POLITICA
Eduardo Vischi: “Si hay motivo para un juicio político a Milei por el caso $LIBRA, se tendrá que avanzar”
Eduardo “Peteco” Vischi supo ser hasta el momento un aliado clave de Javier Milei en el Congreso. Es que el jefe de senadores de la UCR se desmarcó de Martín Lousteau y cooperó con el Gobierno desde el inicio de la gestión libertaria. Por caso, firmó el pliego de Ariel Lijo y auxilió al Presidente para bloquear el intento de crear una comisión investigadora sobre el caso $LIBRA.
Ahora, Vischi aspira a posicionarse para como el delfín de Gustavo Valdés rumbo a las elecciones del 31 de agosto. En esa carrera, el senador compite con Eduardo Tassano y Juan Pablo Valdés, hermano del mandatario.
En medio de una recorrida de campaña, Vischi aboga por un acuerdo con Milei que le permita a la UCR retener el poder en la provincia. “Sería lo ideal”, remarca en una entrevista telefónica con .
No obstante, el dirigente radical no se pinta de violeta y toma distancia de la Casa Rosada en asuntos sensibles. Por ejemplo, anticipa que apoya el aumento de emergencia a los jubilados que se aprobó en Diputados, aunque admite que buscará que el Gobierno detalle cuál sería el impacto fiscal. En esa misma línea, dice que Milei debe dar explicaciones por el caso $LIBRA -justifica su polémico giro en la votación de febrero-, critica que la SIDE haya abierto la puerta al espionaje interno y siembra dudas sobre la actitud del Ejecutivo en la caída de ficha limpia.
-¿Por qué confía en ser ungido como el candidato de Gustavo Valdés?
-Quiero continuar un proyecto que necesita más desarrollo para la provincia. Hay una base bastante sólida por lo que se vino haciendo hasta ahora, con equilibrio fiscal y obras.
-¿La UCR debe buscar un acuerdo con LLA en Corrientes?
-Desde mi punto de vista, eso sería lo ideal. Hemos tenido varias coincidencias con el Gobierno y eso puede servir para seguir trabajando en el futuro. Hay muchas de las decisiones que está tomando el Presidente que nos parecen correctas.
-¿Cuáles son las medidas que le parecen correctas?
-Fundamentalmente, el equilibrio fiscal. O buscar que el Estado sea eficiente y que se desarrolle la actividad privada. Hay que poner a la Argentina en una senda de desarrollo y de generación de empleo privado.
-¿Hubo contactos con el Gobierno o Karina Milei? ¿Por qué considera que es probable que a LLA le interese una negociación para confluir en Corrientes?
-Eso lo llevan con el gobernador, por lo tanto, la línea fina no se conoce. Pero creo que ha habido algún tipo de diálogo. Obviamente, no hubo avances aún porque quedan aproximadamente veinte días para el cierre de las alianzas. En función de eso se verá cuál es el resultado.
-La UCR se divide entre los que apuestan a confluir con Milei y los que se oponen ferozmente al rumbo del Gobierno o resisten. ¿Es una nueva crisis de identidad o el partido languidece?
-Desde hace mucho tiempo el radicalismo no ha sabido expresar unánimemente una política pública de lo que quiere hacer con el Estado y en la Argentina. Y eso ocurre porque tiene actores en distintos niveles que expresan lo que les conviene a ellos, no al partido. Eso ha generado desacuerdos y desautorizaciones permanentes.
Lo más importante que tiene el partido son los radicales que gobiernan, con buenos resultados, y ganan elecciones en sus provincias. Ahí están los casos de Jujuy, Santa Fe o Chaco. Por otro lado, está el ejemplo de cómo le ha ido al radicalismo de la Capital. Al ver cuál logra el respaldo popular, te das cuenta cuál es el radicalismo exitoso.
-¿Usted va a apoyar en el Senado el aumento para las jubilaciones que se aprobó en Diputados? El Presidente ya anticipó que lo va a vetar.
-La otra vez habíamos planteado una reforma -incluso estaba acordada con el gobierno nacional- que daba un aumento mínimo y una fórmula de actualización. Por supuesto, siempre pensando en cuidar el equilibrio fiscal. Nos vamos a reunir en el bloque a mirar bien cuál es el panorama. Estamos en consonancia con darles un aumento a los jubilados, pero vamos a mirar cómo puede repercutir y cuáles pueden ser las cuestiones a futuro.
-Es decir, están de acuerdo con darle este aumento del 7% a los jubilados, pero quieren esperar a negociar con el Gobierno o ver qué costo fiscal va a tener.
-No digo negociar, pero por lo menos que nos expliquen dónde les impacta. Como no tenemos el presupuesto, no sabemos bien cuál es el efecto y por qué ellos dicen que les puede generar un problema en la caja.
-¿Es difícil atar acuerdos o dialogar con un Gobierno que no cede o no tiene un presupuesto aprobado por el Congreso? De hecho, los gobernadores Martín Llaryora o Alfredo Cornejo o Raúl Jalil comenzaron a desmarcarse.
-El presupuesto es fundamental porque no sabemos dónde estamos parados en los gastos. Nos complica muchísimo saber hacia dónde está yendo el Gobierno en función de su política de Estado. Por ejemplo, hay reclamos por la falta de obra pública. Es obvio que buscan el equilibrio fiscal, pero no sabemos de dónde sacar o dónde poner ni cuáles son las prioridades.
-Dijo que tiene coincidencias con LLA. ¿Cuáles son sus diferencias con Milei? Pareciera que el modelo libertario está lejos del ideario de la UCR.
-El punto clave es la educación pública. Eso es fundamental si queremos pensar en un futuro mejor para los argentinos, porque tiene que ver con el desarrollo humano.
La salud pública también importante porque hoy casi un 40% o 50% de trabajadores no registrados que no tienen obra social. No podemos dejar a la deriva a todas esas personas. A su vez, también fuimos quienes planteamos algunas reformas laborales.
-¿Por qué cambió su voto en la creación de la comisión investigadora LIBRA? ¿Hubo un pedido del Gobierno?
-En primer lugar, vimos la necesidad de esclarecer cuál era la situación. Pero cuando lo analizamos con los gobernadores, ellos nos dijeron que tuviéramos prudencia porque se podía venir una arremetida del kirchnerismo para tratar de aprovecharse y hacer tambalear al Gobierno, en función de que el Presidente estaba buscando recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo hablamos en el bloque, pero no nos pudimos poner de acuerdo. La idea era tratar de mandarlo a comisión. Cuando en la misma sesión vi que el kirchnerismo empezó a avanzar, incluso con improperios, decidí no acompañar. Lo dejamos en manos de la Justicia, que tiene que avanzar.
-¿El Presidente debe dar explicaciones sobre su rol en este caso?
-Sí, por supuesto. Y para eso la Justicia tiene que investigar e ir hasta las últimas consecuencias.
Si hay motivo para un juicio político, se tendrá que avanzar y [Milei] tendrá que asumir la responsabilidad.
-Sus pares de la UCR en el Senado le facturaron que no haya avisado que había firmado el pliego de Ariel Lijo. ¿Se lo pidió el gobernador Valdés?
-Lo hice convencido de que eso era apoyar al gobierno nacional o al Presidente, que había mandado ese pliego. Yo hice mi propio análisis de las condiciones el juez. Y había razones para que él pudiera integrar la Corte y, por eso, decidí acompañar el dictamen. Además, me lo había pedido el Gobierno.
-¿Por qué fracaso el tratamiento de ficha limpia? ¿Hubo un pacto entre Milei y Cristina Kirchner? ¿O le cree a Milei, quien dice que no negoció con el misionero Carlos Rovira?
-Me dejó bastante sorprendido, pero tengo la sensación de que el mismo Gobierno pudo haber influido en esa situación porque a ellos no les gustaba la idea de que haya “ficha limpia”, a pesar de que era un proyecto que habían promocionado. No consulté con los senadores de Misiones, pero ellos siempre han acompañado en todo al gobierno nacional.
-Hugo Alconada Mon reveló en que, según el nuevo plan de inteligencia nacional, los espías podrían poner en foco a opositores, periodistas y economistas. ¿Eso le preocupa? ¿Sería peligroso para la democracia que Milei tenga más poder?
-Es un periodista muy serio y, seguramente, tendrá información al respecto. De ser cierto, sería lamentable porque son cuestiones que ya hemos vivido en algunos momentos y no es razonable que busquen este tipo de instrumentos para presionar o doblegar voluntades y tratar de salir con el triunfo desde el chantaje. Sería muy malo para el país.
-¿Es sostenible la suspensión de la obra pública que dispuso Milei desde que asumió? Hay gobernadores, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que reclaman por el mal estado de las rutas nacionales.
-Se requiere una respuesta porque si queremos desarrollo en la Argentina, tiene que haber conectividad y buena energía. Deben estar todas las condiciones para poder lograr el desarrollo. Y el Estado tiene que aportar lo suyo.
-Milei volvió a atacar al Congreso por la suba a jubilados. ¿El Presidente quiere gobernar por decreto y no respeta las mayorías parlamentarias? ¿La Argentina se encamina a convertirse en una autocracia?
-Creo que él hace uso extremo de todo el poder que pueda tener a partir de la Constitución. Está en nosotros si vamos a dejar que eso pase a partir de la defensa de las instituciones. Y desde el radicalismo debemos volver a insistir en la reforma de los decretos de necesidad de urgencia (DNU) para que tengan otro tipo de tratamiento.
-¿Usted se siente un radical con “peluca” o libertario, como los diputados Mariano Campero, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier?
-No, no. Yo trabajo con convicción. Las cosas que están bien, las acompaño y las que no, las rechazo y trato de fundamentarlo.
-Sin embargo, quiere replicar en Corrientes el acuerdo electoral con LLA que cerró el radical Leandro Zdero en Chaco.
-Bueno, sería muy interesante porque se eligen cargos ejecutivos en Corrientes.
-¿Piensa que el votante radical apoya a Milei en su provincia?
-Sí, tenemos muchos radicales que apoyan a Milei.
POLITICA
Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires”
Mientras continúa la investigación por triple crimen en Florencio Varela, la religiosa Martha Pelloni denunció con fuerza que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que esta problemática “no es algo de hoy”. A pesar de la gravedad, afirmó con optimismo: “Vamos a salir adelante”.
En diálogo con A24, Pelloni analizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y señaló que “lo que va apareciendo día a día, relacionado con la Policía, los políticos y la Justicia, revela un entramado social terrible, sobre todo en Buenos Aires”.
Detuvieron al narco “Pequeño J”, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
La religiosa advirtió que “el narcotráfico es un problema que supera este caso, afecta a todas las mujeres, con femicidios diarios donde la violencia se intensifica donde la droga está presente”. Subrayó además que “las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de la trata”.
Pelloni remarcó que esta crisis “está concentrada en la provincia de Buenos Aires” y lanzó una fuerte acusación: “aunque estén presos, los narcos siguen financiando la política y eso debe terminar. Lo sucedido no habría ocurrido si los políticos no estuvieran involucrados”.
En declaraciones anteriores, Pelloni ya había señalado la relación directa entre narcotráfico y política, especialmente tras la muerte de las jóvenes y la detención en Perú de Pequeño J, presunto jefe narco y autor intelectual del crimen.
El video:
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MARTHA PELLONI,Narcotráfico,Provincia de Buenos Aires,TRIPLE CIRMEN
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
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