El rubro alimentos y bebidas, que es el más importante dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró una marcada desaceleración a medida que fue avanzando marzo, según estimaciones privadas. De hecho, en la cuarta semana del mes habría finalizado con una deflación de 0,6%, la más pronunciada del año.

Sin embargo, este comportamiento mucho más estable en alimentos podría no alcanzar para que índice de inflación finalmente resulte inferior al 3% en marzo, uno de los temas que preocupa al Gobierno.

Las subas estacionales por el regreso de las clases y los aumentos en los surtidores se verían compensados al menos parcialmente por un proceso de deflación en alimentos que se habría acelerado en las últimas dos semanas.

Además de la caída de 0,6% en la cuarta semana, ya se había producido otra caída en los precios de alimentos y bebidas del 0,2% en la tercera semana, de acuerdo a la consultora LCG.

La mitad del retroceso en el segmento alimenticio se explica por productos panificados y la otra mitad por la carne, que empezó a aflojar luego de varios meses de subas consecutivas.

A partir de esta medición, en la consultora proyectan que la inflación mensual solo en alimentos y bebidas terminaría en torno a 2,6%, revisando 0,5 puntos porcentuales a la baja la estimación anterior. Se trata de un dato relevante, que en caso de confirmarse marcaría que el proceso de desinflación puede adelantarse, ya que la mayoría de los analistas esperan que se produzca a partir de la medición de abril.

Hay dos factores que explicarían esta mayor estabilidad de precios pese a los fuertes saltos puntuales en la nafta. Por un lado, el dólar viene cayendo y ayer incluso el minorista cerró debajo de los $ 1.400. Pero además el Gobierno viene llevando adelante un proceso de estricto control de los agregados monetarios, que estaría complicando una mejora del consumo pero que al mismo tiempo ayuda para que la inflación no se dispare todavía más.

Otros economistas como Marina Dal Poggetto (EcoGo) y Fernando Marull siguen proyectando que el índice terminará en 3% este mes, aunque todavía no incorporaron el comportamiento de los precios en la cuarta semana de marzo.

La inflación en Argentina alcanzó el 33,1% interanual en febrero de 2026, según datos del Indec, consolidando un escenario que combina alivio respecto de la crisis reciente con nuevas señales de estancamiento en la baja de precios.

El dato confirma que el proceso de desinflación iniciado tras el pico inflacionario de 2023 —cuando el índice superó el 200% anual— logró resultados contundentes, pero también evidencia que la economía argentina enfrenta ahora una etapa más compleja: reducir la inflación cuando ya no hay efectos inmediatos de ajuste.

En términos mensuales, el IPC registró un 2,9% en febrero, el mismo nivel que en enero. La estabilidad en ese valor marca un cambio respecto de la tendencia descendente observada durante 2025, cuando la inflación mensual había llegado a ubicarse por debajo del 2 por ciento.

Analistas coinciden en que el proceso entró en una fase de “inflación inercial”, en la que los precios continúan subiendo a un ritmo moderado pero persistente, difícil de perforar sin nuevas medidas de fondo.

Uno de los factores centrales detrás de esta dinámica es la recomposición de precios regulados, especialmente tarifas de servicios públicos. Electricidad, gas y agua registraron aumentos por encima del promedio general, en el marco de un proceso de actualización tras años de atraso. Este componente, necesario para ordenar las cuentas públicas, introduce presión sobre el índice general.

Otro elemento clave es la evolución de los servicios, que continúan ajustándose a un ritmo superior al de los bienes. Alquileres, transporte y otros servicios personales reflejan una dinámica de corrección de precios relativos que impacta directamente en la inflación núcleo, ubicada en torno al 3% mensual. Este indicador, que excluye componentes estacionales y regulados, es seguido de cerca por los economistas porque muestra la tendencia de fondo del proceso inflacionario.

La crisis que atraviesa a la gran mayoría de las lácteas con operaciones en la Argentina sigue profundizándose y la perspectiva es por demás preocupante en ese nicho de negocios. En ese rubro reconocen que las compañías que lo integran atraviesan una instancia de tormenta perfecta: ventas en caída por el menor consumo interno, una exportación acotada por la sobreoferta global de productos, endeudamiento que se arrastra de otras épocas y dificultades para obtener financiamiento fresco. Semejante combo viene complicando el funcionamiento de firmas como Lácteos Verónica, SanCor o Saputo, y generó la baja de persianas en La Suipachense y ARSA. A esos nombres se les sumó recientemente Sudamericana Lácteos, que hoy enfrenta un escenario de conflictos y un parate que complica a toda la comunidad de Díaz, el pueblo de Santa Fe donde funciona la planta de la compañía.

Decir que las instalaciones de Sudamericana Lácteos en Díaz funcionan es cuanto menos presuntuoso: en realidad, sus casi 80 empleados siguen presentándose a trabajar aunque en la planta no ingresa un litro de leche prácticamente desde enero pasado.

Sudamericana Lácteos produce marcas como Tambería Holandesa, Pensilvania, Tuca y Sudamlac, entre otras. La compañía en cuestión se encuentra bajo control de la firma cordobesa Servio, orientada a la producción y venta de dulce de leche, ghee y mantecas premium.

La firma mediterránea adquirió las instalaciones en Díaz a mediados del año pasado. Originaria de Villa María, Servio interviene en el mercado local e internacional de lácteos premium a través de productos y marcas como la manteca SyS, la manteca clarificada ghee homónima, el dulce de leche artesanal Servio y variedades de queso rallado con la misma etiqueta.

Tras la compra de Sudamericana Lácteos, la firma chocó de frente con un mercado de consumo por demás deprimido y las complicaciones para sostener el funcionamiento de la planta de Diaz rápidamente comenzó a complicarse.

La crisis de Sudamericana Lácteos afecta a todo un pueblo

Como expuso iProfesional en una nota reciente, la situación pega en toda la comunidad santafesina, que posee alrededor de 2.000 habitantes y depende económicamente del funcionamiento de Sudamericana Lácteos. Díaz se encuentra a poco más de 30 kilómetros de Clason, donde hoy existe un conflicto por la situación de derrumbe productivo y laboral que atraviesa Lácteos Verónica.

En los últimos días, y con el fin de encontrar una solución al escenario de incertidumbre, Juan José González, actual presidente comunal de Díaz, mantuvo reuniones con directivos de Servio, quienes » quienes reconocieron problemas financieros tras la compra de la empresa, lo que derivó en la cesación de pagos a empleados y tamberos».

En Díaz, afirman que los mismos propietarios de Sudamericana Lácteos reconocieron que evalúan la posibilidad de ceder el control de la planta a los empleados para que conformen una cooperativa y continúen participando del negocio lechero.

Respecto de esta opción, González declaró recientemente que los titulares de Servio permitirían «el armado de una cooperativa», y que lo más probable sería que «la empresa la tomen los empleados y sigan trabajando».

Sudamericana Lácteos debe más de tres meses de salarios a sus empleados y desde la seccional Gálvez del gremio ATILRA su secretario general, Nicolás Garnero, declaró en las últimas horas que el funcionamiento de la empresa comenzó a complicarse durante el segundo semestre del año pasado.

«Les deben a los trabajadores el 75% del sueldo de enero, todo febrero y, próximamente, el de marzo. En el medio hubo dos reuniones en el Ministerio de Trabajo. En una se presentaron, que fue la del 9 de enero, y no hemos tenido ninguna solución al problema. Simplemente aludieron que no había dinero y que estaban buscando alternativas para afrontar la situación», afirmó el representante gremial.

Al mismo tiempo, Sudamericana Lácteos también viene incumpliendo con el pago de las cargas sociales, la obra social y los aportes jubilatorios de sus trabajadores.

Según Garnero, a la planta de Díaz «no entra un litro de leche, los trabajadores están yendo a trabajar, cumplen su horario y luego se van. Dejó de recibir leche porque desde la empresa dijeron que es mayor el costo que tiene ponerla a producir en su planta que derivarla».

«Lo único que queda dentro de la planta, además de la maquinaria y todo, son 20.000 kilos de queso duro«, añadió. A la par de la opción de la cooperativa, también circulan versiones de que Servio podría vender las instalaciones a un tercero, aunque no hay precisiones respecto de lo concreto de esa posibilidad y qué empresa o inversor podría adquirir la planta.

Las lácteas en Argentina, muy complicadas

En un contexto marcado por las bajas ventas de las alimenticias en general, el segmento lechero atraviesa esta primera instancia del año con un viento en contra que no ha dejado de intensificarse sobre todo desde 2025.

El escenario para ese nicho se ve marcado por una merma en la comercialización de la que recientemente dio cuenta el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), aunque la entidad también reconoció que diciembre pasado fue un mes de cierta mejoría.

Sin embargo, la tormenta persiste: algunas entidades que agrupan a las pymes lecheras del interior afirman que en enero la venta de productos lácteos se habría reducido al menos un 18 por ciento.

En cuanto a los productos que muestran las mayores caídas en términos de consumo, la entidad menciona que en enero último la comercialización de leches en polvo se desplomó 23,4%, mientras que la categoría que integra al dulce de leche, la manteca y los yogures mostró una baja superior al 9 por ciento. La venta de leche fluida, en tanto, retrocedió 5 por ciento.

En paralelo, OCLA informó que las exportaciones de productos lácteos registraron en enero una caída respecto a diciembre del año pasado de casi un 30 por ciento. Al mismo tiempo, los ingresos mostraron un rojo superior al 22%, esto es, cercanos a los 148 millones de dólares.

Si bien en el ámbito de la lechería reconocen que en 2025 la generación de materia prima subió más del 9%, también se señala que la merma de varios meses que evidencia el consumo, combinada con el alza de los costos operativos y la falta de financiamiento fresco para afrontar el endeudamiento acumulado que muestran la mayoría de las firmas grandes del sector, mantiene en terapia intensiva a casi todo el sector.

Por otra parte, la mayor generación de leche no se ha traducido en una rentabilidad provechosa para toda la cadena. Así, recientemente entidades como CONINAGRO y FECOFE advirtieron que el sector «atraviesa una fase negativa marcada por precios estancados, cierre de tambos y concentración productiva».

A tono con eso, OCLA afirma que en lo que lleva de presidente Javier Milei ocurrió el cierre de 1.024 tambos en la Argentina.

En la antesala del comienzo de la cosecha gruesa, la Sociedad Rural Argentina (SRA) reiteró el pedido de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación tras las previsiones oficiales que proyectan exportaciones agropecuarias por hasta USD 42.000 millones en 2026.

A través de un comunicado, la entidad rural valoró el impacto de las recientes medidas fiscales y aseguró que el “campo argentino responde con inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”.

La proyección difundida por el Ministerio de Economía estima un ingreso adicional de 8.700 millones de dólares respecto al año anterior, una mejora que el ministro Luis Caputo asoció con la recuperación del sector agropecuario como motor del crecimiento económico.

Para la SRA, este desempeño evidencia el efecto positivo de la baja de aranceles a la importación de insumos y bienes de capital, al tiempo que remarcó que “la actividad respondió de manera inmediata” a los incentivos de reducción impositiva.

En el contexto internacional, el comunicado de la SRA advirtió que los productores argentinos enfrentan “costos de guerra”. Entre los factores que limitan la competitividad mencionó el fuerte aumento de insumos críticos, como la Urea, que subió más del 50%, y el impacto del precio del combustible en la logística local.

Por otra parte, la organización rural reclamó transformar el alivio fiscal en un proceso “sostenido” y reiteró el pedido para “avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX)”, al considerar que su continuidad “actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó: “Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde. La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

Por último, la SRA planteó que el país atraviesa “una oportunidad histórica” y sostuvo que una menor carga fiscal “no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado la respuesta del sector agropecuario ante la reducción de impuestos aplicada en los últimos meses. “Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc)”, afirmó en su cuenta oficial de X.

Caputo señaló que la inversión en el campo se incrementó notablemente y que la producción apunta a niveles históricos. “Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año”, sostuvo. El ministro estimó que “en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado”, aunque aclaró que, de mantenerse el impulso actual, “las exportaciones treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”.

“El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años”, concluyó el funcionario nacional.

Estimaciones privadas

La supresión de los derechos de exportación en el agro permitiría modificar en profundidad la estructura productiva argentina, con una expansión proyectada del 90% en los próximos diez años y la chance de que el sector alcance hasta el 45% del Producto Interno Bruto (PIB).

Este avance consolidaría al agro como principal fuente de divisas y motor estructural de la economía nacional, siempre que se acompañe con inversiones en infraestructura y tecnología, de acuerdo con un análisis elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y el IAE Business School.

Según el informe, que utiliza el modelo Agmemod y fue realizado junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción podría llegar a los 251 millones de toneladas en una década. Este salto productivo impactaría no solo en el incremento del aporte sectorial al PIB, sino también en un mayor ingreso de divisas, permitiendo financiar obras como la red vial nacional en un plazo de tres años, impulsado por el aumento de las exportaciones. Para la campaña 2025/26, se proyecta una cosecha fina de 27,7 millones de toneladas (con ingresos superiores a USD 4.500 millones) y una gruesa que rondaría las 154 millones de toneladas, generando entre USD 32.000 y 37.000 millones de dólares.

Hoy, el complejo agroindustrial explica el 23% del PIB argentino y cerca del 60% de las exportaciones, con los sectores oleaginoso y cerealero aportando el 45% del ingreso de divisas. El sector emplea al 18,7% de la fuerza laboral nacional, involucrando a 4,2 millones de personas en actividades que van desde la investigación hasta la logística y la comercialización, según el reporte presentado por Guillermo D’Andrea, Daniel Mamone y Ernesto Ruete Güemes (IAE Business School) y Bernardo Piazzardi (Universidad Austral).