En los próximos días, los buzones de Almagro, Belgrano o el centro de Córdoba —pero también los de San Pablo, Montevideo y Caracas— se convertirán en el escenario de una de las batallas institucionales más profundas de la Italia contemporánea. No se eligen legisladores ni presidentes. Se elige, ni más ni menos, qué tipo de justicia tendrá la tercera economía de Europa para las próximas décadas.

El gobierno de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial. Para sus defensores, es el paso necesario para que Italia tenga una “justicia justa”; para sus detractores, es un caballo de Troya para someter a los fiscales al poder político. En el medio, una comunidad italiana en América Latina que, a menudo alejada del día a día de Roma, tiene en este referéndum un peso electoral que puede ser la balanza del resultado.

Qué dice la reforma: tres cambios clave

Para entender qué se vota, hay que despejar el lenguaje técnico. La reforma se apoya en tres cambios fundamentales que buscan desarmar el modelo actual, nacido en 1948 tras la caída del fascismo:

1) Separación de carreras: hoy, un magistrado italiano puede alternar funciones: ser fiscal (quien acusa) y luego juez (quien juzga). La reforma lo prohíbe definitivamente: quien elige ser juez no podrá ser nunca fiscal, y viceversa. El objetivo declarado es garantizar la imparcialidad del juez, que no debería haber “pensado como fiscal” en ningún momento de su carrera.

2) El sorteo del CSM: el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) es el órgano de gobierno de los jueces italianos: nombra, evalúa y disciplina a los magistrados. Hoy es uno solo. La reforma crea dos: uno para los jueces y otro para los fiscales. Además, ya no sería elegido solo por votos entre pares, sino mediante un sorteo. Se busca romper con las facciones internas —las llamadas correnti.

3) La Alta Corte Disciplinare: se crea un tribunal externo para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados, quitándole esa potestad al CSM.

El mapa de la grieta italiana: ¿Quién es quién?

El debate no se agota en los partidos políticos; ha movilizado a todo el ecosistema legal de Italia. En el bando del SÍ, además de la coalición de gobierno (Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia), el apoyo más ferviente proviene de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que nuclea a los abogados penalistas). Para ellos, la reforma es una deuda histórica para que el abogado defensor deje de ser el “pariente pobre” en el proceso y se enfrente a un fiscal que no comparta el mismo gremio que el juez.

Del otro lado, el frente del NO tiene como columna vertebral a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa a casi el 90% de los jueces y fiscales del país. La ANM considera que la reforma busca “domesticar” a la justicia y romper la unidad de la magistratura que fue clave para investigar al poder en las últimas décadas. A este bloque se suman los partidos de centroizquierda (Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle, Verdes e Izquierda) y una gran parte de la academia jurídica, que ve en el sorteo del CSM un experimento arriesgado y sin precedentes en las democracias occidentales.

El modelo argentino bajo la lupa

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Para el lector latinoamericano, la “separación de carreras” suena a algo familiar. En Argentina o Brasil, el Ministerio Público es un órgano ya separado del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué en Italia genera tanto ruido?

“No hay ningún país en el mundo que tenga el modelo italiano actual. Cualquier modelo, incluido el argentino, es un modelo a seguir. Necesitamos que Italia se aggiorni”, explica a este medio Claudio Zin, ex senador de Italia y referente del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), aliado del gobierno de Meloni. Para Zin, se trata de una cuestión de transparencia: “Separar la investigación y la acusación de la garantía de la sentencia es básico en cualquier división de poderes”.

Sin embargo, desde la vereda de enfrente, el diputado por la circunscripción de América del Sur, Fabio Porta (Partido Democrático) sostiene que el argumento de la “modernización” es una cortina de humo. “Cada sistema es fruto de su historia. En Italia, los datos dicen que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Es una excepción rarísima. Decir que esta reforma es para separar lo que ya está de hecho separado es difícil de justificar”, dispara Porta. Según él, el verdadero objetivo es debilitar la autonomía de los magistrados para hacerlos “permeables al Ejecutivo”.

¿El fantasma de la “democracia iliberal”?

Aquí es donde entra la mirada académica y profunda de Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, radicado en Córdoba y autor de Le origini del conflitto (Los orígenes del conflicto), un libro que indaga precisamente en los vínculos históricos entre la política y la magistratura en Italia. Para él, la reforma no ocurre en el vacío, sino en un contexto global de retroceso democrático.

“En Hungría —quizás el caso más citado— los gobiernos de Viktor Orbán redujeron la independencia de los jueces mediante reformas institucionales. Algo similar ocurrió en Polonia”, advierte Fracanzani. El experto señala que el riesgo no está solo en el texto de la reforma, sino en lo que habilita después: “La creación de dos órganos distintos permite que, a través de leyes ordinarias, se adopten reglas que introduzcan algún nivel de control sobre los fiscales”.

Fracanzani recuerda que la tensión entre la derecha italiana y la justicia no es nueva. Viene de la época del escándalo de corrupción de Mani Pulite y los años de Silvio Berlusconi. “El sistema de 1948 garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel. La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”, sentencia.

Frente a la advertencia de una posible “hungarización” de la justicia, Claudio Zin sostiene una visión diametralmente opuesta. Para el ex senador, la creación de dos consejos separados no es un camino hacia el control político, sino una garantía de transparencia para el ciudadano de a pie. “Esta nueva estructura evita la concentración del control de la justicia en una sola mano”, afirma Zin. Además, califica como “ingenuo” el planteo de que la reforma busca convertir a los jueces en peones del oficialismo: “Pensar que a partir de esta reforma las togas van a ser todas de derecha es un planteo muy básico. Los jueces y fiscales van a seguir manejando la gran mayoría del espacio de poder, sus carreras y concursos. La participación política seguirá siendo mínima”, asegura.

El sorteo: ¿confianza o manipulación?

Uno de los puntos que más asombra a los analistas es la idea de elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces por sorteo. Según la lógica del gobierno de Meloni, el azar es el único método capaz de dinamitar el sistema de las correnti (las facciones internas que han dominado la justicia italiana durante décadas). Al dejar la elección librada a un bolillero, el argumento oficial sostiene que se elimina de raíz la posibilidad de que los partidos políticos —de cualquier signo— negocien en las sombras y pongan “a dedo” a sus favoritos en el órgano que debe vigilarlos.

Para Zin, esto viene a “aclarar sospechas” y evitar que la ciudadanía piense que las decisiones tienen una connotación política. Para Porta, en cambio, es una trampa matemática: “Si pones a personas elegidas al azar, que no se conocen entre sí, frente a un tercio compacto elegido por la política y la mayoría parlamentaria, es obvio que ese tercio terminará teniendo una influencia desproporcionada”.

Por qué el voto en Argentina y América Latina es determinante

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A diferencia de otros referéndums italianos (como los que buscaron derogar la ley del aborto o el divorcio), esta consulta es de carácter constitucional. Y aquí reside la clave para los ciudadanos en el exterior.

Miguel De Luca, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y experto en sistemas electorales, explica la diferencia crucial: “En el referéndum abrogatorio se necesita que vote más del 50% del padrón (quórum) para que sea válido. En el constitucional, no hay quórum. La reforma se aprueba si los ‘Sí’ son más que los ‘No’, sin importar cuánta gente vaya a las urnas”.

Esto convierte al millón de italianos en Argentina en un actor central. “El voto en el exterior puede ser determinante. Primero por la dimensión del electorado: equivale al de varias regiones de Italia. Segundo, porque históricamente estas votaciones se han resuelto por un puñado de votos”, explica De Luca a Infobae. El académico recuerda que, de los últimos cuatro referéndums constitucionales en Italia, dos fueron rechazados por la gente a pesar de tener mayoría en el Parlamento.

¿Impacto en el tramite de ciudadanía?

Para muchos italianos en América Latina, la justicia suena a algo lejano, hasta que toca el trámite de la ciudadanía o un juicio sucesorio.

Fabio Porta vincula directamente ambos temas: “La gran mayoría de los jueces cree que este sistema no debe cambiarse así. No es algo abstracto: la justicia es la que hoy corrige las leyes equivocadas del Parlamento, como cuando las mujeres antes de 1948 no podían transmitir la ciudadanía. Si debilitamos la justicia, debilitamos nuestra última garantía como italianos en el exterior”.

Porta también llama a usar el voto como una señal política hacia el gobierno de Meloni, especialmente tras el decreto que impuso restricciones para obtener la ciudadanía: “Votar ‘No’ es responder a un gobierno que nos ha maltratado con las nuevas leyes de ciudadanía”.

Frente a la postura de Porta, Claudio Zin desestima que la reforma pueda entorpecer los trámites que desvelan a la comunidad en Argentina. Para el referente del MAIE, se trata de cuerdas separadas que no deben mezclarse en el debate. “Para los italianos residentes en el exterior, el cambio en la justicia italiana no debería afectarnos ni favorecernos en absolutamente nada”, asegura Zin, quien sostiene que los procesos de ciudadanía o sucesiones no se verán alterados por la nueva estructura judicial. “El tema de la ley de ciudadanía es otro camino, otra historia, y no tiene nada que ver con este referéndum. Lo que está en juego aquí es el compromiso con la madre patria y demostrar que, aunque no paguemos impuestos allá, tenemos una participación activa en su vida política”, concluye.

Un acto de compromiso

Desde el plano institucional, Darío Signorini, presidente del Comites de Buenos Aires, mantiene la neutralidad técnica pero hace un llamado urgente a la participación. “Debo incidir para que los connacionales participen activamente. Es una forma de mostrarle a Italia que la ‘otra Italia’, la del exterior, tiene tanto compromiso como la de la península por los cambios que se están generando”, afirma.

Por su parte, Fabio Porta coincide en que una alta afluencia enviaría un mensaje potente a Roma. “Sería un gesto de gran civismo para demostrar que nuestra sensibilidad y participación puede ser igual o incluso superior a la de los italianos en la península”, señala el diputado, quien ve en el voto una forma de reivindicar la importancia de los ciudadanos en el exterior frente a los intentos de relegarlos a una categoría de “segunda serie”.

Claudio Zin refuerza esta idea desde el compromiso cívico: “Necesitamos que más del 30% de los ciudadanos de Argentina voten para demostrar que, si bien no somos contribuyentes en Italia, tenemos una participación activa en su vida política”.

La justicia italiana, que según Zin hoy es “un acto de fe” por sus demoras, está en una encrucijada. Los sobres ya están en camino. En un sistema sin piso de participación, el silencio de los que no voten será, quizás, el grito más fuerte de este referéndum.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL VOTANTE

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Calendario diferenciado: Mientras que en Italia la votación se realizará de manera presencial el domingo 22 y lunes 23 de marzo, para los ciudadanos en el exterior el proceso es enteramente anticipado y postal.

¿Cómo se vota? Se vota por correo postal. El sobre con la boleta y el cupón electoral debe recibirse en el domicilio antes del 4 de marzo. De no ser así para el 8 de marzo, se debe tramitar un duplicado en la sede consular respectiva. Para emitir el voto: marcar la opción elegida (SÍ o NO), colocar la boleta en el sobre blanco pequeño (sin inscripciones externas) e introducir este último —cerrado— junto con el cupón en el sobre de envío con franqueo pago. Puede remitirse gratuitamente por vía postal o entregarse de manera presencial en el Consulado.

Fecha Límite: El sobre debe llegar al Consulado de referencia antes del jueves 19 de marzo a las 16:00 hs.

La Pregunta: ¿Aprueban el texto de la ley de revisión de los artículos 87, párrafo décimo, 102, párrafo primero, 104, 105, 106, párrafo tercero, 107, párrafo primero, y 110 de la Constitución, aprobada por el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial del 30 de octubre de 2025 con el título “Normas en materia de ordenamiento jurisdiccional y de institución de la Corte Disciplinaria?”.

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Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó la agencia iraní Mehr. Se trata de un líder militar prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA.

Vahidi sustituye al general Mohamad Pakpur, muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y confirmado por el régimen iraní, de acuerdo consignó EFE.

Además de la muerte de su líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, Teherán ha confirmado que en los ataques han fallecido el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, así como el secrtario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Vahidi ya había ocupado ese cargo de manera temporal en 2025 tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa.

El nuevo líder de la Guardia RevolucionariaVahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la fuerza comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.

Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores que tenía acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.

Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.

El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.

Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.

En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.

A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales. Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol.

Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA

Ahmad Vahidi era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.

Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.

El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.

La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.

Opositores del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, en la Seccional Zárate-Campana presentaron una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita por la cesión del manejo de los aportes sindicales a la empresa USEM, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora. que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, se menciona que el contrato con USEM otorga el control operativo y financiero mayoritario por parte de la UOMA a empresa privada, que le permite, desde febrero de 2023, administrar el 80% de los aportes sindicales, abrir cuentas bancarias en nombre del sindicato, ejecutar pagos y administrar la caja sindical completa.

El contrato estipula honorarios para USEM equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por la cuota sindical y tiene una duración de 10 años, e incluso establece que únicamente la empresa puede rescindirlo, dejando al sindicato jurídicamente subordinado a esa firma.

Además, según los denunciantes, el contrato elimina la competencia y cualquier control externo sobre la administración de recursos sindicales.

En la presentación ante la Justicia se señala que los accionistas de USEM son María Soledad Calle y Adalberto Raúl Braconi, y se remarca que Calle es empleada de la propia UOM y mantiene una “relación cercana” con Furlán. Para los denunciantes, esto constituye un vínculo de “parte relacionada”, algo que, según argumentan, va en contra del principio de independencia contractual y elimina mecanismos de competencia o auditoría externa sobre la administración de los fondos.

El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difunde a pocos días de las elecciones en las seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se elegirán las nuevas autoridades de esas filiales y el 18 de marzo, la conducción nacional del sindicato.

Según el escrito presentado a la Justicia y la documentación adjunta, la contratación de USEM fue tratada en una reunión extraordinaria de Comisión Directiva de la Seccional Campana de la UOM el 4 de diciembre de 2025. En el encuentro, se asegura que el tesorero expuso la crisis económica del gremio y se resolvió por unanimidad reducir gastos en las áreas internas y que los dirigentes que denunciaron el contrato con USEM retornen a sus trabajos en empresas privadas para evitar que el sindicato pague sus salarios.

Los denunciantes sostienen que el cese de pagos de sus sueldos, adoptado de hecho desde octubre de 2025, respondió a una “decisión netamente política” en represalia por su participación en una lista opositora en la Seccional Zárate-Campana, que lidera Furlán, y “ejecutada por en complicidad con María Soledad Calle, quien es accionista de la empresa y empleada en relación de dependencia de la entidad sindical al mismo tiempo”.

Por ello, los denunciantes solicitaron a la Justicia se ordene que “se corra vista al Fiscal Nacional en lo Penal para que tome formal conocimiento de esta situación irregular y posiblemente delictiva, abriendo una investigación en contra de los involucrados e investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: administración fraudulenta y/o defraudación por administración desleal, fraude y asociación ilícita”.

Ante la consulta de Infobae sobre la denuncia periodística, la UOM dio la siguiente respuesta:

“Estamos a 7 días de una elección interna. Con un proceso electoral abierto con una lista armada por Paolo Rocca. En un contexto en el que enfrenta al gobierno nacional de Milei y lidera el sector más duro del movimiento obrero.

“A la vez, con decisiones que impulsó reformas hacia la transparencia interna de la UOM como tocando intereses y cortando negocios preexistentes. Profesionalizando la gestión y se encamina a certificación ISO de los procesos de compras, contrataciones, pagos y todo lo referido a la administración de recursos.

“En ese marco, se está llevando adelante una campaña de desprestigio sobre su persona y su gestión con foco en las elecciones seccionales del 2 al 4 de marzo. Y se espera que se profundice de cara a las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo”.

A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), alianza combativa que integran la UOM, Aceiteros y las dos CTA, expresó su “absoluta solidaridad” con Furlán debido a una “campaña de hostigamiento” a través de “operaciones mediáticas impulsadas por los sectores más concentrados del empresariado”.

En un comunicado de prensa, el frente destacó que “mientras protagoniza la resistencia en las calles contra la reforma laboral, Abel Furlán ha demostrado ser un dirigente que no se dobla ante las presiones”.

Decisiva votación en la UOM

Entre el 2 y el 4 de marzo, Furlán se enfrentará a una lista opositora en la Seccional Campana-Zárate de la UOM, encabezada por Angel Derosso, quien fue secretario de Organización de esa seccional clave de la zona norte bonaerense hasta diciembre de 2025, cuando renunció por diferencias con el líder sindical y en julio creó la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuya lista quedó oficializada para competir.

La alusión a Rocca que hizo la UOM nacional obedece a que cerca de Furlán aseguran que la candidatura del dirigente opositor es impulsada por el presidente del Grupo Techint, a la que pertenece Tenaris Siderca, la principal empresa donde actúa la Seccional Zárate-Campana.

Furlán, enrolado en el kirchnerismo, buscará su primera reelección como titular nacional de la UOM (fue quien desplazó a Antonio Caló en marzo de 2022), en medio de la oposición surgida en su propia seccional y en otras importantes filiales del sindicato metalúrgico.

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