El conflicto con la policía de Santa Fe continúa escalando y crece la tensión en la ciudad de Rosario donde se concentró el reclamo de los agentes frente a la Jefatura. La expectativa por una reunión que finalmente no se concretó, llevó a que la protesta continúe y crece el temor por un efecto contagio en otras jurisdicciones.

Todo comenzó en la noche del lunes cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

Esto llevó a una protesta que tiene el corazón en la concentración que lleva más de 24 horas en el centro de la ciudad de Rosario. En ese marco, se esperaba que durante la tarde de este martes haya una reunión entre los funcionarios provinciales y los delegados que representan a los agentes.

En un principio, la cita estaba pautada para las 15. Sin embargo, desde el gobierno provincial informaron que se atrasó para las 18 y esto provocó rispideces con los delegados que representan a los policías, que derivaron en una cumbre que finalmente no se concretó.

El abogado Gabriel Sarla es el representante de los policías en el conflicto y habló con los medios presentes en el lugar: “Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro. No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”.

“Si se comunican, habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”, pidió Sarla, lo que provocó el descontento del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, más temprano, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.

Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.

El reclamo policial se origina en la política salarial vigente. Durante la última semana, el gobierno provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero el sector movilizado considera insuficiente la respuesta oficial. El abogado Sarla remarcó que esas sumas no representan un aumento real, ya que no alcanzan a la totalidad del personal ni impactan en los salarios básicos, adicionales o jubilaciones. La demanda central apunta a una recomposición salarial integral para todos los integrantes de la Policía de Santa Fe.

A las cuestiones salariales se suman reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denuncian extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.

A todo esto, hay temor por un efecto contagio en la región. En las últimas horas, se conoció que miembros de la Policía de Entre Ríos realizarán una “manifestación pacífica” el próximo 14 de marzo frente a la Casa de Gobierno en Paraná. De acuerdo a lo que trascendió, se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.

En 2024, un conflicto de similares características afectó a la provincia de Misiones, donde la policía de esta provincia tomó el Comando Radioeléctrico y comenzó un conflicto que recién terminó dos semanas después.

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En Infobae en vivo, el equipo abordó la reforma laboral a partir de un dato revelador: entre 2002 y 2026 se presentaron 90 proyectos de ley en materia laboral, pero solo 35 lograron aprobación. “Eso significa que casi de cada 10 proyectos, 4 se aprobaron en materia de legislación laboral”, puntualizó Malena de los Ríos, apoyándose en un relevamiento de Directorio Legislativo.

Durante el intercambio con el staff de Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería—, se remarcó la dificultad histórica para avanzar en una transformación estructural. “Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fueron la mayor cantidad de leyes que se sancionaron. Hay que hacer un apartado: lógicamente, teniendo un Congreso con las mayorías, era mucho más fácil poder pasar esos distintos proyectos”, explicó de los Ríos. Los datos permitieron comparar la performance de cada gestión desde la vuelta de la democracia, resaltando la fragmentación normativa del sistema laboral argentino.

Noventa proyectos laborales y un sistema sin reforma estructural

La periodista repasó el sentido y la dimensión de los cambios legislativos: “Una cosa es la modernización, que estamos hablando de un paquete mucho más grande, pero ¿qué ha pasado en la historia desde el 2002 en adelante con los proyectos laborales que han presentado los ejecutivos?”. Los datos muestran que la mayoría de las iniciativas aprobadas no configura una reforma integral, sino modificaciones parciales: “90 proyectos presentados, 35 aprobados, casi 4 de cada 10 se aprobaron a través del Congreso, enviado por el Ejecutivo”.

El informe señaló que la gestión de Javier Milei impulsó dos proyectos: “La modernización laboral, que fue impulsada en diciembre del 2025, no obtuvo la media sanción del Senado, pero sí lo que obtuvo fue el dictamen”. De los Ríos detalló que “Patricia Bullrich confirmó en conferencia la negociación de 28 artículos”, estableciendo un fondo diferencial para grandes empresas y pymes en los nuevos Fondos de Asistencia Laboral. “Lo que discutían es: no puede ser un 3% para todos. Esto decía la oposición dialoguista: no tiene la misma posibilidad de solvencia una empresa mediana o chica frente a una grande”, precisó.

El relevamiento histórico mostró que durante la presidencia de De la Rúa se presentaron 13 proyectos y solo uno fue aprobado; bajo el mandato de Duhalde, ocho presentados y uno aprobado; con Néstor Kirchner, 37 presentados y cinco aprobados; y en la era de Cristina Fernández de Kirchner, 14 presentados y nueve aprobados, muchos enfocados en la regularización del empleo informal y la movilidad jubilatoria.

El Senado, los votos clave y la estrategia oficialista

Gonzalo Aziz reconstruyó el conteo de votos decisivo para el futuro de la reforma. “Hoy La Libertad Avanza tiene 20 senadores. Algunos dicen: ‘No, tiene veintiuno’, porque lo cuentan a Luis Juez. 20+1, 21. Vamos a sumar a 10 senadores de la Unión Cívica Radical, que según expresaron esta tarde, acompañarán el desafío que tiene el Gobierno de votar esta reforma laboral en el Senado”.

El armado político se completa con apoyos provinciales: “Dos senadores que responden al gobernador Hugo Passalacqua en Misiones, dos de Santa Cruz que responden a Claudio Vidal, Flavia Royón por Salta, una senadora del gobernador Rolo Figueroa en Neuquén, y otra de Ignacio Nacho Torres en Chubut”, enumeró Aziz. Además, se espera el respaldo de los tres senadores del PRO, dos de Provincias Unidas y la senadora Beatriz Ávila. “El total que tenemos hasta ahí con este poroteo da que hay 44 senadores que mañana, si no hay ninguna sorpresa de último momento, van a acompañar tanto el quórum como la votación en general”, anticipó.

El Gobierno apuesta a extender las sesiones extraordinarias hasta el primero de marzo, buscando que “el presidente de la Nación dé su discurso inaugural con la reforma laboral sancionada en el Congreso argentino”.

La informalidad y los límites de la reforma en el empleo

La mesa de Infobae al Regreso profundizó en los desafíos estructurales del mercado laboral. El 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, según estimaciones citadas en el programa. “La idea es eso, pasar de la informalidad a la formalidad y vas a tener una recaudación mucho más amplia y hasta incluso, eh, también para las cuestiones, por ejemplo, previsionales”, sostuvo de los Ríos.

Matías Barbería aportó que “alrededor del 89% del empleo se genera en pymes”, mientras que “el ochenta por ciento de la recaudación es a través de once mil empresas”. El debate dejó en claro que ninguna reforma garantiza, por sí sola, la creación de trabajo registrado: “Lo que podría llegar a tener como efecto positivo en caso de ser exitosa, es que el trabajo de baja productividad, el trabajo pyME, que suele ser el que está en negro, pueda regularizarse simplemente, pueda directamente contratarse dentro de la ley”.

Diego Iglesias planteó la pregunta de fondo: “¿Esta reforma laboral tiene algún punto que beneficie a los trabajadores? Directamente, eh. El día de mañana me dirán: ‘No, sí, probablemente esta reforma va a generar empleo, genuino, es decir, trabajadores registrados en blanco’. Eso está por verse, es contrafáctico. Yo pondría un signo de interrogación, pero ojalá que eso suceda”.

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