POLITICA
La Procuración de Entre Ríos dictaminó que la candidatura que llevó al poder a un intendente en 2023 fue ilegal

La Procuración de Entre Ríos dictaminó hoy que la candidatura de Mauricio Germán Davico para ser intendente de Gualeguaychú, que lo llevó en definitiva al cargo, fue ilegal. Ahora el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJER) deberá resolver el planteo que inició con una catarata de impugnaciones durante las PASO de 2023.
Davico es amigo personal del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y exintegrante del grupo de cumbia Ráfaga.
Davico asumió como intendente de la ciudad de Gualeguaychú hace un año y cinco meses, pero recién el último 13 de Mayo el Procurador Adjunto de Entre Ríos dictaminó que su candidatura fue ilegal.
Según explicó César Ariel Cesario en el dictamen de 21 páginas, Davico no reunía los requisitos con los requisitos establecidos en la normativa vigente para competir como candidato por el Ejecutivo de la ciudad del sur entrerriano. Reconoció “la admisibilidad y procedencia de la acción de inconstitucionalidad planteada por los actores por entender que el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos ha dictado una resolución en franca violación a la Constitución Provincial”. También sostuvo que “la consecuencia de ello deberá ser la declaración de nulidad por inconstitucionalidad”.
Su opinión es consecuente con cada una de las intervenciones que el Procurador General de la Provincia, Jorge Amilcar García, realizó durante el derrotero de impugnaciones que comenzó cuando Davico apenas era precandidato a intendente dentro de la interna de Juntos Entre Ríos, de la mano de la figura de Rogelio Frigerio, que aspiraba como conductor del espacio en la provincia.
Afiliados radicales y de Pro presentaron recursos de inconstitucionalidad pero los planteos fueron declarados improcedentes por considerarse que Davico no era candidato, sino “precandidato”. El principal argumento del Tribunal Electoral de Entre Ríos para desestimarla fue que los precandidatos “no persiguen un triunfo para ocupar un cargo electivo, sino el derecho a participar de la elección general”.
En el trayecto previo a las elecciones generales de ese año, Davico sumó nuevas impugnaciones: entre ellas una acción presentada por referentes de La Libertad Avanza Entre Ríos (entre ellas la actual diputada provincial Liliana Salinas), junto a las correspondientes apelaciones a la resolución negativa del Tribunal Electoral frente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto antes de las PASO.
Toda la campaña electoral del actual intendente de Gualeguaychú estuvo signada por la acusación de la ilegalidad de su candidatura, aunque Davico se salió con las suyas y resultó elegido como el candidato del espacio Juntos, primero, y como presidente comunal en octubre de 2023.
La Junta Electoral Departamental resolvió en el mismo sentido que antes de las PASO: le dio lugar al planteo de quienes impugnaron, considerando que Davico no acreditaba residencia en la ciudad (era intendente de una localidad vecina a Gualeguaychú -Pueblo General Belgrano- desde 2015) y que no se garantizaba la alternancia democrática que consigna la Constitución Provincial ya que se trataba de un tercer período consecutivo como intendente.
Desde el espacio político de Davico sostuvieron que el dictamen es “insólito y atemporal”. En diálogo con Radio 2820 Darío Carrazza, uno de los integrantes del equipo legal y técnico del intendente, aseguró: “No conocí una maniobra igual en los casi 40 años que tengo de profesión”, a la vez que aseguró “no estar preocupado” por la resolución de la situación.
El Tribunal Electoral de Entre Ríos habilitó la candidatura de Davico pocos días después de la polémica suscitada por una foto que daba cuenta una reunión entre la entonces presidenta del STJER –la vocal Susana Medina– con quien fue el candidato a gobernador de Juntos Entre Ríos: Frigerio.
Luego de aquella polémica vinieron las reuniones con otros candidatos. Medina, además comandaba el Tribunal Electoral que habilitó a contrarreloj la presencia de Davico en las elecciones generales de las que resultó ganador. El nombre de Susana Medina sonó fuerte tiempo después, cuando surgió una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no le alcanzó, ni siquiera con el argumento de que una mujer debía ocupar el lugar que dejaba Elena Highton.
Inmediatamente después de la definición del Tribunal Electoral, fueron interpuestos nuevos recursos para apelar la habilitación, los cuales continuaron su derrotero hasta llegar al escritorio del Procurador Adjunto -Interino- César Ariel Cesario, el pasado 5 de mayo.
Cuando el reclamo llegó a la Justicia, Medina se excusó de intervenir, argumentando que había integrado el Tribunal Electoral, aunque condujo el proceso judicial que no llegó a ningún puerto antes de los comicios generales de octubre de 2023. Frente al cambio de presidencia en el STJER, los abogados que impulsaron los recursos que apelaron la definición del Tribunal Electoral, solicitaron que se corra traslado del expediente, a fines del año pasado el pedido fue contestado y solicitaron el dictamen correspondiente a la Procuración, como paso previo al fallo del máximo órgano judicial entrerriano.
Para definir si la candidatura de Davico fue ilegal en 2023, y las consiguientes consecuencias que esto podría haber acarreado durante este año y medio- hace falta reunir una mayoría de al menos cinco de los nueve votos de los miembros del STJER.
¿Qué hará el mayor órgano judicial de esa provincia? La salida más elegante de un conflicto abonado por el propio accionar de sus miembros en diferentes instancias de este peregrinar podría ser declarar abstracto el asunto, ya que la candidatura de Davico como tal no existe.
En declaraciones posteriores al dictamen de la Procuración, Davico deslizó esa posibilidad: “Es un dictamen no del Poder Judicial, sino de un auxiliar de la justicia, es no vinculante. Primero estoy ocupado con la gestión, y este tema es abstracto, la gente ya me eligió. No sé cuál será el fin, deslegitimar a los ciudadanos”, opinó.
Cabe preguntarse si el Legislativo local requerirá la presencia de Davico para dar cuenta su situación judicial en materia de ética política y si esto tendrá algún correlato posterior. También vale decir que si la resolución fuera otro revés para Davico, podría ir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que debería ser habilitado también por el STJER, y lo que dejaría –en una resolución sin precedentes- a la viceintendente de esa ciudad, Julieta Carrazza, como jefa del Ejecutivo de Gualeguaychú. Vale decir que la candidatura de Davico también sentó un antecedente, una manera de hacer política electoral nunca antes vista en la Provincia.
Otra alternativa es que el Poder Judicial deje transcurrir el tiempo, como lo ha hecho hasta este momento. Lo cierto es que la política de los hechos consumados, el mensaje confuso a la sociedad y el debilitamiento de las instituciones democráticas, han sido garantizados por el accionar judicial entrerriano.
POLITICA
Tras la baja de las retenciones al agro, el Gobierno avanza en la reducción de aranceles para productos industriales

En el tramo final de las negociaciones por un acuerdo comercial con Estados Unidos, el Gobierno reducirá los aranceles para productos industriales.
Se trata de casi cincuenta bienes de capital para tratamiento térmico, corte de metales y equipos agrícolas, entre otros. Nación sostiene que el objetivo de la baja es promover inversiones productivas.
La mesa técnica de la Casa Rosada trabajó la medida en conjunto con los equipos del Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo. Según pudo saber TN, el decreto ya se encuentra en el despacho de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, que tiene previsto publicarlo en el Boletín Oficial en los próximos días.
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La rebaja arancelaria se aplicará sobre posiciones específicas del nomenclador común del Mercosur, que fija para los bienes de capital un piso mínimo del 12,6% para los derechos de importación. En Balcarce 50 sostienen que ya redujeron los aranceles para más de 1000 productos, que estaban por encima de la alícuota.
Cancillería impulsó además la incorporación de 50 productos a las excepciones del arancel externo común en la última cumbre del Mercosur. La Argentina ya tenía 100 bienes exceptuados del arancel regional, que habilita la comercialización de la tasa aduanera de forma individual con otros países del mundo.
El Gobierno planea avanzar con la baja de aranceles en línea con la reducción de las retenciones al campo. Javier Milei anunció este sábado en La Rural que fijará los derechos de exportación de la carne aviar y vacuna en un 5%, del maíz y el sorgo en un 9,5%, del girasol al 5,5% y 4% y de la soja al 26%.
El jefe de Estado incluyó también a las rebajas transitorias sobre trigo y cebada. “Redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente”, agregó.
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Durante 2024, el Ejecutivo ya redujo aranceles de importación de neumáticos para autos y motos, plásticos, pequeños electrodomésticos y productos de uso doméstico con el objetivo de alentar la competencia y beneficiar a la industria y a los consumidores. Eliminó además el Certificado de Importación de Bienes de Capital (CIBU).
Lo mismo aplica para ascensores, ventiladores industriales, maquinaria para la industria metalúrgica, hornos de panadería, polipastos eléctricos, depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías utilizados en la industria petrolera, maquinaría industrial para fabricar helados, máquinas de cortar el pelo y de esquilar, bombas centrífugas, entre otros.
Gobierno, aranceles
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Los gobernadores celebraron la baja de retenciones, pero volvieron a pedir por su eliminación

Los gobernadores de provincias con perfil agropecuario celebraron hoy la baja de retenciones al campo anunciada por el presidente Javier Milei en el acto de apertura de La Rural. Si bien reconocieron que la medida representa un alivio para el sector agropecuario, volvieron a pedir por su eliminación. Otros dirigentes de la oposición, en tanto, relativizaron el impacto del alivio fiscal.
“Celebro y acompaño la decisión del presidente Javier Milei y del gobierno nacional de bajar las retenciones al campo. Es una medida que veníamos planteando desde las provincias productivas y que impacta de forma directa en el desarrollo, la inversión y la generación de empleo en Entre Ríos y en todo el país”, compartió en sus redes sociales el gobernador Rogelio Frigerio.
En la misma línea se expresó su par santafesino, Maximiliano Pullaro, quien, además, ratificó su demanda por una eliminación total del impuesto. “El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado. Como gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional, quiero destacar la baja de retenciones que hoy dispuso el presidente Javier Milei, esperando que este sea el inicio del camino hacia la eliminación total de las mismas”, expresó en X.
En la publicación, el mandatario provincial también se comprometió a complementar este alivio fiscal con facilidades para acceder a créditos y una fuerte inversión en infraestructura vial y energética que permitan “agregar más potencia a la industria y bajar sus costos”. Actualmente en Santa Fe, el campo está exento del pago de Ingresos Brutos.
La misma política se aplica en la provincia de Córdoba, cuyo gobernador, Martín Llaryora, también celebró la decisión de la administración libertaria. “El gobierno nacional acaba de anunciar una baja parcial de las retenciones al campo. Sin abandonar nuestro reclamo de la eliminación definitiva y total de las retenciones, es un paso en el sentido correcto que valoramos”, dijo.
Y agregó: “En Córdoba, (la baja) se suma a la política de Ingresos Brutos cero que pagan los productos del campo y a la decisión de dedicar el 98% de la recaudación de impuestos inmobiliario rural a inversiones en infraestructura y servicios para este sector”.
En tanto, su antecesor y excandidato presidencial Juan Schiaretti mostró más reparos y relativizó el anuncio de este mediodía. “Más allá del paso adelante que significa el compromiso del Gobierno nacional de que esta baja será permanente y no sufrirá alteraciones, la realidad es que la situación para el campo solo vuelve al escenario anterior a la suba del 1 de julio pasado”, sostuvo.
El 26 de junio, a través del decreto 439/2025, la administración libertaria había dispuesto una suba de las retenciones para la soja (del 26% al 33%), el girasol (del 5,5% al 7%) y el maíz y el sorgo (del 9,5% al 12%, para ambos). Ahora, el gobierno dio marcha atrás con dicho aumento y sumó nuevas bajas como en el caso de la carne aviar y vacuna (del 6,75% al 5%).
En redes sociales, además, Schiaretti volvió a pedir por la eliminación de las retenciones al agro, a las que considera una “expropiación a la producción y el trabajo”. “Esa será la única manera de sacarle la pata de encima al campo”, concluyó.
De manera similar, se manifestó el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que acusó al gobierno de utilizar las alícuotas para condicionar las liquidaciones del sector.
“El presidente Milei anunció hoy una baja de retenciones, pero no es más que el retorno al esquema que rigió hasta el 30 de junio. En los hechos, durante meses se impuso una fecha de vencimiento para presionar al campo a que liquide los dólares antes de julio. Este mes las retenciones subieron, y ahora simplemente vuelven al nivel de junio”, cuestionó.
Según escribió en su cuenta de X, lo anunciado en La Rural no es más que un “parche”. “No es una baja real. Es una maniobra por decreto que, igualmente mantiene la incertidumbre y castiga al sector más dinámico de nuestra economía”, dijo. “El campo no necesita presiones ni parches. Necesita previsibilidad, estabilidad y un Estado que deje de verlo como fuente permanente de recursos fiscales”.
Por su lado, Nicolás del Caño, candidato a legislador bonaerense por la tercera sección electoral, apuntó contra la gestión libertaria por el alivio fiscal al campo. “Lo invito a Milei a que camine un par de cuadras por Lanús a ver si alguien aplaude que le baje las retenciones a los dueños de la tierra y vete un aumento para los jubilados, para el Hospital Garrahan y el colectivo de la discapacidad”, reclamó en una recorrida por Lanús.
Además, calificó al gobierno de “casta” por la reducción impositiva al campo. “Es fácil conseguir aplaudidores cuando sólo se rodea de los más ricos de la Argentina. Más casta no se consigue”, sentenció.
anunciada por el presidente,@JMilei,July 26, 2025,@JMilei,July 26, 2025,#retenciones,pic.twitter.com/OWaPRWjcEY,July 26, 2025,July 26, 2025,pic.twitter.com/LZLMrV4cwX,July 26, 2025,Retenciones,Conforme a,Retenciones,,“Tiene que apoyar este modelo”. Milei le pidió al campo que acompañe el rumbo del Gobierno,,»No tendrán vuelta atrás». Milei anunció en el acto en la Rural la reducción de varias retenciones al campo,,Lo que viene. A la espera del momento bisagra para comenzar una nueva etapa
POLITICA
La Libertad Avanza presentó un proyecto para reducir el ABL en CABA y eliminar otros impuestos

La Libertad Avanza presentó en la Legislatura porteña un proyecto para modificar la estructura tributaria vigente de la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, la iniciativa, que incluye la reducción del ABL y la eliminación de otros impuestos, apunta a reducir de manera significativa la carga impositiva que enfrentan vecinos, familias y empresas radicadas en el distrito. El sector libertario apunta a una mayor transparencia fiscal y a satisfacer las demandas de sectores productivos por la presión de los tributos locales.
La propuesta legislativa busca eliminar lo que denomina “impuestos injustos y mecanismos ocultos de ajuste”, argumentando que estos incrementos han encarecido de forma sostenida el costo de vida y desalentado la inversión inmobiliaria y productiva. Plantea que la recaudación por conceptos que no ofrecen contraprestaciones reales termina sosteniendo gastos políticos superfluos, en lugar de beneficiar a quienes impulsan la productividad y el empleo en la ciudad.
Desde el bloque libertario indican que el objetivo es simplificar el sistema impositivo porteño, otorgar previsibilidad a los contribuyentes y reorientar los recursos hacia la generación de condiciones propicias para el desarrollo económico. La presentación formal del texto legislativo fue acompañada por un mensaje en el que afirman que la propuesta “no es ideológica, es de sentido común”.
El primer eje del proyecto consiste en la eliminación del Impuesto de Sellos sobre inmuebles. Según el bloque, esta carga penaliza las operaciones realizadas entre privados y desalienta la formalización y el crecimiento del mercado inmobiliario. El documento sostiene que el Estado “no tiene por qué quedarse con una parte cada vez que dos privados firman un contrato”, en alusión al gravamen que se aplica sobre la compra, venta o alquiler de propiedades. La norma prevé derogar el artículo que sostiene la vigencia de este impuesto para las transacciones inmobiliarias, señalando que su existencia “solo encarece la formalidad y empuja a la informalidad”.
Un segundo punto importante de la iniciativa refiere a la derogación de la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC). Esta fórmula de actualización fue establecida como referencia técnica para ajustar el monto del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) de manera periódica, permitiendo aumentos que no requieren autorización explícita por parte de la Legislatura. El bloque justifica su eliminación por considerarla “una trampa”, destacando el carácter poco transparente del mecanismo, que habilita incrementos automáticos “sin decirlo” y complica la planificación financiera de los contribuyentes. Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, enfatizó: “No es transparente, no es justo, y no lo vamos a permitir más”.
El tercer eje central propuesto es la reducción a la mitad del Impuesto Inmobiliario. En la actualidad, este tributo se abona en función de la valuación fiscal del inmueble y representa una de las obligaciones más gravosas para las familias, pequeños comercios y empresas que invierten en el distrito. Los autores del texto subrayan que “el que tiene una casa no es un especulador”, sino “alguien que trabajó y ahorró”, por lo que plantean la necesidad de aliviar la carga fiscal sobre la propiedad privada y la producción. “El Estado debe agradecer la inversión y no castigarla con boletas impagables”, indica el escrito.
En la argumentación oficial, los legisladores de La Libertad Avanza plantean que la eliminación del Impuesto de Sellos y de la Unidad de Sustentabilidad Contributiva, junto con la fuerte disminución del Inmobiliario, busca corregir una “estructura plagada de mecanismos ocultos que durante años encarecieron la vida de las familias y desalentaron la inversión”. En la documentación adjunta al proyecto resaltan que el destino de la mayor parte de estos ingresos no es la mejora directa de servicios, sino el sostenimiento de gastos administrativos.
Según los autores del proyecto, miles de porteños dejarán de pagar conceptos que consideran “sin ningún beneficio a cambio”. Advierte que este tipo de tributación afecta la formalidad de las operaciones y dificulta la actividad de emprendimientos pequeños, al incrementar los costos y restar competitividad frente a otras jurisdicciones. El texto reitera la consigna “menos impuestos, más libertad” como principio orientador y lema central del bloque en esta etapa de debate parlamentario.
La Libertad Avanza sostiene que su propuesta implica una transformación significativa en el modelo recaudatorio de la ciudad. Afirman, con base en el documento, que CABA debe “alinearse a la transformación nacional, avanzando hacia una estructura impositiva más simple, justa y transparente, que respete el esfuerzo de los vecinos y premie la producción”.
Recientemente, otros sectores políticos también expresaron inquietud ante el incremento sostenido de gravámenes en la ciudad y la falta de correlato inmediato con mejoras tangibles en infraestructura o servicios públicos. En ese marco, el proyecto de La Libertad Avanza se inscribe en un proceso de revisión más amplio de la política fiscal.
El texto señala entre sus objetivos la atracción de inversiones y el fomento del empleo, bajo el argumento de que una menor presión fiscal estimula el crecimiento económico y la formalización de actividades.
“Estamos del lado del que produce, no del que vive de poner sellos”, remarcaron los autores del proyecto.
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