POLITICA
El avance narco sobre un conurbano descompuesto
La inauguración de la canchita de fútbol en el barrio popular Kilómetro 13 de Quilmes había sido motivo de festejo en el vecindario. La promovieron desde la parroquia como un espacio de socialización en un entorno social difícil. Al tiempo le agregaron luces para poder ampliar su uso y se convirtió en un punto de encuentro para chicos y jóvenes.
Pero una noche las bandas narcos que operan en la zona, interpretando que ese espacio era un desafío a su dominio territorial, volaron a balazos los reflectores que iluminaban el campo de juego. El sacerdote del lugar consiguió apoyo para reponer las luminarias, con la convicción de que estaba en riesgo algo más que un juego deportivo.
La tensión volvió a escalar cuando los narcos decidieron dar un paso más osado e instalaron una casilla de venta en el círculo central de la canchita. Una señal mafiosa de indudable significado. Pocas noches después, los vecinos organizados en torno de la parroquia la removieron con una topadora y volvió el fútbol. Una disputa metro por metro entre dos universos contrapuestos.
Esa historia mínima que ocurrió hace pocos meses describe uno de los principales flagelos que azota a los barrios populares y que se ha transformado en el fenómeno más peligroso del AMBA: la convivencia diaria con el mundo narco, la socialización de sus dinámicas y el quiebre del precario esquema de contención que integran parroquias, comedores y clubes.
No se trata solamente de las derivaciones delictivas del negocio de la droga, con su secuela de episodios de balas y sangre. Es una evolución que hoy descompone la vida de las familias, impacta en la economía de los hogares, diluye el rol de las escuelas y agota tempranamente las expectativas de adolescentes y jóvenes.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí ha cobrado otra dinámica en los últimos años. Y este diagnóstico es reconocido por todos los que intervienen en el territorio, desde los curas villeros, los que atienden los comedores, los movimientos sociales, los intendentes y también el gobierno nacional.
El tema tomó tal calibre que fue uno de los asuntos dominantes en un encuentro de 60 sacerdotes de los Hogares de Cristo de todo el país que se reunió esta semana en Buenos Aires. En el Gobierno comparten el diagnóstico y la inquietud. “Nos preocupa mucho lo que está pasando con el avance narco, es un tema muy grave al que le prestamos toda la atención”, señala una alta fuente de Capital Humano, que tiene a su cargo las políticas sociales.
“Yo hace veinte años que voy a la villa y nunca tuve problemas. Ahora tengo miedo de ir. El otro día me cortaron el paso unos pibes para afanarme, y cuando me iban a encarar uno gritó: ´Es el cura, dejalo´. Pocos días después me cruzó un cartonero totalmente falopeado que se me acercó con un fierro para pegarme y zafé apenas. Yo le doy de comer al hijo de ese tipo. Esas cosas antes no me pasaban. Algo se rompió ahí”. La dura descripción corresponde a un sacerdote que trabaja en villas del sur del conurbano, y que sintetiza una idea bastante arraigada de que se rompió el tejido social de un modo tan profundo que los códigos implícitos que imperaban en esos territorios sin ley hoy ya no rigen.
Otro religioso que está muy activo en la asistencia social en La Matanza relató con sorpresa lo que le ocurrió hace unas semanas: “Siempre vamos con un carrito distribuyendo comida y la gente nos recibe con mucho afecto. Pero ahora nos estamos encontrando con referentes narcos que nos dicen: ´Por acá no repartís´. No quieren que nos metamos en su territorio. La última vez nos empezaron a golpear en el carrito con sus pistolas”.
Cerca de allí, en el complejo La Tablada, esos grupos hicieron un temerario golpe comando en febrero. Entraron una noche a punta de pistola y desalojaron 60 viviendas, le pusieron camiones a la gente para que saque sus pertenencias e instalaron en el edificio un centro de venta de drogas. A pocas cuadras de ahí, esta semana se produjo la muerte del chico Thiago Correa, quien recibió el balazo de un policía que disparó contra un grupo de delincuentes.
Las bandas no siempre recurren a la fuerza para lograr sus objetivos. Muchas veces apelan a la seducción del dinero. El mecanismo más habitual es el de los préstamos. Cada vez más gente con problemas económicos recurre a ellos para que les presten plata, sin saber que desde entonces no van a poder desligarse de esos grupos, aunque les devuelvan el dinero.
Otra práctica muy común es que los narcos les exijan a las familias que le guarden droga o armas en sus casas, para eludir controles policiales. En general no las dejan más de una noche porque las van cambiando de lugar permanentemente. El pago puede ser en efectivo o en “merca”, con lo cual el consumo va encontrando otras vías para permear el tejido familiar.
El impacto en los jóvenes de esta fase de naturalización social de las adicciones es demoledor. Sólo basta una recorrida superficial por esos barrios para entender cómo la calle se transformó en el ámbito natural de interacción, asociado a las drogas. El diálogo gira en torno de cuánto consumieron, cómo se sintieron y dónde compraron. Ya no se trata sólo de los pibes que consumen paco y están definitivamente rotos; son jóvenes que fueron a la escuela, pero terminaron cayendo por razones económicas y sociales. Es una generación amenazada gravemente.
En las encuestas cualitativas que hicieron Rodrigo Zarazaga y Daniel Hernández para el informe “La narrativa rota del ascenso social” (CIAS-Fundar), el 51% de los jóvenes de 16 y 24 años que fueron sondeados en barrios vulnerables afirmó que “la mayoría de sus amigos consumen drogas”, y que el 43% dijo “tener conocidos del barrio que las venden”. Es decir que al menos la mitad de ese grupo etario tiene un trato diario con ese mundo ilegal.
nicolas Suarez
Una de las mujeres que atiende en el amplio complejo parroquial, social y deportivo San José, en La Matanza, los define como “una nueva clase social”. Sabe de qué habla: en el centro de rehabilitación que administran reciben cada vez a más jóvenes. También a las madres afligidas por la situación de sus hijos. Otra de las señoras que trabaja allí bajo la guía de los sacerdotes Nicolás Angelotti y Pablo Vidal, retrata esa situación con una frase inquietante: “Las mamás vienen acá y nos dicen que no pueden dormir a la noche, porque no saben si las van a llamar del hospital para decirles que su hijo está internado, o de la morgue para que reconozca su cuerpo”.
Esta realidad se deposita sobre procesos que vienen desde hace mucho tiempo y que nunca fueron abordados con seriedad desde el poder político. Es uno de los déficits de la democracia con mayor cantidad de responsables.
Sin embargo, ahora hay dos razones que estarían complejizando más la situación. Por un lado, el deterioro económico en los segmentos más carenciados y la ausencia de alternativas laborales para jóvenes y adultos poco instruidos.
En los barrios populares la mayoría de quienes trabajan lo hacen en ocupaciones informales, que se generan a partir de un mayor consumo de las clases medias. Amas de casa, peluqueras, jardineros, obreros. Y esos sectores de la economía son los que muestran mayor estancamiento. “No hay changas”, es la frase que se utiliza coloquialmente para describir esa parálisis.
El gran logro del Gobierno de haber reducido 14 puntos el índice de pobreza en un semestre no tiene una expresión nítida en esta geografía, porque se trata de una medición por niveles de ingresos. Es una baja de la pobreza estadística, que registra quienes quedan arriba o abajo de la línea mínima dependiendo esencialmente de la inflación, que ha descendido en forma sostenida durante la actual gestión. Sin embargo, permanece firme el tercio de la población que padece pobreza estructural, un desafío mucho más complejo.
Los comedores populares son un termómetro de esta situación. Por un lado, cerraron muchos porque dicen que mermó la provisión de alimentos que derivaba el gobierno nacional. Sólo quedan los aportes de los municipios, las provincias y del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Y los que permanecen activos están desbordados.
En los comedores todos los días hay gente que se acerca a las 9 de la mañana para hacer la fila, pese a que la distribución de comida se inicia a las 12.30. Como en varios de ellos dejaron de atender a la noche, mucha gente pide llevarse la vianda también para la cena, y así no alcanza para todos. Esto derivó en que por primera vez se produjeran hechos de violencia en las colas, rompiendo un código de armonía que regía implícitamente en ese entorno de carencias severas. El lamento que se escucha con frecuencia en ese ámbito es la pérdida de los valores de comunidad que siempre los guiaron y que entienden que el Gobierno busca devaluar.
El otro problema deriva de la desterritorialización de la ayuda social, que generó un vacío de representación más agudo. La política social de Javier Milei, instrumentada por la ministra Sandra Pettovello, respondió a una lógica muy clara: atender la demanda de una sociedad agotada por los piquetes cotidianos que pedía cortar el flujo de dinero que mantenía a los movimientos.
En todas las encuestas aparecía como la política pública más cuestionada y los libertarios actuaron en consecuencia. Con ese mandato, el Gobierno redujo el año pasado un 14,19% el gasto social no contributivo, según el último informe del CIAS-Fundar elaborado por Andrés Schipani, Lara Forlino y María Victoria Anuati.
A partir de ese principio, Capital Humano congeló los planes Potenciar Trabajo (se recortaron en un 59,8%), que era el que administraban las organizaciones y los municipios, así como las becas Progresar (un 63,3% menos), para que los adolescentes pudieran continuar con sus estudios.
Por contrapartida, incrementó fuertemente la AUH (Asignación Universal por Hijo), con un 47,48% de crecimiento, y en menor medida la Tarjeta Alimentar. Esto representó un cambio en las prioridades que habían mantenido los gobiernos anteriores, por lo cual se focalizó la mayor parte de la asistencia en los niños y se recortó para el segmento de jóvenes y adultos. Allí se produjo un golpe que se sintió con fuerza.
Este giro tuvo efectos positivos. Uno de los más importantes fue que la ampliación de la AUH evitó situaciones extremas y generó un sosiego importante en la base social. Además, con la deshidratación del Potenciar Trabajo el Gobierno logró eliminar una intermediación política que le asignaba a su distribución un nivel de arbitrariedad injusto.
Sin embargo, ese apartamiento de las organizaciones y también de los referentes partidarios locales, restó presencia territorial a la ayuda social, lo cual sumado a la retracción de los comedores y al cierre de agencias del Estado en barrios populares (especialmente de Anses), dejó un campo más liberado para ser ocupado por otros actores, en particular por los agentes del narco.
“Hay un desmantelamiento del tejido social que se profundizó con la desaparición del Potenciar. Muchos de los que daban de comer recibían ese plan. Hoy tenemos comedores que son financiados por los narcos, porque no tienen alternativas”, relata un referente religioso que trabaja en la villa 21 24 Zavaleta.
Schipani coincide en que el doble efecto que produjo la disecación de las organizaciones sociales vía congelamiento de los Potenciar Trabajo y el achicamiento de los comedores, “diluyó espacios donde no sólo se da de comer, sino donde también se brinda apoyo escolar, donde funcionan de hecho guarderías para que las mujeres puedan dejar a sus hijos y salir a trabajar. Y ese vacío lo va ocupando el narco. Conocemos varios casos en los que son ellos quienes están financiando comedores”.
Estas transformaciones en el entramado social son seguidas con preocupación desde el Ministerio de Capital Humano, donde coinciden con el diagnóstico, pero consideran que era necesario atravesar este proceso que califican “de transición” para lograr la desintermediación de la ayuda social.
Ahora se preparan para una fase nueva que apunta a atender ese vacío que señalan los actores territoriales. Se trata del establecimiento de una red de Centros de Familia, que buscará articular con municipios y provincias un esquema de ayuda que esté unificado aprovechando las estructuras vigentes. La mayor novedad del plan sería la instrumentación de un voucher para hacer cursos y capacitaciones en distintas áreas para quienes cumplan con los requisitos que se dispondrán. La intención es lanzar próximamente un plan piloto que se iniciará en la ciudad de Concordia.
Según el Gobierno, no se requerirá más presupuesto, ya que los servicios prestados por los vouchers se sustentarán con partidas derivadas de programas discontinuados y la infraestructura partirá de lo que hoy cuentan intendentes y gobernadores. Esta idea está en línea con la impronta general de descentralizar los servicios que presta la Nación, desde salud y educación, hasta la ayuda social. En el entorno de Pettovello consideran a este proyecto la apuesta principal para reparar la falta de presencia estatal en los sectores más carenciados.
En esta geografía inhóspita la política ha retrocedido fuertemente en términos de representación. El vacío territorial también tiene una expresión en ese plano. La pelea electoral que se avecina en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la tercera sección, no parece interpelar todavía al ciudadano de a pie.
Cristina Kirchner es claramente la figura más popular, pero también es un fenómeno que parece menguante, que atrae emocionalmente a quienes tienen más de 30 años y recuerdan la época gloriosa del kirchnerismo. No es un movimiento entusiasta, provoca una adhesión nostálgica, de resistencia ante la amenaza libertaria. Axel Kicillof transmite en el territorio casi lo mismo que la expresidenta. La gente los asume como parte del mismo proyecto y ni se imagina las razones del distanciamiento entre ellos. Pero ambos simbolizan una iconografía cuyo mensaje está desgastado. El Estado presente o la economía popular ya son enunciaciones vacías.
Al mismo tiempo, Milei expone uno de los trofeos que obtuvo en 2023, que fue haberle carcomido parte de la base social al peronismo. El “voto Rapi” simbolizó el atractivo que produjo, especialmente en el segmento joven, con su estilo desafiante y descontracturado.
Esos sectores hoy basculan entre los que aún mantienen alguna expectativa y los que están desilusionados porque no se ven como beneficiarios del modelo libertario. Son los que imaginaron una recuperación económica inmediata pero que sienten que todavía no les llega.
Existe una valoración muy nítida de Milei por la baja de la inflación, el mérito principal que los pobres le atribuyen al Presidente, pero al mismo tiempo emerge la expresión inevitable: “No me alcanza la plata para llegar a fin de mes”. Hay una parte de la promesa cumplida, y otra vacante.
Más allá del resultado electoral (probablemente con mucho ausentismo), los sectores más pobres de la sociedad se perciben sin representación política real. Hay una narrativa kirchnerista desvirtuada, y otra libertaria que todavía no tiene la fuerza para reemplazarla.
El ánimo dominante en el conurbano es de desesperanza y desconexión. No se ven un espíritu rebelde ni indicios de una explosión en las calles. Hay una implosión social que se expresa en las casas, en la escuela y en el barrio. Una descomposición en cámara lenta.
POLITICA
Semana negra para el PJ: un posible quiebre en el Senado, el enojo entre gobernadores del norte y las derrotas en el Congreso
El peronismo afrontó su peor semana política desde que comenzó el año. Perdió dos votaciones clave en el Congreso -la reforma laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados-; y votó dividido en la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europa.
Las malas noticias continuaron ayer, cuando la Cámara de Casación Penal rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin horarios y cantidades pautadas, además de poder utilizar la terraza y que se le saque la tobillera electrónica que lleva puesta desde el momento en que quedó detenida.
La única novedad positiva fue que en el Senado el interbloque con diferentes sectores del peronismo votó en unidad. Una rareza en estos tiempos de múltiples fragmentaciones que afectan al peronismo. Fue un hecho circunstancial. La unidad política se quebró hace tiempo. El peronismo del interior tiene cada vez más diferencias con el kirchnerismo. El entrelazado dirigencial en el Senado subsiste porque peor es estar fragmentados.
De todas formas, durante la votación uniforme contra la reforma laboral pudieron achicarse algunas diferencias internas que, en muchos casos, tienen más que ver con posicionamientos ideológicos y formas de construir poder, que con la postura en temas esenciales de la discusión de fondo que ha propuesto dar Javier Milei.
La semana que viene puede haber novedades en el Senado. Existe la posibilidad de que, finalmente y después de varios cortocircuitos, el interbloque del peronismo se rompa definitivamente. Miércoles y jueves serán días importantes para el futuro del armado que aglutina a las diferentes ramas del Justicialismo. Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) están analizando cuál es el momento para quebrar un lazo que ya no tiene sustento.
Aún no hay acuerdo uniforme entre ellos. La idea principal que tienen es seguir unidos como bloque, pero hay diferencias en la cúpula que tensionan todas las negociaciones. La principal es que existe un fuerte enojo de Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz con el riojano Ricardo Quintela. ¿El motivo? En los días previos a la votación de la reforma laboral, según aseguran fuentes parlamentarias al tanto de las negociaciones, el “Gitano” llamó a Jalil para decirle que si no votaban en contra, iban a intervenir los PJ de sus provincias.
“El Gitano pasó de enfrentar a CFK, a ser su vocero. Justo con Jaldo y Sáenz que fueron quienes les prestaron avales cuando intentó competir con ella por la presidencia del PJ Nacional”, advirtió a Infobae un dirigente muy cercano a los gobernadores. La referencia es la feroz pelea que Quintela y CFK tuvieron por la renovación de autoridades del partido y que terminó con la imposibilidad del riojano de poder competir.
De la situación conflictiva entre los gobernadores del norte provino la denuncia pública del mandatario salteño, cuando aseguró que el kirchnerismo estaba amenazando gobernadores y legisladores. El futuro de Rejal, que responde a Quintela, es incierto. Como también es la posibilidad de sumar a un nuevo bloque a la salteña Flavia Royón.
Por el momento, no hay gestiones del sector kirchnerista para evitar la ruptura que, de concretarse, puede abrir la puerta a un proceso de desbande que está latente desde hace más de un año. Y la posibilidad de que eso suceda, en un 2026 clave para la construcción de un nuevo proyecto, es alta.
El quiebre simbólico más importante de las semana que pasó tal vez haya sido el que tuvo lugar cuando se debatió el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Porque allí quedaron bien expuestos los perfiles ideológicos de cada tribu. El sector más de izquierda, como La Cámpora o Patria Grande, de Juan Grabois, votó en contra, mientras que la mayoría de los diputados del peronismo del interior y el massismo votaron a favor.
La iniciativa para que un sector del bloque votara a favor del acuerdo la tomó el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. El santafesino planteó su apoyo a la iniciativa durante la primera reunión de bloque que hubo en la previa de la votación. En un primer momento tuvo pocas adhesiones, pero para el segundo encuentro ya había ganado el respaldo de varios diputados del interior.
La postura inicial de Rossi la terminó complementando Germán Martínez, presidente del bloque justicialista, quien buscó un acuerdo integral pero, al tercer encuentro previo de todo el bloque, advirtió que la división estaba marcada y había que votar por separado como espacio. Finalmente, se sumaron distintos legisladores, de diferentes campamentos, que aportaron un número importante para que el acuerdo se retifique,
Entre algunos dirigentes del PJ federal hay cada vez más contactos cruzados, buscando acercar posiciones con dirigentes que están fuera de los límites de Unión por la Patria (UP), pero que, según muchos piensan en ese universo, serán necesarios para sumar fuerzas contra Milei en el 2027. La dinámica parlamentaria será importante este año para descubrir por donde van a contribuir al armado político c
En el peronismo hay muchos caminos paralelos que se recorren al mismo tiempo. Cristina Kirchner está dando una batalla milimétrica contra la Justicia Federal para que le den mayores libertades dentro de su prisión en San José 1111. Hasta ahora, no lo ha logrado. Sus limitaciones se van acrecentando al mismo ritmo que baja su nivel de influencia dentro del esquema justicialista.
La campaña “Cristina libre” es, mayoritareamente, un ejercicio semanal del kirchnerismo duro. Un sector que se ve obligado a encontrar un nuevo lugar en el mapa de poder, aunque para todas las tribus resulte difícil, a esta altura del calendario, posicionarse con exactitud debido a la horizontalidad del debate. Hay un puñado de nombres que han dado señales claras de su intención electoral y un bloque enorme de dirigentes que quieren empujar un cambio de ciclo. Hay ruido y hay movimientos.
Por otro camino transita Axel Kicillof, que cada vez juega más con su potencial candidatura presidencial y que está haciendo un nuevo esfuerzo por posicionarse tras el sube y baja de poder que implicaron el triunfo de septiembre y la derrota de octubre del año pasado. En el mientras tanto, dio un paso adelante al consensuar con el cristinismo su desembarco al frente del PJ Bonaerense. Camina hacia adelante. A su tiempo y a su modo, pero con una única dirección.
Detrás del acuerdo de cúpula por la conducción partidaria quedaron cerca de treinta distritos donde el PJ no se pudo ordenar e irá a elecciones internas. Un mano a mano que en el peronismo esquivan con frecuencia por temor a que se desbarranquen las dañadas estructuras que se edificaron durante las tres gestiones kirchneristas. Si no hay síntesis, entonces que se resuelva por los votos. Eso sucederá en varios municipios bonaerenses donde las expresiones territoriales de CFK y Kicillof no pudieron darse la mano.
En otro camino, van los gobernadores, que tantean la posibilidad de empujar un armado federal, que reestructure lo que supo ser el Frente de Todos en el 2019, y que sea la columna vertebral de una nueva propuesta electoral. Es muy reciente, pero el momento de que la rosca de construcción política tome más velocidad está cada vez cerca. Porque los acuerdos transversales, como los que se analizan negociar en el corazón del peronismo, necesitan tiempo.
En el PJ hacen lo posible para resistir la embestida libertaria tras el recambio de las dos Cámaras y la sensación triunfalista que le dejó al oficialismo la victoria electoral que pintó gran parte del país de violeta. Hacen lo que pueden, en esta instancia donde son minoría y el Gobierno mantiene fuerte sus alianzas provinciales.
Esta semana los legisladores que responden a los dos gobernadores peronistas aliados a Milei se pusieron en la vereda de enfrente al Gobierno. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo jugaron en contra de la reforma laboral. Algunos justicialistas que conviven con la desconfianza impregnada en la piel creen que lo hicieron solo porque el número para la aprobación estaba asegurado con las manos del PRO, la UCR y los aliados provinciales. Todo es posible.
El peronismo de UxP tiene el deber de mirar hacia Tucumán y Catamarca para ver cómo hacen convivir esas lógicas provinciales cercanas a la Casa Rosada con una construcción opositora para el año que viene. Es uno de los desafíos que tienen por delante los articuladores que flotan por las distintas terminales del armado político. Ganarle a Milei será una tarea extremadamente complicada, aunque varios pastores de las catástrofes anuncien la caída en desgracia del modelo libertario.
La semana de sinsabores que tuvo el PJ puede repertirse en el corto plazo si el Gobierno logra sancionar los dos proyectos que trató en estos últimos días. La capacidad de buscar acuerdos amplios con las fuerzas del centro será más importante que la búsqueda de sumar gente a la calle. Un recurso que ha pasado de moda. El peronismo necesita abrirse, flexibilizarse y acomodarse al nuevo tiempo. Es una realidad que algunos ya digirieron y otros aceptan a regañadientes.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
POLITICA
El Gobierno asegura que tiene los votos para una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias
El Gobierno asegura que tiene los votos para lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo activó gestiones para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados esta semana, pero la iniciativa se postergó y planean retomar la discusión en marzo.
La intención de la Casa Rosada era dictaminar el proyecto en comisión el miércoles y tratarlo en el recinto al día siguiente. El envío de la iniciativa se incluyó en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.
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“No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”, agregan. En Balcarce 50 sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas -como los legisladores de Provincias Unidas- y argumentan que tienen un piso de 131 votos. El oficialismo apunta a darle media sanción a partir de marzo.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones. Participaron representantes del comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, y se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
La nueva ley que impulsa el Gobierno no deroga formalmente la vigente -sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso-, sino que busca modificar su esquema de actualización y financiamiento. El texto propone reemplazar el mecanismo de indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión.
El Ejecutivo está dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos asignados en 2025. Lo mismo aplica para una instancia de evaluación en junio para analizar eventuales diferencias entre los aumentos otorgados y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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La negociación se produce en paralelo a la apelación presentada por la Casa Rosada contra la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley actual. El recurso fue interpuesto ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
La mesa chica de Balcarce 50 busca evitar una nueva escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo y quiere cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace a la actual. Nación ya reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de tensiones judiciales e insiste con que intentará modificarla este año.
Gobierno, universidades
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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Más temprano la titular de la cartera de Seguridad Nacional brindó datos sobre el hecho
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
“Del otro lado tenemos esto”: la reacción del Gobierno a la manifestación en contra de la reforma laboral
La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
Reforma laboral: la Policía Federal detuvo a 71 personas durante los incidentes en las afueras del Congreso
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