POLITICA
Dólares del colchón y plata para las provincias: Olivos enfrenta el juego político que menos le gusta
Este será un fin de semana de contactos cruzados entre jefes provinciales y funcionarios nacionales, consecuencia directa de una combinación de necesidades. El Ejecutivo empuja una rápida adhesión de las provincias al plan “dólares del colchón” para generar sostén y confianza en las medidas -frente a viejas y nuevas prevenciones sociales-, y los gobernadores reclaman atención por la caída de los fondos de coparticipación federal y el largo parate de la obra púbica. El Gobierno enfrenta otra vez el juego que menos le gusta: generar acuerdos políticos que no están atados exclusivamente a sus intereses.
La tarea inicial del Gobierno para sumar apoyos provinciales -y más adelante, garantizar un par de proyectos legislativos en materia tributaria- está enfocada en darle sustento a su plan de los dólares. El tablero sumó una pieza de los gobernadores, que motorizan un encuentro para destacar el peso político de sus demandas, con los cuidados del caso para evitar pinceladas de oposición dura. Así y todo, neutralizar de algún modo esa cita -es decir, desarmarla o bajarle el tono- amplió la agenda de Olivos.
Con el sello del Consejo Federal de Inversiones, la convocatoria armada en contactos previos entre jefes provinciales trascendió finalmente con fecha para el martes próximo, aunque podría sufrir algún cambio. Por supuesto, será un encuentro virtual. Ese mismo facilita la cita y de paso, quedaría claro el mensaje sin el impacto de la foto conjunta frente a los ojos de Olivos. Supone también una fórmula de equilibrio en el tablero heterogéneo del CFI.
Resultó llamativo que a la par de la información del encuentro circulara una planilla que expone la caída de fondos automáticos por coparticipación federal. Importan los números y los datos políticos. Las cifras dicen que la variación entre la proyección de este año y el 2024 marca una baja del 4,2%. Trepa al 11,5%si se toma como referencia el 2023 y hay distritos especialmente desfavorecidos, entre ellos Santa Fe y La Pampa, en torno de los 6 puntos porcentuales.
Los números seguramente serán discutidos por el Gobierno con estadísticas diferentes. Pero se destacan los mensajes políticos y entre ellos sobresalen al menos dos. El primero, obvio, es que la referida planilla expresa una preocupación extendida entre los gobernadores, porque afecta a todos: no se trata de los fondos que maneja el poder central desde siempre y de manera discrecional, sino de la coparticipación. Y el segundo es que ese listado sobre evolución de las transferencias automáticas fue difundido desde las cercanías de gobernadores de la oposición dura y también de algunos dialoguistas.
Con todo, nadie que conozca mínimamente el tema podría decir que se trata de una sorpresa. Es un tema de arrastre y, de hecho, ya a principios de mayo había trascendido el malestar de jefes provinciales por cambios en impuestos coparticipables, particularmente Ganancias e IVA. Es decir, se cruzan decisiones del Gobierno nacional y una caída vinculada de manera directa al cuadro de la actividad económica. En cuanto a las políticas nacionales, se agregan desde hace rato reclamos y negociaciones frustradas para lograr la reactivación de algunas obras públicas, sobre todo rutas nacionales que son vitales para las provincias.
Parte del malestar viene siendo atribuido por jefes de provincias a problemas de interlocución. En esa línea, destacan contradicciones, y también avances y marcha atrás, en un ejercicio que involucra centralmente a Guillermo Francos, pero que tiene como referencia de peso a Luis Caputo y que añade, con algunos mandatarios, canales directos con Santiago Caputo. El resumen sería que no existe un sistema sólido para las tratativas políticas.
Las conversaciones del Gobierno con las provincias fueron reactivadas públicamente luego del anuncio de las medidas por los “dólares del colchón”, es decir, dólares en negro o declarados pero fuera del sistema bancario local. Hubo contactos previos para garantizar las dos tandas iniciales de conversaciones que incluyeron representantes de 17 de los 24 distritos. Todo indica que no fueron suficientes las tratativas para convertir esos encuentros en actos de adhesión al plan nacional.
No se trata de un dato menor. El Gobierno apuntaría, naturalmente, a evitar reacciones o demandas en bloque y por eso apura acuerdos individuales. Ya tuvo dos, de peronistas aliados (Catamarca y Tucumán) y se descartan otras de espacios provinciales para los próximos días. Pero quedan piezas por cerrar con distritos de peso, en un paño que supera la simple divisoria entre duros, empezando por Axel Kicillof; desairados, como Jorge Macri, y dialoguistas, como Maximiliano Pullaro. Además, existen dudas sobre algunos provinciales que juegan como aliados o que están fuera de la órbita del PJ/K o de lo que fue JxC.
Un primer elemento queda a la vista: se trata de distritos de peso no sólo electoral, sino además económico. Algo de eso explica que luego del primer encuentro referido, el Gobierno activara contactos con funcionarios bonaerenses y porteños. Kicillof cuestionó ácidamente las medidas oficiales y desde el Gobierno respondieron con dureza -volvió la anacrónica descalificación como “soviético”-, lo cual hace difícil vestir un entendimiento. Desde la Ciudad, dejan trascender que el tema, sobre todo desde el punto de vista legal, está en estudio. Y los santafesinos anticiparon que no se oponen abiertamente, pero no relajarán los controles sobre la actividad narco.
El Gobierno dijo y reiteró que los distritos que no adhieran dejarán de recibir información de ARCA sobre facturación y movimientos de empresas y personas. La traducción de esa advertencia sería que las provincias perderían capacidad de control y que, de hecho, se impondrá el criterio sobre esta especie de blanqueo por debajo del radar fiscal. Se verá cómo opera la contrapresión que podría suponer el reclamo de las provincias en el CFI. Y resta aún el recorrido de los proyectos de ley para “blindar” las medidas. Negociar es un camino que el mileismo encara a disgusto, pero asoma ineludible.
POLITICA
Semana negra para el PJ: un posible quiebre en el Senado, el enojo entre gobernadores del norte y las derrotas en el Congreso
El peronismo afrontó su peor semana política desde que comenzó el año. Perdió dos votaciones clave en el Congreso -la reforma laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados-; y votó dividido en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.
Las malas noticias continuaron ayer, cuando la Cámara de Casación Penal rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin horarios y cantidades pautadas, además de poder utilizar la terraza y que se le saque la tobillera electrónica que lleva puesta desde el momento en que quedó detenida.
La única novedad positiva fue que en el Senado el interbloque con diferentes sectores del peronismo votó en unidad. Una rareza en estos tiempos de múltiples fragmentaciones que afectan al peronismo. Fue un hecho circunstancial. La unidad política se quebró hace tiempo. El peronismo del interior tiene cada vez más diferencias con el kirchnerismo. El entrelazado dirigencial en el Senado subsiste porque peor es estar fragmentados.
De todas formas, durante la votación uniforme contra la reforma laboral pudieron achicarse algunas diferencias internas que, en muchos casos, tienen más que ver con posicionamientos ideológicos y formas de construir poder, que con la postura en temas esenciales de la discusión de fondo que ha propuesto dar Javier Milei.
La semana que viene puede haber novedades en el Senado. Existe la posibilidad de que, finalmente y después de varios cortocircuitos, el interbloque del peronismo se rompa definitivamente. Miércoles y jueves serán días importantes para el futuro del armado que aglutina a las diferentes ramas del Justicialismo. Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) están analizando cuál es el momento para quebrar un lazo que ya no tiene sustento.
Aún no hay acuerdo uniforme entre ellos. La idea principal que tienen es seguir unidos como bloque, pero hay diferencias en la cúpula que tensionan todas las negociaciones. La principal es que existe un fuerte enojo de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz con el riojano Ricardo Quintela. ¿El motivo? En los días previos a la votación de la reforma laboral, según aseguran fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones, el “Gitano” llamó a Jalil para decirle que si no votaban en contra, iban a intervenir los PJ de sus provincias.
“El Gitano pasó de enfrentar a CFK, a ser su vocero. Justo con Jaldo y Sáenz que fueron quienes les prestaron avales cuando intentó competir con ella por la presidencia del PJ Nacional”, advirtió a Infobae un dirigente muy cercano a los gobernadores. La referencia es la feroz pelea que Quintela y CFK tuvieron por la renovación de autoridades del partido y que terminó con la imposibilidad del riojano de poder competir.
De la situación conflictiva entre los gobernadores del norte provino la denuncia pública del mandatario salteño, cuando aseguró que el kirchnerismo estaba amenazando gobernadores y legisladores. El futuro de Rejal, que responde a Quintela, es incierto. Como también es la posibilidad de sumar a un nuevo bloque a la salteña Flavia Royón.
Por el momento, no hay gestiones del sector kirchnerista para evitar la ruptura que, de concretarse, puede abrir la puerta a un proceso de desbande que está latente desde hace más de un año. Y la posibilidad de que eso suceda, en un 2026 clave para la construcción de un nuevo proyecto, es alta.
El quiebre simbólico más importante de las semana que pasó tal vez haya sido el que tuvo lugar cuando se debatió el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque allí quedaron bien expuestos los perfiles ideológicos de cada tribu. El sector más de izquierda, como La Cámpora o Patria Grande, de Juan Grabois, votó en contra, mientras que la mayoría de los diputados del peronismo del interior y el massismo votaron a favor.
La iniciativa para que un sector del bloque votara a favor del acuerdo la tomó el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. El santafesino planteó su apoyo a la iniciativa durante la primera reunión de bloque que hubo en la previa de la votación. En un primer momento tuvo pocas adhesiones, pero para el segundo encuentro ya había ganado el respaldo de varios diputados del interior.
La postura inicial de Rossi la terminó complementando Germán Martínez, presidente del bloque justicialista, quien buscó un acuerdo integral pero, al tercer encuentro previo de todo el bloque, advirtió que la división estaba marcada y había que votar por separado como espacio. Finalmente, se sumaron distintos legisladores, de diferentes campamentos, que aportaron un número importante para que el acuerdo se retifique,
Entre algunos dirigentes del PJ federal hay cada vez más contactos cruzados, buscando acercar posiciones con dirigentes que están fuera de los límites de Unión por la Patria (UP), pero que, según muchos piensan en ese universo, serán necesarios para sumar fuerzas contra Milei en el 2027. La dinámica parlamentaria será importante este año para descubrir por donde van a contribuir al armado político c
En el peronismo hay muchos caminos paralelos que se recorren al mismo tiempo. Cristina Kirchner está dando una batalla milimétrica contra la Justicia Federal para que le den mayores libertades dentro de su prisión en San José 1111. Hasta ahora, no lo ha logrado. Sus limitaciones se van acrecentando al mismo ritmo que baja su nivel de influencia dentro del esquema justicialista.
La campaña “Cristina libre” es, mayoritareamente, un ejercicio semanal del kirchnerismo duro. Un sector que se ve obligado a encontrar un nuevo lugar en el mapa de poder, aunque para todas las tribus resulte difícil, a esta altura del calendario, posicionarse con exactitud debido a la horizontalidad del debate. Hay un puñado de nombres que han dado señales claras de su intención electoral y un bloque enorme de dirigentes que quieren empujar un cambio de ciclo. Hay ruido y hay movimientos.
Por otro camino transita Axel Kicillof, que cada vez juega más con su potencial candidatura presidencial y que está haciendo un nuevo esfuerzo por posicionarse tras el sube y baja de poder que implicaron el triunfo de septiembre y la derrota de octubre del año pasado. En el mientras tanto, dio un paso adelante al consensuar con el cristinismo su desembarco al frente del PJ Bonaerense. Camina hacia adelante. A su tiempo y a su modo, pero con una única dirección.
Detrás del acuerdo de cúpula por la conducción partidaria quedaron cerca de treinta distritos donde el PJ no se pudo ordenar e irá a elecciones internas. Un mano a mano que en el peronismo esquivan con frecuencia por temor a que se desbarranquen las dañadas estructuras que se edificaron durante las tres gestiones kirchneristas. Si no hay síntesis, entonces que se resuelva por los votos. Eso sucederá en varios municipios bonaerenses donde las expresiones territoriales de CFK y Kicillof no pudieron darse la mano.
En otro camino, van los gobernadores, que tantean la posibilidad de empujar un armado federal, que reestructure lo que supo ser el Frente de Todos en el 2019, y que sea la columna vertebral de una nueva propuesta electoral. Es muy reciente, pero el momento de que la rosca de construcción política tome más velocidad está cada vez cerca. Porque los acuerdos transversales, como los que se analizan negociar en el corazón del peronismo, necesitan tiempo.
En el PJ hacen lo posible para resistir la embestida libertaria tras el recambio de las dos Cámaras y la sensación triunfalista que le dejó al oficialismo la victoria electoral que pintó gran parte del país de violeta. Hacen lo que pueden, en esta instancia donde son minoría y el Gobierno mantiene fuerte sus alianzas provinciales.
Esta semana los legisladores que responden a los dos gobernadores peronistas aliados a Milei se pusieron en la vereda de enfrente al Gobierno. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo jugaron en contra de la reforma laboral. Algunos justicialistas que conviven con la desconfianza impregnada en la piel creen que lo hicieron solo porque el número para la aprobación estaba asegurado con las manos del PRO, la UCR y los aliados provinciales. Todo es posible.
El peronismo de UxP tiene el deber de mirar hacia Tucumán y Catamarca para ver cómo hacen convivir esas lógicas provinciales cercanas a la Casa Rosada con una construcción opositora para el año que viene. Es uno de los desafíos que tienen por delante los articuladores que flotan por las distintas terminales del armado político. Ganarle a Milei será una tarea extremadamente complicada, aunque varios pastores de las catástrofes anuncien la caída en desgracia del modelo libertario.
La semana de sinsabores que tuvo el PJ puede repertirse en el corto plazo si el Gobierno logra sancionar los dos proyectos que trató en estos últimos días. La capacidad de buscar acuerdos amplios con las fuerzas del centro será más importante que la búsqueda de sumar gente a la calle. Un recurso que ha pasado de moda. El peronismo necesita abrirse, flexibilizarse y acomodarse al nuevo tiempo. Es una realidad que algunos ya digirieron y otros aceptan a regañadientes.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
POLITICA
El Gobierno asegura que tiene los votos para una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias
El Gobierno asegura que tiene los votos para lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo activó gestiones para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados esta semana, pero la iniciativa se postergó y planean retomar la discusión en marzo.
La intención de la Casa Rosada era dictaminar el proyecto en comisión el miércoles y tratarlo en el recinto al día siguiente. El envío de la iniciativa se incluyó en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.
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“No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”, agregan. En Balcarce 50 sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas -como los legisladores de Provincias Unidas- y argumentan que tienen un piso de 131 votos. El oficialismo apunta a darle media sanción a partir de marzo.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones. Participaron representantes del comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, y se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
La nueva ley que impulsa el Gobierno no deroga formalmente la vigente -sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso-, sino que busca modificar su esquema de actualización y financiamiento. El texto propone reemplazar el mecanismo de indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión.
El Ejecutivo está dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos asignados en 2025. Lo mismo aplica para una instancia de evaluación en junio para analizar eventuales diferencias entre los aumentos otorgados y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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La negociación se produce en paralelo a la apelación presentada por la Casa Rosada contra la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley actual. El recurso fue interpuesto ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
La mesa chica de Balcarce 50 busca evitar una nueva escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo y quiere cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace a la actual. Nación ya reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de tensiones judiciales e insiste con que intentará modificarla este año.
Gobierno, universidades
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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Más temprano la titular de la cartera de Seguridad Nacional brindó datos sobre el hecho
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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