El gobernador por la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este domingo un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000. Además, confirmó el pago de un bono bimestral de $100.000 para los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1.300.000. La medida se da a conocer en medio de la disputa con Nación por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y tras la amenaza del gobierno de Javier Milei de vetar la ley que incrementó los haberes a nivel nacional.

En un mensaje grabado, que se difundió por la red social X, el jefe provincial informó: “Como ustedes recordarán, logramos ante la Corte Suprema de Justicia que la Nación reconozca parte de la deuda que mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Además, acordamos continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el Gobierno nacional mantiene con nuestra provincia”.

Y ratificó: “Por ello, hoy quiero anunciarles que Córdoba ha recibido parcialmente esos fondos. Y cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Por eso, he tomado la decisión de otorgar una suma fija para que ningún jubilado de Córdoba gane menos de $700.000, lo que prácticamente duplica el pago mínimo actual”.

“Además, vamos a otorgar un bono trimestral de $100.000 para todos aquellos jubilados que tengan ingresos de hasta $1.300.000″, sumó Llaryora. Y aclaró: “Esta decisión se mantendrá mientras sigamos recibiendo estos fondos. Y ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan”.

Sobre el final del mensaje, el gobernador agradeció el “apoyo de todos los cordobeses, de las instituciones y de los diputados y senadores nacionales que me acompañaron en este justo reclamo”.

Y concluye: “Nunca vamos a dejar de defender los intereses de los cordobeses cada vez que los mismos sean vulnerados. Este logro es una prueba más de, cuando en Córdoba trabajamos juntos con firmeza y unidad, obtenemos los resultados deseados. Vamos a seguir cuidando a Córdoba y a cada uno de los cordobeses”.

La disputa entre Córdoba y la administración nacional por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones tiene un largo recorrido, pero se agravó en 2023. Desde 1996, cuando la provincia decidió no transferir su sistema previsional a la Nación, Córdoba debe afrontar con recursos propios el pago de jubilaciones, mientras que la ley nacional 27.260 establece que el Estado debe compensar el déficit de las cajas no transferidas.

Hasta mediados de 2023, esa compensación se venía realizando con regularidad, aunque la provincia ya venía reclamando diferencias. Pero desde julio de ese año, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, el envío de fondos comenzó a dilatarse y luego se interrumpió por completo.

La deuda se profundizó aún más a partir de diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei y suspendió formalmente todas las transferencias, bajo el argumento de que primero debía auditar los ejercicios anteriores.

El gobernador Martín Llaryora inició entonces una serie de gestiones formales ante la ANSES y el Ministerio de Economía, que no dieron resultados. Ante la falta de respuesta, acudió a la Corte Suprema de Justicia.

En abril, el máximo tribunal del país citó a ambas partes a una audiencia de conciliación. En esa instancia, el Gobierno reconoció formalmente que existía una deuda acumulada con la Caja cordobesa y propuso como solución transitoria el giro de $60.000 millones a cuenta del ejercicio 2025, pagaderos en 12 cuotas mensuales de 5.000 millones cada una. El acuerdo fue aceptado por Córdoba, aunque con reservas: Llaryora aclaró que se trataba apenas de un alivio parcial y que el reclamo por el monto total continuaría.

Como detalló , la deuda real supera el billón de pesos si se considera el acumulado desde 2019. Para establecer un número definitivo, la Nación y la Provincia acordaron realizar una auditoría técnica conjunta sobre los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024. El resultado de esa revisión será clave para definir si la Nación debe seguir transfiriendo recursos y en qué magnitud.

Mientras tanto, Córdoba advirtió que si no hay avances concretos en ese proceso, volverá a la vía judicial para solicitar una medida cautelar que obligue al Gobierno nacional a retomar los envíos mensuales completos.

Tras haber perdido el beneficio en 2002, la Argentina podría ser nuevamente incorporada al proceso para ingresar al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos (VWP), que permite viajar sin visa por turismo o negocios por hasta 90 días. Sin embargo, ese camino no tiene un plazo estipulado: tras la nominación formal por parte del gobierno estadounidense, el proceso de evaluación puede extenderse durante meses o incluso años, ya que depende del cumplimiento de estrictos criterios de seguridad, cooperación bilateral e integridad documental.

Chile es, hasta hoy, el único país de América Latina cuyos ciudadanos gozan de ese privilegio. El proceso se inició el 3 de junio de 2013, cuando el entonces secretario de Estado de EE.UU., durante la presidencia de Barack Obama, nominó formalmente a Chile para ingresar al programa.

Ocho meses más tarde, el 28 de febrero de 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concretó la designación oficial, en los últimos días del primer mandato de Sebastián Piñera. La exención entró en vigencia el 31 de marzo de ese mismo año, ya bajo la presidencia de Michelle Bachelet.

La Argentina, en cambio, fue pionera: en 1996 se convirtió en el primer país latinoamericano en acceder al programa. Fue incluida en el entonces Programa Piloto de Exención de Visas (VWPP) con fecha efectiva del 8 de julio de ese año, bajo la presidencia de Carlos Menem y con Bill Clinton en la Casa Blanca. La medida fue publicada oficialmente en el Federal Register ese mismo día.

La participación argentina fue cancelada el 21 de febrero de 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en el contexto de la crisis institucional y económica que estalló en diciembre del año anterior. La decisión fue tomada por el Departamento de Justicia de EE.UU., bajo la presidencia de George W. Bush, en consulta con el Departamento de Estado.

Las autoridades estadounidenses advirtieron un aumento sustancial de argentinos que intentaban usar el programa para vivir o trabajar ilegalmente en EE.UU., un alza en las inadmisiones en frontera y un flujo creciente hacia Canadá, donde más de 2500 argentinos solicitaron refugio tras haber transitado por territorio estadounidense. También se expresaron dudas sobre la integridad del sistema de pasaportes. Desde entonces, los ciudadanos argentinos deben gestionar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos.

Para ser readmitido en el programa, el país debe cumplir con múltiples requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, entre ellos mantener una tasa de rechazo de visas inferior al 3%, aceptar la repatriación ágil de sus ciudadanos con orden de expulsión, emitir pasaportes electrónicos con datos biométricos, y compartir información sobre terrorismo, delitos graves y pasaportes robados. Además, debe superar una doble evaluación de seguridad y de inteligencia conducida por el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Aunque el gobierno de Javier Milei iniciará ese proceso mañana, en el marco de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a la Argentina, el resultado no es inmediato. Se trata de un derrotero político, técnico y bilateral que puede tomar días, meses o años. En el peor de los casos, el ingreso al programa puede ser rechazado. Fue lo que le pasó a Rumania en mayo de este año tras ser nominada en enero por la administración de Joe Biden.