POLITICA
Coparticipación | Los gobernadores esperaban una recuperación más rápida que impactara en sus ingresos
CÓRDOBA.- La decisión de los 24 gobernadores de reunirse ayer en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) estuvo impulsada por la propia proyección de que cerrarán el año con una caída real interanual de la coparticipación del 4%. A eso se le suma que las transferencias que dependen de la decisión de la Casa Rosada, mejoran respecto al 2024 (23,6% más en mayo sin los extras a CABA por el amparo), cuando fueron bajísimas, pero siguen por detrás del 2023.
Un análisis privado de los datos revela que el escenario que enfrentan las provincias es “más complejo” que el que se esperaba.
Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, apunta que los principales impuestos coparticipables “no logran repuntar con la fuerza esperada». Dijo: “Se espera que el crecimiento de la actividad repercuta en recaudación, pero eso no viene sucediendo”. En cambio, los recursos que sí crecen -como los provenientes de Leyes Especiales o de la la Compensación del Consenso Fiscal- tienen un peso marginal en el global de las transferencias directas como sostener estructuralmente una tendencia al alza.
“La recuperación de los ingresos automáticos sigue pendiente, y con ella, la capacidad de las provincias para ejecutar políticas públicas sin tensionar aún más sus finanzas”, sostiene el economista, quien agrega que hacia finales del 2024 los mandatarios proyectaban un “salto más fuerte, por ejemplo, del IVA” lo que se suma a medidas fiscales tomadas por Nación, como la modificación del régimen de retención del IVA.
En el acumulado enero-mayo, el IVA recuperó un 1,1% real interanual, un rebote mucho más débil de lo esperado mientras que Ganancias cae más de lo previsto e Internos no logran mejorar. Los “otros coparticipados” registran una suba de 24,1% real, pero representan menos del 1% del total distribuido, por lo que su impacto es marginal.
Su cálculo coincide con el que baraja el CFI: de mantenerse el comportamiento de lo que va del año, las transferencias automáticas podrían caer hasta 4% en términos reales respecto al 2024, cuando perdieron 10% interanual real.
El año pasado estas transferencias representaron el 45,5% de los ingresos totales de las provincias y el porcentaje se eleva al 49,8% si se excluye a CABA. Claro que la realidad es heterogénea: La Rioja, Formosa y Catamarca tienen una dependencia que ronda el 80% y en otras 12 jurisdicciones representa más del 50%.
Ese nivel de dependencia, señala Pegoraro, es el que abre interrogantes sobre la “sostenibilidad de los presupuestos” provinciales en el mediano plazo ya que muchas quedan expuestas a “los vaivenes de la recaudación nacional y a decisiones de política tributaria que no controlan, pero que las afectan directamente”.
“La falta de recuperación genuina de la coparticipación vuelve a instalar una tensión interjurisdiccional latente, donde los gobernadores reclaman previsibilidad y resguardo fiscal, mientras que la Nación busca preservar sus propios equilibrios”, sintetiza.
En mayo, las transferencias no automáticas pagadas subieron 106,8% respecto a igual mes de 2024 por la distorsión que genera CABA al recibir pagos del cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema. Sin ese factor, la suba fue de 23,6%.El segundo peor mayo en 20 años.
El acumulado de los primeros cinco meses creció 203,7% real interanual (también traccionado por CABA; si no, fue de 47,9%).
Los ATN distribuidos suman $ 80.500 millones; 22% del Fondo ATN. El mayor reparto entre enero y mayo en los últimos tres años.
Por provincias, Neuquén es la que concentra, hasta la fecha, el mayor volumen de ATN con $15.000 millones en lo que va del año (pagos en febrero, marzo y abril); le sigue Buenos Aires, con $10.000 millones (en marzo); Salta, con $9500 millones (dos pagos en abril y mayo), y Santa Fe, con $9000 millones (dos pagos en abril y mayo).
Más atrás quedan Chubut ($7000 millones), Río Negro y Tucumán ($5000 millones en cada caso), Santa Cruz ($4500 millones), San Juan ($4000 millones), Entre Ríos, Mendoza y Misiones ($3000 millones cada una). Cierra Chaco con $ 2500 millones.
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para evaluar un paro general durante el debate de la reforma laboral en Diputados
Tras la aprobación en el Senado de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, la conducción de la CGT resolvió convocar de urgencia a su Consejo Directivo. La cita será este lunes y tendrá como eje analizar una medida de fuerza que comenzó a ganar respaldo interno: un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados inicie el debate del proyecto promovido por Javier Milei.
En el Congreso, mientras tanto, los bloques opositores reconocen que no reúnen los votos necesarios para frenar la iniciativa en la Cámara Baja. Ante ese escenario, evalúan estrategias orientadas a dilatar el tratamiento y aumentar el costo político para el Gobierno.
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La reunión de la central obrera está prevista para las 16 y se realizará de forma virtual, ya que varios dirigentes se encuentran fuera de la Capital por el fin de semana largo. La convocatoria se aceleró a partir de las presiones de distintos sectores sindicales que reclaman una respuesta más contundente frente a la reforma, al considerar insuficientes las movilizaciones realizadas hasta ahora.
En un primer momento, los cotitulares de la CGT —Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— evaluaban reunir al Consejo Directivo recién hacia mitad de semana. Sin embargo, en las últimas horas optaron por anticipar la convocatoria ante las señales de varios referentes gremiales que impulsan un paro de 24 horas como forma de profundizar el rechazo al proyecto.
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La presión sobre la CGT por la reforma laboral
Según deslizan desde el propio ámbito sindical, el triunvirato no estaba convencido de avanzar con una huelga general. No obstante, advirtieron que en distintos gremios comenzaba a tomar forma la idea de un cese de actividades, lo que podría haber dejado a la central obrera desfasada si no asumía la conducción de la medida. De todos modos, aseguran que la definición se debatirá con intensidad en la reunión de este lunes.
Horas antes, el titular de la UOM, Abel Furlan, presionó a la CGT para que convoquen a un paro general en rechazo a la reforma laboral. “La CGT estuvo negociando con el Gobierno. Nosotros tenemos una opinión muy personal: no había nada para negociar en esos 213 artículos, porque presentan una pérdida de dignidad para los trabajadores. Había que rechazarlo de manera absoluta”, deslizó el dirigente a Futurock.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le hicieron el mismo reclamo a la central obrera. “Estamos pidiendo que la CGT convoque a un paro. Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para llamar a una huelga general”, afirmó a TN, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Otro de los sindicatos combativos es la Federación de Aceiteros y su titular, Daniel Yofra, se sumó al reclamo de la UOM y ATE. Ante la consulta de si la CGT debe convocar a una huelga, Yofra respondió: “Ojalá que despierten antes del tratamiento de la ley en Diputados y larguen un paro. No hay posibilidades de frenar una ley como esta, si no hay un plan de lucha”.
CGT, reforma laboral, Diputados
POLITICA
El bloque libertario conducido por Bullrich admite ahora que sumó a último momento el cambio en las licencias, pero dice que “no se entendió”
Tras la nota de que mostró el desconcierto en el Gobierno sobre un cambio de último momento en la reforma laboral que permite reducir los salarios en casos de licencias, desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), conducido por Patricia Bullrich, admitieron que allí se gestó la decisión de sumar el artículo.
Las limitaciones a las licencias motivaron críticas de aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde debe ahora ser tratado el proyecto.
Sin embargo, en el bloque libertario del Senado argumentaron que «no se entendió» cómo será la aplicación, que estuvo “mal interpretada” y que no busca quitar derechos laborales, sino que la intención es “terminar con las mafias” de las “licencias truchas” y escuchar el “ruego” de dueños de Pymes y de un grupo de jueces laborales.
Los cambios que reducen el porcentaje de pago de las licencias –del 100% actual al 75% o 50%, de acuerdo a las circunstancias- no estaban en el texto original que firmó el presidente Javier Milei.
Sin embargo, la modificación fue sumada a la media sanción aprobada del Senado, con el voto a favor de los aliados.
En el Gobierno, el viernes, tomaron distancia del cambio e incluso dijeron que debería haber sido idea de algún “senador”, mientras que los legisladores que colaboraron con la aprobación apuntaron directamente al oficialismo.
Este sábado, en diálogo con , desde el bloque libertario se hicieron cargo de haber incluido en el proyecto el artículo 44, del capítulo VII, con los cambios en el régimen actual de licencias.
“La introducción fue por pedido de jueces laboralistas razonables y por el ruego de los empresarios Pymes”, indicaron en la bacada conducida por Bullrich.
Ese grupo de magistrados, según el oficialismo, habría asesorado a La Libertad Avanza en el devenir de la reforma oficialista, cuyas conversaciones llevó adelante Bullrich en la Cámara alta. “Estamos para terminar con las mafias”, acotaron desde el bloque y dijeron: “Lo introdujimos con Legal y Técnica”.
El texto, aprobado en el Senado y en tránsito a Diputados, dice así: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera».
El artículo agrega que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente».
Según las fuentes del bloque que hablaron con , el texto “se entendió mal” por el “bajo conocimiento de derecho laboral”. Dijeron que, en realidad, lo que supuestamente quiere expresar es que la baja en los haberes se hará desde los tres meses y desde los seis meses de licencia, de acuerdo a cada caso. Además, se mostraron abiertos a que si hay que realizar más aclaraciones, se puedan incluir en la reglamentación de la ley o en el convenio colectivo de la actividad.
La cuestión generó un escándalo desde el momento mismo en que el miembro informante, el senador libertario de Chaco, Juan Cruz Godoy, sumó el apartado en plena sesión. Según pudo reconstruir , el agregado apareció en las conversaciones entre oficialismo y aliados durante la última etapa de negociaciones en el Senado.
En un primer momento, el kirchnerismo -que votó en contra- lo denunció. Después, el ministro Federico Sturzenegger fue a Radio Mitre y debió explicar de qué se trataba, y así el tema tomó estado mediático.
En el Gobierno, el viernes, nadie se hizo cargo de haber ideado o pedido esas modificaciones. Una voz importante de la Casa Rosada deslizó que podría haber sido “algún senador”.
Al mismo tiempo, otras fuentes refirieron que Sturzenegger tuvo que salir a explicar los cambios porque justo le hicieron una entrevista, pero que no había sido de ninguna manera el ideólogo de este extracto; que el ministro del Interior, Diego Santilli, tampoco estaba al tanto; y que al secretario de Trabajo, Julio Cordero, se lo había visto “indignado” por este tema. Mientras, fuentes del bloque habían desconocido el autor, pero habían justificado los cambios.
Este sábado, desde la bancada admitieron que la modificación salió de ahí. “En la práctica se verificó un incremento de reclamos laborales sustentados en certificados médicos apócrifos o carentes de respaldo clínico, mediante los cuales se extienden licencias en forma reiterada sin causa que lo justifique. Asimismo, se advierte la existencia de circuitos irregulares (truchos) en los que determinados profesionales emiten constancias médicas a cambio de sumas de dinero, que varían según la cantidad de días a justificar -con mayor costo cuando se trata de prórrogas- y la patología invocada. Esas certificaciones son usadas para justificar ausencias que en muchos casos no responden a situaciones reales“, señalaron desde el bloque que comanda Bullrich.
Dijeron, también, que esto genera un impacto “económico y organizacional significativo” en las empresas. “La reiteración de certificados médicos impide determinar con certeza la duración efectiva de la ausencia, lo que dificulta la planificación operativa y la eventual contratación de personal de reemplazo. Como consecuencia, se incrementan los costos laborales y se afecta de manera particular a las Pymes, que cuentan con estructuras más acotadas y menor capacidad de absorción financiera”, plantearon.
Además, argumentaron que la reforma laboral libertaria mantiene “toda la normativa” de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a la conservación del empleo y la reincorporación del trabajador, prevista en los artículos 211 y 212.
El viernes, senadores aliados le echaron la culpa al Gobierno por los cambios y dijeron a que incluso la idea oficial era mucho más restrictiva sobre las licencias, pero que ellos no quisieron convalidar todos los planteos. Desde el bloque libertario dijeron no recordar nada en relación con eso.
Estallado el tema, distintos abogados laboralistas advirtieron por una posible judicialización.
Ahora, además, el Gobierno está alerta por la posibilidad de que esa parte del articulado sea rechazada en Diputados o por la chance de que le introduzcan cambios, lo que dilataría los tiempos, ya que el proyecto tendría que volver al Senado. Eso iría en contra de la idea de la Casa Rosada, que era tener aprobada la reforma laboral antes de marzo.
nota de LA NACION,Paula Rossi,Reforma laboral,Senado de la Nación,Conforme a,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Denuncian aprietes. Se agudiza la interna peronista y cada vez hay más ruido de ruptura en el kirchnerismo del Senado,,Tratado comercial. Las relaciones cárnicas: de Roca-Runciman a Milei-Trump,Reforma laboral,,¿Al cine le quedan dos años? Cómo impactan los cambios de la ley laboral en la financiación de las películas argentinas,,Pago de licencias. Acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral,,Reforma laboral. Qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
POLITICA
Aplausos y abrazos: la emoción de los familiares de víctimas cuando se aprobó la Reforma Penal Juvenil en Diputados
La media sanción del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados generó una reacción inmediata en los palcos, finalizado el momento de la votación. Es que sobre uno de los laterales estaban presentes familiares de víctimas de la inseguridad y de crímenes cometidos por adolescentes, que aplaudieron la decisión en un clima de emoción y abrazos.
Al aprobar el proyecto de ley, la mayoría de los diputados le dedicaron un fuerte aplauso a los representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, y de los allegados directos de familiares asesinados que asistieron al debate.
Entre los presentes, asistieron Viviam Perrone, Isabel Yaconis, Adriana Mónica Álvarez, la familia Sperani, Laura Fernández, Romina Monzón, Virginia y Guillermo Bargna, así como a Marcos Rodríguez, todos familiares de víctimas y referentes de asociaciones.
Durante la sesión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, destacó la relevancia de la presencia de estos invitados, al subrayar que es una de las pocas ocasiones en que el oficialismo autoriza el acceso de público a los balcones en un día de debate clave.
“Me parece importante que en este debate que estamos dando sepamos que nos están acompañando ellos en los balcones y están muy interesados en que esta ley, al final del día, tenga media sanción”, dijo el jefe del bloque libertario. En ese instancia, oficialistas y aliados se levantaron de sus bancas para darles un primer aplauso por unos minutos.
También en sectores del peronismo y la oposición “dura” hubo acompañamiento. Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), la diputada Cecilia Moreau saludó a los familiares y recordó el impulso al Observatorio de Víctimas durante la presidencia de Sergio Massa en la Cámara.
“Tuvimos la suerte de ser nosotros, cuando Sergio Massa presidía la Cámara, quienes en conjunto con ella pusimos en marcha el Observatorio de Víctimas que llevaron adelante. Ojalá siga funcionando”, expresó. Al momento de la votación, los legisladores del Frente Renovador apoyaron varios artículos de la iniciativa en la votación en particular.
El presidente de Diputados, Martín Menem, también reconoció la participación de los invitados en la sesión.
La aprobación en Diputados del proyecto que había sido impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional y ahora senadora, Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
El texto plantea la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y fue respaldado por legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz, además de La Libertad Avanza.
El peronismo votó en contra de manera unificada, aunque durante la votación en particular, integrantes del Frente Renovador se diferenciaron y apoyaron la reducción de la edad de punibilidad.
El nuevo régimen no solo establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves, como homicidio, robo violento, abuso sexual o secuestro, sino que introduce alternativas para condenas menores a 10 años: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricción de acceso a determinados lugares y prohibición de conducir vehículos.
Entre los familiares presentes, Romina Monzón —madre de Jeremías Monzón, adolescente asesinado recientemente— relató ante la prensa las circunstancias del crimen de su hijo, ocurrido menos de dos meses atrás.
“Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.
Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó conmoción pública tras la viralización de las imágenes del hecho, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores.
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