POLITICA
Un wokismo al revés para ganar la batalla a los zurdos
OpenAI, empresa pionera en inteligencia artificial, admitió días atrás que trabaja para solucionar una enfermedad preocupante que afecta a su modelo conversacional ChatGPT. La llama “sicofancia” y refiere a una inexplicable tendencia del robot a brindar a los usuarios respuestas aduladoras, agradables y poco sinceras. Al decir todo que sí, ofrece una satisfacción de corto plazo a fuerza de ocultar datos que pueden resultar necesarios para tomar decisiones adecuadas.
El gobierno de Javier Milei reproduce, a escala humana y con espíritu festivo, la inclinación que desvela al gigante tecnológico de Silicon Valley. Un oficialismo que recompensa el halago y castiga sin piedad cualquier forma de disenso va acomodando al Presidente en una burbuja de sentido que para no romperse requiere crecientes dosis de sectarismo.
El principal instrumento de ese sistema basado en la obsecuencia es la cuenta de Javier Milei en X. Desde allí bombardea un promedio de 250 mensajes diarios, en general ajenos, que se dividen principalmente entre halagos de funcionarios o militantes y una cadena interminable de insultos, descalificaciones y burlas a personas que plantean críticas de algún tipo.
En esa cámara de eco, Milei y el ejército del sí fácil van construyendo minuciosamente el espejo de aquello que juran odiar. La “batalla cultural” de la derecha libertaria se propone combatir a una forma de progresismo que se extravió en la imposición de conductas, el patrullaje lingüístico y la cancelación. Le ponen tanto empeño que ya alumbran un wokismo propio.
Pregonan una superioridad moral que valida, por ejemplo, programar en la televisión pública dibujitos animados que les enseñan a chicos de primaria a votar por gobiernos que defiendan el libre mercado y combatan al monstruo socialista, en medio de una ensalada de valores sociales ultraconservadores. “Está bien porque es cierto”, justificó la diputada Lilia Lemoine. “El adoctrinamiento de derecha no es adoctrinamiento. Nuestra ideología es la verdad”, corroboró el Gordo Dan, sicofante en jefe.
Cuando era candidato, Milei consideraba “un crimen” el uso de los medios estatales para inyectar mensajes políticos en los niños durante el kirchnerismo. Ahora es una virtud. Puede parecer una contradicción, pero en realidad es una consecuencia natural de la autopercepción imperial del Presidente: en sus manos, las armas del enemigo se ponen al servicio de una causa noble.
Esta misma semana se lanzó una campaña de desprestigio orquestada desde la cúpula del poder hacia Ricardo Darín, que cometió la osadía de alertar en televisión que “mucha gente la está pasando muy mal”, matizó el éxito de la política de desinflación y se le ocurrió ilustrar su opinión con el precio de una docena de empanadas.
Hacía tiempo que no se veía una cruzada tan virulenta y alentada desde el Estado contra un ciudadano común. Darín no habrá sentido un asedio semejante desde el ataque de los cascarudos en la General Paz.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se puso al frente de la batalla. Influencers, comunicadores afines, funcionarios y legisladores se lanzaron a una carrera por encontrar las empanadas más baratas del mercado. Apelaron al viejo recurso de la falacia del hombre de paja, de la que tantas veces Milei se declaró víctima. Es decir, cuando se distorsiona lo que dice una persona para luego atacar la versión deformada del argumento en lugar de refutar el punto original.
Darín rasgó la burbuja libertaria al permitirse dudar sobre la salud del plan económico y enfocar sobre sus efectos sociales. La respuesta consistió en ridiculizarlo como un “millonario elitista” que come empanadas caras y vive en una realidad paralela. El mismo gobierno que ofrece “mirar para otro lado” y no controlar a quien gaste dólares no declarados apeló al recuerdo de una vieja causa ya archivada en la que el actor estuvo investigado por contrabandear un auto de alta gama.
El bombardeo inclemente duró un día entero y mágicamente se apagó de un momento a otro, acaso después de evaluar que el impacto en la opinión pública no favorecía al Gobierno. Así lo marcaron dos encuestas que llegaron a la Casa Rosada. Milei no se privó, igual, de acusar a Darín de “ignorante y operador berreta” al cerrar la semana.
El periodista Hugo Alconada Mon sufrió un hackeo de sus teléfonos y cuentas de redes sociales cuando reveló detalles del Plan de Inteligencia Nacional, que incluye objetivos de gran ambigüedad que podrían dar un marco legal al espionaje sobre opositores, periodistas o profesionales críticos. “Es un tema de él. ¿Por qué debería preocuparnos?”, atinó a responder el vocero presidencial Manuel Adorni cuando le preguntaron por el acoso contra el más importante periodista de investigación del país.
Los datos que publicó en alumbraron preguntas inquietantes: ¿el presidente que prometía terminar con las cloacas del sistema de inteligencia está diseñando su propia policía del pensamiento? ¿Estamos ante otro caso de “las armas del enemigo en las manos correctas”? El Gobierno insiste en que se están malinterpretando sus intenciones.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, echó luz sobre los rasgos autoritarios del momento político actual en la Argentina. No lo personalizó en Milei, a quien tenía en frente en el Tedeum de la catedral porteña, el domingo pasado. Habló de “los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad, o una obra; los que odian y justifican su desprecio; el terrorismo de las redes”. Cuestionó “la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación” y recordó que el papa León XIV pidió “decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes”.
Milei es estratégico en sus rabietas. Hubo orden absoluta de silencio ante la homilía de García Cuerva. Una cosa es enfrentarse a El Eternauta y otra a la Iglesia Católica.
La respuesta presidencial consistió en desoír los consejos del arzobispo. Apenas salió de la misa del 25 de Mayo retomó el látigo tuitero. Volvió a difundir el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas” (el 90% miente, añadió), echó fuego a la operación contra Darín y, sobre todo, reivindicó el gesto hostil a Jorge Macri, a quien le negó el saludo dentro de la catedral. (Tampoco saludó a su vice, Victoria Villarruel).
“Roma no paga traidores”, sentenció. Nunca aclaró cuál sería la traición del jefe de gobierno porteño, más allá de acusarlo de contratar al asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, que había trabajado con Sergio Massa en la campaña de 2023. ¿Castigará a Santiago Caputo porque los socios de su consultora asesoraron ese mismo año al camporista Wado de Pedro en su fallida aventura presidencial?
Jorge Macri encarna un símbolo necesario para Milei. Le ofrece una coartada para que el Pro siga representando una “casta” que La Libertad Avanza viene a combatir, en momentos en que la necesidad lo obliga a pactar con el partido amarillo un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. El juego de “un Macri bueno y un Macri malo” requiere un ejercicio colectivo de ingenuidad en la amplia geografía del nuevo oficialismo en ciernes.
Los actores del sistema captaron rápidamente el incentivo a la obsecuencia. Fue estruendoso el silencio de los dirigentes del Pro ante el desplante de Milei al jefe porteño, alejado de cualquier noción básica de respeto institucional, de cortesía y hasta del coraje que se requiere para mirar los ojos al adversario.
Hubo dirigentes del Pro que se lanzaron incluso a elogiar el gesto presidencial. Sabrina Ajmechet, actual diputada por la Capital y exfuncionaria nombrada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, dijo: “Me hizo pensar en su nivel de autenticidad”. ¡Qué caso de estudio para OpenAI!: una macrista que celebra la humillación a Macri y que meses atrás quitó la banderita de Ucrania que tenía en su cuenta de X cuando Milei, para agradar a Donald Trump, tomó distancia de Volodimir Zelensky.
La sicofancia avanza también entre prominentes radicales, que en su búsqueda de acuerdos electorales con la escudería ganadora arrían banderas históricas del partido y recorren sets de televisión para justificar las agresiones al periodismo, los insultos a economistas, el caso $LIBRA y otras excentricidades del nuevo poder.
Al igual que el Pro, una parte de la conducción de la UCR se ilusiona con un salvavidas electoral para este año. No desconocen que el objetivo final de la Casa Rosada es disolverlos en el mar libertario o vaciarlos de los valores que podrían permitirles, a futuro, presentarse como una alternativa al gobierno actual. Lo urgente manda. El Milei de 2023 se hubiera burlado de ellos: Juntos por el Cargo, les decía. El de ahora les regala su autenticidad y avisa lo que Roma no paga.
La estrategia de los libertarios representa la antítesis de la apelación que hizo la Iglesia al “diálogo, la cultura del encuentro y el freno al odio”. A juicio de Milei y los suyos, la construcción de poder para blindar el cambio económico requiere una división nítida entre un bien y un mal que se enfrentan en un mar de fragmentación y desinterés social. La valentía de los moderados, de momento, no tiene recompensa.
El “bien” se defiende sin preguntas incómodas, religiosamente. Como dicen los tuiteros libertarios: “No lo leí, pero tiene razón el Javo”.
Se celebra que Milei le niegue el saludo a Macri y se condena al fiscal del peronismo que no quiso darle la mano al Presidente en la mesa de votación, hace dos domingos.
Una crítica sutil al Gobierno constituye una campaña sucia, pero es “humor de redes” el falso anuncio hecho con IA en el que Mauricio Macri pedía el voto por Adorni.
El archivo oficialista ajusticia a cualquier economista que falle un pronóstico, pero se sumerge en la amnesia cuando el “mandril” es el gran jefe. ¿O no dijo Milei el 11 de abril, en cadena nacional, que en mayo las reservas brutas del Banco Central “estarán en torno de los 50.000 millones de dólares”? El último día hábil del mes cerró en 36.854 millones.
Haber trabajado con Larreta puede equivaler a la señal del demonio o ser un dato irrelevante digno del mejor olvido, como prueba la fascinación mileísta con José Luis Espert, que en 2023 acompañó como precandidato a senador al exjefe porteño.
A los periodistas se les exige un código de vestimenta formal para asistir a la Casa Rosada; Milei se vanagloria de trabajar en la residencia presidencial con un mameluco de YPF o va en zapatillas al tedeum del 25 de Mayo.
El wokismo al revés se nutre de esas contradicciones militantes. Invita a adherir o callar. Que nadie nos despierte del sueño del dólar barato y la inflación a la baja.
Milei acuñó el término “ñoñismo republicano” para desacreditar a quienes cuestionan “las formas” con las que interactúa en la vida pública. “Yo tiro al fleje, pero siempre dentro de la institucionalidad. ¿Es ilícito jugar al fleje?, ¿de dónde salió esa pelotudez?”, dijo días atrás en radio Mitre. Su interlocutor le dio la razón. Perdió la oportunidad de preguntarle qué pasará cuando la pelota caiga ostensiblemente fuera de la cancha.
POLITICA
Nuevo revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
En un resultado anticipado, el Gobierno recibió esta tarde una contundente derrota en el Senado: la oposición casi en su conjunto rechazó los dos vetos de las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. De esta manera, ambas normas recuperan vigor y se aguarda, de cara al corto plazo, los próximos movimientos del Ejecutivo, que en el también reactivado articulado sobre discapacidad dilató, días atrás, el giro de fondos.
Los vetos de este jueves fueron debatidos de forma conjunta; la definición, separada. Por un lado, la emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones -de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala– sobre un total de x presentes. En tanto, la iniciativa relacionada con universidades consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Es decir, ambos textos lograron -bajo la mirada de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel-, por amplio margen, los dos tercios que requieren las leyes para ser insistidas por el Congreso.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”, algo observado semanas atrás por la potencial queja de otros sectores en breve tiempo. Como símbolo de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Ante la reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”. Este ítem fue criticado en el pasado y, en vez de ser escuchados, los dos o tres legisladores que fueron por ese camino terminaron denostados en el recinto.
Qué se dijo en el recinto
Lo más curioso de la discusión de hoy fue que los dos miembros informantes fueron dos senadores kirchneristas que, durante largos meses de 2024, se rehusaron a integrar las comisiones que ahora presiden y que empujaron ambos debates: la catamarqueña Lucía Corpacci (Salud) y el bonaerense Eduardo De Pedro (Educación). La primera afirmó que no se puede “mirar para otro lado cuando la sociedad nos indica diariamente qué es lo que está pasando con la atención pediátrica”.
Aparecieron otros soldados del Frente de Todos para reforzar los conceptos iniciales. Por caso, el peronista Guillermo Andrada (Catamarca) señaló que “el Presidente no entiende que el pueblo argentino, ante ciertas conquistas, como las universidades, no se va a rendir y el Congreso lo va a acompañar”. En esa línea, sentenció: “A más vetos, más votos”.
El también justicialista Pablo Bensusán (La Pampa) aseguró la batalla legislativa nunca se trató de algo “técnico, fiscal o contable”, sino de “un debate político y moral”. Y añadió: “Para -el primer mandatario, Javier– Milei y su gobierno, sólo puede estudiar el que paga una carrera. Sólo puede atenderse en los hospitales quien paga una obra social privada. Ése es el criterio que estamos viendo con estos dos vetos que estamos tratando. Evidentemente, es un proyecto de motosierra que no corta privilegios, sino derechos.
“Si el Presidente y su equipo de funcionarios hubiesen tenido en mismo nivel de obsesión y de creatividad -en referencia a la macroeconomía- para buscar consensos, acuerdos y, sobre todo, soluciones, no estaríamos nuevamente ante esta situación”, lanzó la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).
La legisladora porteña electa pinceló la realidad de los últimos tiempos del Congreso, al acusar a la Casa Rosada de “romper todos los puentes habidos y por haber”. Más tarde, sentenció: “Echaron a los propios que osaban pensar algo distinto, crearon un nivel de agresión en este Congreso que en algunos casos, rozó lo inaudito a niveles personales, y ningunearon a gobernadores“.
Tagliaferri luego apuntó a que “apareció la plata por algo tan típico de la casta, que es el resultado de una elección, algo de ‘casta’ que ustedes -por el Gobierno- dijeron que iban a combatir”. Y finalizó: “Dejen de ser necios y empiecen a registrar que en la micro vive la gente”.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el fueguino Pablo Blanco indicó que “la obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”. Por su parte, el bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Llevamos más de un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades. Me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Cierres
“Un tema importante es qué hará el Ejecutivo. Si no cumple con la ley, estará cometiendo un delito e incumpliendo los deberes de funcionario público”, opinó el puntano Fernando Salino, del espacio Convicción Federal que integra el interbloque K del Frente de Todos.
En tanto, desde Provincias Unidas, el peronista disidente Carlos Espínola enfatizó: “¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado. En Corrientes, por ejemplo, atendieron a más de 5.000 niños el año pasado en el Garrahan“.
Por la UCR, Eduardo Vischi -comprovinciano de Espínola, flamante aliado en la última elección provincial del oficialismo local, que responde al centenario partido- habló de una “Argentina muy vulnerable y un Gobierno que, en vez de tomar nota de cuestiones prioritarias que el Congreso describe, no avanza en una decisión”, y lo calificó de “récord de insensibilidad”. Y puntualizó: “Priorizan las matemáticas y no entienden cómo hacer para equilibrar las cuentas públicas y no dejar a la deriva a sectores vulnerables”.
Tras la comparación de la administración actual con la gestión del peruano Alberto Fujimori que realizó la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires), el jefe del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), manifestó que Milei “quiere a un Estado sin responsabilidades y es todo lo contrario”. Para el experimentado legislador, “el plan ya fracasó” y relató el escenario complejo en cuanto a consumo y producción en las Pymes -habló de “más de 16.000 empresas cerradas”-, entre otras cosas.
El último orador fue el titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), sostuvo que “utilizar a niños para hacer política les debería dar vergüenza”, en clara referencia al kirchnerismo, y contó que el Gobierno libertario dio “un 274% de aumento real” al Garrahan -sin precisar sobre esto, y el dato quedó en una nebulosa-, mientras que “la provincia de Buenos Aires le debe $5.000 millones, y donde no vi a nadie que marchara allí”. “Otra hipocresía”, conjeturó.
Sobre universidades, mencionó que la -destacada en el mundo- Universidad de Buenos Aires (UBA) “no hizo una auditoría en diez años y los fondos se manejan de forma discrecional”, y subrayó que existen decenas de triangulaciones “con contrataciones directas” con otras instituciones educativas. Atauche además recordó a la oposición dialoguista el maltrato que recibieron radicales, macristas y silvestres provinciales durante años de parte de los diversos gobiernos kirchneristas. “En un año y medio nos olvidamos”, apuntó el jujeño.
POLITICA
Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas
El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.
El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.
La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.
El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.
Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.
A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
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