POLITICA
El Gobierno reprogramó la cumbre con gobernadores y posterga la definición sobre un impuesto clave
Nación y provincias buscan retomar un sendero de diálogo para tratar de recomponer un lazo evidentemente dañado. Los gobernadores lo adjudican al recorte que la administración de Javier Milei ha decidido sobre diferentes transferencias y obras públicas nacionales, así como de no tomar medidas para frenar la merma de la Coparticipación que nutre a los territorios provinciales.
Un grupo de gobernadores iba a asistir a la Casa Rosada este lunes para poner sobre la mesa estos reclamos que generan unanimidad entre las provincias. A pesar de que la audiencia estaba prácticamente confirmada, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, decidió postergarla.
Las razones que esgrimieron desde Balcarce 50 es que los mandatarios provinciales iban a traer propuestas fiscales y tributarias, y Francos prefería hacer la reunión con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien está con un viaje oficial en el exterior y vuelve en pocos días. En algún momento se evaluó que esté vía Zoom, pero se descartó la opción.
En la Jefatura de Gabinete no dieron la fecha de reprogramación. “Vamos viendo”, se limitaron a decir. Sigue estando la posibilidad de que se pueda hacer esta semana. A la reunión (cancelada) de hoy podría haber ido alguna segunda línea de Hacienda u otro funcionario del gabinete económico, pero está claro que Guberman es el funcionario más importante en lo que planificación fiscal refiere.
“Se posterga la reunión. Ellos van a plantear temas tributarios y el Secretario de Hacienda está fuera del país”, confirmó una fuente inobjetable del Gobierno a Infobae. Pareció un motivo que satisfizo a algunas provincias. “Parece un motivo razonable, aunque es una falta de respeto la poca antelación”, alegaron algunas de ellas.
Se esperaba que en la reunión estuvieran Axel Kicillof (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza) Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quien le pidió personalmente a Francos que hiciera la audiencia. El listado definitivo de la misión era indeterminado y estaba sujeto a cambios.
18 de los 24 gobernadores de todo el país se reunieron el martes pasado bajo el ala del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La excusa principal del evento era analizar los resultados del último informe del Consejo Federal de Impuestos, que consignó una proyección (si es que el Poder Ejecutivo Nacional no hace cambios) de -4,2% (respecto a 2024) de los fondos automáticos que se envían a través de la Coparticipación Federal.
“Esto se produce por una baja en la recaudación de impuestos nacionales. Es responsabilidad de Nación, al igual que la falta de mantenimiento de rutas, de obras estratégicas, de la desinversión de obras y los problemas que tenemos para tramitar endeudamientos a través de la Secretaría de Hacienda”, resumían cerca de un gobernador patagónico.
La merma de los fondos coparticipables es la que más acucia a los jefes provinciales, y es, a su vez, el de más difícil resolución. Esa disminución de -4,2% proyectada para 2025 representa unos 2,5 billones de pesos, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno.
El asunto se hace espinoso porque para resolverlo deberían revisarse cuestiones ligadas a la política tributaria que efectúa el Ministerio de Economía de Luis Caputo. Parece difícil que aquellos funcionarios y el presidente Javier Milei -quien está ampliamente metido en la planificación económica- analicen tomar cartas en el asunto sobre esa materia.
El documento proveniente de la Comisión Federal de Impuestos subraya que esta fuente de recursos constituyó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios superiores al 60% en un grupo de 12 jurisdicciones.
“Sabemos que nos van a venir a hablar con lo que conversaron en el CFI”, afirmaban fuentes gubernamentales. Es así que, el informe que trataron los 18 gobernadores pone como razón principal de la merma a las “decisiones de política tributaria del Gobierno nacional”.
Entre estas medidas se encuentran las siguientes:
- la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión referidos a la percepción del Impuesto a las Ganancias y al IVA,
- la modificación del cálculo de anticipos de ganancias para sociedades,
- el diferimiento de la actualización del impuesto a los combustibles
- y la reciente reducción o eliminación de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados importados.
El documento también señala la influencia de “ingresos no recurrentes en 2024”, como los provenientes del REIBP y el pago extraordinario del Impuesto a las Ganancias por parte del sector financiero. Además, alegan que la lenta recuperación de los niveles de consumo “impacta negativamente sobre la recaudación del IVA”, que presentó una caída del 1,9% durante abril, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en una economía que crece en torno al 5%.
La reactivación de la obra pública nacional y el pedido por mayores transferencias no automáticas eran considerados como fundamentales.
El Gobierno podría optar por convalidar una reactivación mayor sobre estas áreas: la dinámica de ejecución de obras en 2025 es mayor que en 2024, pero mucho menor que años anteriores; a su vez, solo unas provincias determinadas recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Pero ambas cuestiones inciden sobre dos de las tres anclas que tiene la hoja de ruta económica: la fiscal, referida al compromiso de superávit que asumió el Gobierno libertario apenas llegó al poder; y la monetaria, que implica restringir al máximo la emisión de pesos.
Si Guberman va a estar en la reunión, podría dar un panorama realista sobre el margen de acción que tiene Nación para asistir a las provincias: no se sabe a ciencia cierta si está la voluntad de hacer un esfuerzo acorde a las expectativas de los gobernadores.
La principal medida paliativa que pedirán es que se cumpla con la aplicación de los fondos para el mantenimiento de rutas por el cual se cobra el impuesto a los combustibles.
A todo esto lo atraviesa un momento central del año: el inicio progresivo de la agenda electoral nacional, cuyo desenlace será en los comicios generales del 26 de octubre. El cuadro incluye 24 realidades distintas, con gobernadores que abrieron canales de diálogo con La Libertad Avanza.
Entre los nombres destacados figuran Gustavo Valdés, en Corrientes, y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos. La relación de Alfredo Cornejo, en Mendoza, con la Casa Rosada se muestra más tirante. Aunque ni siquiera lo reconozcan en reservas, resulta previsible que el oficialismo libertario opte por no otorgar fondos ni atender reclamos específicos de la provincia de Buenos Aires a solo tres meses de los comicios locales, donde la postulación de Cristina Kirchner capta toda la atención.
En paralelo, el oficialismo busca consolidar apoyos en el Congreso de la Nación, espacio vital para las reformas estructurales que planea debatir en la segunda etapa del mandato. El miércoles pasado, un grupo de gobernadores permitió que se aprobara en Diputados una serie de proyectos impulsados por la oposición más dura al Gobierno, iniciativas que impactan de lleno en las cuentas públicas.
“No estamos preocupados de que hayan hecho eso. Ni nos esforzamos en pedirles un favor, estamos guardando esa carta para más adelante”, expresó una fuente inapelable de La Libertad Avanza.
Sin presiones directas desde el Ejecutivo, muchos gobernadores optan por no alinearse totalmente con la agenda del oficialismo, sobre todo cuando indican que solo encuentran oídos en Guillermo Francos o en el asesor presidencial Santiago Caputo y sienten que sus demandas quedaron sin respuesta. No obstante, en la cúpula de La Libertad Avanza consideran que esos mandatarios “casi no tienen margen” y reiteran: “Su deuda está atada a la nuestra, a ellos les conviene votarnos los cambios clave a pesar de que no le damos lo que quieren”.
POLITICA
Victoria Villarruel dispuso que los senadores puedan rechazar los aumentos de sueldo que provienen de la partitaria legislativa
La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó un decreto que habilita a los senadores que lo manifiesten por escrito a rechazar los aumentos de dietas que vienen recibiendo los miembros de la Cámara alta cada vez que los empleados legislativos cierran una paritaria y consiguen incrementos en sus sueldos. A partir de esta negociación de la Asociación del Personal Legislativo (APL), los senadores incrementaron la semana pasada su sueldo a $9.500.000.
La medida está incluida en el decreto de presidencia 344/25 en el que Villarruel otorga, en cumplimiento de los acordado por los presidentes de ambas cámaras con los gremios, un aumento del 1,3% en los salarios de abril y un bono de $ 100.000 para los trabajadores de la Cámara alta.
En su tercer artículo la norma invita a los senadores “a ejercer la opción de adecuar o no, total o parcialmente, sus respectivas dietas, informándolo por nota a Presidencia, en mérito a las facultades que le son propias”.
De esta manera, la vicepresidenta busca saldar la puja que se genera cada vez que los trabajadores legislativos reciben un aumento salarial entre aquellos senadores que consideran lógico el incremento de sus dietas y los que, para evitar la condena social y mediática, se quejan en público por el aumento y amenazan con renunciar a percibir la mejora, algo que hasta ahora no podían hacer.
El conflicto nació en abril del año pasado, cuando un grupo de senadores impulsó una reforma que ató los ingresos de los legisladores a los de los empleados del Congreso, al fijar en módulos, y ya no en una cifra expresada en pesos. el monto que perciben en concepto de dieta, gastos de representación y desarraigo.
En aquel momento, fijaron sus ingresos en 4000 módulos, cantidad que tras la última paritaria salarial del Poder Legislativo elevó a 9,5 millones de pesos el bruto que perciben los legisladores, una mejora de $ 300.000 con relación a lo que venían percibiendo hasta el mes pasado.
Así como Villarruel no puede disponer la suspensión de los aumentos, ya que la reforma había sido votada en el recinto por los senadores; por el concepto de enganche con los salarios legislativos la vicepresidenta tampoco podía aceptar los pedidos de los legisladores que quisieran rechazar esos aumentos.
A partir de esta medida, los senadores quedan librados a su libre albedrío para disponer si aceptan el aumento de sus ingresos cada vez que las autoridades de ambas cámaras legislativas cierren una paritaria con los tres gremios (APL, UPCN y ATE) que tienen representación en el Congreso.
Hasta el momento no hay información oficial, pero serían al menos tres los senadores que ya se habrían acogido a la oferta de la presidencia del Senado. Ellos serían Luis Juez (Pro-Córdoba) y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
El aumento votado en abril pasado les valió a los senadores una dura reprimenda del presidente Javier Milei, que los acusó de ser parte de “la casta” y los criticó por incrementarse sus ingresos en medio del ajuste fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo. Eran los tiempos del “no hay plata”.
A la siguiente paritaria, apenas un mes después, y al quedar otra vez en el foco de la tormenta por percibir un nuevo aumento, los senadores votaron congelarse sus dietas hasta diciembre.
La medida fue prorrogada en diciembre hasta marzo de este año, pero no por los legisladores sino por Villarruel, ante el cierre del período de sesiones ordinarias y la imposibilidad de que la medida pudiera ser tomada en el recinto por los senadores.
En marzo y con el congelamiento ya vencido, pero con tiempo antes de liquidar las dietas de ese mes, la vicepresidenta planteó la posibilidad de mantener congeladas las dietas, pero su propuesta fue rechazada en una reunión de jefes de bloques, Por esa razón, a partir de abril sus dietas se incrementaron de los 7 a los 9 millones de pesos brutos.
Dos meses después y tras una nueva paritaria salarial de los legislativos, que otorgó un aumento de 3,9% acumulado para los meses de marzo, abril y mayo, las dietas volvieron a mejorar hasta alcanzar los 9,5 millones de pesos brutos.
POLITICA
La estrategia del Gobierno ante la posible condena de CFK: silencio oficial y el dilema por el candidato libertario
El arco político nacional se mantiene a la expectativa de si finalmente se conoce una de las noticias con mayor impacto de las últimas décadas: la efectiva condena a prisión de Cristina Kirchner, la cual podría producirse por estos días si es que la Corte Suprema le revoca el pedido extraordinario para revisar su sentencia por la corrupción en la obra pública, la cual acarrea una inmediata inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Se trata de un escenario sensible, donde abundan las versiones de que los cortesanos están preparando la decisión que condenaría a la dos veces presidenta, que continúa teniendo una vigencia rotunda en el panorama político nacional.
El presidente Javier Milei bajó línea a sus funcionarios clave para que no salieran a comentar del caso y que aquello pudiera ser visto como una intromisión en el proceso judicial. “No sabemos si la Corte va a actuar”, afirmó en A24 la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para agregar que en el Gobierno no querían adelantarse “para que parezca que promovemos una cosa o la otra”.
Aunque no lo digan en público, altos funcionarios libertarios consideran que la decisión de la Corte podría estar avanzada.
Esta cuestión no había sido evaluada una semana atrás, cuando Cristina se autopostuló como candidata provincial por la Tercera Sección Electoral. En ese entonces se había comenzado a tirar una batería de nombres, sin tomar dimensión de que el máximo tribunal ya estaba comenzando a jugar su juego silenciosamente.“Sin ella cambia todo… es obvio”, afirmó un alfil de altísima relevancia en La Libertad Avanza, en relación con cómo cambiaría la disputa electoral en PBA sin la presidenta nacional del Partido Justicialista.
Quienes miran el territorio bonaerense ven que hay una multiplicidad de consecuencias a nivel político.
De más está decir que la elección en la Tercera Sección perdería una importancia sustancial. Con Cristina candidata, los reflectores iban a estar puestos en ese sector antes que en cualquier otro.
Los libertarios se plantean seriamente cuáles son los fundamentos que hacen más conveniente llevar a un candidato en ese escenario. “A una señora mayor, comunista y condenada hay que ponerle enfrente un pibe, libertario, irreprochable”, consideraba el lunes pasado una de las cuentas atribuidas al asesor presidencial Santiago Caputo.
Antes, el debate interno era qué candidato era el mejor para poder polarizar al máximo contra la mayor referente del modelo kirchnerista. En la campaña porteña había funcionado muy bien el lema “Kirchnerismo o Libertad”. La consigna va a seguir en pie, aunque su efecto puede ser menor.
Una semana después del anuncio de Cristina, una alta fuente de Casa Rosada afirma que la elección del candidato para la Tercera “puede cambiar” y ser alguien “menos interesante”. Esta lectura coincide con lo que consideran otros estrategas importantes. “Cambia todo”, agregaba un dirigente importante en la Provincia.
“Nosotros no corremos atrás de la agenda de Cristina, no modificamos nada”, se diferenciaba un funcionario del Ejecutivo.
Un dirigente de la Tercera afirmaba: “No altera mucho. Nosotros tenemos un piso que se refleja en cualquier escenario y que vamos a trabajar en subir pase lo que pase. Entendemos que van a haber dos frentes grandes, que en síntesis son ‘lo que no queremos más’ y el futuro, que somos nosotros”.
El alcance electoral de lo que pudiera pasar con la Corte era aún estudiado por las usinas libertarias. Por un lado, reconocen que Cristina era quien más medía en la Tercera, donde están habilitados para votar más 5 millones de personas. “Que la saquen del terreno hace que tenga que jugar un candidato menos competitivo. No está esa correlación de que la gente vaya a votar a alguien que sea puesto a dedo por Cristina”, afirmaba un estratega.
En Balcarce 50 deciden no aventurarse con estimaciones sobre cómo podría impactar esta posible noticia a nivel nacional. Pero es un hecho que a muchos funcionarios relevantes del Gobierno no les simpatizaba la idea de que Cristina Kirchner fuera condenada definitivamente.
“Es realmente un asco. ¿Cómo van a condenar a un expresidente? Somos Guatemala, viejo. Deja de crecer soja en Argentina y ahora solo crecen paltas y bananas”, afirmaba un conocidísimo dirigente libertario a Infobae, que decía sentir “bronca” por la noticia del fallo de la Corte.
A pesar de estas consideraciones, los sectores más cercanos al Presidente mantienen la línea oficial de que la dirigente kirchnerista debe ser condenada y encarcelada. Esta postura se resume en la frase del mandatario: “Hay que clavarle el último clavo en el ataúd a Cristina”.
No obstante, en los círculos internos del oficialismo persiste el deseo de que la expresidenta pueda competir, ya que su presencia en la boleta facilitaría la estrategia electoral de los libertarios y les permitiría capitalizar el discurso anti-kirchnerista que los llevó al poder. La posición oficial entre muchos integrantes del Gobierno es “queremos ganarle a Cristina en las urnas y no en la Justicia”.
POLITICA
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