El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este jueves que trabaja junto a la Justicia bonaernese y el Gobierno Nacional para que reabra La Salada, la feria más importante en el Conurbano.

El mandatario bonaerense aseguró que se destinarán todos los recursos necesarios para reabrir la popular feria que ha estado en el centro de un intenso conflicto laboral y legal.

En ese sentido, cabe recordar que la controversia comenzó cuando las autoridades clausuraron el lugar hace dos semanas debido a irregularidades legales y fiscales relacionadas con la detención de Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”.

Luego de esta decisión, se desencadenaron una serie de protestas masivas por parte de los feriantes, quienes dependen de esta fuente de trabajo para sostener a sus familias.

Durante una reunión celebrada en la municipalidad de Lomas de Zamora en la tarde de este jueves, a la cual asistieron funcionarios de distintos niveles de gobierno, Kicillof manifestó el compromiso del ejecutivo provincial por regularizar la situación de las ferias y preservar los empleos de los trabajadores.

“Desde la provincia de Buenos Aires estamos trabajando junto al Gobierno nacional, el municipio de Lomas de Zamora y la fiscal Cecilia Incardona para que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”, anunció. Según informó, en la reunión también participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el subsecretario de Comercio de la Provincia, Ariel Aguilar, y otros funcionarios clave.

En las inmediaciones de la municipalidad, una congregación de feriantes se presentó en protesta, exigiendo una solución rápida para la reapertura del predio. “La Salada no se cierra”, proclamaron sus representantes tras la reunión que derivó en la reapertura del lugar para la próxima semana.

En la cumbre estuvieron presentes autoridades del ámbito nacional, provincial y municipal, junto con representantes de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), entre otros organismos.

Las conversaciones culminaron con un acuerdo preliminar sobre las condiciones para la reapertura de la feria. Se estableció que los feriantes deberán cumplir con ciertos requerimientos judiciales y fiscales antes de poder operar nuevamente. “Se armará un plan de trabajo y se determinarán las formas en que se regularizará a los puestos”, mencionaron los representantes de los trabajadores.

La incertidumbre recae sobre los tiempos en que se producirá la efectiva reapertura de La Salada. Aunque no hay una fecha exacta, los feriantes han obtenido el compromiso de que se realizará a más tardar el 15 de junio. Mientras tanto, se hizo un llamado a evitar nuevas manifestaciones y disturbios durante esta semana, mientras se espera que la fiscal Incardona comunique formalmente los acuerdos alcanzados para que sean aprobados judicialmente.

La fiscal fue una figura fundamental en este proceso, siendo responsable de investigar la detención de Castillo y determinar las condiciones bajo las cuales la feria podría reabrir. En el escenario de la reunión, también participaron representantes del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y entidades de recaudación como ARCA, encargadas de supervisar aspectos fiscales de los feriantes.

El contexto social y económico de La Salada, que alguna vez fue considerada la feria de ropa más grande de Latinoamérica, resalta la compleja realidad de muchos trabajadores cuyos medios de vida dependen enteramente de estas instalaciones. En declaraciones a TN, una de las comerciantes que asistió a la movilización expresó: “Yo tengo puesto en la feria, pago impuestos, tengo a la gente en blanco. Toda la mercadería está adentro y no tenemos solución […] Hay gente que vive del día a día”.

Otra manifestante, dedicada a la venta de café dentro de la feria, compartió la dificultad económica que esta situación representa: “Yo vendo café en la feria y soy pensionada. No me alcanza lo que me paga el gobierno, yo quiero que nos abran las puertas para trabajar, vivimos con eso”.

El Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares para ampliar los márgenes de explotación. El Ejecutivo prepara cambios sobre la reglamentación de la norma 26.639 -que fija las regulaciones- para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. En Nación reconocen que hubo presiones desde el sector empresarial y sostienen que buscan darle seguridad jurídica a los proyectos de inversión que se instalen en las áreas.

Los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan en una reducción de las zonas protegidas de la instalación de industrias, de la exploración minera e hidrocarburífera, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura que no esté relacionada con la investigación científica. La legislación actual contempla multas de cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública junto a la suspensión y el cese definitivo de la actividad de los infractores.

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Es por eso que en Balcarce 50 quieren restringir la protección de las áreas cercanas a los glaciares a las que únicamente sean de roca o de escombros activos. La medida busca que se exija la obligación de que tengan una superficie de mínima de una hectárea, junto con una duración de al menos dos años, que cumplan una función hídrica relevante y que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias.

El Ministerio de Economía -que preside Luis Caputo- es el encargado de trabajar la medida, que contó con la intervención de la secretaria de Energía, María Tettamanti, del titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y de los equipos técnicos de la Casa Rosada que coordina la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. En Balcarce 50 estudian también nuevas medidas para promover las inversiones.

Es parte de lo que el Gobierno buscó impulsar a través de un proyecto de ley a comienzos de la gestión. Nación incluyó los cambios a la Ley de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” en las primeras versiones de la Ley Bases -que fue sancionada en ambas cámaras en junio del 2024- y luego los quitó del documento final por no tener los apoyos legislativos para impulsarlos.

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Las modificaciones formaron parte del mismo capítulo que promovía la habilitación de nuevas áreas sujetas a la explotación de bosques, junto con una reestructuración del esquema de financiamiento del Fondo de Bosques, que el Ejecutivo ya eliminó. Buscaba también establecer un marco en el que los productores puedan realizar cortafuegos.

Las iniciativas provocaron una advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Argentina el 5 de febrero de 2024, previo a que el oficialismo retirara la ley de la Cámara de Diputados por no contar con los votos. Fue remitida a la excanciller Diana Mondino y contó con la firma de cinco relatores sobre derechos humanos del organismo. Estos calificaron al proyecto de “regresivo” y expresaron que podría afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.

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