Por estas horas, la Corte Suprema comenzó a analizar, por primera vez, el caso Vialidad por el que fue condenada a seis años de prisión al ex presidente Cristina Kirchner. La causa ya fue ratificada en segunda instancia por la Cámara de Casación y para que quede firme solo falta que defina el máximo tribunal. El escenario de análisis del caso se da en un contexto con un fuerte voltaje político. El lunes por la noche la ex presidenta anunció que será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral bonaerense en los comicios del 7 de septiembre próximo.

En ese marco la Corte ya analiza el expediente. Una de las quejas recurrentes de la ex vicepresidenta es que todos los recursos interpuestos en el caso Vialidad ante el máximo tribunal habían sido rechazados por falta de una sentencia definitiva. Esto significaba que nunca se habían estudiado los planteos porque consideraban que faltaban plazos procesales. Ya con el aval de la Cámara de casación la situación cambió y ahora la Corte puede estudiar todos los recursos de queja.

¿Qué significa? El expediente ya está bajo estudio en las res vocalías de la Corte Suprema, la de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los tres jueces analizan los planteos de las partes que se oponen, justamente, al criterio de Casación que convalidó la pena contra Cristina Kirchner. Asimismo, sobre los escritorios se encuentra el dictamen del Procurador General de la Nación.

“Está siendo estudiado”, es una expresión reiterada por estos días en los pasillos de la Corte con otra máxima que suele reiterarse cuando la política mira con particular atención las decisiones de los cortesanos: “La ansiedad de la política no marca el paso”.

En esta causa se investigaron las 51 licitaciones viales que los gobiernos kirchneristas concedieron -a través de circuitos irregulares según los fundamentos de la condena-, a Lázaro Báez quien mantenía sendos vínculos comerciales con Néstor y Cristina Kirchner. Direccionamiento de los procesos públicos, falta de control en el avance de obras, circuitos exclusivos de pago, sobrecostos, compulsas de precios donde el empresario competía contra sí mismo, procesos administrativos fraudulentos, fueron algunas de las maniobras corroboradas durante el juicio.

Después de dos años desde que se dictó la sentencia, la Cámara de Casación confirmó el fallo dejando de lado el reclamo del fiscal general, Mario Villar, que sostuvo que la ex vicepresidenta también debe ser condenada por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Tal acusación eleva la pena a 12 años de cárcel. El criterio que avaló Eduardo Casal.

Contra dicha confirmación se pronunciaron todos los imputados, pero el máximo tribunal penal consideró que es vía extraordinaria no debía habilitarse motivo por el cual, todos acudieron en queja ante la Corte.

Con el expediente consolidado tras conocerse la decisión del jefe de los fiscales, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, comenzaron el estudio del caso. Por delante se imponen, al menos, tres caminos.

En primer término podrán a través del artículo 280, rechazar la queja, es decir: ni siquiera analizar el planteo expuesto por las partes. Con esa decisión, inmediatamente, queda firme la decisión de la instancia anterior, que es la Casación y así, la condena sería de efectivo cumplimiento.

Como segunda alternativa, los cortesanos pueden abrir los recursos de queja para comenzar a trabajar en el estudio de las quejas manifestadas por las defensas.

De transitar por esta instancia, se deberá pedir a Comodoro Py el envío del expediente completo. Sin embargo, el resultado final puede ser el mismo: un rechazo a los recursos analizados. Con lo cual, también la sentencia condenatoria sería de efectivo cumplimiento.

Implica esa decisión, para la ex vicepresidenta, una eventual prisión domiciliaria por seis años, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A eso debe sumarse los decomisos aplicados en función del perjuicio ocasionado que se estipuló en 85.000 millones de pesos, cifra que el Tribunal pidió actualizar en caso de que se dé firmeza al fallo.

Con un criterio antagónico a esa línea, se encuentra lo que las defensas aguardan: que con la apertura de la queja y su posterior estudio, se anule la determinación de la Casación respecto al doble conforme otorgado a la condena por hechos de corrupción.

Existe una tercera posibilidad: una instancia “combinada” como algunos especialistas indicaron ante la consulta de Clarín. La Corte puede abrir los recursos de queja, rechazar todos menos el del Ministerio Público Fiscal. Acto seguido, se puede solicitar a la Cámara de Casación que estudie el reclamo del fiscal Villar que exige duplicar la pena de Cristina.

Sucede que en tal caso, se inicia otro recorrido judicial que demandará mucho tiempo. Una nueva sala del máximo tribunal penal deberá tomar el caso, ya que la interviniente (la número IV) ya fijó posición al respecto.

Quienes escudriñan las sentencias de la Corte y conocen de cerca su jurisprudencia, ven que esta última alternativa sería la menos probable.

Mientras ese calendario -sin plazos preestablecidos- corre, el electoral tiene fechas más acotadas. En julio cierran las listas para los comicios bonaerenses y Cristina Kirchner iniciará la campaña de cara a la jornada electoral del 7 de septiembre.

Tanto en el Poder Judicial como en algunos sectores de la política, hay voces que coinciden en plantear que la decisión de la ex vicepresidente de candidatearse mientras aguarda el fallo de la Corte Suprema, instaura un “escenario inédito”.

Acá también se abren algunos interrogantes. Cristina Kirchner encabeza la campaña electoral y ¿qué sucede si en el transcurso de la misma la Corte Suprema se pronuncia sobre el caso Vialidad, dejando firme el fallo?.

En ese caso “si la decisión de la Corte se conoce en pleno proceso de campaña electoral, sin que los comicios hayan ocurrido, no hay mayor debate al respecto, no podrá asumir porque tendría firmeza la sentencia que impide el ejercicio de la función pública”, explicó una fuente judicial a Clarín.

Si el calendario transcurre un poco más, otorgando el triunfo electoral a Cristina Kirchner en estas elecciones de medio término, y posterior a ello se conoce la decisión del máximo tribunal, “entonces, la Cámara de Diputados no debe tomarle juramento motivo por el cual, no podrá asumir”, explicó otra fuente judicial.

Una segunda posibilidad es que todo ocurra con tiempos aún más avanzados. Es decir: la ex vicepresidenta es electa, jura para asumir su banca y después de ese acto formal y oficial, falla el máximo tribunal.

“En esa circunstancia, es el propio Congreso el que debe expulsarla, retirarle los fueros para que el fallo se haga efectivo que tiene dos alcances inmediatos: la privación de la libertad y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”, explicó una fuente judicial con larga trayectoria en Comodoro Py.

Otro funcionario judicial que analizó este segundo escenario añadió: “Si llegara a asumir y después resuelve Corte, Cristina Kirchner debería renunciar por el mismo motivo: idoneidad moral por condena firme judicial”.

Lo cierto es que ante todos los escenarios que se abren, la discusión quedará saldada cuando los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti den a conocer su decisión sobre la sentencia condenatoria que pesa sobre Cristina Kirchner y que ya cuenta con un doble conforme.