INTERNACIONAL
Lula busca consejo de China para regular las redes sociales tras el fracaso legislativo

El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se vuelve cada vez más polémico. La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, una ley de 2014. El artículo se refiere a la responsabilidad de las plataformas digitales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios, como la incitación al odio, la desinformación, la incitación a la violencia y los delitos contra niños y adolescentes. En diciembre, al inicio del juicio, tres jueces del STF, Dias Toffoli, Luiz Fux y Luís Roberto Barroso, actual presidente de la Corte Suprema, se pronunciaron a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas. El cuarto juez que votó la semana pasada, André Mendonça, expresó su desacuerdo y votó a favor de mantener, en general, el modelo actual, considerando que el artículo 19 es conforme a la Constitución. La próxima audiencia del proceso está prevista para el miércoles 11.
Hay mucha expectación por el resultado final, ya que el STF, con el objetivo de combatir las “noticias falsas”, la “desinformación” y la “incitación al odio”, podría revocar la legislación vigente, considerar a las plataformas responsables de los contenidos que publican y obligarlas a retirar los contenidos de la red incluso sin recibir una orden judicial.
“Esto supondrá la externalización de la censura en Brasil, incluida la censura preventiva, ya vigente en el país con la eliminación de los perfiles de los opositores al actual Gobierno de las redes sociales a petición del STF. Para evitar problemas, las plataformas se anticiparán a las solicitudes de eliminación presentadas por terceros”, escribe el periodista Mario Sabino en el sitio web de noticias Metrópoles. “En la redacción del artículo 19 —explica un editorial del sitio web de noticias Gazeta do Povo— el legislador tuvo la clara intención de proteger la libertad de expresión, incluidos, y en particular, los discursos incómodos, contradictorios y críticos”. “Solicitar una decisión judicial antes de eliminar un contenido representa una protección contra la tentación, tan común hoy en día, de etiquetar como ofensivo o desinformativo lo que simplemente desafía el pensamiento o molesta”, concluye el texto.
La mayoría de los ciudadanos brasileños se ha mostrado a favor de la responsabilización de las redes sociales. Una encuesta realizada en enero por Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostró que el 78% de los encuestados está a favor de la responsabilización, mientras que solo el 14% no está de acuerdo. Además, a finales de abril, decenas de personalidades, intelectuales y ex ministros lanzaron un manifiesto público titulado “Internet sin regulación mata”, pidiendo la regulación de las redes sociales. Entre los firmantes se encontraban el fotógrafo Sebastião Salgado antes de su muerte y la estrella brasileña de la música Daniela Mercury. “Exigimos que las plataformas digitales y las redes sociales sean reguladas en su funcionamiento, como ocurre y debe ocurrir con todas las actividades en una sociedad democrática”, reza el documento.
En cuanto a las Big Tech, piden mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica en el entorno digital en Brasil. A la cadena de televisión CNN Brasil, Google envió un texto en el que dice que “la abolición de las normas que separan la responsabilidad civil de las plataformas de la de los usuarios no contribuirá a poner fin a la circulación de contenidos indeseados en Internet”. “El marco normativo sobre los derechos civiles en Internet puede y debe mejorarse, siempre que se establezcan criterios y garantías procesales para evitar la incertidumbre jurídica y la eliminación indiscriminada de contenidos”, se lee en el documento. Google ha declarado que identifica y elimina cada año “cientos de millones de contenidos” que violan las normas de sus plataformas, pero que no puede gestionar lo que denomina “contenidos controvertidos”. “La acción judicial en estos casos es uno de los puntos más importantes del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet, que reconoce el poder del poder judicial para actuar en estas situaciones y trazar una línea divisoria entre el discurso ilícito y la crítica legítima”, concluye el texto.

Además, tras el fracaso del proyecto de ley sobre la regulación de las redes sociales, el llamado proyecto de ley sobre las noticias falsas (PL 2630/2020), aprobado por el Senado pero bloqueado en la Cámara desde 2023, el Gobierno de Lula está preparando otro proyecto de ley que prevé, entre otras cosas, la designación de una autoridad para bloquear las redes sociales que no denuncien los delitos cometidos en el entorno virtual, sin necesidad de una orden judicial. El proyecto de ley está siendo elaborado por el Ministerio de Justicia. “Tenemos media docena de empresas de redes sociales que gobiernan el mundo. Tenemos que trabajar en la regulación de las redes digitales. El Parlamento debe tener el valor. Si el Parlamento no tiene el valor, el Supremo Tribunal Federal debe tenerlo para crear una regulación”, declaró Lula.
Sin embargo, el tema ha suscitado críticas entre los expertos, que consideran que debe ser el poder legislativo y no el judicial o el ejecutivo el que lleve a cabo una reforma regulatoria. Según Luiz Fernando Plastino Andrade, doctor en Derecho Civil por la Universidad de San Pablo (USP), el Parlamento tiene la oportunidad de crear normas que eliminen la incertidumbre derivada de decisiones judiciales contradictorias. “El Congreso tiene la oportunidad de introducir una normativa general que haya sido ampliamente debatida. Esto eliminará la incertidumbre derivada de la posibilidad de que se adopten decisiones específicas que, en ocasiones, van en contra de las expectativas del mercado y de los ciudadanos”, afirmó el experto al diario O Estado de São Paulo.
Sin duda, lo ocurrido en China durante la última visita oficial de Lula el pasado mes de mayo no ha apaciguado el debate. Durante una reunión privada con su homólogo chino Xi Jinping, su esposa Rosangela da Silva, conocida como Janja, habría expresado su preocupación por la influencia de TikTok en la política y la opinión pública brasileña, afirmando que el algoritmo de la plataforma favorece a la derecha. Xi le habría respondido que Brasil tiene la legitimidad para regular e incluso prohibir la plataforma si así lo desea.
Lula, interrogado por los periodistas, confirmó que el tema se había discutido directamente con Xi Jinping y añadió que había pedido consejo a China sobre cómo abordar el problema, llegando incluso a proponer el envío de un delegado chino a Brasil para intercambiar experiencias en materia de regulación digital. “Lula confirmó que una persona de confianza del presidente chino vendrá a Brasil para discutir la regulación de las plataformas digitales y que el experto chino será recibido por el jefe de la Secretaría de Comunicaciones Sociales del Gobierno federal”, escribe William Waack en la página web de CNN Brasil. “En otras palabras, el presidente de una democracia pide ayuda a un régimen dictatorial para regular las redes sociales y envía a este colaborador a hablar con su jefe de propaganda. Y recomienda actuar rápidamente al STF, que a su vez, hasta la fecha, no ha definido exactamente qué son las noticias falsas, pero lleva seis años realizando una investigación interminable bajo este nombre, con un enorme impacto y control sobre la política”, escribe Waack, refiriéndose a un juicio del que es responsable el juez Alexandre de Moraes, el mismo que dirige el proceso contra Bolsonaro por su presunto intento de golpe de Estado. Se trata de un caso que se arrastra desde marzo de 2019 y que tiene que ver con un supuesto grupo de WhatsApp llamado ‘Empresarios y Políticos’ en el que algunos partidarios de Bolsonaro compartían mensajes de desinformación política. Uno de los miembros había llegado a escribir que prefería un golpe de Estado a la victoria de Lula.
Ayer, además, André Shalders, del diario O Estado de São Paulo, reveló que Rede Minerva Network, una red “anti-fake news”, financiada con 54,1 millones de reales (9,73 millones de dólares) por el Ministerio de Salud y Justicia y “articulada” por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Lula (Secom), pagó el viaje a Cuba de uno de sus investigadores, Marco André Feldman Schneider, que también es coordinador de la Red Nacional para la Lucha contra la Desinformación. El motivo del viaje fue la participación en el IV Coloquio Internacional Patria, un evento del régimen cubano organizado por la Unión de Periodistas de Cuba. El tema del foro era “el vigésimo aniversario de la fundación de Telesur por parte de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez”. Según el sitio web francés sobre libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF), “Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país para la libertad de prensa en América Latina » y, en su “Índice de Libertad de Prensa” de 2025, ocupa el puesto 165 de 180 países.
Según el diario O Estado de São Paulo, en su discurso en la conferencia cubana, el investigador brasileño afirmó que “en teoría, hay dos formas de neutralizar la polarización y la incitación al odio en las redes sociales: la regulación económica y la moderación de contenidos en las plataformas digitales, con el objetivo de construir la soberanía digital y popular; y políticas públicas a gran escala para la alfabetización mediática y la información crítica”. Tras el evento, Schneider impartió una conferencia sobre desinformación en la Universidad de La Habana y participó en reuniones sobre un posible acuerdo de cooperación entre el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (Ibict), que gestiona el proyecto de la Rede Minerva, y la universidad cubana», escribe Shalders en O Estado de São Paulo, a lo que el investigador respondió diciendo que su viaje a Cuba fue “estrictamente académico”.
Mientras se debate sobre el futuro de la regulación de las redes sociales en Brasil, en estos mismos días dos noticias han puesto de relieve en el debate el temor a la censura. La primera fue la condena de una periodista del diario Zero Hora a pagar 600.000 reales (107.914 dólares) en concepto de indemnización por daños morales a una jueza del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul. En su artículo, la periodista había escrito que la jueza había recibido en abril un salario de 662.000 reales (119.065 dólares). Fue condenada porque técnicamente no se trataba de un salario, sino de la “suma de subsidios e indemnizaciones compensatorias” y por el “lenguaje sarcástico y dirigido” utilizado en el artículo. Otro caso que ha suscitado polémica es la condena a ocho años de cárcel del cómico Léo Lins, además del pago de una multa de 1,4 millones de reales (251.799 dólares) y 300.000 reales (53.957 dólares) en concepto de indemnización por daños morales colectivos. Según el juez, la culpa es de sus chistes sobre las minorías porque “el humor no puede ser una excusa para cometer delitos”, afirmó. “Aunque los chistes de Leo Lins puedan ser detestables, la condena a ocho años de prisión que ha recibido es típica de las dictaduras”, escribe el diario Folha de São Paulo en un editorial. El diario estadounidense The Washington Post también se ha hecho eco del caso. “La sentencia contra el cómico Léo Lins por chistes contados en 2022 se perfila como el próximo frente en la creciente lucha de Brasil contra la libertad de expresión”, se lee en el artículo.
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INTERNACIONAL
UN’s nuclear watchdog warns its unable to confirm Iran’s program is ‘entirely peaceful’

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Iran’s refusal to play ball with the United Nation’s nuclear watchdog, which is charged with monitoring all nations’ nuclear programs, has meant the body cannot verify whether Tehran’s program is «entirely peaceful» despite the regime’s claims.
Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, on Monday issued a warning statement that the agency has not only long been barred access to old and new nuclear sites, but that Iran has scrubbed locations in an apparent move to cover up its activities.
In 2020, the IAEA found man-made particles of enriched uranium at three sites, including Varamin, Marivan and Turquzabad. The locations were previously utilized in Iran’s nuclear program and gave the agency credence to believe Tehran had once again turned to deadly nuclear ambitions.
US SANCTIONS MONEY LAUNDERING NETWORK AIDING IRAN AS REGIME FACES NUCLEAR REPRIMAND AT IAEA
Rafael Grossi is increasingly concerned about Iran’s nuclear program. (Albert Otti/picture alliance via Getty Images)
«Since then, we have been seeking explanations and clarifications from Iran for the presence of these uranium particles, including through a number of high-level meetings and consultations in which I have been personally involved,» Grossi said. «Unfortunately, Iran has repeatedly either not answered, or not provided technically credible answers to, the Agency’s questions.
«It has also sought to sanitize the locations, which has impeded Agency verification activities,» he added.
Grossi, who confirmed during an April trip to Washington, D.C. that the IAEA has not been involved in nuclear negotiations between the U.S. and Iran, said on Monday that he has been working «closely and intensively» with both parties in «support of their bilateral negotiation[s].»
The warning comes after the IAEA in a report late last month, also confirmed that Iran had drastically increased its stockpile of near-weapons-grade enriched uranium by nearly 35% in three months.
IRAN’S KHAMENEI REJECTS US ZERO URANIUM ENRICHMENT DEMAND AS ‘100% AGAINST’ ITS INTERESTS

This photo released on Nov. 5, 2019, by the Atomic Energy Organization of Iran shows centrifuge machines in the Natanz uranium enrichment facility in central Iran. (Atomic Energy Organization of Iran via AP, File)
In February, the IAEA assessed that Tehran possessed 274.8 kilograms (605.8 pounds) worth of uranium enriched to 60%, but on May 17th it found Iran now has some 408.6 kilograms (900.8 pounds) – meaning the regime is just a technical step away from being able to make up to 10 nuclear warheads.
Last week, Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei came out in strong opposition to a U.S. proposal submitted to Tehran to end its nuclear program, though it remains unclear what details were included in the document, including on enrichment capabilities, and on Sunday, Iranian parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf claimed the proposal didn’t include any sanction relief.
The White House has remained tight-lipped about what was included in the document, though according to some reporting, President Donald Trump gave Iran until June 11 to reach a deal with the U.S., though Fox News Digital could not independently verify these claims.
On Monday, Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei confirmed that «The U.S. proposal is not acceptable to us. It was not the result of previous rounds of negotiations.»

Iranian Foreign Ministry Spokesman Esmaeil Baghaei attends a press conference in Tehran, Iran, on May 26, 2025. An interim nuclear agreement between Iran and the United States is not on Iran’s agenda, Baghaei said. (Shadati/Xinhua via Getty Images)
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«We will present our own proposal to the other side via Oman after it is finalized. This proposal is reasonable, logical, and balanced,» Baghaei reportedly said.
Some reporting has also suggested Iran might submit their proposal as soon as June 10, though the Iranian UN mission in the U.S. would not comment on or confirm these claims.
INTERNACIONAL
Harris ripped for ‘appalling’ LA ICE raids statement placing blame on Trump: ‘The country dodged a bullet’

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Former Vice President Kamala Harris was slammed by conservatives on social media after she issued a statement on the anti-ICE riots in Los Angeles, blaming the Trump administration and calling the unrest «overwhelmingly peaceful.»
«Los Angeles is my home,» Harris posted Sunday as riots had broken out across the city for several days, led by protesters upset with federal agents arresting illegal immigrants in the city, prompting the Trump administration to send in the National Guard.
«And like so many Americans, I am appalled at what we are witnessing on the streets of our city,» she said. «Deploying the National Guard is a dangerous escalation meant to provoke chaos. In addition to the recent ICE raids in Southern California and across our nation, it is part of the Trump Administration’s cruel, calculated agenda to spread panic and division.»
Harris added that the Trump administration is not concerned about «public safety» but rather «stoking fear.»
ANTI-ICE PROTESTERS IN LOS ANGELES SPIT ON AND BURN AMERICAN FLAG
Former Vice President Kamala Harris was widely mocked on social media by conservatives over her response to the LA anti-ICE riots. (Getty)
«Protest is a powerful tool — essential in the fight for justice. And as the LAPD, Mayor, and Governor have noted, demonstrations in defense of our immigrant neighbors have been overwhelmingly peaceful,» Harris said. «I continue to support the millions of Americans who are standing up to protect our most fundamental rights and freedoms.»
Harris’ comments were immediately criticized by conservatives online and by Trump officials.
«The country really dodged a bullet in November,» Fox News contributor Guy Benson posted on X.
In another post, Benson added, «Their official position is that they’re appalled by what’s happening in Los Angeles…because of Trump and ICE, not the violent rioters. In its current form, this party cannot be salvaged.»
FBI SEARCHING FOR SUSPECT WHO ALLEGEDLY ASSAULTED FEDERAL OFFICER DURING ANTI-ICE RIOTS IN LOS ANGELES

Police officers are enveloped in a cloud of smoke from tear gas and percussion grenades while guarding a highway on-ramp during a protest against federal immigration sweeps in downtown Los Angeles on June 8, 2025. (Omar Younis/Reuters)
«Thank you, America, for employing brain cells and rejecting this woman’s quest to become president of the United States,» Fox News contributor Katie Pavlich posted on X.
Others, including the conservative influencer account LibsofTikTok, took issue with Harris calling the unrest «mostly peaceful» by responding with pictures of rioters burning cars and attacking law enforcement.
«No surprise[sic] that the most incompetent Vice President in history stands with the illegal alien rioters,» GOP Sen. Tom Cotton posted on X.
White House principal deputy press secretary Harrison Fields responded on X by saying, «America’s statement» along with a photo showing the gains President Donald Trump made across the country in the November 2024 election.
«No one is interested in your opinion,» Senior Counsel to the Assistant Attorney General for Civil Rights Leo Terrell posted on X.
«President Trump didn’t start these riots,» California GOP gubernatorial candidate and Riverside County Sheriff Chad Bianco posted on X. «He’s not out there lighting cars on fire, hurling projectiles at law enforcement or blocking freeways. This statement is an embarrassment and does nothing to diffuse the violent riots taking place across the city.»
«The Democrats and their ‘leaders’ own this.»
TRUMP’S ICE LAUNCHES BOLD COURTHOUSE MIGRANT ARREST STRATEGY TO FAST-TRACK DEPORTATIONS BIDEN AVOIDED

Then-Vice President Kamala Harris speaks during a campaign rally on Saturday, Nov. 2, 2024 at the PNC Music Pavilion in Charlotte, North Carolina. (Jacquelyn Martin/The Associated Press)
Steve Hilton, a Fox News contributor also running for California governor as a Republican, posted on X, «In this appalling statement you are siding with violent criminals over California communities; rioters over law enforcement; illegal immigrants over legal immigrants and American citizens.»
«You are a pandering machine politician who should never hold public office again.»
White House deputy press secretary Abigail Jackson posted on X, «We all know you support lawless, violent, illegal alien rioters. That’s why you lost so badly in November. Back to irrelevancy you go!»
Fox News Digital reached out to Harris’ office for comment but did not receive a reply.
Trump deployed 2,000 National Guard troops to the city in an effort to quell some of the unrest, much to the dismay of Democratic officials.
The violent protests erupted as ICE officials carried out plans to remove individuals illegally residing in the left-wing city, which dubbed itself a «sanctuary» for illegal immigrants in November 2024 before Trump was sworn back into the Oval Office in January.
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Demonstrators protest outside a downtown jail in Los Angeles following two days of clashes with police during a series of immigration raids on June 8, 2025. (Spencer Platt/Getty Images)
ICE raids began Friday, with Los Angeles Mayor Karen Bass issuing a statement supporting illegal immigrants in the city and bucking the Trump administration’s deportation efforts.
California Gov. Gavin Newsom similarly criticized ICE efforts, branding the immigration raids «chaotic and reckless.»
«Continued chaotic federal sweeps, across California, to meet an arbitrary arrest quota are as reckless as they are cruel,» a statement from the governor read. «Donald Trump’s chaos is eroding trust, tearing families apart, and undermining the workers and industries that power America’s economy.»
During the riots, ICE officers were targeted with violence that included throwing rocks and other projectiles along with vandalism in the form of graffiti calling for violence against ICE officers.
U.S. Border Patrol Chief Michael Banks shared a photo of one Border Patrol agent’s bloody hand, which was injured by a rock flying through the windshield. Federal sources said agents could have been killed by the flying debris and several officers have been reported as injured during the rioting.
ICE agents captured the «worst of the worst» criminal illegal immigrants during Friday operations, including murderers, sex offenders and other violent criminals, the agency said Sunday.

Los Angeles County Sheriffs stand during a protest in Compton, California, on Saturday, June 7, 2025 after federal immigration authorities conducted operations. (AP Photo/Ethan Swope)
About 45 people were arrested across several locations, including two Home Depot stores, a store in the fashion district and a doughnut shop.
«Why do Governor Newsom and Los Angeles Mayor Karen Bass care more about violent murderers and sex offenders than they do about protecting their own citizens?» asked Department of Homeland Security Assistant Secretary Tricia McLaughlin.
«These rioters in Los Angeles are fighting to keep rapists, murderers, and other violent criminals loose on Los Angeles streets,» she said. «Instead of rioting, they should be thanking ICE officers every single day who wake up and make our communities safer.»
Fox News Digital’s Taylor Penley, Emma Colton, Greg Wehner and Bill Melugin contributed to this report.
INTERNACIONAL
Los referéndums en Italia sobre ciudadanía y trabajo fracasaron por la baja participación y fortalecen a Meloni

La estrategia de Giorgia Meloni funcionó. Los cinco referendos celebrados en Italia durante el fin de semana para reformar las leyes de ciudadanía y ampliar las protecciones laborales fracasaron estrepitosamente debido a la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 30% del censo electoral. Una cifra muy alejada del 50% más uno necesario para que las consultas fueran válidas y que representa una victoria política para la primera ministra ultraderechista, cuyo Gobierno promovió activamente la abstención.
El resultado supone un duro revés para la oposición de centro-izquierda y los sindicatos, que habían impulsado estas consultas como una forma de presionar al Ejecutivo y movilizar a sus bases en torno a dos temas especialmente sensibles: la integración de los inmigrantes y los derechos de los trabajadores. En su lugar, han cosechado una derrota que Meloni y sus aliados no tardaron en celebrar como una demostración de su solidez política.
“El único objetivo real de este referéndum era hacer caer al Gobierno de Meloni. Al final, fueron los italianos quienes los hicieron caer a ustedes”, proclamó Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, en un mensaje triunfal en redes sociales acompañado de fotografías de los líderes de la oposición. La provocación resume el tono combativo con el que la derecha italiana vivió esta jornada, convertida en un test político para medir la capacidad de movilización de unos y otros.

Los datos oficiales, procedentes de casi el 90% de las mesas electorales, confirmaron que la participación se mantuvo estancada en torno al 30% tras dos días de votación. Una cifra que no solo frustra las aspiraciones reformistas de la izquierda, sino que además pone de manifiesto la creciente desafección de los italianos hacia este instrumento de participación democrática.
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani (Forza Italia), no ocultó su satisfacción: “El Gobierno sale fortalecido y la oposición, debilitada”. Su colega en el Ejecutivo, el ultraderechista Matteo Salvini (Liga), fue aún más directo al calificar el resultado como “una derrota aplastante para la izquierda”, que según él “ni siquiera es capaz de movilizar a sus propios votantes”.

De las cinco consultas celebradas, la más polémica era la que proponía reducir de 10 a 5 años el período de residencia legal necesario para obtener la ciudadanía italiana. Una medida que habría beneficiado a unos 2,5 millones de extranjeros que actualmente luchan por conseguir el pasaporte italiano y que habría facilitado también la nacionalización de sus hijos menores.
Para sus defensores, se trataba de una reforma de justicia social que habría permitido a los italianos de segunda generación —nacidos en el país pero de padres extracomunitarios— acceder más fácilmente a derechos básicos como el voto, el empleo público o la libre circulación por la Unión Europea. Para sus detractores, encabezados por Salvini, suponía una “regalía” inaceptable que rebajaría los requisitos para ser ciudadano italiano.
El escrutinio reveló, además, una curiosa paradoja: incluso entre quienes decidieron votar, el apoyo a esta propuesta fue tibio. Mientras que los cuatro referendos laborales cosecharon más del 80% de votos favorables, la consulta sobre ciudadanía apenas logró entre el 60% y el 65% de síes. Una diferencia de 20 puntos que ilustra las reticencias que genera el tema migratorio incluso en sectores progresistas de la sociedad italiana.
Los otros cuatro referendos abordaban cuestiones laborales promovidas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país. Sus propuestas buscaban derogar varias normas introducidas en los últimos años que, según los sindicatos, han precarizado el empleo y debilitado los derechos de los trabajadores.
Entre las medidas más destacadas figuraba la eliminación de la norma que permite a las empresas de más de 15 empleados no reincorporar a un trabajador tras un despido declarado improcedente por un juez. También se proponía suprimir el límite de indemnización por despido injustificado en pequeñas empresas y aumentar la responsabilidad de los empleadores en casos de accidentes laborales.
Para la CGIL, estas reformas eran imprescindibles para devolver dignidad al trabajo en un país donde la precariedad laboral se extendió especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, el Gobierno las consideraba un retroceso que habría perjudicado la competitividad de las empresas italianas.

Maurizio Landini, secretario general de CGIL e impulsor de la iniciativa, asumió la derrota con amargura pero sin dramatismo. “Sabíamos que no sería un paseo por el parque”, declaró, descartando dimitir pese al fracaso de unas consultas estrechamente asociadas a su liderazgo. “Hay una crisis obvia de democracia y participación”, añadió, en una reflexión que trasciende el resultado concreto de estos referendos.
El dirigente sindical se aferró a los 14 millones de ciudadanos que sí participaron en las consultas para reivindicar que los temas abordados siguen siendo relevantes. “Es un punto de partida”, insistió, aunque reconoció implícitamente que la estrategia seguida no ha dado los frutos esperados.
Uno de los factores que explican el fracaso de las consultas fue la escasa visibilidad que tuvieron en los medios de comunicación y el debate público. Las encuestas realizadas en mayo revelaron que solo el 46% de los italianos conocía las cuestiones sometidas a referéndum, una cifra que evidencia las dificultades de la oposición para trasladar su mensaje a la sociedad.
La autoridad de comunicaciones AGCOM llegó a presentar una queja formal contra la televisión pública RAI y otras cadenas por la falta de cobertura “adecuada y equilibrada” de las consultas. Una situación que contrastó con el activismo desplegado por el Gobierno para promover la abstención.
Salvini, por ejemplo, aprovechó un acto del grupo Patriotas por Europa —que reúne a líderes de la ultraderecha continental— para reiterar su oposición a las reformas horas antes del cierre de las urnas. “La nacionalidad no es un regalo”, declaró. “Pedimos reglas más claras y estrictas para ser ciudadanos italianos, no basta con unos años más de residencia”.

El fracaso de estos referendos se inscribe en una tendencia más amplia de desafección hacia este instrumento de participación democrática. Desde 1997, solo dos consultas populares han logrado superar el quorum del 50%: la celebrada en 2011 sobre la gestión pública del agua (54,8% de participación) y la de 2020 para reducir el número de parlamentarios de 945 a 600.
Lorenzo Pregliasco, analista político de la consultora YouTrend, consideró que estos datos obligan a repensar el funcionamiento de la institución referendaria. “Muchos creen que debería revisarse a la luz de los altos niveles de abstención y que el umbral de participación debería reducirse”, explicó.
Los cinco referendos fueron impulsados inicialmente por Riccardo Magi, diputado del partido progresista +Europa, y posteriormente respaldados por otras formaciones de izquierda, asociaciones civiles y sindicatos. La iniciativa logró reunir más de 637.000 firmas, muy por encima de las 500.000 necesarias para convocar las consultas.
Sin embargo, conseguir las firmas resultó más fácil que movilizar a los votantes. El resultado deja a Meloni en una posición de fortaleza frente a una oposición que deberá repensar sus estrategias si quiere hacer frente al creciente dominio de la derecha en la política italiana.
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