POLITICA
Tras el revés en Diputados y los reclamos desde el CFI, Francos recibirá a una delegación de gobernadores en la Casa Rosada
Después de la presión que ejercieron los gobernadores desde el Centro Federal de Inversiones (CFI) y en la sesión en la Cámara de Diputados por las recomposiciones para los jubilados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aceptó recibir a una delegación de mandatarios este lunes, en la Casa Rosada, con agenda abierta.
Los jefes provinciales habían pedido que los recibiera Javier Milei, pero el Presidente partió ayer hacia su gira por Europa e Israel, uno de sus viajes más largos, que durará nueve días. Quien se dispuso a escucharlos en persona fue el ministro dialoguista, que hace tiempo no los recibía en grupo para discutir sus cuentas y temas de la relación fiscal entre los distritos y la Nación. Por ahora en Balcarce 50 guardan reserva sobre los detalles de la reunión, pero Infobae pudo confirmar que está en marcha su organización.
Francos les transmitió que aceptó recibirlos, pero serán los miembros de la liga de gobernadores quienes decidirán a quiénes mandan como representantes. Por ahora, confirmaron Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y está en duda quiénes serán los referentes del peronismo dialoguista seleccionados para encarar el diálogo con la Nación. En las provincias donde manda el PJ y la UCR eran cautas a la hora de confirmar si asistirán o no.
El ministro coordinador aceptó escuchar en persona sus reclamos luego de que los gobernadores pusieran en escena su malestar por la baja de la recaudación y el freno a la obra pública. Sabe que están preocupados por el impacto de la baja en los impuestos coparticipables y la caída en las transferencias automáticas a las provincias, que entre el 2023 y el proyectado al 2025 significó una variación real en torno al -11,5%. Según habían manifestado, querían pedirle a Milei un nuevo pacto fiscal.
En Gobierno no adelantaron si darán una respuesta inmediata. Pero teniendo en cuenta anteriores experiencias, en las provincias saben que será una primera aproximación con vistas a “ordenar” en los ámbitos impositivo, fiscal y de las obligaciones de orden federal y provincial.
Según denuncian, el rojo en sus cuentas en muchos distritos es inclusive peor que en la pandemia. De hecho, según datos de la cartera de Economía, las provincias tuvieron en mayo una caída real del 23,8% en promedio con respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de los estados de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) y la ciudad de Buenos Aires, entre otros, la merma trepó a más del 25%.
Varios mandatarios hicieron sentir su malestar con la falta de respuestas de la administración nacional el miércoles, durante la sesión donde, con ayuda de sus legisladores, se aprobó el proyecto de recomposición en jubilaciones y de la moratoria previsional. En el Gobierno tomaron nota de la presión y entre ayer y hoy empezaron a moverse, desde la Jefatura de Gabinete, para convocarlos.
Ayer, en su ronda de entrevistas con medios de Santa Fe en su visita a Agroactiva, Francos adelantó la posición del Gobierno. “Hablan de planteos de infraestructura, fundamentalmente, de los anticipos del Tesoro, de gastos que nosotros hemos restringido,. Pero lo hemos hecho con conciencia y con responsabilidad. No porque porque queremos, sino porque hacía falta ordenar las cuentas”, dijo tras reunirse con el gobernador, Maximiliano Pullaro.
Esta semana, el mismo día del encuentro plagado de críticas en la sede del CFI, varios de los gobernadores se desplazaron a la Casa Rosada para adherir al régimen simplificado de ganancias que lanzó Economía hace un mes y que quieren blindar en el Congreso. En total, hasta ahora son 14 las provincias que firmaron el convenio con Nación. Pero durante los encuentros para las firmas de esos documentos no se abordaron los reclamos de los gobernadores. “Es un tema aparte, que se discutirá oportunamente”, dijeron en Balcarce 50 ese dia.
El Gobierno está interesado en recomponer relaciones. Ayer, un año después de crear el Consejo de Mayo, Milei modificó por decreto la integración y el mecanismo de designación de los miembros del organismo. Es que los sectores que debían integrarlo no propusieron consejeros para formar parte del espacio de debate y elaboración de proyectos de ley y actos administrativos para la implementación del Pacto de Mayo.
“No se han recibido las propuestas de los Consejeros que lo integrarán en representación de las Provincias firmantes del ‘Pacto de Mayo’ y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del H. Senado de la Nación, de la H. Cámara de Diputados de la Nación, de las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado y de las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden”. Ante esta situación,el Poder Ejecutivo resolvió modificar la modalidad de designación para evitar nuevas demoras.
Por las provincias, fue designado el mendocino Alfredo Cornejo, cuya vice acaba de pasarse a las filas de La Libertad Avanza. El radical logró el cargo pese a que había recibido cierta resistencia de parte de sus pares para representarlos frente al Gobierno, pero en su entorno no contestaron si estará presente en la reunión del lunes con Francos.
POLITICA
ADEPA mostró “preocupación” por la campaña de desinformación sobre el Gobierno, pero pidió “evitar generalizaciones”
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado para expresar su “preocupación” ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.
En una comunicación titulada “Sobre las revelaciones de una presunta operación de espionaje y desinformación”, ADEPA expuso “su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales”.
“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, subrayó la entidad periodística.
Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.
“ADEPA subraya que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente. Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, destacó la entidad en uno de los párrafos de su comunicado.
Este lunes, el Gobierno impidió el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados pertenecientes a los medios que publicaron notas señaladas como pertenecientes a la campaña de desinformación conocida a partir de una nota periodística. detrás de la campaña está, según la investigación de un consorcio de periodistas, un grupo de espionaje ruso llamado “La Compañía”.
Para ADEPA, la situación obliga también a reforzar los métodos de chequeo en el oficio periodístico. “En este contexto, ADEPA exhorta a los medios a extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública. ADEPA insta que se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”, se subrayó en el comunicado de la entidad periodística.
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POLITICA
ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la maniobra difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero dirigida a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales.
De acuerdo con el comunicado de ADEPA, si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa y un intento por manipular el debate público bajo apariencias de información profesional. La organización advirtió que este tipo de campañas ilegítimas no solo desvirtúan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que podrían dañar la confianza pública en los medios.
La advertencia también incluyó un llamado a evitar generalizaciones que cuestionen de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo, así como una exhortación a los medios para que refuercen los procesos de verificación y fiscalización del origen de la información publicada. ADEPA insistió en la importancia de mejorar estos controles como recurso fundamental para preservar la calidad periodística y la confianza social.
Finalmente, la asociación periodística pidió que la investigación en curso se profundice y que las autoridades pertinentes adopten medidas para evitar la repetición de este tipo de prácticas.
De qué se trata la supuesta campaña rusa
Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinados a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. De acuerdo a declaraciones del propio Monastersky, el peligro de este esquema radica en su capacidad para alterar la formación de la voluntad del electorado y comprometer la integridad del sistema democrático argentino, especialmente durante periodos electorales.
La acusación judicial, presentada como “averiguación de ilícito”, solicita determinar si las prácticas descritas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado explicó que la maniobra investigada involucra aproximadamente a 25 medios de comunicación y un volumen de publicaciones inédito en el país. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky.
La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, hecho que el propio denunciante considera fundamental para la credibilidad del caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó.
En el texto de la denuncia entregado al juzgado consta que la posible inserción de operaciones coordinadas, con financiamiento extranjero, podría afectar de manera directa la transparencia del debate público. El documento recalca la necesidad de que la justicia individualice las conductas y establezca responsabilidades, ya que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o los fines del material difundido.
Esta preocupación fue acentuada por Monastersky. Distingue entre el rol legítimo del periodismo y la figura del operador disfrazado de periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, manifestó en la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso.
La investigación requirió al juzgado que remita vista al Ministerio Público Fiscal para que impulse la acción penal, teniendo en cuenta la posible aplicación de la normativa de inteligencia. El abogado puntualizó que la denuncia no califica preliminarmente los hechos para no forzar una figura penal y destacó la urgencia de actuar con celeridad para resguardar pruebas.
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El presidente Javier Milei fijó su postura sobre la eutanasia, a raíz del caso Noelia Castillo, la joven española de 25 años que decidió poner fin a su vida tras una serie de padecimientos físicos y mentales y una larga batalla legal.
Luego de su participación en Madrid Economic Forum y del encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, el mandatario manifestó su rechazo personal a la práctica, al definir la vida como “un regalo” que debe ser honrado diariamente, en declaraciones ofrecidas al diario español El Debate.
“En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Para mí la vida es un regalo que además debemos honrarlo. Es un motivo de alegría que cada día nos levantemos y podamos vivir. No puede ser peor estar muerto que tener una vida que no le gusta, por decirlo de alguna manera. Si usted me pregunta a mí, yo estoy en contra de la eutanasia. Digamos, esa es mi posición”, argumentó.
Sin embargo, Milei, si bien aseguró que intentaría disuadir a quien tomara esa determinación, subrayó que no se inmiscuiría en las resoluciones privadas de los individuos.
“Si yo quisiera a alguien que se quiere suicidar o llámalo como quieras, mi recomendación es que no lo haga. Yo no lo haría. Yo le recomendaría que no lo haga. Y si usted lo quiere hacer, yo estaría dispuesto a hablar con usted para tratar de convencerle de que no lo haga. Pero la decisión final es suya. Es decir, yo no me meto en las decisiones de la gente”.
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