El 2026 presenta un escenario poco habitual para la política argentina: sin elecciones previstas, tanto el oficialismo de La Libertad Avanza como diferentes facciones del peronismo preparan un período de intensa reconfiguración y negociación en el Congreso. El Gobierno busca consolidar su proyecto con reformas legislativas de alto impacto y, simultáneamente, parte de la oposición explora la construcción de una fuerza unificada capaz de disputar el poder en el futuro inmediato.

Con la mirada puesta en los resultados de su modelo económico y la expectativa de que sus efectos sean perceptibles en la población, la mesa política del Gobierno se reunirá nuevamente el lunes. Allí, definirán la estrategia para enviar al Congreso el paquete legislativo anunciado por el presidente Javier Milei el pasado 1 de marzo.

El oficialismo priorizará la eliminación de impuestos como camino para que “los beneficios del nuevo modelo comiencen a derramar” en una sociedad impactada por la pérdida de poder adquisitivo y aumento del desempleo, como señalaron fuentes oficiales a Infobae. Hasta la fecha, los recortes impositivos se concentraron en tributos que gravan a los sectores más acomodados, como bienes personales y bienes de lujo, mientras que la restitución del impuesto a las Ganancias y la eliminación de la devolución del IVA han afectado principalmente al sector medio.

Durante este encuentro participarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; su segundo, Lule Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. El equipo discutirá los tiempos y el contenido de los proyectos, priorizando, según un funcionario libertario consultado por Infobae, la reforma electoral.

“La reforma electoral va a ser de las primeras porque nos va a dar tiempo para trabajarlo con los gobernadores. No hay elecciones este año y nadie va a especular con números de encuestas en la mano”, confió el funcionario.

A continuación, el Gobierno enviará la reforma impositiva, que podría ingresar al mismo tiempo, ya que tiene tratamiento diferenciado por cámaras: lo electoral por Diputados y lo impositivo por el Senado. Incluye la rebaja de Ganancias para empresas, la eliminación del impuesto al cheque y la segmentación del IVA, entre otros puntos.

Esta definición estratégica coincide con una recomposición interna. Será el primer cónclave con representantes de todas las facciones luego del cambio en el Ministerio de Justicia —que recortó influencia al asesor Caputo— y de la polémica por los viajes de Adorni, que también alteró el esquema de la hermana del Presidente.

En busca de un nuevo acuerdo

Mientras la administración de Milei define su hoja de ruta parlamentaria, sectores del peronismo han decidido avanzar en la formación de un espacio común más allá de las divisiones históricas. El diputado Miguel ángel Pichetto, referente del bloque Unidos, expuso esta intención en reuniones recientes, entre ellas un encuentro con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde adelantó su propósito de crear una estructura “transversal” con vocación competitiva.

Una imagen inédita en la escena reciente ilustró el inicio formal de esta estrategia: Pichetto, acompañado por los diputados nacionales del bloque Unión por la Patria Victoria Tolosa y Guillermo Michel, el senador Marcelo Lewandowski y el diputado bonaerense Diego Nanni, visitaron la planta industrial de Sidersa. Esta aparición conjunta confirmó la existencia de un nuevo grupo de trabajo en el Parlamento.

Un operador del peronismo destacó que la clave del futuro opositor reside en conformar alianzas y en visibilizar acuerdos: “La única forma de poder ganarle a los libertarios es esa”, declaró a Infobae, y anticipó que Pichetto recorrerá las provincias para consolidar el entramado político.

La elección de una fábrica para esta foto inicial refleja una decisión simbólica: “Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios argentinos fuertemente comprometidos con el país, con todo lo que significa el empleo argentino. ​Vamos a estar en contacto y también vamos a trabajar desde el Congreso para defender la industria y el empleo argentino”, afirmó el diputado.

El peronismo busca, además, ampliar su construcción más allá del núcleo tradicional. Así se explica la presencia de Pichetto y Michel en Expoagro, donde se encontraron y fotografiaron con el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia —ex PRO—, quien se distanció de su espacio por no acordar con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Desde sus redes sociales, Pichetto explicitó el nuevo enfoque de unidad: “Hay que hacer política sin prejuicios. Cuando empezás con el ‘este sí o este no’, te quedás solo. Necesitamos construir la unidad de un gran Frente Nacional que integre a todos los sectores. El acuerdo tiene que ser sobre una visión de país capitalista y productivo”, publicó en su cuenta de X.

En una coyuntura marcada por la ausencia de elecciones y la expectativa de que 2026 funcione como campo de ensayo estratégico, los actores políticos aceleran negociaciones y exploran nuevas alianzas. Sus decisiones serán determinantes en la configuración de las fuerzas que competirán en las presidenciales del 2027.

Guillermo Michel,Miguel Pichetto,Santiago Passaglia,Manuel Passaglia

Ya comenzó la temporada alta de las paritarias 2026, con la negociación de los aumentos salariales que regirán durante un año, pero el Gobierno afrontará una etapa desafiante en esta materia: como está elaborando el decreto reglamentario de la reforma laboral, decidió no aplicar aún la apertura de acuerdos por empresa o por regiones, como reclaman desde el sector empleador.

Según interpreta la Casa Rosada, algunos artículos de la flamante Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales y el tope del 2% para cuotas solidarias, pero hay otros que sí exigen un desarrollo reglamentario antes de aplicarse, como la formación de sindicatos de empresa y los convenios por región o por empresa.

El primer test en este rubro fue la paritaria cerrada este viernes por el Sindicato de Camioneros. Antes de firmarse, Hugo Moyano había pateado el tablero al exigir un aumento del 8% para recuperar lo perdido ante la inflación y la negativa a aceptar mejoras con vigencia superior a la trimestral para evitar nuevos desfases.

Ese combo preocupaba al Gobierno y también a algunos empresarios del interior que pidieron a la Secretaría de Trabajo que, a tono con la reforma laboral, se abrieran las negociaciones a nivel de región o de empresa para no tener que aplicar aumentos que rigen a nivel nacional en toda la actividad y pactar cifras adaptadas a las críticas realidades locales, pero la respuesta fue negativa. “La ley no está reglamentada, con lo cual no es plenamente operativa en ese punto”, advirtieron los funcionarios que recibieron el planteo.

Algunos empresarios sospechan, sin prueba alguna, que el Gobierno demora la reglamentación de la reforma laboral porque la CGT está presionando para incidir en su redacción y lograr que se atenúen puntos que son considerados perjudiciales para el poder sindical.

Pero lo que más preocupa hoy a los dirigentes gremiales es que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca mantener los nuevos aumentos salariales por debajo de la inflación, es decir, con cifras menores al 2%, mientras, como se sabe, el nivel de los últimos Indices de Precios al Consumidor mostró una tendencia a la suba, por lo que la pauta oficial para las paritarias 2026 presagia un horizonte de crecimiento de la conflictividad sindical.

Trabajo amenaza de nuevo con no homologar los convenios que superen el tope salarial, pero la administración Milei sabe que será difícil mantener un cepo en acuerdos que se negocian luego de que la inflación de febrero llegó a 2,9%. “Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno; claro que nos preocupa, pero nos ocupa», reconoció Caputo antes de vaticinar que la inflación quebrará el 1% mensual en 2026: “Si no es agosto, será septiembre u octubre”.

Algunos acuerdos salariales que ya se firmaron son cuestionados por Economía, como el de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour, porque consiste en un aumento del 9,5% para el trimestre febrero-abril, a pagarse en tres cuotas de 3%, 3% y 3,5%. Es decir, cifras por encima de la inflación actual y la prevista.

Por eso el Gobierno puso en la mira a una paritaria que puede tener un efecto contagio como la de Camioneros: pese a que en el gremio volvió a tener protagonismo el díscolo Pablo Moyano gracias a una tregua con su padre, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, monitoreó las tratativas de sindicalistas y empresarios y quedó aiiviado con el resultado final: se firmó un aumento semestral con cifras por debajo de la inflación, todo lo contrario de lo que reclamaba Hugo Moyano.

A su vez, para tranquilidad del líder sindical, y con la excusa de la demora en dictar el decreto reglamentario de la reforma laboral, no habrá por el momento posibilidad de esquivar el convenio por actividad y pactar cifras de aumento menores a nivel de región o de empresa. Una excelente noticia para gremios como Camioneros, que mantienen el enorme poder y los derechos exclusivos que les da la personería para negociar y firmar paritarias en nombre de todos los trabajadores de la actividad.

¿Puede convertirse el flamante acuerdo de Camioneros en la paritaria modelo que, como quiere el Gobierno, se repetirá en todas las actividades? Parece difícil, aunque es cierto que algunos sindicatos pueden moderar sus reclamos salariales ante el temor de que se multipliquen los cierres de empresas y haya una fuerte ola de despidos, en un contexto donde existen señales económicas que causan creciente inquietud.

La fuerte caída del consumo y el aumento de los locales comerciales vacíos (en enero y febrero creció un 38,5% respecto del mismo bimestre de 2025) son datos que prenden luces amarillas, aunque el Gobierno tiene suerte en algo: la CGT está hoy virtualmente congelada y el ala dura nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) intensificó sus protestas, pero aún no tienen tanto peso. Y, sobre todo, un aliado no declarado como Hugo Moyano le hizo el favor de firmar, una vez más, una paritaria extremadamente moderada.

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