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Quién es Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente baleado en Colombia: política desde la cuna, la sombra de Pablo Escobar y feroz rival de Petro

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«Fue un atentado contra Uribe», calificó en las últimas horas el gobierno de Colombia sobre el ataque en plena vía pública que el senador y precandidato a presidente Miguel Uribe Turbay sufrió este sábado por la tarde, cuando fue baleado en la cabeza en el oeste de Bogotá. Todo el arco político local, desde Petro, que es su oponente político histórico en la capital colombiana, repudió al unísono el ataque a Uribe Turbay, cuya vida entera -casi desde la cuna- está relacionada a los asuntos políticos.

Uribe Turbay tiene 39 años y es miembro del partido Centro Democrático, por el cual es senador y por el que es precandidato a presidente para las elecciones de 2026. Este sábado por la tarde participaba de un acto en el oeste de Bogotá, en la localidad de Fontibón, cuando fue baleado en la cabeza, por lo que permanece en grave estado de salud. Su vida, y de lo que lo sucedido este sábado sólo es una muestra más, está signada por la política, por la violencia y por la violencia política.

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Nació el 28 de enero de 1986, en Bogotá. Su madre, Diana Turbay (1950-1991), también bogotana, fue una abogada y periodista colombiana que tuvo, en segundas nupcias, un hijo con Miguel Uribe Londoño, quien fuera presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros. Cuando el hoy agredido tenía cinco años de edad, su madre Diana fue secuestrada por la organización criminal Los Extraditables, comandada por Pablo Escobar.

El grupo de Los Extraditables finalmente ejecutó a Turbay en Medellín, la ciudad desde donde el líder narco digitaba la violencia armada en el país casi a su antojo. Se aduce que Escobar mandó matarla para impedir el tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos.

El abuelo de Uribe Turbay es Julio César Turbay Ayala (1916-2005), presidente de Colombia durante 1978 y 1982, período en que el narcotráfico se afianzó como un factor de poder en ese país, que coincidió con el fin del período de gracia de las remesas extraordinarias de dólares que ingresaban por la exportación de droga. Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, y las acusaciones de complicidad con el narco que le imputaban fueron los motivos de que Turbay Ayala aplicara el Estatuto de Seguridad, un estado de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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Miguel Uribe Turbay, senador agredido este sábado a balazos en Bogotá, está en grave estado. Foto EFE/ Carlos Ortega.

Desde su adolescencia, Miguel Uribe Turbay parecía llamado a continuar con el legado político familiar. Al terminar el colegio estudió Derecho en la Universidad de los Andes, donde también se recibió de magíster en Políticas Públicas. En la Universidad de Harvard se recibió de magíster en Administración Pública.

En 2012, a los 25 años, fue elegido concejal en Bogotá, gracias al caudal de votos liberales de la capital colombiana. Los periodistas de esa ciudad lo reconocieron durante el primer año de su gestión como una sorpresa positiva, lo que le valió en 2014 la presidencia del Cabildo Distrital. En la ciudad, su principal adversario político era Gustavo Petro, el por entonces alcalde Bogotá y actual presidente de Colombia.

En 2016, a los 30 años de edad, le llegó el traje de secretario de Gobierno de Bogotá, durante la gestión de Enrique Peñalosa (Equipo por Bogotá, conservador). Se convirtió en la segunda persona más joven en haber accedido a ese cargo. Durante su ejercicio el nivel de homicidios y de hurtos y robos aumentaron a niveles no reportados desde hacía, como mínimo, un lustro.

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Aspiró a la alcaldía de Bogotá en 2019, cuando en octubre cosechó poco más de 420 mil votos que le valieron el cuarto puesto sobre cuatro candidatos posibles, con un 13,5 % de los votos. Otra fue su suerte dos años más tarde, en 2021, cuando confirmó su candidatura a senador por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que aglutina a la derecha política de ese país. A pesar del apellido en común, no hay vínculo familiar entre Uribe Vélez y Uribe Turbay.

La rivalidad con Petro y el último cruce en redes antes del atentado

El precandidato baleado este sábado es senador desde marzo de 2022, luego de haber resultado el candidato en lista abierto más votado del país. A base de críticas al gobierno de Gustavo Petro, viejos contrincantes en la capital del país, nacionalizó su figura, que lo arrima como precandidato a presidente para las elecciones del año próximo.

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Con Petro había polemizado en redes sociales el viernes, un día antes del atentado. Ocurrió luego de que Uribe Turbay cuestionara el nombramiento de Luis Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia.

«¡Dios mio¡ ¿el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos, hablando de ruptura institucional?», reaccionó el actual presidente de Colombia.

La respuesta fue en tono similar. «Es cobarde y cínico. Petro ataca con calumnias a quienes le perdonaron sus crímenes. Fue él quien empuñó armas y participó de un grupo criminal. Fue el M19 el que asesinó, torturó, secuestró e incendió el Palacio de Justicia. No permitiremos que vuelvan los verdugos», tuiteó el senador y precandidato presidencial.

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En ese plan de candidato opositor participaba del acto de este sábado, cuando fue baleado en la cabeza en Fontibón, al oeste de Bogotá.



violencia,Colombia,Bogotá,Últimas Noticias

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Continued court fights could put Harvard in unwinnable position vs Trump

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A federal judge in Massachusetts on Thursday granted Harvard University’s emergency request to block, for now, the Trump administration’s effort to ban international students from its campus, siding with Harvard in ruling that the university would likely suffer «immediate and irreparable harm» if enforced.

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The temporary restraining order from U.S. District Judge Allison D. Burroughs blocks the administration from immediately stripping Harvard of its certification status under the Student and Exchange Visitor Program, or SEVP — a program run by Department of Homeland Security (DHS) that allows universities to sponsor international students for U.S. visas.

Burroughs said in her order that Harvard has demonstrated evidence it «will suffer immediate and irreparable injury before there is an opportunity to hear from all parties,» prompting her to temporarily block the SEVP revocation. 

Still, some see the order as a mere Band-Aid, forestalling a larger court fight between Harvard and the Trump administration — and one that Trump critics say could be unfairly weighted against the nation’s oldest university.

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STATE DEPARTMENT NOW SCRUTINIZING ALL VISA HOLDERS ASSOCIATED WITH HARVARD

Banners hang outside the Harry Elkins Widener Memorial Library at the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts, on May 27. (Sophie Park/Bloomberg)

«Ultimately, this is about Trump trying to impose his view of the world on everybody else,» Harvard Law professor Noah Feldman said in a radio interview discussing the Trump administration’s actions. 

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Since President Donald Trump took office in January, the administration has frozen more than $2 billion in grants and contracts awarded to the university. It is also targeting the university with investigations led by six separate federal agencies. 

Combined, these actions have created a wide degree of uncertainty at Harvard.

The temporary restraining order handed down on Thursday night is also just that — temporary. Though the decision does block Trump from revoking Harvard’s SEVP status, it’s a near-term fix, designed to allow the merits of the case to be more fully heard.

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Meanwhile, the administration is almost certain to appeal the case to higher courts, which could be more inclined to side in favor of the administration.

And that’s just the procedural angle. 

JUDGES V TRUMP: HERE ARE THE KEY COURT BATTLES HALTING THE WHITE HOUSE AGENDA

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Harvard President Alan Garber places his hands over his heart while standing at the podium during the university’s commencement ceremony, as faculty in academic regalia applaud behind him.

Harvard President Alan Garber acknowledges an extended round of applause during Harvard University’s commencement ceremonies in Cambridge, Massachusetts, on May 29. (AP Photo/Charles Krupa)

Should Harvard lose its status for SEVP certification — a certification it has held for some 70 years — the thousands of international students currently enrolled at Harvard would have a very narrow window to either transfer to another U.S. university, or risk losing their student visas within 180 days, experts told Fox News. 

Some may opt not to take that chance, and transfer to a different school that’s less likely to be targeted by the administration — even if it means sacrificing, for certainty, a certain level of prestige.

Regardless of how the court rules, these actions create «a chilling effect» for international students at Harvard, Aram Gavoor, an associate dean at George Washington University Law School and a former Justice Department attorney, said in an interview.

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Students «who would otherwise be attending or applying to Harvard University [could be] less inclined to do so, or to make alternative plans for their education In the U.S.,» Gavoor said. 

Even if the Trump administration loses on the merits of the case, «there’s a point to be argued that it may have won as a function of policy,» Gavoor said.

Harvard University gate

People walk through the gate on Harvard Yard at the Harvard University campus in Cambridge, Massachusetts, on June 29, 2023. (Getty Images)

Meanwhile, any financial fallout the school might see as a result is another matter entirely.

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Though the uncertainty yielded by Trump’s fight against Harvard could prove damaging to the school’s priority of maintaining a diverse international student body, or by offering financial aid to students via the federally operated Pell Grant, these actions alone would unlikely to prove financially devastating in the near-term, experts told Fox News. 

Harvard could simply opt to fill the slots once taken by international students with any number of eager, well-qualified U.S.-based applicants, David Feldman, a professor at William & Mary who focuses on economic issues and higher education, said in an interview. 

Harvard is one of just a handful of American universities that has a «need-blind» admissions policy for domestic and international students — that is, they do not take into consideration a student’s financial need or the aid required in weighing a potential applicant. But because international students in the U.S. typically require more aid than domestic students, replacing their slots with domestic students, in the near-term, would likely have little noticeable impact on the revenue it receives for tuition, fees and housing, he said. 

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«This is all about Harvard, choosing the best group of students possible,» Feldman said in an interview. If the administration successfully revokes their SEVP certification, this would effectively just be «constraining them to choose the second-best group,» he said.

«Harvard could dump the entire 1,500-person entering class, just dump it completely, and look at the next 1,500 [applicants],» Feldman said. «And by all measurables that you and I would look at, it would look just as good.»

Unlike public schools, which are subject to the vagaries of state budgets, private universities like Harvard often have margins built into their budgets in the form of seed money that allows them to allocate more money towards things they’ve identified as goals for the year or years ahead.

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This allows them to operate with more stability as a result — and inoculates them to a larger degree from the administration’s financial hits. 

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«Uncertainty is bad for them,» Feldman acknowledged. But at the end of the day, he said, «these institutions have the capacity to resist.»

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«They would rather not — they would rather this whole thing go away,» Feldman said. But the big takeaway, in his view, is that Harvard «is not defenseless.»

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La estrategia de Uruguay para tener la inflación bajo control y cómo se convirtió en política de Estado

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Uruguay, dos años con la inflación dentro del objetivo (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

El dato de la inflación que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó en junio en Uruguay tuvo mucho simbolismo: se cumplieron dos años con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dentro del rango meta fijado por las autoridades. Y la particularidad que tiene este período de 24 meses es que el país estuvo gobernado por partidos de distintos signos políticos. Se puede hablar, por tanto, que mantener la suba de precios controlada se transformó en una política de Estado.

El IPC en mayo fue de 0,11% y la inflación acumulada en los últimos 12 meses fue de 5,05%. El rango objetivo trazado por las autoridades es 3%-6%, una meta que fue fijada por las anteriores autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU).

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El presidente de la autoridad monetaria, Guillermo Tolosa, declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 que el compromiso de contener la evolución de los precios es una “política de Estado”. “Cambian los gobiernos y hay un compromiso muy estricto con la inflación baja y estable”, señaló.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa (Presidencia Uruguay)

Tolosa señaló que el combate a la inflación en Uruguay tiene una “larga historia”, que lleva 80 años. “Esta es la primera vez que el Banco Central se compromete, en lo que nosotros llamamos el horizonte de política monetaria, y lo logra. Lo cual demuestra que finalmente el Banco Central tiene las herramientas, tiene la capacidad y ahora la credibilidad para conseguir su meta”, señaló.

El manejo de la tasa de interés es la herramienta central de la política monetaria de Uruguay. Una de las primeras decisiones que tomó la autoridad monetaria a comienzos de abril fue la de aumentar la tasa de interés de referencia, de 9% a 9,25%. Esto sitúa la política monetaria en una fase contractiva. En mayo, el comité mantuvo la referencia en ese rango.

Tolosa explicó por qué Uruguay debe mantener la inflación baja y estable con una metáfora. “Pensemos la inflación para el uruguayo como una polilla. Es algo que día tras día nos va haciendo agujeros en nuestra ropa. La inflación hace lo mismo con nuestro poder adquisitivo. Nos va generando agujeros, nos va eliminando la capacidad de consumir lo que nosotros ganamos con nuestro sueldo. De alguna manera, lo que trata de hacer la política monetaria es ser la naftalina que combate esa polilla y nos protege del poder adquisitivo”, expresó.

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El presidente del BCU, Guillermo
El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, y el presidente anterior, Washington Ribeiro (Presidencia Uruguay)

Para el presidente del BCU, la clave en la lucha por mejorar el poder adquisitivo es que el país no se siga encareciendo. “Ese es el mandato central del Banco Central: que no sigan subiendo los precios al ritmo que sucedía antes”, expresó.

En marzo, cuando asumió como presidente del BCU, Tolosa trazó una nueva meta para la inflación. Ya no habla de un rango objetivo sino de un número concreto: 4,5%. Estima que a esa meta se llegará en un año.

Para nosotros la meta es 4,5%. Quiere decir que no nos sentimos cómodos con una inflación que bordeara el 6%, que antes era parte de la meta. Queremos ir al 4,5%. Eso implica que dentro de un rango lo podemos tolerar, pero vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que la inflación realmente converja a 4,5%”, señaló el presidente del BCU en sus declaraciones a Canal 12.

El presidente de Uruguay Yamandú
El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

Tolosa consideró que el escenario global está ayudando a Uruguay a contener la inflación. El factor que más ayuda es el momento de debilidad del dólar. “Esto quiere decir que es más barato en Uruguay y en muchos países emergentes comprar dólares. Esto quiere decir que es más barato comprar bienes importados en particular. Eso ayuda en el proceso desinflacionario”, explicó el jerarca.

La “incertidumbre” que provocan las decisiones de Donald Trump en Estados Unidos ha generado un enfriamiento de la economía que derivó en menos inversiones. Hay, por tanto, una menor demanda sobre los bienes lo que redunda en una “menor expresión al alza” de los precios.

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Al asumir, Tolosa también ratificó la línea del gobierno anterior en cuanto a la libre flotación del dólar.El mercado va a seguir dictando lo que es el valor del tipo de cambio. La intervención ha sido una herramienta que se puede utilizar, el gobierno anterior la utilizó esporádicamente. Nosotros no nos amputamos la posibilidad de también –en circunstancias desordenadas del mercado– utilizar ese instrumento. Pero la operativa del tipo de cambio, en el día a día, va a seguir como ha sido hasta ahora: de fluctuación libre”, expresó.

El primer presidente del Banco
El primer presidente del Banco Central del Uruguay, Enrique Iglesias, junto al ex titular de la autoridad monetaria Diego Labat (Presidencia Uruguay)

Washington Ribeiro fue el último presidente del BCU del gobierno de Luis Lacalle Pou. Cuando el INE publicó el nuevo dato de la inflación, lo destacó en su red social. “24 meses de cumplimiento. Un nuevo hito que confirma la política y consolida la confianza”, escribió en la red social X.

Esta política monetaria, sin embargo, ha sido cuestionada por el sector empresarial uruguayo, que se queja de problemas de “competitividad” generado –entre otros motivos– por el “atraso cambiario”. Los exportadores, por ejemplo, expresaron que la inflación se controló por el “ancla del dólar” y no por reformas impulsadas por el gobierno.

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Nahuel Gallo cumple 6 meses detenido en Venezuela y su familia pide respuestas: “Nadie puede hablar con él”

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Ya van seis meses de absoluto silencio. Ni su familia, ni sus abogados, ni activistas y mucho menos diplomáticos pudieron mantener contacto con el gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, detenido en Venezuela el 8 de diciembre tras ingresar legalmente al país por vía terrestre desde Colombia.

“No se sabe nada. No puede tener abogados. Nadie puede hablar con él”, dijo a TN su hermano, Kevin Gallo.

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Leé también: “Un operativo sin precedentes”: los asilados de la Embajada argentina dieron detalles del rescate en Caracas

En el gobierno argentino el hermetismo es total. “Las gestiones continúan en forma muy discreta. Todo eso se mantiene bajo discreción”, dijo a TN una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En Caracas, ningún funcionario habla oficialmente del caso. Desde que el presidente Nicolás Maduro lo acusó el 6 de enero de entrar a Venezuela para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, nadie ha vuelto a mencionar al gendarme catamarqueño.

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Gallo no es el único argentino detenido en ese país. A fines de mayo fue arrestado Germán Giuliani, también incomunicado. Su familia, por ahora, prefiere no hablar.

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que fue detenido cuando se reunió en alta mar con un jefe narco serbio al que identificó como Antum Mrdeza. “Detrás de todo no solo hay droga”, dijo el superministro considerado el número dos del gobierno chavista.

Qué se sabe de Nahuel Gallo

El caso de Gallo es muy complejo. Fue detenido el 8 de diciembre pasado en la frontera colombo-venezolana. Viajó para visitar a su pareja y su hijo. Tenía sus papeles en regla, según su familia y el Ministerio de Seguridad.

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Pero el gobierno venezolano dijo que Gallo era un agente de inteligencia especial y lo acusó de participar en un complot para asesinar a la vicepresidenta. Desde entonces está incomunicado. El 2 de enero, el chavismo divulgó un video donde se lo puede ver con un uniforme celeste mientras camina en un lugar abierto con gradas.

Nahuel Gallo está detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre (Foto: Facebook / El Intransigente).

Fue la única prueba de vida que recibió su familia. Este domingo se cumplen seis meses de su arresto, pero el caso no parece estar cerca de una solución.

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La reciente salida de los cinco opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina de Caracas durante 14 meses sembró más tensión entre ambos países. El gobierno chavista rompió relaciones con Buenos Aires después del desconocimiento del gobierno de Javier Milei a la cuestionada reelección de Maduro en julio de 2024.

Desde entonces, Brasil lleva los intereses argentinos en Venezuela, pero ningún diplomático brasileño pudo siquiera hablar un minuto con Gallo.

Leé también: Internas y lucha de poder: la oposición venezolana se fracturó a 10 meses de la discutida reelección de Maduro

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A fines de mayo, la pareja del gendarme catamarqueño, María Alexandra Gómez García y el hijo de ambos, Víctor Benjamín, abandonaron Venezuela rumbo a la Argentina en un operativo secreto, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Hoy Alexandra Gómez prefiere no hablar. “Es por un tema de seguridad”, dijo a TN.

“Ella está bien, con mi sobrino”, confirmó Kevin Gallo.

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Agustín Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre (Foto: TN)

Agustín Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre (Foto: TN)

“Pero de mi hermano no se sabe nada. Desde el Ministerio de Seguridad no nos quieren decir nada porque por teléfono no se puede. Estamos viendo si podemos hacer una reunión con Patricia Bullrich en Buenos Aires”, comentó.

Nahuel Gallo se encontraría en la prisión de El Rodeo, en las afueras de Caracas. “Nos confirmó Inteligencia que estaba ahí. También María supo de un exdetenido estadounidense que vio a Nahuel de lejos en ese penal antes de ser liberado, Allí tienen tres comidas por día y médico”, contó.

Leé también: Tras la salida de la pareja del gendarme argentino de Venezuela, Werthein se reunió con el opositor Urrutia

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Según afirmó, la familia del gendarme quiere terminar con esta incertidumbre. Su madre, Griselda Heredia, sufrió un pico de estrés el 8 de mayo, al cumplirse cinco meses de la detención de su hijo. “Ahora está más tranquila, pero fue operada hace poco de la vesícula”, contó Kevin.

“Queremos una llamada Necesitamos verlo, saber como está. Con una llamada nos conformamos, que nos digan que está bien. Sería algo humano”, concluyó.

gendarme, Venezuela

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