INTERNACIONAL
Los referéndums en Italia sobre ciudadanía y trabajo fracasaron por la baja participación y fortalecen a Meloni
La estrategia de Giorgia Meloni funcionó. Los cinco referendos celebrados en Italia durante el fin de semana para reformar las leyes de ciudadanía y ampliar las protecciones laborales fracasaron estrepitosamente debido a la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 30% del censo electoral. Una cifra muy alejada del 50% más uno necesario para que las consultas fueran válidas y que representa una victoria política para la primera ministra ultraderechista, cuyo Gobierno promovió activamente la abstención.
El resultado supone un duro revés para la oposición de centro-izquierda y los sindicatos, que habían impulsado estas consultas como una forma de presionar al Ejecutivo y movilizar a sus bases en torno a dos temas especialmente sensibles: la integración de los inmigrantes y los derechos de los trabajadores. En su lugar, han cosechado una derrota que Meloni y sus aliados no tardaron en celebrar como una demostración de su solidez política.
“El único objetivo real de este referéndum era hacer caer al Gobierno de Meloni. Al final, fueron los italianos quienes los hicieron caer a ustedes”, proclamó Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, en un mensaje triunfal en redes sociales acompañado de fotografías de los líderes de la oposición. La provocación resume el tono combativo con el que la derecha italiana vivió esta jornada, convertida en un test político para medir la capacidad de movilización de unos y otros.
Los datos oficiales, procedentes de casi el 90% de las mesas electorales, confirmaron que la participación se mantuvo estancada en torno al 30% tras dos días de votación. Una cifra que no solo frustra las aspiraciones reformistas de la izquierda, sino que además pone de manifiesto la creciente desafección de los italianos hacia este instrumento de participación democrática.
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani (Forza Italia), no ocultó su satisfacción: “El Gobierno sale fortalecido y la oposición, debilitada”. Su colega en el Ejecutivo, el ultraderechista Matteo Salvini (Liga), fue aún más directo al calificar el resultado como “una derrota aplastante para la izquierda”, que según él “ni siquiera es capaz de movilizar a sus propios votantes”.
De las cinco consultas celebradas, la más polémica era la que proponía reducir de 10 a 5 años el período de residencia legal necesario para obtener la ciudadanía italiana. Una medida que habría beneficiado a unos 2,5 millones de extranjeros que actualmente luchan por conseguir el pasaporte italiano y que habría facilitado también la nacionalización de sus hijos menores.
Para sus defensores, se trataba de una reforma de justicia social que habría permitido a los italianos de segunda generación —nacidos en el país pero de padres extracomunitarios— acceder más fácilmente a derechos básicos como el voto, el empleo público o la libre circulación por la Unión Europea. Para sus detractores, encabezados por Salvini, suponía una “regalía” inaceptable que rebajaría los requisitos para ser ciudadano italiano.
El escrutinio reveló, además, una curiosa paradoja: incluso entre quienes decidieron votar, el apoyo a esta propuesta fue tibio. Mientras que los cuatro referendos laborales cosecharon más del 80% de votos favorables, la consulta sobre ciudadanía apenas logró entre el 60% y el 65% de síes. Una diferencia de 20 puntos que ilustra las reticencias que genera el tema migratorio incluso en sectores progresistas de la sociedad italiana.
Los otros cuatro referendos abordaban cuestiones laborales promovidas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el principal sindicato del país. Sus propuestas buscaban derogar varias normas introducidas en los últimos años que, según los sindicatos, han precarizado el empleo y debilitado los derechos de los trabajadores.
Entre las medidas más destacadas figuraba la eliminación de la norma que permite a las empresas de más de 15 empleados no reincorporar a un trabajador tras un despido declarado improcedente por un juez. También se proponía suprimir el límite de indemnización por despido injustificado en pequeñas empresas y aumentar la responsabilidad de los empleadores en casos de accidentes laborales.
Para la CGIL, estas reformas eran imprescindibles para devolver dignidad al trabajo en un país donde la precariedad laboral se extendió especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, el Gobierno las consideraba un retroceso que habría perjudicado la competitividad de las empresas italianas.
Maurizio Landini, secretario general de CGIL e impulsor de la iniciativa, asumió la derrota con amargura pero sin dramatismo. “Sabíamos que no sería un paseo por el parque”, declaró, descartando dimitir pese al fracaso de unas consultas estrechamente asociadas a su liderazgo. “Hay una crisis obvia de democracia y participación”, añadió, en una reflexión que trasciende el resultado concreto de estos referendos.
El dirigente sindical se aferró a los 14 millones de ciudadanos que sí participaron en las consultas para reivindicar que los temas abordados siguen siendo relevantes. “Es un punto de partida”, insistió, aunque reconoció implícitamente que la estrategia seguida no ha dado los frutos esperados.
Uno de los factores que explican el fracaso de las consultas fue la escasa visibilidad que tuvieron en los medios de comunicación y el debate público. Las encuestas realizadas en mayo revelaron que solo el 46% de los italianos conocía las cuestiones sometidas a referéndum, una cifra que evidencia las dificultades de la oposición para trasladar su mensaje a la sociedad.
La autoridad de comunicaciones AGCOM llegó a presentar una queja formal contra la televisión pública RAI y otras cadenas por la falta de cobertura “adecuada y equilibrada” de las consultas. Una situación que contrastó con el activismo desplegado por el Gobierno para promover la abstención.
Salvini, por ejemplo, aprovechó un acto del grupo Patriotas por Europa —que reúne a líderes de la ultraderecha continental— para reiterar su oposición a las reformas horas antes del cierre de las urnas. “La nacionalidad no es un regalo”, declaró. “Pedimos reglas más claras y estrictas para ser ciudadanos italianos, no basta con unos años más de residencia”.
El fracaso de estos referendos se inscribe en una tendencia más amplia de desafección hacia este instrumento de participación democrática. Desde 1997, solo dos consultas populares han logrado superar el quorum del 50%: la celebrada en 2011 sobre la gestión pública del agua (54,8% de participación) y la de 2020 para reducir el número de parlamentarios de 945 a 600.
Lorenzo Pregliasco, analista político de la consultora YouTrend, consideró que estos datos obligan a repensar el funcionamiento de la institución referendaria. “Muchos creen que debería revisarse a la luz de los altos niveles de abstención y que el umbral de participación debería reducirse”, explicó.
Los cinco referendos fueron impulsados inicialmente por Riccardo Magi, diputado del partido progresista +Europa, y posteriormente respaldados por otras formaciones de izquierda, asociaciones civiles y sindicatos. La iniciativa logró reunir más de 637.000 firmas, muy por encima de las 500.000 necesarias para convocar las consultas.
Sin embargo, conseguir las firmas resultó más fácil que movilizar a los votantes. El resultado deja a Meloni en una posición de fortaleza frente a una oposición que deberá repensar sus estrategias si quiere hacer frente al creciente dominio de la derecha en la política italiana.
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INTERNACIONAL
Jayapal floats reparations for illegal immigrants impacted by Trump crackdown, demands prosecutions
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Amid President Donald Trump’s illegal immigration crackdown, one congressional Democrat is calling for reparations for foreign nationals who are affected.
«We are going to have some form of reparation for the kids and the families that have been traumatized through all of this,» Rep. Pramila Jayapal, D-Wash., said Friday during a congressional hearing, referring to illegal immigrants. «You talked about how there’s no support for people even once they’re released. We need to make sure that we are funding that kind of work to continue to provide relief.»
Jayapal, the former chair of the Congressional Progressive Caucus (CPC), made the comments during the seventh installment of a hearing series titled «Kidnapped and Disappeared: Trump’s Attack on Children.»
The left-wing lawmaker said reparations for illegal immigrants affected by Trump’s crackdown efforts would be just one item in a series of reforms she would push Democrats to pursue if they retake House control in November.
Residents confront federal agents and Border Patrol agents over their presence in their neighborhood on Atlantic Blvd. in the Los Angeles suburb of Bell. California last year passed a law banning authorities from wearing masks. (Getty Images)
HOUSE DEM COMPARES TRUMP’S ILLEGAL IMMIGRATION CRACKDOWN TO ‘TERRORISM,’ VOWS TO ABOLISH ICE
Jayapal, who was born in India and became a U.S. citizen in 2000, also said she wants «offensive action» regarding those who are carrying out Trump’s illegal immigration crackdown.
«We need real accountability, because at the end of the day, the people that have been inflicting this harm need to be prosecuted,» Jayapal said. «They need to be brought before us, and they need to be held to account for the trauma that they have created.»
A spokesperson for Jayapal did not respond to a Fox Digital inquiry about who specifically she wants to see prosecuted or who would be eligible for reparations.
Reparations refer to financial compensation for a specific group intended to address reputed economic harms. Many progressive Democrats have long advocated for reparations for the descendants of American slaves.
Rep. Pramila Jayapal is floating reparations for illegal immigrants if Democrats retake control of Congress during November’s midterm elections. (Kevin Dietsch/Getty Images)
JAYAPAL DOUBLES DOWN ON ANTI-ICE TERROR CLAIMS AS DHS SHUTDOWN TRIGGERS HISTORIC TRAVEL CHAOS
Throughout the hearing, congressional Democrats repeatedly called attention to the children of deported illegal immigrants, while saying little about the victims of illegal immigrant crime.
The group of Democratic lawmakers did not discuss 18-year-old Sheridan Gorman, who was allegedly shot and killed by a Venezuelan national illegally living in the United States in Chicago earlier this month.
U.S. Immigration and Customs Enforcement agents walk down a street during a multi-agency targeted enforcement operation in Chicago, Ill., on Jan. 26. (L) Sheridan Gorman was killed after being shot in the head by a Venezuelan illegal immigrant while taking a walk with friends at Tobey Prinz Beach, located less than a mile from the Illinois’ campus, around 1 a.m. on Thursday. (Christopher Dilts/Bloomberg via Getty Images; Sheridan G. Gorman via Instagram)
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Jayapal’s comments came during the record-breaking Department of Homeland Security (DHS) that has continued to drag on with no end in sight.
She and nearly all House Democrats have refused to fund the department until the Trump administration agrees to various proposals that could rein in immigration enforcement.
«I have been clear since the start of the appropriations process: I will not vote to give Trump’s ICE or CBP another cent without major reforms,» Jayapal said Friday following her vote against a two-month DHS funding extension.
Though Democrats have been willing to fund the non-immigration parts of DHS, most Republicans have rejected that idea because it would effectively defund law enforcement.
Zeroing out appropriations for ICE and the Border Patrol would continue to force support staff employed by those agencies — have not received a full paycheck during the seven-week funding lapse — to keep working without pay.
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INTERNACIONAL
Israel aprobó la pena de muerte para terroristas y las organizaciones de Derechos Humanos expresaron su preocupación
El Parlamento israelí aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista.
Pero organizaciones de derechos humanos advirtieron que la pena capital se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga a los tribunales militares -salvo excepciones sin definir- a imponer la pena capital a palestinos residentes en Cisjordania ocupada. En tanto, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes podrán aplicar en su lugar la cadena perpetua.
Además, estipula más condiciones para imponer esta pena.
La medida se aprobó con los votos del oficialismo
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
Así lo hicieron la mayoría de parlamentarios del partido de Netanyahu, el Likud, y todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, votó en cambio a favor. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)
En general, los partidos de la oposición, incluyendo Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación), votaron en contra.
Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un empleado legislativo se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid. Además, la calificó de “claramente inconstitucional”.
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La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.
El debate en la Knéset se prolongó durante más de 10 horas y estuvo marcado por intervenciones emotivas y críticas.
Fuera de los turnos de palabra, los diputados siguieron la sesión de manera telemática, conforme al estado de emergencia declarado por la guerra, que limita el número de personas reunidas en interiores.
¿“Se aplicará a los colonos asesinos”?
Durante la sesión, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que “en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos”.
“En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (…): asesinato o defensa propia. Y es que, ¿acaso se aplicará a los colonos asesinos?”, se preguntó.
Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada del partido ultranacionalista Otzma Yehudit y una de las promotoras de la ley, aseguró que la decisión representa “un momento de justicia histórica” para las familias que perdieron seres queridos en atentados terroristas. Su marido, recordó durante su intervención, falleció en un atentado en 2003.
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“No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada al cargo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir”, afirmó la diputada ultraderechista. “Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real”, añadió.
Advertencias desde el exterior
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Su debate se produjo tras la aprobación ‘in extremis’ esta madrugada de los presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de Netanyahu.
Según recogen medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción. Incluso, señalaron que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero.
Además, numerosos rabinos, expertos legales, representantes del sindicato de médicos, abogados y activistas por los derechos humanos israelíes expresaron su rechazo a la propuesta durante los debates en la comisión parlamentaria, llevados a cabo hasta cuatro veces por semana desde que fuera aprobada en primera lectura el pasado septiembre.
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio. Solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.
(Con información de EFE)
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