La Corte Suprema de Justicia confirmó que Cristina Kirchner debe seguir bajo investigación en la Ruta del Dinero K. Se trata de un tramo del expediente que obtuvo firmeza por parte del máximo tribunal, que sigue en etapa de instrucción con la ex vice como única imputada. Si bien el fiscal Guillermo Marijuan dijo en dos oportunidades que debe ser sobreseída, por orden de la Cámara Federal la causa se reabrió, decisión que fue ratificada por la Corte. Ahora el juez Sebastián Casanello impulsó una serie de nuevas medidas de prueba clave en línea con la determinación del máximo tribunal.

Tras la decisión de la Cámara Federal de dejar sin efecto su sobreseimiento, Cristina acudió al máximo tribunal en un intento de evitar que su nombre esté vinculado a la Ruta del Dinero K, la causa en la que Lázaro Báez está condenado con confirmación de la Corte a 10 años de cárcel por haber lavado 55 millones de dólares. Pero los ministros del máximo tribunal rechazaron una serie de planteos formulados por el abogado de la ex vice Carlos Beraldi. Así se definió que, en etapa de instrucción, avanzara la investigación sobre la ex vicepresidenta.

Se trata de un proceso de investigación conexo a la causa madre en la que Báez ya fue condenado (en un fallo ratificado también por la Corte) y en el que se indaga acerca del vínculo entre el empresario y la ex presidenta para «para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero«.

Por eso ahora, con el camino despejado tras la decisión de la Corte, Casanello dispuso una serie de medidas de prueba para tratar de dilucidar “en qué se había invertido el dinero reingresado a Austral Construcciones”, la empresa de Báez, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

En la causa madre la Justicia dio por corroborado que todos los condenados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, «por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos». La finalidad de este circuito fue «cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita». Esto se logró a través del mecanismo llamado de “cable” o “compensación”; así lograron expatriaron grandes sumas dinerarias.

Se probó que el dinero así depositado en el extranjero “ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon». Finalmente el dinero se reunió en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública que posteriormente «fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones».

Esa maniobra es lo justamente lo que ahora busca dilucidar el juez federal Casanello en la causa conexa en la que se investiga a Cristina. A qué se aplicaron esos fondos a los que se les quiso dar apariencia de lícitos pero que provenían de un origen espurio. En este caso, de una usina de facturas apócrifas. Por ese motivo, el magistrado encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) un estudio contable sobre la cuenta corriente de Austral Construcciones radicada en el Banco Nación para “reconstruir el flujo de fondos desde la repatriación del dinero”.

El movimiento de fondos fue sustancial: entre 2010 y 2013 Báez adquirió 1.412 propiedades que a valor del tipo de cambio en 2016, cuando el fiscal Marijuan ordenó la tasación, arrojó un valor de 205 millones de dólares. Los cálculos establecidos en la causa indican que el patrimonio del empresario K creció 12.127%, mientras que el de Austral Construcciones se incrementó en un 45.313%.

Sobre este punto vuelve a profundizar el juez Sebastián Casanello con el pedido a la DAJuDeCo. Puntualmente, teniendo como punto de partida el reingreso de dinero desde Suiza, se ordenó un análisis de todas las salidas de dinero de las cuentas de la compañía como de los involucrados en la causa, la información bancaria como también los registros fiscales correspondientes. El interrogante central es si Cristina se pudo haber beneficiado con las maniobras de blanqueo, si intervino en algún momento del circuito investigado y corroborado. Y en ese sentido, hay un planteo clave: ¿la fortuna de Báez fue adquirida a título personal o actuó como prestanombre de la ex vicepresidenta?

Para el movimiento de dinero que involucró 55 millones de dólares fue indispensable utilizar los servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, lo que permitía la compensación de «montos dinerarios de quienes pretendían transferir divisas hacia el exterior y de quienes querían repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes». En función de ese punto es que el juez pidió información pericial que involucra la “maniobra de bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013”.

Además, se solicitó información a Estados Unidos sobre los dichos de Leonardo Fariña, el único arrepentido en este expediente. Entre sus declaraciones, indicó que Báez “le ocultaba a Cristina Kirchner sus transferencias al extranjero”.

Para avanzar con el cuadro probatorio, Casanello también pidió determinar si en la causa de los Cuadernos de las Coimas -donde Cristina es la principal acusada-, “hay información relevante de las confesiones de los imputados colaboradores” que sea relevante al movimiento de dinero bajo estudio en este expediente.

Mismo criterio se aplicó respecto al caso Vialidad, donde la ex vice y Báez recibieron la mayor pena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La consulta central es si hay en esa causa alguna prueba que pueda contribuir a clarificar los aspectos bajo estudio en este tramo de la Ruta del Dinero K.

Otro de los aspectos que busca analizar el magistrado refiere al “depósito de los cheques emitidos por la sociedad de bolsa producto de la venta de bonos de Helvetic Services Group con dinero que estaba en Suiza hasta fines de 2016 cuando ACSA entró en quiebra”. ¿Por qué se pide esto? Parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la «Rosadita«- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares.

A diferencia de la posición de la Cámara Federal, ratificada por la Corte, el Ministerio Público Fiscal, representado por Guillermo Marijuan, en dos ocasiones, expuso el mismo criterio: Nada de lo investigado desde 2018 a 2023 es suficiente para acusar a la ex vice. Por ese motivo, el 9 de octubre del año pasado y por segunda vez, expresó en un dictamen que no hay elementos de prueba para sostener la imputación contra la ex presidenta en esta investigación por lavado de dinero.

Pese a ello el expediente se encuentra reabierto por orden de la Cámara Federal porteña, que consideró que antes de sobreseer a la ex vice se omitieron ciertas medidas de prueba como documentos que son parte de otras investigaciones como los Cuadernos de las Coimas o Vialidad.

Esta causa tiene como únicos acusadores a la asociación civil Bases Republicanas, aceptados como querellantes por la Sala II del tribunal de Apelaciones. La consecuencia inmediata es que Cristina se encuentra imputada por lavado de dinero y la investigación debe determinar si tuvo responsabilidad o no en las operaciones de blanqueo.

Sin embargo, la fiscalía mantiene su postura: no hay elementos de prueba suficientes para incriminar a la ex presidenta y ex socia comercial de Báez. Un punto que el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó a la hora de pedir la desvinculación de la ex vice en «esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero», se impulsó una medida de prueba a cargo de la DAJuDeCo en el que se analizaron las líneas telefónicas asignadas a la vice entre 2010 y 2013.

Dicha ventana de tiempo es la que se investigó en la Ruta del Dinero K, fueron los años en los que se concretaron las maniobras de blanqueo encabezadas por Báez. Aquel entrecruzamiento entre el dueño del Grupo Austral y Cristina arrojó un total de 372 comunicaciones en poco más de dos años.