“No me siento si no tengo 38 votos garantizados”, dijo Patricia Bullrich en charlas privadas en la previa de este fin de semana. El Gobierno ya había festejado la sanción de la reforma laboral en Diputados después del traspié por la inclusión en la Cámara alta del muy polémico artículo 44, de licencias médicas, finalmente excluido del proyecto, una idea que, puertas adentro, se le atribuyó a la senadora y al ministro Federico Sturzenegger -la autoría aún sigue en discusión- que no para de sumar detractores.

La incorporación de ese controvertido artículo sorprendió incluso a Martín Menem, que hace dos viernes, en una reunión a solas con Cristian Ritondo, se reconoció desconcertado. “Si te balean en un robo y quedás incapacitado para laburar, ¿el Estado no te cuida y encima le vas a descontar el sueldo?“, ejemplificó el jefe del bloque del PRO en Diputados. Ese fin de semana se activaron las alarmas en Casa Rosada, más aún después de que Sturzenegger reconociera públicamente que una lesión en un partido de fútbol con amigos, una práctica muy popular en este país, podía terminar con descuentos en el salario de los trabajadores.

Los senadores del PRO y la UCR que acompañaron el proyecto en el Senado admitieron en privado que se conocía el artículo, que se enteraron recién sobre la medianoche, antes de la votación en general, y que no pudieron propiciar el rechazo por la modalidad de la votación en particular, por capítulos. Suena a excusa si se tiene en cuenta que el círculo rojo empresario conocía ese mismo mediodía, al inicio de la sesión en la Cámara alta, el contenido del artículo -los industriales habían planteado, durante las discusiones en el Consejo de Mayo, un esquema salarial sin descuentos pero no remunerativo en caso de lesiones o enfermedades-.

Una vez reconocido el error -hay sectores que todavía dudan en torno a la veracidad del traspié-, y después de que el propio jefe de bloque del PRO anunciara públicamente que su bloque no acompañaría ese artículo -cuando Ritondo publicó la decisión en su cuenta de X a las 16.24 del martes, un día antes de la reunión del plenario de comisiones, en La Libertad Avanza ya le habían garantizado que excluirían ese pasaje del texto-, la Casa Rosada activó un operativo con gobernadores aliados para blindar dos de los capítulos más cuestionados por esos mismos aliados: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que desfinancia a la seguridad social, y la derogación de una serie de estatutos, incluido el de los periodistas. Fuentes oficiales reconocieron en estas horas que hubo momentos de incertidumbre en torno a este último título.

Ley por ley, proyecto por proyecto -aún cuando en el oficialismo se sigue insistiendo con la acumulación de errores no forzados como la polémica por las licencias médicas-, Javier Milei hizo valer otra vez el resultado de las elecciones de octubre pasado y la nueva reconfiguración del mapa legislativo con la colaboración por goteo, pero persistente, de gobernadores afines como los de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, San Juan y hasta Córdoba, que promovió la ausencia de tres diputados. Todos recibieron beneficios. Al menos, alguna promesa. Algo similar ocurrió con la CGT, que negoció aspectos vinculados con la caja de los gremios y que, por la polémica en torno al eliminado artículo 44, no tuvo más remedio que convocar a un paro general.

El Gobierno impone sus condiciones, aún cuando la negociación en Diputados es bastante menos homogénea que en el Senado. En ese contexto, el oficialismo ya se garantizó un triunfo el próximo viernes. Incluso la insistencia del PRO con la incorporación en la ley de las billeteras virtuales como opción para el pago del salario de los trabajadores formales, o la eliminación del FAL, como reclamaron especialmente desde el bloque de Provincias Unidas, no tuvieron, en la supuesta captación de adhesiones, la misma vehemencia en la praxis parlamentaria que en el discurso público. El artículo de billeteras virtuales -que tuvo una presión fenomenal de los gobernadores para preservar el funcionamiento de los bancos provinciales- fue, según fuentes partidarias, uno de los pocos aspectos por el que telefoneó Mauricio Macri a algunos legisladores, por el reclamo de un banquero amigo. El jefe del PRO estuvo asesorado por un viejo e íntimo amigo, que lo acompañó hasta en su travesía por Boca Juniors: Juan José Etala, “El Negro”, presidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la cúpula partidaria olvidaron rápidamente el acuerdo entre el Gobierno, el peronismo y gobernadores aliados por la AGN que dejó afuera a Jorge Triaca: Ritondo se aseguró un sillón en el directorio de YPF y otros tantos que le tiene reservados el ministro Diego Santilli.

Con una oposición fragmentada, un peronismo impotente y un grupo de aliados dispuestos a negociar, el Presidente se encamina a presentarse en el Congreso el próximo domingo, para la inauguración de las sesiones ordinarias, con la aprobación definitiva de la reforma laboral, del régimen penal juvenil y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y para anunciar, probablemente, que buscará un mandato “reformista” con el impulso a otros proyectos centrales como la Ley de Glaciares, que le da mayor potestad, y recursos, a las provincias para propiciar la actividad minera, un sector con potencial que el Ejecutivo sigue con especial interés. Desde el bloque de LLA en el Senado dicen tener ya los 38 votos necesarios para ese proyecto, aunque podrían ser más por algunos radicales que están en duda. Según un informe de la consultora Invecq, las exportaciones mineras podrían duplicarse para el 2030, con condiciones favorables, en más de USD15.000 millones anuales con el cobre como principal impulsor. Solo el proyecto Vicuña, aprobado en el RIGI, prevé desembolsar unos USD5.000 millones en San Juan por los próximos cinco años. Es la carta de presentación con la que media docena de gobernadores se presentarán entre el 1 y el 4 de marzo en Toronto, Canadá, para la cumbre anual minera, el evento más relevante del sector que el año pasado contó con la participación de Karina Milei, esta vez en duda por el viaje posterior del presidente a Nueva York, una gira que prevé encuentros con empresarios y fondos de inversión.

En la cúpula del Gobierno se entusiasman con la dinamización de sectores como la minería o la energía, aunque en los últimos meses empezaron a prenderse cada vez más luces de alerta por la lentísima reactivación del consumo, la disparidad en el crecimiento de la actividad económica y los riesgos de un modelo de dólar atrasado y apertura de importaciones que quedó expuesto con el cierre de Fate de esta semana. La exposición de una crisis multicausal que tiene su mayor vidriera en el Gran Buenos Aires.

Conurbano en alerta, enojos exacerbados. En la UIA sabían con 48 horas de anticipación que Javier Madanes Quintanilla bajaría la persiana de la fábrica de neumáticos Fate de San Fernando el día anterior a que Diputados discutiera la reforma laboral. No hizo falta que el informe del INDEC, del 12 de febrero pasado, expusiera la crisis de la industria manufacturera a través de la utilización de la capacidad instalada, en torno al 33,4% en diciembre del 2025 en el sector del caucho y el plástico -aún por debajo del 42% de diciembre del 2024 y del 53,8% del nivel general de todos los rubros-, o la avalancha de importaciones -el último informe de la consultora PXQ, de Emmanuel Álvarez Agis, titulado “La apertura baja los precios (y el empleo), evidenció, por ejemplo, que el modelo libertario alcanzó en febrero del año pasado el volumen de importaciones de noviembre del 2017, durante la administración de Macri, cuando llegó a su pico máximo-: para Milei, concentrado en su programa de ajuste fiscal antiinflacionario, la decisión de Madanes Quintanilla fue premeditada para generar zozobra social y desestabilizar justo 24 horas del debate en Diputados y en las puertas de un paro general convocado por la CGT.

Milei enfureció en Olivos contra el empresario, que en su última visita oficial a la Casa Rosada, a las 4 de la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024, frente al entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos -ahora aspira a una gobernación-, en su carácter de presidente de Aluar, pidió precisiones, en una extensa y muy cordial reunión, para incluir la construcción de un parque eólico en el RIGI, un proyecto del que al final desistió por cuestiones impositivas. El Presidente maldijo en la quinta presidencial, autorizó a que la secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria y reposteó en sus redes decenas de comentarios agresivos contra el empresario industrial. Una situación similar padeció Paolo Rocca, del holding Techint, cuya subisidiaria Tenaris acaba de perder una licitación privada para la provisión de tubos para un gasoducto en Vaca Muerta frente a una empresa india que se provee de acero chino subsidiado. “Don Chatarrín”, lo desautorizó Milei públicamente. Rocca se sintió destratado, herido en su ego, y peor aún: por primera vez no tuvo reacción ni contactos formales e informales para moderar las críticas o que le tiendan la mano en alguna oficina oficial. En el círculo rojo en general, y en la empresa en particular, pusieron el foco en Sturzenegger, “El Coloso”, que engrosó su lista de detractores en el último tiempo, tanto interna como externamente. Un grupo de aliados lo bautizó en el Senado con el apodo “Fe”, no por las iniciales de su nombre: “Todo lo que propone es cuestión de fe”, explicó jocoso un senador todavía inquieto por haber apoyado el polémico artículo 44 hace dos semanas.

En la industria existe una creciente preocupación por la política de apertura de importaciones y la falta de competitividad en los bienes transables en el mercado interno y externo. Fue el punto principal del encuentro que Martín Rapallini, el presidente de la UIA, mantuvo hace dos viernes con Luis Caputo, “Toto”, en el Ministerio de Economía. Fuentes cercanas a Rapallini aseguran que el ministro reconoció la preocupación y habló de la posibilidad de explorar algún programa que alivie la situación.

Es que, más allá del discurso público, en oficinas del Gobierno son conscientes de que la “reconversión industrial” que pregona Milei lleva aparejados efectos negativos sobre el empleo. La transición de un modelo a otro. Incluso el FMI pidió la semana pasada “mitigar los costos” de la transición.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre del 2023 y el mismo mes del 2025 la cantidad de empleadores se redujo en 21.938 casos. Es decir, 30 empresas menos por día. Del informe mensual de febrero de la UIA bonaerense (UIPBA), con datos de octubre pasado, se desprende que el empleo cayó en términos intermensuales, con un descenso de 8.075 puestos de trabajo, la caída más pronunciada desde abril del 2024. Se registró, sin embargo, un leve repunte de la actividad en diversos sectores.

El dilema del Gobierno es hasta qué punto el programa antiinflacionario, que hasta ahora fue evidentemente exitoso, y la mutación de un modelo de protección de la industria a uno liberal apoyado en dos pilares centrales como la defensa del superávit fiscal como condición de estabilidad macroeconómica, y de apertura y desregulación, se sostiene en un sendero triunfalista, mientras empiezan a aparecer señales de alerta en la actividad y, en particular, en el empleo. Un reciente estudio de la consultora Casa Tres, de Mora Jozami, da cuenta que la preocupación por el “desempleo” escaló al tercer lugar en enero, con el 11%. Dos eneros atrás, esa inquietud se ubicaba en el séptimo puesto, con el 5%.

Hay sectores de la economía que enfocan esa preocupación en la política de expansión comercial de China, en disputa geopolítica con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acaba de recibir un fallo determinante por parte de la Corte norteamericana en uno de sus principales instrumentos de política económica: la imposición de aranceles a las importaciones a ese país. El presidente republicano redobló la apuesta, anunció que instrumentaría más aranceles, incluso a aquellos socios, como la Argentina, que acordaron tratados de libre comercio con la excusa de una mayor apertura de mercados para los productos argentinos en ese país. En las últimas horas, el Gobierno dejó trascender que enviaría de todos modos al Parlamento los aspectos técnicos del acuerdo, aunque aclararon que apareció una señal de alerta respecto a la sostenibilidad del mismo.

La decisión de la Corte estadounidense agrega mayor incertidumbre a la disputa comercial entre la principal potencia mundial y China, y las consecuencias respecto al comercio internacional. Hace dos lunes, en Mar del Plata, en la casa de un empresario local en la que se reunieron para la cena hombres de negocios de la ciudad y dirigentes políticos, el embajador chino aseguró que es necesario que Estados Unidos entienda a su país, y que ellos creen en el “comercio”. Puertas adentro de LLA empezaron incluso a mirar con otros ojos a la potencia asiática: “Tuvimos que frenar a los diputados que volvieron de China en la visita que hicieron en el verano, volvieron maravillados”, reconoció una fuente libertaria. Hasta Sturzenegger viajó a ese país de vacaciones. Según el último dato del INDEC de la balanza comercial, la Argentina importó USD1.436 millones de China, y exportó a ese país USD414 millones.

Ese contexto presenta mayores inquietudes para el sistema político e industrial en el corazón de la provincia de Buenos Aires, el territorio que gobierna Axel Kicillof. Para la industria, el desafío es aún más cuesta arriba en ese distrito porque un número considerable de intendentes definieron aplicar mayores tributos. Cuando los hombres de la industria presentan esa queja a los jefes comunales, estos se excusan en que el gobernador no les baja plata; cuando el planteo se realiza en la gobernación, la respuesta es que la Casa Rosada es la que cortó el giro de fondos. Esa cadena poco virtuosa colaboró en los últimos tiempos a una mayor asfixia a la industria. De hecho, hay una empresa del rubro de las bebidas que prevé frenar próximamente la producción.

“Puede ser que este año el problema sea el empleo”, admitió un industrial. También reconoció que la presión impositiva impuesta por los intendentes es una espada sobre la cabeza, y que algunos aspectos de la reforma laboral, como la derogación de la ultraactividad, pueden traer beneficios. En particular, en el “control” de las fábricas: en especial, frente a aquellas organizaciones sindicales de la izquierda más extrema.

Para Kicillof, la situación social se le presenta como una situación incómoda, que se suma a la puja política que mantiene abierta con el kirchnerismo, y que se palpa con mayor precisión en el Senado bonaerense, en el que Verónica Magario, aliada del gobernador, se mantiene en alerta.

Esa guerra abierta dejó heridas sin cicatrizar en el peronismo bonaerense, crisis de liderazgos y una afrenta a la conducción de Cristina Kirchner, a la que se sumaron gobernadores del interior del país. La crisis del peronismo K quedó expuesta en la sesión de Diputados de este jueves, y en la impotencia del bloque de UxP. “Esta reforma laboral la tendríamos que haber impulsado antes nosotros”, le admitió un importante legislador K a un hombre de la industria durante las conversaciones de los meses previos a la discusión del proyecto. Según fuentes del PJ, Sergio Massa tenía en carpeta una propuesta alusiva si llegaba a la Presidencia.

“Basta de tibios”. Florencia Carignano, la diputada de La Cámpora que fue filmada por colegas de LLA mientras desconectaba el micrófono y el dispositivo de audio de los taquígrafos en la sesión del jueves, recibió cientos de mensajes de apoyo de militantes, colegas y desconocidos: “Basta de tibios”, “estamos hartos”, “tendrías que haber apagado todo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en sus redes sociales. Desde el bloque incluso confirmaron que algunos diputados del oficialismo, que como bancada pidió impulsar una denuncia penal y la suspensión preventiva de la ex directora de Migraciones, le enviaron señales solidarias en privado a la legisladora.

Es muy difícil que LLA consiga el número para avanzar con una eventual suspensión de Carignano, pero las postales de la sesión de este jueves evidencia que la política entró en su fase más extrema y que las buenas formas -algo de lo que no se suele jactar el Presidente- empiezan a escasear en el sistema político. “Los quiero gritándome, puteando, nada de algo pacífico”, había dicho Martín Menem en marzo del año pasado, mientras se discutía en el recinto de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Meses después hubo desde trompadas hasta agua revoleada entre algunas diputadas vinculadas con LLA.

“Era un contexto de violencia, no nos querían dejar hablar”, se justificaron en estas horas desde el bloque de Unión por la Patria tras la sesión de la Cámara baja, que blanqueó el nuevo reparto de poder del Congreso y la incapacidad del kirchnerismo de oponerse a un espacio, como el oficialista, que tiene previsto capitalizar, junto a sus aliados, el resultado de octubre pasado.

En línea con un movimiento global, enfrascados en una intensa batalla cultural que dicen promover contra “el progresismo”, Milei y sus dirigentes inauguraron cuando LLA llegó al poder una nueva forma de hacer política basada en una agresiva campaña de comunicación permanente en la que vale todo. Sectores del kirchnerismo parecen haber entrado en ese juego o, al menos, es una estrategia en revisión. ¿Una nueva demanda social?

“Milei puede irse, pero las formas de la política cambiaron, no hay más buenos modales. Los nuestros piden más acción, ¿cuánto representa eso? No lo sabemos», planteó un dirigente cercano a Cristina Kirchner, que cumplió 73 años el jueves en el que se sancionó en Diputados la reforma laboral. Ese mismo dirigente agregó, fastidiado: “Al menos hicimos más nosotros que la CGT por esta ley”.

En medio de una agenda de sesiones extraordinarias sin respiro, el oficialismo libertario no dejó pasar la negativa que el kirchnerismo empuja -desde diciembre pasado- para integrar comisiones y, en los últimas días, se convirtió en un Pac-Man de los espacios que corresponden al principal bloque opositor.

La cuestión no es menor: La Libertad Avanza ya mira de reojo la preparatoria del martes próximo, donde se definen las principales autoridades de la Cámara alta y, según deslizaron desde un despacho de peso a Infobae, “no se vacilará” en resolver por cuenta propia -más guiños de aliados- si el cristinismo no presenta candidatos para dichos cargos, o si intentara enturbiar el encuentro en el recinto.

Veamos el primer punto. Como no quiso sumarse a las comisiones, en diciembre pasado, el conglomerado del oficialismo -comanda Patricia Bullrich– y la oposición dialoguista se repartieron, para las de 19 butacas, 13 ellos y seis para los de tribus peronistas y filo justicialistas, como el camporismo. En tanto, en las de 17, los guarismos fueron fijados en 12 y cinco, respectivamente.

Días atrás, presentaron los nombres en la de Acuerdos, de 17; y de Relaciones Exteriores, de 19. Ante la siesta cristinista, la bancada Convicción Federal, de cinco soldados que en los papeles se dicen “perucas” y se encuentran aún en el interbloque K -con anuncios de ruptura operados de forma penosa desde hace larguísimos meses, hasta que ocurra de verdad- enviaron su propuesta, la cual fue convalidada.

En Acuerdos fue a parar la tucumana Sandra Mendoza, quien se hizo conocida en la Cámara alta por la “espada de Dómacle”. Aún no se sabe si responde a Juan Manzur, al gobernador Jaldo, o si puso fichas en dos canastas. En la segunda apareció Guillermo Andrada (Catamarca). Entonces, a la rama K le quedaron cuatro y cinco pare ubicar. Un pésimo escenario, si de proporcionalidad se tratara. Sin embargo, eso se convirtió rápido en un tentempié.

La sorpresa principal vio la luz el jueves último, cuando se reunió la de Acuerdos para dictaminar el pliego del exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea. Allí se mostró la dialoguista salteña Flavia Royón y, de esa manera, el cristinismo pasó a tan solo tres de 17.

“Desde hace semanas que se notificaron a todos los bloques para que enviaran a sus representantes en las comisiones que intervienen en las extraordinarias. El kirchnerismo sigue siendo el único espacio que no mandó nada. Comprendo tantas décadas como dueños de la ‘Casa’. Ya no lo son más”, recordaron a este medio desde un despacho con poder de decisión en el Senado.

En tanto, un legislador top del oficialismo resaltó: “No olvides que el año pasado, en pleno vendaval de trompadas desde el Congreso hacia el Ejecutivo, el kirchnerismo y supuestos ‘dialoguistas’ se autoconvocaron en comisiones que no estaban citadas de forma oficial. Un delirio. También lo hicieron en el recinto. Hay poca memoria, pero pasó hace unos meses. Ni hablar durante sus gobiernos. Muchos periodistas, enemigos y ‘enemigas’ celebraron todo esto, mientras el Gobierno de Javier Milei se desangraba. ¿Y ahora voy a pensar que son republicanos de pura cepa?“.

De cara al martes próximo está convocada la sesión preparatoria, donde se ratifican o eligen nuevas autoridades. Al cristinismo le toca la definición de la vicepresidenta de la Cámara. La mayoría estima que el interbloque que comanda José Mayans (Formosa) presentará un nombre. “No vino en toda la semana y nos dejó a la deriva. Ni siquiera sé qué pasó. No hay instrucciones. Demasiada incertidumbre”, reconoció un apenado legislador cerca de la medianoche del jueves. Otro, más ofuscado, sentenció: “¿Viste la ‘inmensa’ movilización en el Congreso y en las provincias por el paro? Flaco favor nos hizo la CGT. Los pocos tiros, cuando salen, son con cebita“.

Nadie quiere arriesgar, aunque la idea que prevalece -nunca se puede descartar algún telefonazo rojo desde Casa Rosada que rompa todo- es que se mantengan las principales autoridades. Es decir, el titular provisional del Senado -segundo escalafón en sucesión presidencial-, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA); así como las estratégicas secretarías parlamentaria y administrativa para los respetados Agustín Giustinian y Alejandro Fitzgerald, respectivamente. Para aliados irán vicepresidencias primera y segunda.

Tampoco habría encono con las dos prosecretarías relacionadas de las áreas recién mencionadas, aunque una no está cerrada. Dependen del radicalismo, siempre con internas juguetonas. Lo que sí resulta insólito, a esta altura, es la resolución de la prosecretaría de coordinación operativa, hoy en manos de Manuel Ignacio Chavarría, también designado autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

Infobae contó en enero pasado que su nueva vida laboral no genera ningún tipo de inconveniente, en lo formal. Lo que sí consterna en el Congreso es que el funcionario, en vez de renunciar, haya solicitado una licencia “ad honorem”. ¿Qué significaría esto? Continuar con contratos y personal a cargo en el Senado. Y chofer. Un disparate que, incluso, choca con el pluriempleo en el Estado que prohíbe la propia Constitución nacional. “Hay que preguntar los motivos en una oficina específica de Balcarce 50, donde están muy interesados que siga un personaje que, acá, fue poco menos que un fantasma”, fue la lapidaria frase que oyó este medio de un oficialista al término de la semana.

La causa que más inquieta a Claudio “Chiqui” Tapia incorporó una maniobra que expone el foco actual del expediente. La defensa de los propietarios de TourProdEnter LLC, empresa radicada en Estados Unidos, solicitó apartar como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El planteo busca restringir la intervención del denunciante que accedió a la ruta financiera de los fondos y cuya participación podría aportar información clave para comprometer a los acusados en la investigación por presunta administración fraudulenta.

Infobae accedió a información sobre este incidente procesal, producido en el expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años, desde que TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior.

El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. El argumento central es que el empresario no cumple la condición de “particular ofendido” exigida por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Según la presentación, el propio Tofoni habría admitido que el supuesto perjuicio no lo afecta de manera directa y singular, sino que se extendería “junto con todos los clubes del fútbol argentino”, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.

La defensa argumentó que el denunciante busca que el sistema de administración de justicia le sirva como una agencia de investigación privada sin costo, con el fin de reunir datos para mejorar su posición negocial en sus pretensiones contractuales o comerciales.

Además, planteó que el caso debería ser analizado como un eventual incumplimiento contractual y no bajo la órbita penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal y señalando que la controversia debería resolverse en el ámbito comercial.

La exclusión de Tofoni como querellante tendría consecuencias concretas: perdería la capacidad de impulsar medidas de prueba, acceder plenamente al expediente y recurrir decisiones con el peso procesal de una parte.

Guillermo Tofoni es un empresario de extensa trayectoria, agente oficial de la FIFA y fundador de World Eleven, empresa especializada en gestión de partidos internacionales y eventos internacionales. Su relevancia en el mercado explica el impacto de su intervención en el expediente: no es un denunciante sin antecedentes, sino un operador histórico del negocio global del fútbol que llevó la disputa al ámbito judicial.

En su respuesta ante el juzgado, Tofoni negó las acusaciones de la defensa y aseguró que él aportó la prueba más relevante en el proceso. “La paradoja es que justamente fue quien suscribe quien nutrió y aportó abundante prueba en esta causa en virtud del discovery iniciado en Estados Unidos. Es decir, se da la circunstancia al revés de lo que postulan los imputados”.

Detalló que “la totalidad de la información financiera incorporada a esta causa fue obtenida mediante un procedimiento formal de discovery tramitado ante tribunales de los Estados Unidos, mecanismo que —por su propia naturaleza— exige como presupuesto ineludible la acreditación de un interés legítimo, concreto y actual por parte del requirente”. En el mismo escrito, al que accedió Infobae, indicó que las autoridades judiciales estadounidenses analizaron el reclamo presentado y concluyeron que su pedido resultaba jurídicamente atendible, habilitando el acceso a información bancaria altamente sensible de las personas aquí denunciadas.

Subrayó que esto implica “necesariamente, un reconocimiento previo de legitimación y de la existencia de una posible afectación patrimonial directa, pues de otro modo dicho acceso jamás hubiera sido autorizado”. Según Tofoni, esa circunstancia “descarta cualquier hipótesis de actuación meramente especulativa o exploratoria, como pretende sostener la defensa”.

La investigación judicial se centra en el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Selección argentina en el último cuatrienio. TourProdEnter LLC fue designada como agente de cobro exclusivo de la AFA en el exterior, con facultades para gestionar y percibir ingresos por partidos amistosos, eventos, concesiones y contratos de sponsoreo.

De acuerdo con la denuncia, las maniobras que integrarían la administración infiel habrían sido ejecutadas por Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en complicidad con Faroni y Gillette, responsables de la sociedad radicada en Estados Unidos, según la documentación judicial. Tofoni planteó ante el juzgado que la constitución de esa firma y su figuración como mandataria de la AFA representó “un capítulo más de la administración fraudulenta”.

Afirmó que, además de los fondos que la empresa habría cobrado y habría hecho desaparecer tras un entramado de entes de paja, omitiendo su rendición a las cuentas de la AFA, TourProdEnter tenía acordada una comisión del 30 %, que “no tendría justificación alguna y también consistía en una vía más de consumar el fraude”.

El período investigado coincide con el ciclo más rentable de la historia reciente de la Selección, coronado con la obtención del Mundial de Qatar 2022. Ese título multiplicó el valor comercial de los amistosos internacionales y de los acuerdos de patrocinio.

El expediente ya atravesó una discusión sobre competencia. Un intento de derivación al fuero federal fue rechazado. El camarista Ignacio Rodríguez Varela determinó que no existían elementos que permitieran considerar que la afectación patrimonial comprometiera bienes o intereses federales ni el ejercicio del empleo público nacional. También sostuvo que los fraudes “no dejan de ser comunes” por el solo hecho de involucrar sumas elevadas o trascender varias jurisdicciones.

Tofoni consideró que esa resolución refuerza que los hechos denunciados encuadran “razonablemente en el delito de administración fraudulenta en perjuicio tanto de quien suscribe como de la Asociación del Fútbol Argentino, destacando además la existencia de documentación concreta que individualiza transferencias, montos y maniobras de desvío de fondos”. La defensa, por su parte, insiste en que se trata de una reedición de una denuncia archivada y que el conflicto es de naturaleza comercial.

El debate de fondo gira en torno al control del flujo de información sensible en la causa. El empresario no solo denunció, sino que obtuvo documentación bancaria extranjera e incorporó esos datos al expediente, generando una asimetría informativa ahora en discusión. Si la jueza lo reconoce como querellante, podrá seguir impulsando medidas, ampliar la hipótesis investigativa y aportar nueva documentación del sistema financiero estadounidense. Si lo excluye, su margen de intervención quedará reducido y el avance de la causa dependerá exclusivamente de la iniciativa fiscal y judicial.

En una investigación centrada en el manejo de más de USD 300 millones y el circuito internacional de fondos de la Selección campeona del mundo, la disputa por la querella se transformó en un punto neurálgico.