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El día que se rompió la Argentina: la historia nunca antes contada del Rodrigazo

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El nombre podía haber sido el de un galán de esas telenovelas que en los años 70 monopolizaban las tardes de la TV, esas que solo estaban dirigidas al público femenino. Era resonante y hasta un poco inverosímil, perfecto para un personaje de Alberto Migré. Celestino Rodrigo. Sin embargo, terminó siendo el de un villano: el autor de uno de los ajustes más brutales de la historia contemporánea, tanto que al poco tiempo ese paquete de medidas fue bautizado con su nombre: El Rodrigazo. Y así quedaría inmortalizado.

Celestino Rodrigo fue nombrado Ministro de Economía el 2 de junio de 1975. Era el tercero en pocos meses que tenía Isabel Perón (después de la renuncia de José Bel Glebard había estado a cargo de la cartera Gómez Morales).

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Leé también: Qué fue el “Rodrigazo” al que hizo referencia Javier Milei

Al día siguiente del nombramiento, la foto salió en todos los diarios, y motivó una larga nota en la revista Gente. En los vagones de madera de la Línea A, desde la estación Acoyte en Caballito hasta Plaza de Mayo. El futuro Ministro de Economía viajaba hacia su jura en subte. Que la escena quedara registrada no debe haber sido una casualidad. Debe haberse tratado del primer acto de comunicación de la nueva gestión económica. La imagen de alguien cercano al pueblo, pese al gesto severo y el traje, el aviso de un tiempo austero. De todas maneras, al terminar la jornada, Celestino Rodrigo no bajó al subsuelo del Ministerio de Economía para recorrer los pasillos que lo depositaban en el andén del subte para regresar a su casa. A partir de ese momento, ya sin fotógrafos, utilizó chófer y auto oficial. Unas pocas horas después ya no pudo volver a utilizar transporte público ni a caminar tranquilo por la calle.

Celestino Rodrigo tenía 60 años, era ingeniero industrial y llegaba como hombre de López Rega, que antes la había designado Secretario de Seguridad Social, aunque él haya reconocido que no sabía nada del tema. También fue puesto a cargo del proyecto de negocios con Libia, aprovechando que Gadafi se había fortalecido con el alza del precio del petróleo.

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Ese primer día en funciones no anunció ninguna medida concreta. Se limitó a señalar a sus enemigos: el terrorismo y los especuladores. Clamó para que los ciudadanos se volcaran al ahorro. Y dejó una definición sobre sí mismo que pensó sería un escudo suficiente para lo que vendría. “Soy peronista de la primera hora”, dijo.

En su mensaje inaugural avisó lo que se venía, aunque nadie quiso escucharlo: “Las medidas que vamos a implementar serán necesariamente severas. Y durante un corto tiempo provocarán desconcierto y reacciones. Pero el mal tiene remedio”. Como todo político, Rodrigo mentía y decía la verdad al mismo tiempo. Las medias fueron severísimas, su efecto se prolongó durante mucho tiempo y en vez de curar el mal, empeoró la situación de manera drástica, casi irreversible.

En su segunda jornada de trabajo mientras terminaban de definir el paquete de medidas y la manera de comunicarlo, algunos de los funcionarios recién llegados al equipo económico no podían creer la magnitud de lo que se venía, al principio creyeron que se trataba de un error, que habían entendido mal. En un descanso, Rodrigo se cruzó en uno de los pasillos a un periodista acreditado. Sin darle mayores precisiones, vaticinó: “Mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien”.

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Spoiler: no sucedieron ninguna de las dos cosas.

Tapas del diario Clarín durante el Rodrigazo. (Foto: Clarín)

Medio siglo atrás, el 4 de junio de 1975, en una concurrida conferencia de prensa (se había corrido el rumor en las últimas horas que lo que se venía era algo nunca visto), Celestino Rodrigo anunció su plan:

  • El dólar aumentaba de 10 a 26, se desdoblaba -además del oficial había un financiero y uno turístico: a 45, ese era el más alto-
  • Las tarifas aumentaban hasta un 80%
  • La nafta subía más del 175%
  • Pese a algunas promesas iniciales más generosas, el Gobierno clavó las paritarias en un máximo del 45%.

Fue un shock. Nadie imaginaba la magnitud de las medidas.

Para que la gente, los empresarios y el mercado se acostumbraran al nuevo panorama, se decretó feriado cambiario por 5 días: los bancos recién abrirían el 9 de junio.

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Hubo quejas, zozobra, remarcaciones galopantes y desabastecimiento.

Lorenzo Miguel se apresuró a conseguir unas paritarias generosas de 145%, pero el gobierno no las homologó. Así sucedió con cada uno de los gremios fuertes. Eso desencadenó algo inédito, algo que muchos creyeron que nunca verían: el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista. Ante la falta de respuestas, y con los diarios rebosantes de solicitadas enojadas firmadas por los más diversos sindicalistas, un par de semanas después, hubo un segundo paro de 48 horas.

En los primeros días, primó la desesperación. El sueldo había pasado en cuestión de horas a valer la mitad. El poder adquisitivo se había licuado. Con el tiempo hubo varios trabajadores que obtuvieron un beneficio impensado. Las cuotas del crédito con el que estaban pagando su propiedad se habían casi evaporado. Tanto era así que son muchos los que recuerdan que la última docena de cuotas las hicieron en un solo pago, en parte por la vergüenza de abonar tan poco y en parte porque el transporte hasta llegar a la oficina en la que habían pagado cada mes era (bastante) más caro que la cuota.

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Un recuerdo familiar: mi hermano estaba en segundo grado. El día posterior a los anuncios de Rodrigo, en el patio del colegio, en medio del partido de fútbol que se jugaba en cada recreo, un compañero lo detuvo y le preguntó si en su (nuestra) familia ahorraban en dólares. Mi hermano no supo qué responder, todavía convencido de que los únicos activos posibles eran las figuritas de los jugadores de Racing y la colección de muñequitos Jack. El compañero ante la duda de Diego le dijo: “Si no tienen dólares van a ser pobres muy pronto”. Apenas llegó a casa, mi hermano le preguntó a mi papá si teníamos dólares. Mi papá no dudó en mentirle y tranquilizarlo: “Por supuesto”, respondió y siguieron abriendo paquetes de figuritas juntos.

Gelbard, López Morales, Rodrigo: cómo se llegó al Rodrigazo

¿Cómo se había llegado hasta ahí? El plan de José Ber Gelbard -ministro de Economía de tres presidentes consecutivos distintos- del Pacto Social y de Inflación Cero había fracasado. Los precios y los salarios congelados, problemas productivos, déficit fiscal creciente, recesión, caída de reservas y emisión monetaria eran los ingredientes del cóctel explosivo. A eso había que sumarle la crisis del petróleo de 1973, la muerte de Perón, la inestabilidad y la incapacidad de Isabel Perón, la presencia ominosa de López Rega y la violencia desatada (los Montoneros en la clandestinidad, el ERP atacando, la Triple A cazando gente) en el país. A Gelbard lo siguió López Morales que quiso reflotar el plan trienal que aplicó -sin demasiado suceso- en los 50. Después desembarcó Celestino Rodrigo.

El Rodrigazo, más allá de sus historias particulares y de la coyuntura, marcó un cambio de paradigma. Los efectos fueron duraderos. Muy duraderos. Por un lado la inflación llegó para quedarse. A partir de 1975 la inflación anual de Argentina hasta 1992 fue, al menos, superior al 100% (muchos años superó esa cifra con creces); la única excepción fue 1986, no por el título de Diego en México, sino por los efectos fugaces del Plan Austral. Por el otro, El Rodrigazo es el momento en que comienza la incertidumbre, la falta de confianza, la idea del dólar como único refugio posible; a partir del Rodrigazo los argentinos se convencieron, entendieron, que las reglas de juego pueden cambiar en cualquier momento. En un artículo publicado hace unas semanas en el diario La Nación, Alejandro Poli Gonzalvo sostiene que el Rodrigazo marcó el fin del contrato social argentino, aunque pese al brutal cambio de condiciones nadie osó violar los contratos, todavía “la noción de que los contratos estaban para cumplirse y había que apechugar” se mantenía incólume.

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“El Rodrigazo no fue un ajuste más sino el momento bisagra entre dos tipos de país”, afirman Nestor Restivo y Raúl Dellatorre en su libro El Rodrigazo. El lado oscuro del ajuste que cambió la Argentina.

En esos días entre titulares que hablaban de aumentos, deudas, movilizaciones, paros, paritarias frustradas y demás nadie hablaba todavía de Rodrigazo. El término, se supone, lo acuñó el diputado tucumano Juan Carlos Cárdenas del partido Vanguardia Federal que en medio de un discurso enérgico calificó el paquete de medidas del ministro de economía como “Rodrigazo”.

El 30 de junio en medio de insistentes pedidos de interpelación del Congreso, Celestino Rodrigo habló al país por última vez. Trató de justificar las medidas que había tomado 26 días antes:”El plan no es solo un intento de salvar la emergencia: es la única salida posible para una instancia dramática de riesgo creciente. Dramática, debido a la ausencia de reservas, a la especulación desenfrenada, a las pautas de consumo sin límite, a una inflación acelerada y desordenada y a un déficit fiscal astronómico…”

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Rodrigo debió renunciar a los 49 días, aunque todas las fuentes coinciden en que su suerte estuvo sellada varios días antes; había vaciado su despacho y se había despedido de su gente pero oficialmente seguía a cargo porque al gobierno le costaba encontrar a su sucesor. López Rega, en simultáneo, escapó del país. Mientras tanto el gobierno homologaba paritarias muy superiores a las autorizadas por el Ministerio. En medio del descontrol asumió Pedro José Bonanni que también había sido ministro de Perón en el 55. Bonanni en una de sus alocuciones iniciales fijó 11 objetivos de su gestión. Pero se apresuró a aclarar que no tenía idea cómo lograrlos en ese contexto, así que convocó a quienes le podían dar una mano o aportar ideas. Bonanni solo duró 20 días al frente del Ministerio.

Durante la Dictadura, Rodrigo estuvo preso durante cuatro años, de 1977 a 1981. Fue acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público y de malversación de fondos en la causa de la Cruzada de la Solidaridad Justicialista.

Celestino Rodrigo murió a finales de 1987. Tenía 72 años. Cada tanto daba entrevistas y trataba de defender las medidas de shock y sus 49 días al frente del Ministerio de Economía. Intentaba convencer a la población de que su actuación no había sido equivocada. Nunca lo logró.

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crisis, Inflación, Peronismo

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Javier Milei informó un patrimonio de $206 millones en su nueva declaración jurada

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El presidente Javier Milei informó un patrimonio de 206 millones de pesos en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). El mandatario declaró los mismos bienes muebles e inmuebles que presenta en sus informes públicos desde que era diputado nacional: un departamento en la Capital Federal y dos vehículos.

Su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, declaró $11 millones.

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El jefe del Estado elevó en un 64% su patrimonio, que llegó a los $206.046.375,48. El aumento se debe a la revaluación de sus bienes. Cuenta con una propiedad de 100 metros cuadrados, en la Capital Federal, valuada en $38.419.071,20, que tiene desde el año 2000. Los dos vehículos que declaró ingresaron a su patrimonio en los años 2013 y 2019: son un Peugeot CRZ Coupé, modelo 2013, valuado en $16.254.200, y una camioneta Mercedes Benz Sprinter, modelo 2015, cotizada en $20.173.600.

Milei declaró que cuenta con US$20.000 en efectivo, el mismo monto que expuso en su declaración anterior (expresados en pesos en la declaración, son $20.580.000). En depósitos en el país, el Presidente tiene US$65.542,49.

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En el período fiscal anterior, Milei había informado un patrimonio de $125.640.891,45. En 2024, sumó $80.405.484 a la valuación de sus posesiones.

Karina Milei, en tanto, declaró un patrimonio de $11.401.021,93. En 2023, había informado ante la OA posesiones por $3.548.270,42. También por efecto de la revaluación de sus bienes, el valor de su patrimonio se triplicó.

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La secretaria general de la Presidencia cuenta con un departamento de 150 metros cuadrados, con cochera, en la localidad bonaerense de Vicente López, valuado en $3.992.825,14. En 2023, esa propiedad se declaró en $1.833.559.

La hermana del Presidente no declarar dólares ni en efectivo ni tampoco depositados en el país. Tiene $4.260.081 pesos en una caja de ahorro, y un crédito impositivo de poco más de 2,4 millones de pesos.

Según las declaraciones juradas del período 2023, los funcionarios más acaudalados del Gobierno son el canciller, Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Werthein declaró $85.553.932.433,86; Caputo, $15.951.090.088,02, y Cúneo Libarona, 12.242.817.159,25. Milei figuraba en ese listado en el octavo puesto.

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La Oficina Anticorrupción, que maneja de las declaraciones juradas, tiene como jefe a Alejandro Melik. Él fue denunciado por los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, por haber firmado una resolución en la que se desliga al Presidente de toda responsabilidad en el caso de la criptomoneda $LIBRA.


El mandatario,SOLO EN OFF. LOS LIBERTARIOS CELEBRAN “ESTAR DE MODA” EN ESTADOS UNIDOS Y ACOPIAN INVITACIONES PARA MILEI,Javier Milei,Karina Milei,Oficina Anticorrupción (OA),Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,Desafío al Gobierno. Llaryora anunció un aumento del 84% para las jubilaciones mínimas y la entrega de un bono de $100.000,,Análisis. Milei, en modo electoral

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Modificaron la estructura del Ministerio de Defensa y creó una dirección para la flota aérea presidencial

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El presidente Javier Milei firmó el Decreto 514/2025 que introduce cambios en la estructura organizativa del Ministerio de Defensa. La medida, refrendada por el ministro Luis Petri, afecta la administración y operación de la flota aérea presidencial y redefine funciones clave dentro de la cartera de Defensa.

La decisión principal del decreto consiste en modificar el Decreto 729/2024, que establecía la estructura organizativa del Ministerio de Defensa.

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Entre los cambios más relevantes, se incorpora la Dirección General de Funcionamiento y Mantenimiento de la Flota Aérea Presidencial bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa.

Esta nueva dirección asume la responsabilidad primaria y las acciones vinculadas al funcionamiento y mantenimiento de los aviones presidenciales, en línea con la transferencia de la custodia de la flota dispuesta por el Decreto 377/2025.

Javier Milei firmó el Decreto 514/2025 que introduce cambios en la estructura organizativa del Ministerio de Defensa (REUTERS)

El decreto también sustituye y redefine las funciones de la Dirección General de Administración para la Logística, así como las acciones de la Dirección de Supervisión Logística Operativa y la Dirección de Planeamiento de Compras, todas dependientes de la Dirección Nacional de Planeamiento Operativo para la Defensa.

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Además, incorpora y homologa nuevos cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), lo que implica la creación y adecuación de puestos de conducción en el Ministerio de Defensa.

El texto oficial señala que la medida responde a la necesidad de “efectuar las correspondientes adecuaciones a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo del citado Ministerio e incorporar y homologar diversos cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)”.

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Además, en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 512/2025, mediante el cual el Gobierno aprobó una nueva estructura organizativa para el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y eliminó cargos extraescalafonarios. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La medida, que afecta directamente a la conducción y funcionamiento del organismo, deroga cargos extraescalafonarios creados en 2016 y otorga nuevas facultades al titular del ente.

El ENACOM, organismo autárquico y descentralizado, depende actualmente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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La nueva estructura organizativa reemplaza la aprobada en 2016 y suprime los cargos de Coordinador General de Asuntos Ejecutivos y Coordinador General de Asuntos Técnicos, ambos con rango y jerarquía de subsecretario, creados por el Decreto 914/2016.

Los detalles de la nueva estructura y las responsabilidades asignadas se encuentran en los anexos publicados en la edición web del Boletín Oficial.

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El artículo 2 faculta al titular del ENACOM a aprobar la estructura organizativa de nivel inferior, previa intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta que se complete la reestructuración, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior, con sus acciones y dotaciones actuales, según lo dispuesto en el artículo 3.

El decreto deroga expresamente el artículo 1° de la Decisión Administrativa 682/2016 y el artículo 2° del Decreto 914/2016, eliminando así la base normativa de los cargos extraescalafonarios.

La medida fue adoptada tras la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto, así como del servicio jurídico correspondiente. El decreto aclara que la reestructuración “no implica incremento en la cantidad de unidades organizativas que conforman la Administración Pública Nacional”.

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El gasto que demande la implementación de la nueva estructura será atendido con los créditos asignados a la Entidad 207 – ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, según el artículo 6 del decreto.

La decisión se fundamenta en la necesidad de “optimizar la gestión del citado Organismo”.

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Anniversaries,South America / Central America,BUENOS AIRES

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El Gobierno avanza con privatizaciones, pero el Congreso no activa la comisión encargada de controlarlas

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El Gobierno acelera la venta de empresas públicas, pero el Congreso todavía no activó la única herramienta institucional prevista para monitorear el proceso: la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. A más de un año de sancionada la Ley Bases -que habilitó la venta de seis compañías estatales- el órgano parlamentario nunca fue constituido.

La comisión debería estar integrada por doce legisladores: seis senadores y seis diputados, designados por sus respectivas cámaras. En Diputados, los representantes ya están definidos: Victoria Borrego (Coalición Cívica), Florencia Carignano y Ana María Ianni (Unión por la Patria), Pablo Cervi (UCR–Liga del Interior), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza) y Diego Santilli (Pro).

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En el Senado también hubo avances. Ya fueron formalizados Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Pero el conflicto se desató cuando Unión por la Patria pidió tres lugares para Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Alicia Kirchner. Desde la presidencia del Senado -a cargo de Victoria Villarruel– exigen que reduzcan la representación a dos. El desacuerdo mantiene bloqueado el funcionamiento del órgano que debería recibir información clave, coordinar con organismos de control, emitir dictámenes y supervisar la transparencia de cada proceso de privatización.

Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, de Unión por la PatriaHernan Zenteno –

En medio del estancamiento, oficialismo y oposición se acusan mutuamente: desde La Libertad Avanza responsabilizan al kirchnerismo por haber enviado más nombres de los que les corresponden, mientras que desde UP denuncian que el Gobierno busca recortarles representación. La disputa se arrastra desde el año pasado, cuando se repartieron los lugares de las comisiones.

En otros casos, la presidencia del Senado resolvió diferencias similares tomando los primeros nombres de las listas y dejando afuera el excedente. Pero esa voluntad política no se aplicó en este caso.

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Durante el último informe del jefe de Gabinete, Juan Carlos Romero -integrante de la comisión y aliado habitual del oficialismo- apuntó directamente contra el Congreso por la demora. Señaló que la bicameral “estuvo mucho tiempo sin funcionar”, pero recordó que incluso en los años ’90, “que para muchos fue la peor época de privatizaciones”, la comisión sí operó. “Es un mecanismo para recibir información -explicó-. Incluye emitir dictámenes no vinculantes, pero le permite al Congreso tomar conocimiento de los actos administrativos”.

Romero aseguró que ya están dadas las condiciones para su constitución: “Diputados envió los integrantes, el Senado tiene los suyos, y ya vamos casi dos años de mora”. Según dijo, le comentaron que “el bloque oficialista está pidiendo no constituirla” y advirtió que “a nadie le gustan las críticas, pero esa es la labor de la oposición”.

El senador salteño, Juan Carlos RomeroHernan Zenteno –

El bloqueo de la comisión se suma a otro vacío institucional: la Auditoría General de la Nación (AGN) -organismo encargado de evaluar legal y financieramente cómo se dio cada privatización- está prácticamente inactiva. Desde abril, carece de integrantes: seis de sus siete auditores tienen el mandato vencido. El Congreso aún no logró acordar los nuevos nombramientos, y la parálisis mantiene decenas de auditorías frenadas.

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La AGN tiene un doble rol en el proceso. Por un lado, el control posterior de cada operación. Por otro, una función de colaboración permanente con la Comisión Bicameral mientras las privatizaciones están en marcha. Sin uno ni otro funcionando, el Congreso mira de costado mientras el Poder Ejecutivo avanza con la venta de activos del Estado.

En este escenario de control ausente, el Ejecutivo ya inició procesos de privatización sobre las empresas que se habilitaron en la Ley Bases:

Hasta ahora, la única operación cerrada fue la venta de Impsa, la metalúrgica mendocina estatizada en 2021. El grupo estadounidense Arc Energy adquirió el 85% del paquete accionario por US$27 millones y asumió una deuda de US$576 millones.

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Reacciones opositoras

Frente a la avanzada oficial, legisladores de Unión por la Patria comenzaron a presentar iniciativas para frenar -o al menos condicionar- las privatizaciones. En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro propuso blindar a AySA mediante una serie de reformas que incluyen la exclusión de la empresa de cualquier proceso de venta, la exigencia de mayorías agravadas para modificar su objeto social y la derogación de los decretos que habilitan su privatización.

“AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias”, advirtió el exministro del Interior. Sus proyectos también rechazan la posibilidad de suspender el servicio por falta de pago y sostienen que el acceso al agua es un derecho humano garantizado por compromisos internacionales.

En la Cámara baja, la diputada Victoria Tolosa Paz acusó al Gobierno de haber deteriorado deliberadamente el funcionamiento de la empresa para justificar su privatización. “El gobierno de Milei redujo al mínimo el funcionamiento de la empresa, paralizó las obras y eliminó los controles de calidad, para que el servicio sea malo y así poder venderla más barata a sus amigos”, sostuvo. Junto a otros legisladores del bloque presentó un proyecto que rechaza los decretos del Poder Ejecutivo por considerar que vulneran el Convenio Tripartito entre la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional que establece el marco para la provisión de agua potable.

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venta de empresas públicas,pic.twitter.com/o4ba8cGcRZ,July 26, 2025,pic.twitter.com/mgqaCYbdnk,July 23, 2025,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Interna. Dos viejos enemigos que supieron ser aliados se enfrentan por el control del gremio legislativo,,Destino de veto. El Congreso envió al Poder Ejecutivo las leyes sancionadas en la sesión autoconvocada del Senado,,Leyes nobles, financiamiento insuficiente

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