POLITICA
La Corte Suprema se prepara para ratificar la condena a Cristina Kirchner y peligra la candidatura
El reloj avanza muy rápido, el tiempo se derrumba debajo de los pies de Cristina Kirchner y se esfuma su futuro político. Hoy, a esta hora, el destino de la expresidenta depende de un solo hombre, un único juez. Un juez que ni siquiera ella nombró, Carlos Rosenkrantz.
Ricardo Lorenzetti está firme en su decisión. Rosatti también querría ratificar la condena en la causa Vialidad, pero no tal vez el martes próximo. Es Rosenkrantz quien puede bajarle el pulgar a Cristina o darle una luz de esperanza y postergar la definición.
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Hace dos semanas, la expresidenta confirmó su candidatura para la Tercera Sección de la provincia de Buenos Aires con la intención de lograr anticipadamente acceder a los fueros. El cierre de listas para diputados nacionales es el 17 de agosto y los fueros para cualquier candidato llegarían aún después, cuando la jueza federal María Servini oficialice las candidaturas. Demasiado lejos. Por eso, Cristina se anotó para la elección provincial, cuyas listas cierran y se oficializan en julio.
Aun así, la meta le puede quedar lejos. La Corte Suprema está compuesta por cinco cargos, pero solo hay tres jueces en funciones y los otros dos lugares están vacantes.
La única manera de que el máximo tribunal pueda dictar una sentencia es, entonces, que los tres jueces coincidan con sus votos en una misma decisión. Y ese dato, sencillo de entender, es la clave del futuro de la exmandataria.
Dos de los magistrados, Horacio Rossatti, el presidente de la Corte, y su predecesor, Ricardo Lorenzetti, coinciden en querer condenar a Cristina. Ellos mantienen una relación tirante, pero eso no les impide compartir el mismo punto de vista: la condena de la exmandataria no debe ser revisada ni llevada a 12 años, sino que debe quedar firme, a seis años de prisión, y debería ser dictada pronto. Hay, sí, un pequeño matiz: Rosatti no desearía precipitar esta definición el martes próximo.
La forma más rápida de resolver este expediente es recurriendo a la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial: “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Una fórmula escueta, contundente y suficiente para enviar a alguien a prisión. Rosatti también creería que ese es el camino, pero no está convencido de actuar de manera inmediata.
En otras palabras, esos dos ministros de la Corte no piensan abrir a estudio el recurso planteado por Cristina y por los defensores de los otros imputados. Eso demandaría muchos meses. Cristina, así, quedaría condenada a seis años. Solo difieren en el momento del fallo. Pero está instalada fuerte la idea, dentro de los pasillos de la Corte, que la condena llegaría antes de que comience julio.
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Hay varias razones para obrar así. Cada vez que un imputado llega condenado por un tribunal oral y esa condena es confirmada por la Cámara de Casación, la Corte no abre a estudio el recurso y deja firme la sentencia aplicando aquel artículo 280. Lapidario. Es lo que ocurrió con Milagro Salas y con cientos de condenados. Y no ven motivos para obrar distinto.
Por otro lado, esos jueces no quieren quedar atrapados en la política, dilatando una definición y haciéndole el juego al Gobierno y a Cristina. Obviamente, ella necesita estirar los plazos. Y el Gobierno también vería con buenos ojos que la Corte postergue una definición, para que ella sigua en el juego político. La presencia de Cristina en la lucha política le permite a Milei polarizar y nacionalizar la elección. Milei o el kirchnerismo, Milei o volver al pasado. Pero una cosa es que Cristina, desgastada por su propio pasado político y por Axel Kicillof, esté habilitada y juegue, y otra bien distinta es darle un motivo para que ella, aunque sea mentira, se autocalifique de proscripta.
Pero en la Corte hay un tercer ministro, Rosenkrantz. Este juez también coincide en que Cristina debe ser condenada, pero duda si debe serlo a 6 años de prisión, como estableció la Casación, o a 12 años, como pidieron todos los fiscales que intervinieron en la causa Vialidad y también el procurador general Eduardo Casal, porque consideran que ella actuó como jefa de una asociación ilícita.
Rosenkrantz no quiere rechazar sin más el recurso y opina que, por la trascendencia del caso, que involucra a un expresidente, la Corte debe abrir a estudio el caso, analizar todos los argumentos y expedir una sentencia larga y detallada, explicando los fundamentos de la condena, cualquiera sea el monto.
Todo es románticamente muy profundo y entendible. Pero la visión de Rosenkrantz demorará muchos meses el dictado de la sentencia, que saldría recién en 2026. En cambio, si ese juez se aviene a la visión de sus colegas, la sentencia podría salir el próximo martes o, tal vez, antes de fin de junio.
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La condena a prisión, sea a 6 años o a 12, irá acompañada de la accesoria a inhabilitación para ejercer cargos públicos. Muchos magistrados coinciden en interpretar que esa inhabilitación confirmada por la Corte no le permitiría a Cristina ser candidata ni a diputada nacional ni por la provincia de Buenos Aires.
Por las dudas, Cristina se anotó para la carrera provincial, porque ese le permitirá sostener un argumento falaz, pero que una vez que lo plantee demandará tiempo de debate: ella habría quedado inhabilitada para cargos nacionales, pero podría ser candidata en la provincia porque cada distrito se rige por sus propias reglas electorales. Un argumento débil, insustancial, porque la condena a inhabilitación está prevista en el Código Penal nacional, se aplica sobre todo el país y, además, una condena confirmada por la Corte nacional no puede ser desconocida por ningún tribunal provincial.
Si la Corte, en cambio, posterga la condena hasta después del momento en que la candidatura de Cristina sea oficializada por la provincia, ella quedaría indemne: para ese momento habría adquirido fueros y no podría ser detenida.
El debate está servido. La condena se aproxima.
cristina kirchner, Corte Suprema, Javier Milei, Elecciones 2025
POLITICA
El Gobierno concedió 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral para asegurar su aprobación
El Gobierno aceptó cambios en el proyecto de reforma laboral justo antes del debate previsto este miércoles en el recinto del Senado y validó los cambios que negoció Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto clave es la eliminación del artículo que rebaja el impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%.
La caída de esa cláusula terminó por quitar del camino el último dejo de duda que pesaba sobre la suerte de la reforma laboral en el Senado. Con los gobernadores provinciales conformes, que evitaron perder una cifra estimada en 3 billones de pesos, el proyecto del oficialismo se encamina a su aprobación con cambios, pero sin contratiempos.
La quita del artículo fue confirmada por Patricia Bullrich en una conferencia de prensa que ofreció en el Senado flanqueada por Eduardo Vischi (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones), jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente.
Los ejes del proyecto de reforma laboral del oficialismo son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical, a pesar de que en estos cambios hubo concesiones. De esa forma, el Gobierno considera que aumentará el empleo en blanco.
“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó la jefa de la bancada oficialista, confirmando lo anticipado ayer por .
Bullrich, sin embargo, no dio a conocer el texto final que se debatirá en el recinto, sino que proyectó unas filminas en la conferencia.
Con los cambios que sufrirá el dictamen firmado en diciembre, no solo ganan las provincias. La Casa Rosada también cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.
Además, los denominados “aportes solidarios” que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido el plazo, pasarán a ser voluntarios. Los empleadores podrán seguir oficiando como agentes de retención de la cuota sindical, por lo que no se afectará la recaudación de los gremios.
También encontraron eco las quejas de las cámaras empresarias, que lograron eliminar la cláusula que hacía voluntarios los aportes de sus integrantes. Como en el caso de los gremios, el aporte será obligatorio por un plazo de dos años, limitados a un 0,5%.
El total de cambios anunciados por Bullrich fueron 28 y los enviaron a los senadores después de que la jefa del bloque de LLA recibiera el visto bueno de la mesa política del Gobierno, en una reunión que mantuvo cerca del mediodía en la Casa Rosada.
En la conferencia, Bullrich no enumeró todas las modificaciones, y de los que precisó en algunos casos son cambios de redacción del texto. Así, dijo que en lo referido a la Justicia laboral se quitará la denominación “industria del juicio”.
Todos los cambios fueron “consensuados”, dijo la exministra de Seguridad, con los bloques de la oposición dialoguista. Esto anticiparía un apoyo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En el debate en particular la votación será por títulos y se estima que ahí los números varíen a la hora de aprobar los cambios que se le introducirán al proyecto, pero que todos tendrán la mayoría necesaria asegurada.
La nueva postura del Gobierno marca un cambio con el relato que la semana pasada habían dejado trascender al menos públicamente en Casa Rosada. El miércoles pasado, al término del anterior encuentro, fuentes de la mesa política habían asegurado que se imponía la decisión de “no cambiar ni una coma del proyecto original”.
El encuentro de la mesa política en la Casa Rosada, que duró casi dos horas, fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Participaron del encuentro la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo.
También fueron de la partida el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Enlace Parlamentario, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La reunión inicialmente estaba pensada para el miércoles y luego se adelantó a este martes.
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POLITICA
Reforma laboral: un repaso por los 90 proyectos presentados desde 2002 y las claves del debate actual en el Senado
En Infobae en vivo, el equipo abordó la reforma laboral a partir de un dato revelador: entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de ley en materia laboral, pero solo 35 lograron aprobación. “Eso significa que casi de cada 10 proyectos, 4 se aprobaron en materia de legislación laboral”, puntualizó Malena de los Ríos, apoyándose en un relevamiento de Directorio Legislativo.
Durante el intercambio con el staff de Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, se remarcó la dificultad histórica para avanzar en una transformación estructural. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron la mayor cantidad de leyes que se sancionaron. Hay que hacer un apartado: lógicamente, teniendo un Congreso con las mayorías, era mucho más fácil poder pasar esos distintos proyectos”, explicó de los Ríos. Los datos permitieron comparar la performance de cada gestión desde la vuelta de la democracia, resaltando la fragmentación normativa del sistema laboral argentino.
Noventa proyectos laborales y un sistema sin reforma estructural
La periodista repasó el sentido y la dimensión de los cambios legislativos: “Una cosa es la modernización, que estamos hablando de un paquete mucho más grande, pero ¿qué ha pasado en la historia desde el 2002 en adelante con los proyectos laborales que han presentado los ejecutivos?”. Los datos muestran que la mayoría de las iniciativas aprobadas no configura una reforma integral, sino modificaciones parciales: “90 proyectos presentados, 35 aprobados, casi 4 de cada 10 se aprobaron a través del Congreso, enviado por el Ejecutivo”.
El informe señaló que la gestión de Javier Milei impulsó dos proyectos: “La modernización laboral, que fue impulsada en diciembre del 2025, no obtuvo la media sanción del Senado, pero sí lo que obtuvo fue el dictamen”. De los Ríos detalló que “Patricia Bullrich confirmó en conferencia la negociación de 28 artículos”, estableciendo un fondo diferencial para grandes empresas y pymes en los nuevos Fondos de Asistencia Laboral. “Lo que discutían es: no puede ser un 3% para todos. Esto decía la oposición dialoguista: no tiene la misma posibilidad de solvencia una empresa mediana o chica frente a una grande”, precisó.
El relevamiento histórico mostró que durante la presidencia de De la Rúa se presentaron 13 proyectos y solo uno fue aprobado; bajo el mandato de Duhalde, ocho presentados y uno aprobado; con Néstor Kirchner, 37 presentados y cinco aprobados; y en la era de Cristina Fernández de Kirchner, 14 presentados y nueve aprobados, muchos enfocados en la regularización del empleo informal y la movilidad jubilatoria.
El Senado, los votos clave y la estrategia oficialista
Gonzalo Aziz reconstruyó el conteo de votos decisivo para el futuro de la reforma. “Hoy La Libertad Avanza tiene 20 senadores. Algunos dicen: ‘No, tiene veintiuno’, porque lo cuentan a Luis Juez. 20+1, 21. Vamos a sumar a 10 senadores de la Unión Cívica Radical, que según expresaron esta tarde, acompañarán el desafío que tiene el Gobierno de votar esta reforma laboral en el Senado”.
El armado político se completa con apoyos provinciales: “Dos senadores que responden al gobernador Hugo Passalacqua en Misiones, dos de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, Flavia Royón por Salta, una senadora del gobernador Rolo Figueroa en Neuquén, y otra de Ignacio Nacho Torres en Chubut”, enumeró Aziz. Además, se espera el respaldo de los tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas y la senadora Beatriz Ávila. “El total que tenemos hasta ahí con este poroteo da que hay 44 senadores que mañana, si no hay ninguna sorpresa de último momento, van a acompañar tanto el quórum como la votación en general”, anticipó.
El Gobierno apuesta a extender las sesiones extraordinarias hasta el primero de marzo, buscando que “el presidente de la Nación dé su discurso inaugural con la reforma laboral sancionada en el Congreso argentino”.
La informalidad y los límites de la reforma en el empleo
La mesa de Infobae al Regreso profundizó en los desafíos estructurales del mercado laboral. El 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, según estimaciones citadas en el programa. “La idea es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y vas a tener una recaudación mucho más amplia y hasta incluso, eh, también para las cuestiones, por ejemplo, previsionales”, sostuvo de los Ríos.
Matías Barbería aportó que “alrededor del 89% del empleo se genera en pymes”, mientras que “el ochenta por ciento de la recaudación es a través de once mil empresas”. El debate dejó en claro que ninguna reforma garantiza, por sí sola, la creación de trabajo registrado: “Lo que podría llegar a tener como efecto positivo en caso de ser exitosa, es que el trabajo de baja productividad, el trabajo pyME, que suele ser el que está en negro, pueda regularizarse simplemente, pueda directamente contratarse dentro de la ley”.
Diego Iglesias planteó la pregunta de fondo: “¿Esta reforma laboral tiene algún punto que beneficie a los trabajadores? Directamente, eh. El día de mañana me dirán: ‘No, sí, probablemente esta reforma va a generar empleo, genuino, es decir, trabajadores registrados en blanco’. Eso está por verse, es contrafáctico. Yo pondría un signo de interrogación, pero ojalá que eso suceda”.
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POLITICA
Con el Congreso vallado y aliviada por los cambios, la CGT se prepara para marchar contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.
Los ejes de la iniciativa oficialista son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal y limitar el derecho a huelga. Pero la CGT consiguió alivio con algunos cambios que la beneficiaron, como el mantenimiento de la caja sindical de las obras sociales y el “aporte voluntario”.
Sin consenso interno para activar su cuarto paro general contra la gestión libertaria, la CGT resolvió una protesta en la Plaza del Congreso en simultáneo al debate legislativo en el Senado, donde el proyecto oficialista podría obtener media sanción.
Según pudo saber , las agrupaciones convocadas se dividirán la plaza del Congreso: el grueso del sindicalismo de la CGT encabezará el ingreso por Yrigoyen, mientras que la Izquierda lo hará por Rivadavia. A su vez, desde avenida de Mayo marcarán presencia de forma diferenciada el nuevo frente gremial que integran los gremios díscolos encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Si bien el horario neurálgico de la protesta fijado por los secretarios generales cegetistas es a las 15, el trotskismo se movilizará a partir del mediodía, mismo horario convocado por las centrales obreras paralelas, los metalúrgicos y estatales.
La protesta confluirá con el reclamo semanal que sostienen las agrupaciones de jubilados cada miércoles en rechazo al ajuste en los haberes que dispuso la gestión libertaria. En principio, no se montará un escenario ni tampoco habría oradores.
La convergencia de protestas y la diversidad de los manifestantes anticipan una jornada de alta tensión. El accionar policial y el comportamiento de los manifestantes estarán bajo especial observación. El Gobierno ya avisó que hará cumplir el protocolo antipiquetes.
Para eso, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. También estará involucrado el Servicio Penitenciario, que tendrá móviles de traslado a disposición. El operativo comenzó esta noche en las inmediaciones del Congreso.
La CGT resolvió movilizarse tras una cumbre del consejo directivo la semana pasada. Los sindicatos concentrarán a partir de las 14.30 en Hipólito Yrigoyen y Solís. Será la segunda marcha que impulsará contra la Casa Rosada la nueva conducción encabezada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello tras la movilización a Plaza de Mayo de finales del año pasado, también en rechazo a la reforma laboral.
La iniciativa es calificada por la CGT de “regresiva” y señalada de “quitar derechos colectivos e individuales”. Entre los puntos que generan mayor rechazo están la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, el fin de “la ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, las restricciones de acciones sindicales en los espacios de trabajo, la posibilidad de la ampliación de jornadas de hasta 12 horas y el llamado Fondo de Cese Laboral (FAL) para reemplazar a las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses.
El Frente de Izquierda busca desmarcarse y llama a hacer “un acto propio más allá de que haga la CGT” con una congregación que arrancará antes, sobre avenida Rivadavia, donde se esperan pronunciamientos para llamar a un paro general. En este sector confluirán movimientos piqueteros como el Polo Obrero, agrupaciones estudiantiles troskistas y el grupo que los miércoles marcha en nombre de los jubilados.
La central obrera paralela a la CGT que conduce el diputado nacional Hugo Yasky, ligado al axelismo, llamó a un “paro y movilización” este miércoles para “decirle no a la reforma laboral de Milei”. Su columna se concentrará a partir en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo. Desde allí también llamó a marchar la otra CTA, la Autónoma, que lidera el estatal Hugo Godoy.
Durante las últimas jornadas, ambas CTA lanzaron el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) con gremios disgustados de la CGT -y encabezados por la UOM, de Abel Furlán, para endurecer la postura de los sindicatos e impulsar protestas en otros puntos del país, como Córdoba y Rosario.
Los estatales nucleados en ATE Nacional, que forman parte de la CTA, resolvieron llamar a “un paro total de actividades” de sus afiliados durante las 24 horas del miércoles y marchar al Congreso para “manifestar el profundo rechazo a la reforma laboral regresiva y esclavista”. El gremio que conduce Rodolfo Aguiar es crítico de la postura de la CGT y presionó sin éxito para que se convoque a una huelga nacional. Aguiar se mostró con el camionero Pablo Moyano.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó su “adhesión total” a la movilización de la CGT contra la reforma laboral y anunció un cese de actividades de los gremios integrantes de la entidad para ese mismo día, a partir de las 13 horas. Esta medida podría afectar el normal funcionamiento del transporte, a pesar de que los colectiveros de la UTA y los ferroviarios no forman parte de la CATT.
La Unión de Los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marchará con la CGT. Su titular, Alejandro Gramajo, en los últimos tiempos forjó un vínculo estrecho con la central obrera, donde participa activamente de las reuniones en representación de su espacio.
La agrupación kirchnerista La Cámpora convocó a sus militantes a marchar desde Montevideo y Rivadavia a partir de las 14 horas. “La reforma laboral de Milei y el FMI no es para crear trabajo, es para despedir. Este miércoles todos y todas al Congreso”, anunciaron a través de sus redes sociales. Si bien no hubo confirmación, no se descarta que haya presencia de dirigentes.
El espacio de Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), llamó a movilizarse “en defensa de los derechos de los trabajadores” a partir de las 14 desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Yrigoyen 1558. Sus organizadores le confirmaron a que el gobernador “estará presente”.
el proyecto de ley de reforma laboral,activar su cuarto paro general,@AefipM,#NoALaReformaLaboral,pic.twitter.com/lpcfHbVROZ,February 10, 2026,Manuel Casado,Reforma laboral,CGT,Javier Milei,Conforme a,Reforma laboral,,Ganadores y perdedores. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral,,Pedidos aceptados. El Gobierno concedió 28 modificaciones al proyecto de reforma laboral para asegurar su aprobación,,“Los derechos están en riesgo”. ATE convocó a un paro contra la reforma laboral y marchará al Congreso
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