El juez en lo penal económico Diego Amarante citó hoy a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez.

Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre » la gravedad de los hechos investigados» y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados.

Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial.

De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.

Un pedido de ARCA

La decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae.

De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social.

Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento.

La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido.

ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares.

La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco.

El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales.

La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas.

El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal.

La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido.

El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones.

Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral.

En una conversación en Infobae en vivo, Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, respaldó el capítulo que regula el trabajo en plataformas dentro del proyecto de modernización laboral enviado por el presidente al Congreso. “Nos manifestamos a favor del capítulo que regula el trabajo en plataformas, dentro del proyecto de modernización laboral”, afirmó Buenos, y explicó que la iniciativa surgió a partir de un proyecto del diputado Ritondo.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Buenos detalló el funcionamiento interno de Rappi: “Somos una plataforma de intermediación entre consumidores, comercios y repartidores, que son prestadores de servicios independientes. En diciembre del último año, 45 mil personas aceptaron y realizaron una entrega en Rappi. Y, si miramos todo 2025, fueron más de 150 mil personas. En la actualidad, la aplicación cuenta con 15 mil comercios, de los cuales el 80% son pymes».

La regulación laboral y el impacto en los repartidores de apps

Según Buenos, uno de los datos clave proviene de un informe del BID de 2024: “El 65% de los repartidores se conecta menos de tres horas al día en promedio. Es una actividad que utilizan en su enorme mayoría para complementar ingresos”. Consultado sobre el mecanismo de pago, detalló: “Las ganancias se generan por los pedidos que realizan y el 100% de las propinas. Se acredita en una cuenta bancaria todos los martes, correspondiente a la actividad de lunes a domingo”.

Respecto a cómo se compone el ingreso, Buenos aclaró: “La tarifa depende del día, la hora, las condiciones climáticas y el tipo de pedido. Si un repartidor toma un pedido en supermercado que le lleva más tiempo, la ganancia por ese envío es mayor”. Además, aseguró que “el seguro que cubre accidentes y gastos médicos es costeado por Rappi, y la reforma obliga a todas las plataformas a brindar este tipo de cobertura”.

El modelo independiente frente a la sindicalización y la formalización

Ante la pregunta sobre el vínculo contractual, Buenos sostuvo: “Firman un contrato de prestación de servicios. Cuando surgen discrepancias, conversamos con los repartidores para detectar mejoras. Hay focus groups, grupos de WhatsApp y oficinas de atención”. Sobre la posibilidad de negociación colectiva, afirmó: “No existe negociación colectiva en el sentido tradicional. Tomamos las devoluciones para mejorar la aplicación”.

La discusión se orientó luego a los ingresos de quienes trabajan a tiempo completo. “Un repartidor genera, en promedio, seis mil pesos la hora. Quienes trabajan ocho horas diarias pueden facturar alrededor de millón y medio de pesos al mes. Sin embargo, casi el 70% por ciento de los repartidores utiliza la app menos de 20 horas a la semana”, puntualizó.

Consultado sobre el efecto de la reforma laboral en la operatoria de Rappi, Buenos fue contundente: “Si la reforma avanza, será un impulso para Rappi Argentina. Cerramos 2025 con un crecimiento de poco más del 30% y para 2026 esperamos crecer 35% por ciento”. Atribuyó ese potencial a la existencia de reglas claras para una industria en expansión.

Los riesgos de la relación laboral plena y el fenómeno de la segunda fuente de ingresos

Buenos advirtió sobre los riesgos de exigir una relación laboral plena: “No sería viable. El caso de España tras la Ley Rider dejó un tercio de los repartidores afuera del sistema y la salida de empresas. Se perdió capacidad de respuesta y se afectó a los comercios chicos. Si esto se rigiera solo por empleados fijos, muchos no podrían seguir generando ingresos”.

Sobre el perfil del repartidor, Buenos describió un cambio: “Cada vez el repartidor promedio se conecta menos horas y hace menos pedidos. Es una segunda actividad para complementar ingresos o generar recursos en momentos específicos”. Aclaró que el modelo de Rappi permite administrar la jornada según las preferencias personales y que la ley exigirá a todas las plataformas respetar los descansos, sin penalizaciones.

El ejecutivo remarcó que la competencia entre plataformas obliga a mantener las tarifas: “Tenemos que sostener una propuesta de valor atractiva. No podemos bajar los ingresos si hay sobreoferta porque el repartidor elige a qué aplicación conectarse. Durante este año, los ingresos promedios acompañaron la inflación”.

Ante la posibilidad de limitar la cantidad de horas trabajadas, Buenos respondió: “Hoy no existe un mecanismo que impida trabajar más de dieciocho horas, pero tampoco vemos casos de ese tipo en la plataforma. En otros países, sí está regulado”.

Por último, enfatizó que “la enorme mayoría de los repartidores son los primeros en decir que no quieren una relación laboral fija. Si el sistema se rigiera solo por empleados fijos, muchos no podrían seguir usando las plataformas para generar ingresos”.

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