de vías férreas que atraviesan 17 provincias.
La estrategia, considerada clave por el Ejecutivo, pretende atraer inversiones privadas para modernizar el transporte ferroviario de cargas y mejorar la competitividad logística del país.
Altos funcionarios del Gobierno aseguran que el documento técnico “ya está prácticamente terminado” y que todas las áreas involucradas trabajan para que la licitación se active antes de fin de año. En paralelo, equipos especializados ultimaron en los últimos días la valuación de los activos, una tarea compleja por la diversidad del material disponible: desde locomotoras y vagones hasta talleres, inmuebles y corredores estratégicos.
A diferencia de las privatizaciones realizadas en los años 90, el esquema que proyecta el Ejecutivo se basa en una desintegración vertical de la empresa estatal. La estructura actual será dividida en bloques, con procesos de adjudicación independientes.
Por un lado, el material rodante será subastado mediante remates públicos; por otro, las vías y los terrenos serán concesionados por décadas bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también quedarán bajo concesión, con la obligación de permitir el acceso a distintos operadores.
La propuesta contempla un modelo de infraestructura de acceso abierto, donde el adjudicatario de cada tramo deberá garantizar la circulación de cualquier empresa habilitada para transportar cargas. El Estado, en tanto, mantendrá la propiedad de las tierras y de todas las trazas ferroviarias involucradas. Con el dinero obtenido por la venta del material rodante, se conformará un fideicomiso destinado a financiar obras de modernización.
El interés empresario ya comenzó a tomar forma. Tres grandes grupos se preparan para competir por los segmentos más estratégicos de la Línea Belgrano y del ramal San Martín. El primer conglomerado está encabezado por Aceitera General Deheza (AGD), acompañado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, que ven en el ferrocarril una vía decisiva para abaratar costos logísticos.
El segundo actor es la minera británica Río Tinto, que apunta a reforzar su presencia en las provincias del NOA y Cuyo, donde el sistema ferroviario es clave para el traslado de minerales críticos. El tercero en juego es el gigante Grupo México Transportes (GMXT), que desembarcará en el país con planes de invertir alrededor de USD 3.000 millones.
En este contexto, la mira también está puesta en Vaca Muerta. Los técnicos del Ejecutivo consideran que la privatización puede ser el puntapié inicial para avanzar, más adelante, en obras que conecten la formación neuquina con trazas ferroviarias aptas para trasladar insumos críticos, como la arena de fractura, que hoy depende casi por completo del transporte vial. Esa limitación es vista como un cuello de botella para el crecimiento energético.
La operatoria estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), liderada por Diego Chaher, en coordinación con el Ministerio de Economía. ATEP también será la responsable de responder consultas y elaborar la letra chica del proceso junto con la conducción del Belgrano Cargas, encabezada por Alejandro Núñez.
Actualmente, la empresa estatal emplea a 4.233 personas y recibe alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales en inversión de capital. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias del Estado crecieron 8,8% en términos reales respecto del año pasado, un indicador de la centralidad que mantiene el servicio incluso en plena transición.
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Belgrano Cargas,Javier Milei,privatización ferroviaria,Transporte de cargas
POLITICA
El PJ Nacional activa reuniones para unificar una postura frente al Presupuesto y las reformas de Milei
Entre tantas internas, el peronismo nacional comenzó a moverse para estructurar una postura de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y la discusión sobre las reformas de fondo que impulsa el gobierno de Javier Milei luego del rotundo triunfo electoral conseguido el 26 de octubre en todo el país.
Es por eso que desde el PJ Nacional se activó una serie de reuniones para empezar a acercar posiciones entre las diferentes terminales partidarias y de Fuerza Patria, con el objetivo de tener una postura común para el momento que llegue el tratamiento de los proyectos en las dos cámaras del Congreso.
Además del Presupuesto, el Gobierno pretende tratar la reforma laboral, impositiva y tributaria. Temas muy sensibles que van a generar un debate abierto y, al mismo tiempo, pantanoso, debido a los múltiples intereses que están en juego desde los sectores empresariales, los sindicatos, las pymes y la política.
El partido funciona en la cabeza de José Mayans y Germán Martínez, como los dos vicepresidentes con más influencia y capacidad de coordinación. Ambos, que también son presidentes de los bloques de legisladores de Fuerza Patria en el Congreso, se mantienen en línea con el arco dirigencial del peronismo, desde los intendentes y los legisladores, hasta los gobernadores y Cristina Kirchner.
La ex presidenta, que mantiene su lugar al frente de la presidencia del PJ pese a estar cumpliendo la condena de la causa Vialidad en el departamento de San José 1111, está encima de los temas, de las posturas que se plantean en las reuniones que se realizan en Matheu 130, y de los consensos que se buscan entre las tribus que le reportan directamente y las que no están alineadas al cristinismo, pero se mantienen bajo la órbita del partido a nivel nacional.
La semana pasada los cinco vicepresidentes del PJ (José Mayans, Germán Martínez, Mariel Fernández, Ricardo Pignanelli y Lucía Corpacci) se reunieron con las autoridades de los bloques legislativos y algunos referentes de Fuerza Patria en el Congreso, para empezar a discutir el posicionamiento respecto a la agenda de temas que el Gobierno ya avisó que tiene intenciones de tratar en los próximos meses.
Fue un primer paso para comenzar a delinear una estrategia partidaria. El martes que viene habrá una nueva reunión de los vicepresidentes, pero esta vez será con los secretarios del partido vinculados a los temas a tratar. El miércoles habrá una reunión de Mayans con los senadores de Fuerza Patria que se realizará en el partido. Martínez ya tuvo una reunión con los diputados el miércoles de la semana pasada.
En la agenda de las autoridades partidarias también está convocar a los gobernadores del PJ para que brinden su posición e influyan en la construcción de la postura partidaria y legislativa. El partido tiene seis gobernadores, pero solo cuatro tienen posibilidades de asistir: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), están distanciados del partido nacional, pero siguen en sintonía con los PJ provinciales. La distancia tiene una explicación que lleva nombre y apellido: Cristina Kirchner. Ambos mandatarios decidieron tomar distancia del kirchnerismo y no participan de la vida partidaria.
A la convocatoria podría sumarse Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que no es parte del PJ, pero es un aliado estratégico permanente que tiene el peronismo. No hay fecha ni hora, pero sí existe la idea de que esa convocatoria se concrete en las próximas semanas.
“Si hiciese falta, vamos a convocar al consejo nacional del partido y al congreso”, explicaron a Infobae desde Matheu 130. Se trata de los dos organismos deliberativos más importantes que tiene el partido. Esa sería una forma de movilizar la estructura partidaria vinculándola a un tema de gestión legislativa.
También está en carpeta tomar contacto con la nueva CGT. El triunvirato que integran Christian Jerónimo (Empleados del vidrio), Jorge Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros) aún no tuvo un encuentro con las autoridades partidarias para evaluar una postura respecto a la reforma laboral, aunque ya saben que el proyecto que se conoció, tal como fue filtrado, no tiene posibilidades de recibir el apoyo sindical.
Lo cierto también es que nadie sabe con exactitud si el Gobierno va a poner en debate el proyecto presentado por la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez que tiene, entre algunos artículos polémicos, extender la jornada laboral, la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades y la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa, tal como adelantó este medio.
La nueva CGT no tiene acuerdos políticos con ninguno de los sectores más fuertes del peronismo. Ni con Cristina Kirchner ni con Axel Kicillof. El recambio de autoridades influyó en esa nueva identidad, ya que el triunvirato presidido por Héctor Daer tenía una mayor cercanía a la gobernación bonaerense. “Vamos a aportar desde nuestro lugar para construir una alternativa peronista en el 2027″, se limitaron a plantear en la cúpula de la central obrera.
El peronismo trata de buscar la forma de llegar a acuerdos para tener una postura cohesionada cuando llegue el momento del debate parlamentario. Un objetivo político de alta complejidad en los convulsionados tiempos que vive la histórica fuerza política.
POLITICA
Spagnuolo lo visitó. Un socio de Fred Machado es apuntado como quien lavaba el dinero de las maniobras de corrupción
La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado donde la gestión irregular de fondos públicos convivía con un sistema paralelo de direccionamiento de compras, adjudicaciones a medida y pagos revertidos.
En este esquema, aparece como un eslabón clave Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado, el controvertido financista de la campaña de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico.
Su papel, según el dictamen del fiscal Franco Picardi, se concentró en el movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete, señalado como operador paraestatal dentro del organismo, con vínculos con funcionarios y con el propio Spagnuolo.
El extitular de Andis era cercano a José Luis Espert y visitó a Mastropietro en varias ocasiones.
La evidencia más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada.
El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias que totalizaban cientos de millones de pesos hacia la cuenta de esa firma.
Los fondos provenían de droguerías favorecidas por la mecánica de adjudicaciones del área de Discapacidad: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L..
Tras recibir los movimientos, Mastropietro envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos.
El concepto utilizado era uniforme: “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La descripción fue considerada funcional a operaciones destinadas a disimular origen y destino del dinero.
Para la fiscalía, esta estructura encajaba en un patrón compatible con posibles maniobras de lavado de activos.
Un detalle: el dueño de la empresa Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de la provincia de Río Negro. Sugestivo, ya que tanto Fred Machado, como la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante-, tienen fuerte arraigo o son de Río Negro.
Información de inteligencia enviada por el Ministerio de Seguridad a Homeland Security, revelada por , apuntó previamente a que Mastropietro y Fred Machado no solo compartieron actividades societarias y vínculos empresariales ligados a la aviación, sino también un mismo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Juez Tedín 2860. Ese punto en común aparece como un nexo central en la relación entre ambos, que se refleja en la sociedad SO VAIN S.A. y en varios vuelos privados que realizaron juntos, incluidos traslados a Estados Unidos en 2016 y a Perú en 2019 con pasajeros de distintas nacionalidades.
Los registros ubican a Mastropietro en el núcleo operativo de confianza de Calvete.
El vínculo entre ambos se refleja en transferencias reiteradas, menciones constantes en comunicaciones internas y en el hecho de que Mastropietro era uno de los interlocutores a quienes Calvete consultaba sobre disponibilidad de dinero en efectivo.
Su nombre también aparece asociado a Alan Pocoví, considerado un participante en la circulación de los fondos.
La conexión no se limitó a Calvete. Mastropietro mantuvo contacto directo con Spagnuolo. La pesquisa verificó dos visitas al domicilio privado de Spagnuolo, en el barrio Altos de Campo Grande, durante 2025. Ambas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo utilizados por la organización.
La coincidencia temporal y el perfil de los participantes situaron a Mastropietro en reuniones donde se tomaban decisiones vinculadas al manejo de las ganancias obtenidas mediante direccionamientos y sobreprecios.
La participación societaria de Mastropietro también llamó la atención de los investigadores. En 2018 creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete, lo que reforzó la hipótesis de un entramado societario coordinado para canalizar fondos.
El funcionamiento del circuito del dinero se volvió más visible durante los allanamientos del 9 de octubre de 2025. Ese día, Calvete intentó reubicar recursos ilícitos a través de Mastropietro y Pocoví, según consta en los mensajes recuperados. También pidió a otro colaborador que se comunicara con él para realizar una transferencia, aunque luego se informó que Mastropietro no podía concretarla. La secuencia permitió reconstruir la reacción interna del grupo ante la irrupción judicial y el rol asignado a cada integrante.
El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado por la fiscalía hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS. El esquema se centraba en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios. El proceso se apoyaba en un mecanismo de selección acotada de proveedores, donde un conjunto reducido de droguerías —entre ellas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— concentraban la mayoría de las adjudicaciones. En las compulsas acotadas, solo Profarma y Génesis obtuvieron más del 93% de las órdenes de compra relevadas, por montos superiores a los 30.000 millones de pesos.
Ese dinero, proveniente de recursos del programa federal “Incluir Salud”, regresaba luego a los funcionarios responsables de direccionar las contrataciones. Una parte se distribuía en retornos para autoridades del organismo, como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo González y Lorena Di Giorno. Otra parte alimentaba un circuito de triangulación y facturación donde intervenían Mastropietro y Pocoví.
La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro integraba un comportamiento compatible con maniobras de lavado de activos. La emisión de facturas con conceptos considerados insuficientes, la recepción de transferencias millonarias de empresas adjudicatarias y la cercanía con los responsables políticos y operativos del esquema sostuvieron esa evaluación. Además, su vínculo con una empresa de aviación privada aportó un elemento adicional: la posibilidad de contar con medios que facilitaran movimientos de dinero o eventuales fugas.
Con esos elementos, se solicitó el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro, con el objetivo de secuestrar documentación relevante, dispositivos electrónicos y cualquier registro vinculado a las transacciones detectadas. Para la investigación, su papel consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.
Camila Dolabjian,Conforme a
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