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Milei quiere darle más poder a Bullrich sobre la Policía Federal: preparan un DNU y hay polémica

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Circula entre funcionarios vinculados a la seguridad publica y altos oficiales de fuerzas de seguridad federales el proyecto de un Decreto de Necesidad y Urgencia que el Presidente firmaría a su regreso de su gira internacional, la semana que viene.

Según ese texto, por DNU se modificará la Ley Orgánica de la Policía Federal y se ratifican facultades que generan polémica, como la habilitación a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad y la de hacer requisas sin aval judicial.

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Tiene otro costado controversial: según juristas, se estaría modificando el código penal por decreto, lo que es inconstitucional.

La Casa Rosada tiene apuro con el decreto, según las fuentes consultadas. Sucede que el 8 de julio se vencen las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo consiguió a través de la ley bases, aprobada el año pasado por el Congreso.

Javier Milei tiene hasta esa fecha tope para declarar en «situación de emergencia» -el borrador del DNU estipula hacerlo por un plazo de 2 años- a la Policía Federal.

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Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Marcelo Carroll.

Se habilitaría, así por ejemplo, a contrataciones directas sin llamados a licitación y a la reorganización de la fuerza.

Clarín se comunicó con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero se limitaron a decir que Patricia Bullrich no hará declaraciones y que en los próximos días «se hará una presentación de esa ley con el Presidente».

El texto al que accedió este diario lleva la firma digital de la ministra Bullrich. Fuentes oficiales dijeron que el proyecto podría sufrir aún alguna modificación.

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La ley Orgánica de la Policía Federal que se busca modificar por decreto es de 1958. El proyecto sostiene que se apunta a una reforma y modernización de esa fuerza de seguridad.

«El surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales y tecnológicos ocurridos desde 1958 a la actualidad, tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades», fundamenta.

Y agrega que «resulta necesario que la Policía Federal Argentina tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos». El proyecto de decreto también plantea la necesidad de crear un programa de ingreso y formación específico para universitarios ya graduados dentro de la Policía Federal; para ese proceso de modernización se mencionan los casos del FBI y de la Policía Federal de Brasil.

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En el inciso 7 del artículo 6to se establece:

«Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, (la Policía Federal) no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad. Ese tiempo en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas. Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza a fin de informarle su situación. Las personas demoradas para su identificación no podrán ser alojadas junto ni en los lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones».

Ese inciso es casi igual a la de la ley orgánica de la Policía Federal que se encuentra vigente. También la ley Lázara de 1991 habla de hasta 10 horas para quien no pudiera acreditar su identidad.

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«Ese tipo de detenciones están mal en cualquier contexto, es volver al concepto de ‘detención por averiguación de antecedentes’», observa a Clarín Fernando Carbajal, ex juez Federal de Formosa y actual diputado nacional de la UCR por esa provincia.

El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.El ex juez federal y actual diputado Fernando Carbajal.

«Una reforma así no se puede hacer por DNU, darle esa atribución a la Policía no tiene nada que ver con la reorganización de la fuerza. Es completamente inconstitucional. Es volver al viejo paradigma policial de detención por averiguación de antecedentes Están metiéndose con la violación de derechos ciudadanos con el argumento de reorganizar a la Policía», agregó el legislador radical Carbajal, quien además integra la comisión bicameral de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.

Un ex camarista penal federal de prestigio que pidió no ser identificado coincidió con Carbajal: «El Código Procesal Federal no permite detener, salvo en fragancia o por orden de la Justicia. Es polémico además que este cambio se haga por DNU, cuando no hay motivo de urgencia. De salir el decreto, posiblemente se va a judicializar, aunque puede ser complicada la legitimación. ¿Quién se sentiría afectado? Puede que alguna ONG que trabaja en derechos y garantías o violencia institucional», aventuró.

Y un funcionario del área de seguridad de una provincia del interior al que le llegó hace unos días el texto que firmaría Milei agrega: «10 horas es un montón, no se encuentra justificativo para esa demora en consultar con la autoridad judicial, más cuando en la actualidad uno está a un click de poder comunicarse».

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Carlos Ñamandú.Carlos Ñamandú.

Sin embargo, hay especialistas que tienen otra mirada. Carlos Ñamandu, CEO de Fidelem Security Advisors y reconocido especialista en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el cibercrimen,opinó: «Lejos de inaugurar un estado policial, la reforma ratifica una facultad legal preexistente, estableciendo garantías: comunicación inmediata a un familiar o persona de confianza, separación de los demorados de los detenidos por delitos, y estricta sujeción a plazos máximos»

Sigue Ñamandú: «Esta medida, bien aplicada, es una herramienta para prevenir delitos inminentes (por ejemplo, detectar a un sospechoso con un arma antes de que la use) sin vulnerar derechos, ya que la persona recupera su libertad una vez esclarecida su identidad o descartada la sospecha en pocas horas.

Otro eje controvertido es la facultad de requisas que se le otorgaría a la Policía Federal. El inciso 13 del artículo 6to dice:

«Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia de los siguientes supuestos:

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A. Que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito.

B. Que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar.

Allanamiento de la Policía Federal.Allanamiento de la Policía Federal.

C. Que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención».

Para algunos especialistas lo de «permitan presumir» es un pase libre a lo que siempre se justificó como «olfato policial» y que habitualmente fue desechado por la Justicia.

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«Este punto es polémico, genera sospechas. En ningún caso hay fundamentos, salvo para un delito en curso, que justifique la no consulta con la autoridad judicial y es una de las causas que origina nulidades múltiples», señala un experto en materia de seguridad. Y completa: «La política de prevención de delitos restringe derechos. Para avanzar, la Policía necesita siempre autorización judicial. Están eliminando controles y suspendiendo derechos».

El diputado Carbajal agrega: «La Policía no puede realizar requisas, tiene que pedir la orden al fiscal. No se puede autonomizar la Policía de la Fiscalía».

Pero el especialista Námandú difiere: «Esto no es un ‘cheque en blanco’ sino la formalización de prácticas amparadas por el Código Procesal Penal en casos de flagrancia o peligro en la demora. En situaciones normales seguirá siendo indispensable la orden de un juez para allanar o requisar propiedad privada, pero ante la inmediatez de ciertos escenarios, pensemos en un control de ruta donde un conductor sospechoso intenta descartar droga al ser detenido,, la ley faculta a actuar de inmediato».

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El otro punto que puede generar algún grado de sospecha es la habilitación a la Policía Federal de realizar tareas de patrullaje en las redes sociales.

El inciso 11 del artículo 6to del borrador dice que la Policía Federal podrá «realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente».

Pero según las fuentes consultadas, se trata de algo que ya realiza la Policía Federal y que fue habilitado por Aníbal Fernández cuando era ministro de Seguridad de Alberto Fernández. El ciberpatrullaje se usa para la prevención del delito. De la redacción del inciso no surge que la Policía pueda acceder a cuentas abiertas sin orden de la Justicia.

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«El nuevo reglamento en estudio permite que la Policía Federal realice tareas de vigilancia preventiva en espacios públicos digitales, como redes sociales abierta y sitios web públicos, sin necesidad de autorización judicial previa».apunta Carlos Ñamandú.

Y considera: «Lejos de ser ‘espionaje ilegal’, esto equivale a las clásicas vigilancias en plazas o rutas, pero trasladas al siglo XXI: monitorear lo que delincuentes y terroristas puedan estar tramando en la web abierta, siempre respetando la privacidad y la libertad de expresión de los ciudadanos honestos. Estas actividades de inteligencia previa ya se venían realizando de facto; ahora se les da un marco normativo claro, acorde a estándares democráticos y de protección de datos personales».

Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.Leandro Halperin, subsecretario de Política Criminal de la Ciudad.

Para Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad, cualquier modificación de este tipo debería «alcanzarse con acuerdos parlamentarios. La vía del decreto genera incertidumbre para la Policía y para los resultados de sus investigaciones porque puede ser declarado inconstitucional. No se puede modificar el Código Penal por decreto. Es un tema para tratarse en el Congreso. ¿Quién podría oponerse a la que la Policía Federal esté mejor capacitada?».

Patricia Bullrich,DNU,Policía Federal

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Milei se pone al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires mientras se enfrenta al Congreso y a los gobernadores

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El presidente Javier Milei estalló de furia cuando, hace un mes, la oposición logró convertir en ley en el Senado el aumento a los jubilados, la vuelta a la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Su malestar creció aún más esta semana cuando, esa misma oposición, le daba media sanción en Diputados a los fondos para las universidades públicas y la llamada ley Garrahan. Y además, rechazaba los decretos delegados que disolvía y transformaba organismos del ministerio de Economía, y metía mano en el transporte, la cultura y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

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Se trata de una realidad a la que Milei enfrentó con algunos éxitos y también fracasos: la inferioridad de votos con la que cuenta La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso.

Solo la pudo sortear cuando tuvo de su lado a un importante número de gobernadores, que incluía también a quienes fueron en su momento aliados de Cristina Kirchner.

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Entre ellos había peronistas, como Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, además del radical convertido al kirchnerismo Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.

Pero Milei decidió endurecer su posición ante el reclamo de las provincias por fondos que, a su entender, ponían en riesgo el equilibrio fiscal. Así, terminó perdiendo apoyo en el Congreso en votaciones fundamentales.

Leé también: La Casa Rosada tiende puentes con los gobernadores para blindar los vetos y garantizar que se apruebe la ley del déficit cero

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De todas formas, el Presidente va a utilizar los vetos contra leyes que no desea todas las veces que sea necesario, según lo admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, un interlocutor válido para la oposición. Quizás, el más importante.

El problema que se le plantea ahora a Milei es buscar los votos entre los gobernadores -aliados y no tan aliados- para sostener los vetos jubilaciones, moratoria y discapacidades. Es una batalla que dará hasta el final, al igual que con los decretos delegados.

Quizás por esa razón estuchamos un discurso con tono de campaña durante la cadena nacional del viernes que lo llevó a decir, como si estuviese en una tribuna partidaria: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

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Javier Milei, en la cadena nacional del viernes. (Foto: Presidencia)

Sucede que Milei se puso sobre sus espaldas la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, base histórica del peronismo. Vital para sumar diputados propios en el Congreso.

Sus palabras fueron dirigidas a la oposición parlamentaria, pero también al grupo de gobernadores que decidieron transitar una avenida del medio. Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiiano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Molestos y cansados de las disputas con la Casa Rosada, decidieron reconfigurar el mapa electoral pensando más allá de las elecciones legislativas de octubre. Miran las presidenciales de 2027.

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Milei los necesita, pero no olvida lo que están haciendo y, cuando pueda, se tomará revancha, según admiten aquellos que transitan los pasillos del poder en la Casa Rosada.

En definitiva, lo ocurrido en el Congreso no le permitió a Milei disfrutar, como quería, del cierre de alianzas con el PRO, en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde les puso la camiseta violeta a hombres y mujeres del macrismo.

El presidente Javier Milei desembarcó en la campaña en el conurbano, con candidatos y un fuerte mensaje contra el kirchnerismo. (Foto: X / @LLibertadAvanza)
El presidente Javier Milei desembarcó en la campaña en el conurbano, con candidatos y un fuerte mensaje contra el kirchnerismo. (Foto: X / @LLibertadAvanza)

Por supuesto que no faltaron las acciones polémicas, como utilizar el “Nunca Más” (con la tipografía del informe de la CONADEP sobre la desaparición de personas) en una bandera para anunciar el destino electoral que quieren para el kirchnerismo.

Mauricio Macri y Karina Milei terminaron encontrándose cara a cara, pero cuando ya estaba todo consumado.

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Macri no tuvo otra salida más que aceptar ese acuerdo a pesar de haber dicho que iba a resistir “la posición dominante” que querían -y lograron imponer- los libertarios, siguiendo las instrucciones de los hermanos Milei. Primero fue en la Provincia y luego, en CABA.

Ahora viene el momento de ponerle nombre a las candidaturas al Congreso de la Nación, y no será un tema menor por los vetos de los Milei a algunos candidatos del PRO.

Leé también: De penalizar presupuestos con deudas a prohibir financiar el gasto: las claves de las medidas para garantizar el déficit cero que anunció Milei

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Sucede que el Presidente está convencido de que llegará a las elecciones bonaerenses de septiembre y a las nacionales de octubre con un fuerte apoyo en las urnas.

A pesar de la suba de precios, producto del movimiento en alza del dólar en julio, que terminará impactando en el costo de vida, sobre todo de agosto. Y también, de los serios problemas que hay en el país para generar empleo genuino, en blanco, que impacte sobre las deficitarias arcas del sistema jubilatorio, al que controla con mano dura.

De todas formas, el resultado de los comicios en Buenos Aires sigue siendo un interrogante. En la propia Casa Rosada admiten que pueden perder en la Tercera Sección Electoral (sur del conurbano), y que un eventual triunfo en la Primera (norte y oeste) podría no alcanzar para ganar la Provincia. Pero nada esta claro.

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Lo cierto es que en los 23 minutos de su discurso, el Presidente acusó a la oposición de “destruir el superávit fiscal”, “quebrar la economía” y “llevarnos al abismo”. En esa línea serán las campañas que se vienen.

De a poco Milei le va encontrando el gusto a las cadenas nacionales. Aunque, por ahora, todavía está lejos de las extensas y cansadoras de Cristina Kirchner.

Javier Milei

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Narcos se quejan por controles y aumentos de las “coimas” que les piden los cómplices de la Aduana

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Una investigación judicial reveló que el contrabando de drogas ilícitas y otras mercaderías por el aeropuerto internacional de Ezeiza se mantiene tras el cambio de autoridades al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) o de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Pero el seguimiento exhibió una sorpresa: aumentó el monto de las coimas que se pagan en algún eslabón clave de la cadena de mandos y controles, según surge de una investigación contra narcotraficantes y contrabandistas que tramita en la Justicia en lo Penal Económico.

La suba del “costo” del tráfico tiene, incluso, números concretos: garantizar que cientos de kilos marihuana de alta calidad traspase las fronteras argentinas sin ser controlados costaba US$48 por kilo durante 2024. Ahora supera los US$ 70 por kilo… aunque se puede obtener un descuento por cantidad.

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Estos y otros datos surgen de los mensajes telefónicos que intercambiaron dos acusados de contrabandear marihuana con couriers entre Estados Unidos y la Argentina, que expertos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lograron recuperar de un iPhone. Aportan precisiones sobre cargas, valores y prácticas, pero también reproches sobre el “costo” argentino, según surge de informes técnicos y constancias judiciales que obtuvo .

El ida y vuelta lo protagonizaron Daniel Ferreiro, quien desde Estados Unidos enviaba mercadería a la que aludía como “filtros de agua”, pero que en realidad era marihuana, y Leandro Santelia, quien recibía la carga en Buenos Aires y gestionaba las entregas a otros partícipes en la operatoria que quedó bajo la lupa del juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, y del fiscal Emilio Guerberoff.

Según surge de la pesquisa, el vínculo entre Ferreiro y Santelia comenzó en 2019, como mínimo, pero los investigadores se enfocaron en los diálogos que mantuvieron durante el último año, y en los que Santelia también mantuvo con alguien que solo se identificó como “Ed” desde un número de Ohio, Estados Unidos. Así, en marzo de 2024, “Ed” le comentó, por ejemplo, que le “gustaría enviar dos cajas inicialmente de mi producto Big Boy”, una especie de cannabis con alta concentración de THC.

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-¿Cuál es el valor por kilogramo con mis productos-, fue la pregunta de “Ed”, que le ofreció a Santelia pagarle con una transferencia electrónica por la plataforma Zelle o en “especie en Buenos Aires”, es decir, con droga.

-Buenos días –replicó Santelia-, podés abonar con Zelle o en Baires en dólar billete o pesos argentinos al dólar blue… el kilo te sale US$ 48. Te paso la dirección así me enviás las cajitas.

La mercadería llegó a destino en Buenos Aires, “peaje” de por medio en la Aduana de Ezeiza, pero las comunicaciones con “Ed” sólo se restablecieron a fines de enero de este año.

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-Buenas tardes, querido. Me han informado que se restableció el servicio. El nuevo costo es US$ 75 por kilo. Podría salir el martes [de Estados Unidos] y entrega el próximo martes en BA-le escribió Santelia, que lamentó el subidón de valores-. Lamentablemente los números se fueron por las nubes, pero es lo único que hay por el momento. ¡Indicame si te sirve!

La respuesta llegó cinco días después, el 1 de febrero.

-Querido, buenos días. Acabo de ver tu mensaje. Estábamos de viaje. Tendré una reunión el lunes para decidir el nuevo valor y te mantendré informado. ¿Está todo igual que antes? Creo que vamos a seguir. Tenemos mucho volumen por recorrer, muchas gracias-, replicó Ted, que el 5 de ese le confirmó que enviarían dos o tres “cajas”.

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Pero, ¿qué ocurrió durante esos meses que llevó el “costo” de 48 a 75 dólares? El presidente Javier Milei sustituyó a la AFIP por ARCA, en la que quedó Juan Pazo al frente, en tanto que José Velis pasó a liderar Aduanas y Andrés Edgardo Vázquez asumió el mando de la DGI.

En la práctica, sin embargo, Pazo –que responde al ministro de Economía, Luis Caputo– manejó menos hilos que Vázquez, quien llegó de la mano del asesor Santiago Caputo y del asesor en las sombras de este, Leonardo Scatturice. ¿Conclusión? Fue Vázquez, no Velis, quien firmó las designaciones de la nueva plana mayor de la DGA. Entre ellos, la del nuevo director de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Javier Araujo.

Por un lado, se eliminó la AFIP, surgió la ARCA, y se designaron nuevas autoridades.

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Algunos operativos de seguridad que se pusieron en marcha podrían explicar la suba en la “tarifa” de los “peajes” y una eventual guerra de couriers, como esbozó Ferreiro en un mensaje que le envió a Santelia en diciembre. “Siguen haciendo allanamientos -escribió-. Hicieron un quilombo ahí en Córdoba. Agarraron a uno con los expresos. Aparentemente están haciendo mucho quilombo para después empezar de nuevo a laburar tranquilo, pero por ahora no se puede decir nada”.

Ya en enero, Ferreiro manejaba nuevos números, que lo indignaron.

Che, ¿se sabe algo si se puede mandar esas?-, le preguntó Santelia, quien también afronta otra investigación por presunto lavado de activos en el juzgado en lo Penal Económico de Gustavo Meirovich.

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-¿Qué hacés, Leandrito? ¿Cómo te va? No, por ahora, no. Están en 70 mangos el kilo, algunos 67, 66, menos de eso no, dependiendo si son muchos kilos pueden llegarse a bajar a 65. Me parece un choreo, boludo. O sea, yo no estoy cortando guías, pero no estoy mandando por ese número, boludo –se quejó Ferreiro.

Para el fiscal en lo Penal Económico, Emilio Guerberoff, esos y otros mensajes que envió Ferreiro reflejan que conocía los riesgos que corría al ingresar “la carga” en Ezeiza y que debía pagar “una tarifa en dólares por cada kilogramo no controlado”, cuyo monto “conocía en detalle”, además de obtener descuentos por cantidad, según consignó en un dictamen que presentó en el expediente. Cuanto más grande el envío, más bajo el peaje. Así, pudo reducirlo a US$ 65 por kilo cuando enviaron 39 kilos.

Así continuaron hasta el 30 de abril, cuando algo falló en esa cadena de complicidades. Y un operativo de la División Prevencional de Narcotráfico de la DGA llevó al decomiso de 125 kilos de hachís. De inmediato, Santelia y Ferreiro, buscaron despegarse con mensajes en los que se decían que el emisario de Estados Unidos los había engañado. “Tu cliente mandó 130 kilos y la policía dice que parece hashish; un hijo de puta”, redactó Ferreiro.

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Para Gerberoff, sin embargo, apenas fingieron sorpresa. “Ambos conocían acabadamente sobre la ilicitud de la actividad que venían desarrollando (hay una comunicación donde Ferreiro reconoce que se dedicaba al ‘contrabando’), porque se recuperaron mensajes en ¡os que mencionan que ‘la carga de los filtros’ contenían ‘Big Boy’, y porque además, conocían con detalle las tarifas que se debían abonar al servicio aduanero para poder garantizar el ingreso de la carga sin ser sometida a control”, detalló el fiscal. Referían “que abonaban USD 48 por kilogramo durante el 2024 y más de USD 70 durante el 2025, luego del cambio de autoridades de la aduana) y que las mismas podían bajar cuantos más kilos tengan los envíos”. Para el fiscal, apenas “un módico descuento”.

A partir de ese momento, el juez Catania ordenó escuchas telefónicas, pidió la colaboración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y delegó la instrucción en Guerberoff. El fiscal pidió, y el juez dispuso, allanamientos, la detención e indagatoria de Leandro Santelia y su hermano Ángel, la captura internacional de Diego Santelia, e indagar a Ferreiro y otros sospechosos, como Miguel Ángel Klug, Facundo Bouza, Roberto Claudio Bouza, y las empresas Primater SRL y RSI Courier. Por ahora, quiénes cobraron esos sobornos para dejar pasar la droga, no aparecen. La pesquisa continúa. Los “peajes” en la Aduana, también.


Hugo Alconada Mon,Conforme a

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LLA cerró un acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y enfrentará a los oficialismos provinciales en Corrientes y Misiones

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Tras arduas negociaciones con La Libertad Avanza (LLA), Rogelio Frigerio logró que Juntos por Entre Ríos, la alianza que creó en 2021, arribe a un entendimiento de cara a las nacionales de octubre. El gobernador confirmó que las charlas habían llegado a buen puerto a horas del plazo límite y usó su cuenta en X para dejar un mensaje.

“Firmamos el acuerdo del frente electoral”, indicó en el posteo. En este frente confluirán el PRO, la UCR, La Libertad Avanza y otros partidos provinciales. “Nos une la convicción de que Entre Ríos y Argentina necesitan un cambio profundo y sostenible, para que el kirchnerismo no vuelva a apropiarse de nuestro futuro, y podamos poner a nuestra provincia definitivamente de pie”, resaltó.

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“Decidimos ir juntos aquellos que apostamos por un futuro mejor para nuestro país y para nuestra querida provincia. Los que defendemos al campo y al sector productivo. Los que queremos seguir haciendo de Entre Ríos un lugar de oportunidades, desarrollo y trabajo”, agregó en la publicación realizada poco antes de las 21:00 horas.

El jueves hubo una charla que se extendió durante tres horas entre el principal negociador del mandatario entrerriano, Mauricio Colello, y Eduardo “Lule” Menem. Las conversaciones se retomaron este viernes. A las 19 el acuerdo estaba cerrado en un 90%. Se postergó para el cierre de listas, que será el domingo 17, la definición de cómo se distribuirán los lugares y qué nombres completarán los renglones. De esta manera, Entre Ríos elegirá cinco diputados nacionales y tres senadores el 26 de octubre.

La publicación que confirmó la alianza entre LLA y JxER

“No fue una discusión que dimos ahora. Acordamos tener una distribución proporcional, en donde todos los partidos tengan su representación acorde a lo que está en discusión, que es el plebiscito del gobierno nacional”, indicó a Infobae un testigo privilegiado del proceso.

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Hubo momentos de tensión. Cada uno defendió sus intereses y puso en valor sus posiciones. Pero siempre con la voluntad de acordar. Rogelio intervino poco. Solo al final para hablar con Karina (Milei) y ponerle el moño. Este acuerdo tiene muchas posibilidades de ganar y meter dos senadores y tres diputados”, agregó.

En un capítulo aparte estuvieron las maniobras que Frigerio tuvo que realizar para contener su espacio y hacer que el acuerdo con LLA cerrara también hacia el interior de JxER. Allí tuvo un rol importante el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

En la vereda de enfrente, el PJ entrerriano llevará una propuesta oficial y dos blue. El sello partidario estará en la lista Fuerza Entre Ríos. El ex director de Aduanas, Guillermo Michel, encabezará la nómina de diputados nacionales. Y Adán Bahl, quien fuera el candidato a gobernador derrotado por Frigerio en 2023, irá al frente del cuerpo de senadores.

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El gobernador cerró el acuerdo con la presidente del partido libertario esta tarde

En el peronismo entrerriano no hubo internas. Los sectores que pretendían enfrentar al tándem Michel – Bahl no presentaron los avales necesarios y se consagró la única lista que cumplió con las formalidades. Esto dejó heridas que se sentirán en octubre. La diputada Carolina Gaillard se presentará con el sello del Frente Grande. Y lo propio hará Héctor Maya, ex senador en los ‘90.

“Nos une una misma visión”

En Misiones, en tanto, se repitió el escenario del PRO plegándose al armado de LLA. El acuerdo incluye también al Partido Libertario. En este sello se refugiaron los “radicales con peluca” con el diputado nacional Martín Arjol a la cabeza. Se sumará también el espacio “Algo Nuevo”. Si este acuerdo se hubiese dado en las provinciales de junio, habrían vencido al oficialismo.

“Esta alianza busca garantizar que Misiones cuente con representantes en el Congreso Nacional que acompañen, defiendan y profundicen las ideas de la libertad, la agenda de reformas estructurales y el liderazgo iniciado en diciembre de 2023”, consignó LLA Misiones a través de un documento.

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El escrito remarcó: “Nos une una misma visión: la defensa del equilibrio fiscal, la desregulación económica, la propiedad privada y el rechazo frontal a la casta política que hundió al país en el estancamiento y la pobreza”.

“Además del respaldo político, numerosas cámaras empresariales y asociaciones del sector productivo misionero acompañan esta construcción, convencidas de que solo con libertad y orden la Argentina puede recuperar su potencial”, agregó el documento.

Como expresa el Presidente: defendemos una causa justa y noble mucho más grande que nosotros mismos. Esta alianza es prueba concreta de esa convicción, sabiendo que la libertad nos une y la casta nos enfrenta”, concluyó.

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En la provincia de la tierra colorada, el oficialista Frente Renovador de la Concordia tendrá su propia propuesta. La encabezará el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad. Por otro lado, el PJ (intervenido desde principios de año) liderará la alianza Fuerza Patria junto al Partido de la Victoria.

Hasta último momento, se especuló con la posibilidad de sumar al espacio al Partido Agrario. Incluso su titular, Héctor “Cacho” Bárbaro los chicaneó por redes sociales. Intimó a que acepten su propuesta (poner el 1° y el 3° de la lista) y dejar al kirchnerismo el segundo puesto. Pero no hubo respuestas. Bárbaro responsabilizó a la dirigencia K de un eventual fracaso.

Misiones renovará tres bancas en Diputados este año.

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El cuadrilátero correntino

En Corrientes, en tanto, se repetirá el esquema electoral que se registrará el próximo domingo 31 en la elección de autoridades provinciales y locales.

Será un cuadrilátero. Por un lado, la UCR que controla el gobernador Gustavo Valdés se presentará con su sello “Vamos Corrientes”. Los radicales que se fueron con su antecesor, Ricardo Colombi, tendrá su boleta bajo la denominación “Corrientes nos Une”. El espacio libertario competirá con el Frente LLA y el peronismo dirá presente con su nueva marca: Fuerza Patria.

Para evitar inconvenientes en la carga de datos, la Justicia Electoral estiró el plazo de cierre de alianzas hasta las 9 de la mañana del viernes. La provincia renovará tres bancas en Diputados en estos comicios.

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