Ocupar un lugar en el avión presidencial tiene un costo para el Estado. Alojamiento en un hotel, comidas, seguro médico, visas y gastos de traslado, muchas veces en ciudades con valores muy superiores a los que pueden pagarse en Buenos Aires. Son estos los principales ítems que el Estado afronta cada vez que suma un integrante a una comitiva que acompaña al Presidente a un periplo por el exterior.

Más allá del caso puntual de la esposa de Manuel Adorni, quien afirmó a LN+ que la presencia de Bettina Angeletti en la delegación oficial tuvo “costo cero para el Estado”, existen erogaciones ineludibles, a ser atendidas en el caso de que algún pasajero, más allá del Presidente y sus funcionarios, fuera incorporado a una delegación oficial. Así lo constató al consultar a los encargados de la organización de los viajes al exterior de los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Hay una suerte de protocolo y procedimiento. Antes de cada viaje, se aprueban vía resolución de la secretaría general de la Presidencia la lista de integrantes de la comitiva, la partida de gastos, y el otorgamiento de licencias para que la firma de un ministro o secretario sea asumida por quien queda en el país. En el caso del jefe de gabinete, fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó a cargo de modo “interino” según la resolución oficial, aunque sobre el viaje no hubo información concreta, ni sobre la cantidad de pasajeros de la comitiva a Estados Unidos y Chile ni tampoco sobre los gastos.

Ni en este ni en ningún otro viaje anterior del presidente Javier Milei hubo una resolución publicada sobre los viajes, sus costos y las comitivas. La publicación de esta información en el Boletín Oficial supo ser una costumbre de los dos gobiernos anteriores, según dos exfuncionarios consultados.

“Cada Presidente puede invitar a quien quiera a un viaje, está dentro de sus facultades”, dijo un exdirigente del Frente de Todos. Alberto Fernández, durante su gestión, fue cuestionado por sus delegaciones numerosas, como las 48 personas que viajaron con él a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022.

El 26 de febrero pasado, Adorni y el canciller Pablo Quirno firmaron una resolución general relativa a los viajes al exterior. “Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un (1) funcionario o una (1) autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”, dice el artículo 6. Y agrega que “ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”, siempre en el caso de los funcionarios.

En muchos casos, la invitación de países extranjeros abarca al Presidente únicamente, aunque hay otros que incluye a ministros, secretarios y asesores. Pero en ningún caso, coincidieron las fuentes, la invitación se extiende a no funcionarios, como es el caso de la esposa de Adorni.

Lo mismo ocurre con las comidas, que no están incluidas en las invitaciones oficiales, aunque siempre está la posibilidad de que los invitados las abonen de su propio bolsillo. Gastos más que importantes en los casos de hoteles de lujo, a los que eran adeptos presidentes como Carlos Menem o Cristina Kirchner.

Según el relato de dos exfuncionarios de anteriores gobiernos y de uno de la actual administración, cada miembro de la comitiva presidencial debe, antes de subir al avión, contar con seguro médico. Además, otra de las erogaciones que afronta el Estado son los traslados, excluyendo al Presidente y sus ministros. “No es lo mismo trasladar cuatro personas que a ocho, y muchas veces se alquilan autos que están a disposición de modo permanente. En ciudades de Europa o Estados Unidos eso tiene un costo altísimo”, rememoró un exfuncionario.

Partícipes del gobierno de Cambiemos (2015-2019) evitaron cuestionamientos puntuales a la gestión libertaria por este u otros viajes presidenciales. Sí recordaron que la orden del entonces jefe de gabinete Marcos Peña, implementada por el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis (hoy diputado nacional de Pro y aliado de LLA), era “que no hubiera acompañantes de ministros o ministras” en las delegaciones oficiales.

El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), presentó un pedido de informes por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva. El legislador busca saber “si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó el diputado en su cuenta de la red social X. También el peronismo en Diputados pidió la interpelación del jefe de gabinete.

“Vengo una semana a deslomarme acá, quería que mi esposa me acompañe, pero no le sacamos un peso al Estado”, repitió Adorni a LN+ desde New York. “Comida y movilidad (de la esposa) salen de mi bolsillo”, respondió el jefe de gabinete, sin mostrar un detalle que pueda comprobar su ratificación.

Si el conflicto pudiera graficarse en un resultado futbolístico, hasta ahora estaría así: AFA 1 vs. Gobierno 6. Es una metáfora que eligen cerca de Claudio Tapia, presidente de la entidad de Viamonte, cuando recuerdan esa especie de gol de descuento que para ellos representó la repatriación del gendarme Nahuel Gallo, preso en Venezuela durante 448 días y liberado gracias a una gestión con la presidenta bolivariana, Delcy Rodríguez. Es decir, una jugada que desconcertó y hasta hizo enojar a muchos libertarios, pero que no alcanza para remontar todas las penurias de Tapia y su colaborador Pablo Toviggino en las causas judiciales por las que se los investiga.

Gallo emprendió su regreso a la Argentina el domingo 1° de este mes, minutos antes de que el presidente Javier Milei iniciara su discurso en la Asamblea Legislativa. Para un sector muy cercano al oficialismo, el que encabeza el empresario Leonardo Scatturice, vía no diplomática de acceso del Gobierno al mundo de los republicanos, fue directamente un bombazo, porque frustró la idea de tratar la liberación del gendarme en la reunión que Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvieron en Miami el sábado pasado. Es decir, seis días después del domingo en que se lo dejó libre por intercesión de la AFA. “Le arruinaron el anuncio a Milei, a Trump y a Patricia [Bullrich]”, se oyó esa tarde de ese lado libertario, que tiene llegada al entorno de Trump con independencia de lo que haga la Cancillería.

La liberación, celebrada entre los allegados a Tapia como “mexicaneada”, fue en realidad un sutil movimiento de piezas alentado por un sector de la oposición argentina que integran desde el abogado Franco Bindi, exasesor de la petrolera Pdvsa, hasta Oscar Laborde, exembajador de Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, y la diputada Marcela Pagano, que actuaron en conjunto con la AFA.

Trabajaban en el rescate desde enero de 2025, todavía con Nicolás Maduro en el poder, momento en que la relación diplomática entre la Argentina y Venezuela vivió una situación de especial tensión: se jugaba en Caracas el Campeonato Sudamericano sub 20 y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le recomendó públicamente al seleccionado argentino no ir. “¿Se puede hacer en Venezuela un sudamericano? Habrá que cambiar de sede, la Conmebol lo tendrá que pensar. ¿La Argentina va a mandar gente y chicos que nos pueden secuestrar? ¿Qué diferencia puede haber entre tener a un jugador de fútbol, que puede ser una pieza muy importante, y un gendarme? Lo pueden acusar de cualquier cosa: ‘Argentina mandó dentro de los jugadores de fútbol a uno que fue policía’, y a ése lo agarran. Entonces, es un riesgo”, dijo la ministra.

Pero Tapia desoyó el consejo: la Argentina no sólo fue a jugar sino que salió subcampeón, detrás de Brasil. Había ya un contrapunto de poder. Esa decisión fortaleció desde entonces la relación del sanjuanino con su par Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y miembro de la Conmebol. Giménez Ochoa, dirigente joven y ahijado político de Delcy Rodríguez, llegó a desempeñarse en el área financiera de Pdvsa.

Se alinearon entonces los planetas de la oposición: Bindi, que había sido abogado de Pdvsa y asesor de la provincia de Santiago del Estero, donde se hizo políticamente fuerte Toviggino, contó además con la colaboración Laborde, un exembajador con acceso a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. “Diplomacia parlamentaria”, definió la diputada Pagano. Todo, bajo un pedido expreso de los venezolanos: que no se enterara el gobierno argentino, algo fácil de conseguir por la ruptura de la relación entre ambas naciones.

Pero hay que remontarse a una noche concreta y cercana, la del jueves 26 de febrero pasado en el estadio Maracaná, Río de Janeiro, donde se jugó la final de la Recopa Sudamericana que Lanús le ganó a Flamengo, para encontrar el hito más decisivo de la gestión. Lo encabezaron Tapia y Giménez Ochoa en el palco y a través de una conversación telefónica con funcionarios venezolanos que le pusieron fecha a la liberación.

Había que resolver, por lo pronto, un inconveniente administrativo: con la vía diplomática interrumpida, ningún avión argentino está autorizado a aterrizar en territorio bolivariano. Y la solución apareció esa misma noche: se le pidió a la aerolínea Bayres Fly, que traslada habitualmente a Tapia, que enviara a Caracas lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “Notam”, que en sus siglas en inglés significa “Aviso a la misión aérea” o “Aviso al aviador”, según el caso (Notice to air mission o Notice to airmen).

Eso destrabó el trámite y Tapia llegó a evaluar seriamente viajar esa noche desde Río de Janeiro a Caracas para encabezar la delegación que acompañaría al gendarme. No lo hizo sólo por recomendación de sus abogados: estaba en el Maracaná con permiso del juez Diego Amarante, que sigue la causa en la que se investiga a la AFA por presunta retención de aportes e impuestos, y debía regresar al día siguiente a la Argentina. Ahí sí obedeció.

Volvió entonces a Buenos Aires con la intención de volver a pedir autorización para viajar el sábado 28 de febrero a Caracas. El argumento que presentó ante el juzgado no fueron la verdadera razón -la liberación de Gallo-, sino la firma de un convenio entre la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol en Caracas. “FIFA y Conmebol financian proyecto de la FVF con supervisión técnica de la AFA”, publicó la entidad de Venezuela en un comunicado en su página web.

Pero Amarante no lo autorizó a viajar y casi frustra todo. ¿Había que postergar el viaje? Imposible, porque para ya para entonces el gobierno de Delcy Rodríguez había dado la orden de sacar al gendarme de la cárcel del Rodeo 1, en el Helicoide. Eso hizo que ese sábado circularan en Caracas rumores de que estaba libre. Tapia decidió entonces enviar en su lugar a dos incondicionales: Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA -el famoso “secanuca”-, y Fernando Isla Casares, director de Protocolo y Ceremonial de la AFA y ex presidente de Estudiantes (Buenos Aires), también llamado “El Gaucho”. Ambos viajaron al día siguiente, el de la liberación, vuelo que volvió a requerir un “Notam”. Son los dos que aparecen en la foto de Gallo en el aeropuerto de Caracas, a punto de abordar el Bombardier Lear Jet 60 de Baires Fly que lo trajo a Buenos Aires.

Lo que pasó el domingo ya se sabe. Por la tarde, cerca de las 19, la AFA publicó la referida foto en su página web bajo el título “El fútbol, un puente humanitario: Nahuel Gallo regresa al país”, y la diputada Pagano lo replicó en su cuenta de Twitter. Hubo desconcierto en el Gobierno, múltiples interpretaciones y varios llamados. Pagano lo recordó al día siguiente ante las cámaras de LN+: “A mí me llamó alguien de la SIDE que conozco hace muchos años, eso es lo único que voy a decir, para preguntarme si lo que yo estaba escribiendo en mi tuit era así, y yo le dije la verdad”.

El regreso fue largo. Hubo una escala en Guayaquil, Ecuador, donde los pilotos aprovecharon para publicar en Twitter una foto en la que Gallo tenía puesta una camiseta del seleccionado argentino; otra en Arica, Chile, y aterrizaron cerca de las las 4.30 de la madrugada en Ezeiza. Ahí esperaban, por fin, los funcionarios argentinos: Bullrich; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. También efectivos de Gendarmería que cercaron el acceso y terminaron de convencer a Tapia, que hasta entonces había estado planeando una foto con Gallo, de ni molestarse en ir.

No bien la aeronave tocó la pista, dos efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria subieron y le dieron al exprisionero ropa y borceguíes. Gallo se sacó la camiseta, se puso el uniforme y salió a saludar a su familia. Lo esperaba una fanfarria de Gendarmería