El Ministerio de Justicia de la Nación comunicó este viernes que se posterga la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta noviembre. Estaba prevista para el 11 de agosto.

En medio de la tensión con el Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la falta de recursos para la implementación de ese sistema, el área a cargo de Mariano Cúneo Libarona aseguró que se “resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

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“Esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos, y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se verificó en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio: Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata”, explicaron en un comunicado emitido por el Ministerio.

El Gobierno aseguró que “las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década” y que, “desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional».

El nuevo sistema comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires desde el próximo 10 de noviembre, mientras que el cronograma establecido para las demás jurisdicciones se mantendrá sin modificaciones.

Los cruces entre Cúneo Libarona y Casal

El Procurador General, Eduardo Casal, le pidió en reiteradas oportunidades al Gobierno que suspenda la implementación del sistema acusatorio por “carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional”.

El jefe de los fiscales mantuvo varios idas y vueltas con el Cúneo Libarona, quién días atrás aseguró que no se suspendería la implementación, ya que “con el esfuerzo de todos la nueva ley rige ya en 12 provincias y, al finalizar 2025, el proceso de implementación estará en curso en la mayoría de los distritos federales del país, lo cual comprenderá 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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Cúneo Libarona destacó también que desde el Ministerio se impulsó la instalación de nuevas infraestructuras, se capacitó a los operadores judiciales y se incorporó tecnología de vanguardia, computadoras, equipos de investigación, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema.

“Estamos convencidos de que todos contribuimos a la mejor reforma de estructura general planteada en la justicia federal, al menos en los últimos veinte años”, subrayó el Ministro en otro tramo de la respuesta enviada a Casal, a la que tuvo acceso TN.

Sobre las reiteradas críticas de Casal por la falta de recursos, Cúneo Libarona aseguró que “indudablemente enfrentamos un contexto de austeridad y responsabilidad fiscal”, por lo que “resulta prioritario» seguir las directivas del presidente Javier Milei, “en cuanto a los principios de tutela del equilibrio fiscal, del gasto público y orden presupuestario”.

El ministro añadió que “no existe mejor capacitación que la práctica judicial. Tenemos jueces, fiscales y defensores muy idóneos, y trabajadores plenamente capaces que estudian y abordan el nuevo sistema».

Sobre los riesgos mencionados por Casal, Cúneo aseguró que “no cabe duda que todo proceso de cambio importa riesgos y genera desafíos. Pero, la experiencia judicial y de la implementación indica que en todos los distritos en los que existía la misma preocupación el nuevo sistema se ha implementado con éxito y eficacia”.

“Está claro que los obstáculos y resistencias han sido superados y tenemos la firme y absoluta convicción que la implementación del nuevo sistema constituye un cambio de gran relevancia para mejorar la Justicia, fortalecer las instituciones y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y moderna”, concluyó.

Comodoro Py, Mariano Cuneo Libarona, Ministerio Público Fiscal

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El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunció formalmente al gobierno de Axel Kicillof ante la fiscalía general de La Plata. Según Bullrich, los 24 policías cesanteados fueron cesados por su respaldo político a Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza, lo cual configura una “persecución ideológica” sin justificación legal.
“La única causa sería su apoyo político”, sostuvo la ministra al denunciar “pura persecución política”.

La denuncia también incluye una acusación grave de espionaje ilegal. Según fuentes oficiales, se filtraron fragmentos de chats privados entre Bondarenko y los agentes sin intervención judicial ni entrega voluntaria de los dispositivos. Bullrich requirió investigar cómo se accedió a esa información confidencial sin autorización legal.

El candidato libertario por el que Kicillof despidió a 24 policías denunció “una cacería de brujas” en la Provincia

Bullrich no escatimó críticas hacia Kicillof: lo calificó de “inútil” y advirtió que mientras el gobernador no sanciona a grupos violentos que atacaron medios o figuras públicas, sí cesantea a quienes “ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos”. La funcionaria remarcó: “El gobernador toma partido: siempre a favor de delincuentes…”.

Desde el Ministerio de Seguridad provincia, se defendió la decisión judicial: argumentan que una denuncia anónima advirtió sobre confabulaciones internas o uso de recursos del Estado para respaldar a Bondarenko. Se descubrieron audios, mensajes de WhatsApp y documentos internos que habrían configurado una maniobra para influir en la estructura de la fuerza policial.

La denuncia llega en un momento de tensión preelectoral en la Provincia de Buenos Aires, donde Bondarenko compite en la Tercera Sección Electoral –un distrito clave– y la institucionalidad policial está en el centro del debate.

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