El gendarme argentino Nahuel Gallo fue trasladado anoche del penal de El Rodeo 1, donde permanecía detenido de forma ilegal desde diciembre de 2024, y hasta la tarde de este domingo su paradero era desconocido. La información fue confirmada a Infobae por al menos tres fuentes interiorizadas en la situación, quienes señalaron que tanto la familia del uniformado como autoridades del Gobierno argentino fueron notificadas del sorpresivo movimiento.

La primera señal sobre su salida del penal surgió desde el interior del complejo carcelario ubicado en el Estado de Miranda, en las afueras de Caracas. Familiares de detenidos que se comunican con los detenidos mediante gritos que logran traspasar los muros pudieron grabar la novedad que surgió de El Rodeo 1.

Internos lograron transmitir que “el argentino” había sido “liberado”. Sin embargo, lo que se confirmó posteriormente es que Gallo fue retirado de El Rodeo 1, aunque no existe constancia oficial de que haya recuperado la libertad. Las fuentes consultadas indicaron que se trató de un traslado con destino incierto.

No hubo comunicación pública por parte de las autoridades venezolanas. Tampoco el Gobierno argentino recibió, hasta el momento, una notificación formal que precise el lugar al que fue llevado ni el estado en el que se encuentra. El hermetismo oficial se mantiene en ambos lados.

Las mismas fuentes no descartaron que Gallo haya sido derivado a dependencias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo de inteligencia militar venezolano que depende del Ministerio de Defensa y que interviene en causas vinculadas a seguridad del Estado, presuntos delitos políticos y supuestos casos de conspiración. En antecedentes recientes, otros extranjeros detenidos en Venezuela fueron trasladados a la DGCIM -donde manda Diosdado Cabello– antes de concretarse su liberación o su expulsión del país. No obstante, en el caso del gendarme argentino no existe confirmación oficial de que ese sea su destino.

Nahuel Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y a su hijo pequeño, Víctor. Según la información reconstruida por Infobae, el arresto se produjo cuando cruzaba la frontera con documentación en regla y sin que pesara sobre él ningún pedido de captura internacional.

Tras su detención, el régimen venezolano lo acusó públicamente de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada. Las imputaciones fueron formuladas en declaraciones públicas por entonces dictador venezolano Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora. Sin embargo, hasta el momento no se conoció la apertura de ningún proceso judicial formal en su contra, ni la existencia de una acusación con sustento probatorio presentada ante un tribunal competente.

Desde su arresto, Gallo permaneció incomunicado durante más de un año. No contó con asistencia consular argentina ni con defensa legal independiente designada por su familia. Tampoco hubo acceso regular a visitas. El caso fue denunciado por el Gobierno argentino como una detención arbitraria y como una violación a garantías básicas del debido proceso.

Durante su permanencia en El Rodeo 1, Gallo compartió condiciones de reclusión con otros detenidos considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos. El penal es señalado por familiares y ONG por el régimen de aislamiento, las restricciones a las comunicaciones y la falta de información oficial sobre la situación procesal de los internos.

La semana pasada se produjo un hecho relevante: después de varios días de huelga de hambre, Gallo logró comunicarse telefónicamente por primera vez con María Alexandra Gómez. Fue el primer contacto directo tras más de un año sin comunicación. La llamada se produjo en el marco de una protesta iniciada por detenidos en El Rodeo 1, quienes reclamaban mejoras en las condiciones de detención y definiciones sobre su situación jurídica.

Según relató su entorno, Gallo se había sumado a la huelga de hambre como medida extrema ante la falta de avances en su caso. La protesta incluyó la negativa a ingerir alimentos durante varios días. La familia expresó preocupación por su estado de salud, dado el prolongado aislamiento y la ausencia de controles médicos independientes.

El traslado ocurrido en las últimas horas se dio pocos días después de esa comunicación telefónica. No existe información oficial que vincule ambos hechos, pero la secuencia temporal incrementó la incertidumbre en su entorno familiar.

Hasta la tarde de este domingo, no se confirmó si Gallo continúa bajo custodia estatal, si fue derivado a otra unidad de detención o si se encuentra en alguna sede de inteligencia. Tampoco hubo precisiones sobre si el traslado forma parte de un procedimiento administrativo previo a una eventual liberación o si responde a otra decisión interna del aparato de seguridad venezolano.

En la Argentina, el Gobierno fue notificado del movimiento, aunque sin detalles. Hasta ahora, siguen el caso a través de canales diplomáticos indirectos, sobre todo de Estados Unidos. Desde la detención, la Cancillería argentina realizó presentaciones formales exigiendo información sobre su paradero y condiciones de detención, sin obtener respuestas completas.

La familia de Gallo mantiene contacto con autoridades argentinas y continúa reclamando información precisa. La expectativa generada por los gritos escuchados desde el penal —que hablaban de una supuesta “liberación”— fue rápidamente moderada al confirmarse que solo se trató de un traslado.

El caso acumula más de 450 días desde el arresto inicial. Durante ese período no se difundieron documentos judiciales que acrediten una acusación formal ni se informó sobre la realización de audiencias. Tampoco se permitió el acceso regular de representantes consulares argentinos, lo que constituye una vulneración de estándares internacionales en materia de protección consular.

El silencio oficial del régimen venezolano se mantiene. No hubo comunicados del Ministerio Público, del Poder Judicial ni de organismos de seguridad que expliquen el estado procesal del gendarme argentino. Del lado argentino, la postura oficial ha sido exigir su liberación y denunciar la falta de garantías.

El traslado desde El Rodeo 1 abre un nuevo capítulo en el caso, pero no aporta certezas. Sin confirmación sobre su destino, sin comunicación oficial y sin documentación judicial pública, la situación de Nahuel Gallo continúa envuelta en opacidad. La única información verificada hasta el momento es que fue retirado del penal donde permanecía detenido desde diciembre de 2024 y que, hasta ahora, su ubicación no fue informada oficialmente.

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El Presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen), que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, apuntó el mandatario nacional.

En un escrito titulado como “Batalla cultural”, el Presidente finalizó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Confesión y polémica

Hace dos días, Roberto Méndez (CEO de Neumen), a quien Milei lo definió como “el Señor Lengua Floja”, reconoció que, antes de la desregulación del mercado, los neumáticos tenían precios elevados y que las empresas del sector lograron márgenes de ganancia muy altos debido a la remarcación de precios, facilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, confesó en una entrevista con el streaming Ahora Play.

Méndez valoró la propuesta de Federico Sturzenegger sobre exigir a las empresas una rentabilidad acorde, cercana al 20%. “En un momento, aplicábamos márgenes del 60 al 70%”, afirmó.

Con 42 años de experiencia en el rubro, Méndez detalló que su empresa emplea a 520 personas y cuenta con 40 sucursales en todo el país. Además, consideró que la rentabilidad bruta, antes de impuestos, no debería ser inferior al 22% en Argentina, debido a que la carga impositiva local es mucho mayor que en Europa o Estados Unidos. Según Méndez, ese porcentaje resulta indispensable para sostener la actividad.

Al poco tiempo, Milei se hizo eco de las declaraciones y contestó desde sus redes sociales: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

“Casualidad cero”

Otra mención que hizo el presidente fue hacia Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar), a quien nombró como “Don Gomita Alumínica”.

Hace poco más de una semana, la empresa Fate anunció el cierre definitivo de su planta (ubicada en la localidad bonaerense de Virreyes), que dejó como consecuencia el despido de 920 empleados y el freno de su producción de neumáticos.

La acción surgió en medio del debate y la discusión por la Reforma Laboral, algo que el gobierno no dejó pasar por alto. “Casualidad cero”, sentenció el mandatario al enterarse del fin de la histórica marca. En la misma sintonía se había expresado el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Fue sugestivo, nosotros entendemos que detrás de eso hubo una complicidad con la vieja política”.

Sin embargo, no fue el único cruce. El último lunes, el Gobierno eliminó el arancel antidumping del 28% aplicado a las hojas de aluminio importadas desde China. Esta medida, solicitada en 2020 por Aluar —el mayor productor nacional del sector y también propiedad de Madanes Quintanilla—, había sido establecida durante la gestión de Alberto Fernández por un período de cinco años, con vencimiento previsto para el 5 de marzo.

Luego de revisar un informe técnico elaborado por el área de Comercio Exterior, las autoridades concluyeron que no se detecta margen de dumping en las exportaciones del producto bajo análisis hacia la Argentina.

Con el vencimiento del arancel, Aluar solicitó la reapertura del análisis para extender la medida, pero el Gobierno rechazó el pedido. La compañía puede apelar la decisión ante el Ministerio de Economía y, en última instancia, ante la Jefatura de Gabinete. Solo después de agotar estas vías administrativas podría recurrir a la justicia.

La disputa por la apertura de las importaciones

“Don Chatarrín de los Tubitos Caros” es la referencia de Milei hacia el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca. Es que, a fines de enero, la adjudicación a la empresa india Welspun para proveer tubos para el gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro provocó un enfrentamiento público entre ambos dirigentes.

Javier Milei respaldó la apertura de importaciones y criticó a quienes se oponen, sugiriendo que las objeciones responden a intereses particulares. “La nueva Argentina”, afirmó el presidente. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablando de la industria del acero y de los supuestos perjuicios de la apertura, ya sabés quién les paga…”, señaló.

Posteriormente, dirigió sus críticas a Rocca al cuestionar a quienes defienden “a Don Chatarrín de los tubitos caros”. De esta manera, el Gobierno decidió no aplicar medidas antidumping y descartó establecer barreras comerciales adicionales.

A inicios de este mes, Rocca publicó una carta en la que respondió a las críticas por anunciar que presentaría una denuncia antidumping contra la empresa india Welspun, adjudicataria del contrato. Además, defendió la importancia de la industria nacional y pidió establecer un diálogo con la administración libertaria para fortalecer la competitividad del sector industrial.

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