“Tiene que ver bien cómo se ensamblan”. Con esa frase definieron en la Casa Rosada sobre lo que deberá hacer el presidente Javier Milei respecto de los cambios que se den en el Gabinete luego de las salidas obligadas, en diciembre próximo, de los titulares de las carteras de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich y Petri son ministros desde la primera hora de la administración libertaria y compiten en las próximas elecciones para ocupar sendas bancas en el Congreso, lo que dejará libre dos de las nueve carteras gubernamentales y derivaría en un posible reordenamiento del Gabinete.

La elección de sus respectivos sucesores en dos carteras claves para la administración libertaria, en especial la de Seguridad, es considerado “fundamental” en las filas libertarias para comenzar a delinear lo que puede pasar con el resto del Gabinete.

“Todo puede pasar”, dijeron fuentes oficiales sobre la posibilidad de que frente a los cambios de nombre se sume un eventual rediseño de la estructura actual del organigrama.

Los cambios y posible reordenamiento se darán cuando el gobierno esté atravesando la mitad de la gestión, en la que tiene previsto enfrentar las denominadas reformas de segunda generación.

Hasta ahora, en poco menos de dos años de gestión, se registraron cambios en el área de Salud, donde ingreso Mario Lugones en lugar de Mario Russo; en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde salió eyectada Diana Mondino e ingresó Gerardo Werthein; en la Jefatura de Gabinete, de la que Milei echó a Nicolás Posse y designó en su lugar a Guillermo Francos, y la disolución de la cartera de Infraestructura, tras la desvinculación de Guillermo Ferraro, en enero de 2024, quien falleció poco después ese mismo año.

Todos esos cambios se dieron en el primer año de gestión, en tanto que este año se designó a Lisandro Catalán, al frente de Interior, que el año pasado había sido disuelto cuando Francos debió dejar esa cartera para desembarcar en la jefatura de ministros.

“En principio va a haber recambios porque Petri va a ganar en la provincia de Mendoza, y lo va a hacer con amplitud, y la doctora Bullrich va a ganar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con amplitud”, dijo Milei este martes al ser consultado por el tema de los cambios en una entrevista con la señal A24.

Al ser consultado sobre lo que podría suceder más allá de esos recambios forzados, Milei agregó: “A la luz de esa situación y los cambios que tengo que hacer por motivos forzados, a mí me lleva a tener que recalibrar el Gabinete para que mantenga equilibrio, o sea, lo que tiene este Gabinete es que es un Gabinete muy compacto y que trabaja muy bien juntos. Entonces lo que yo tengo que volver a hacer es volver a crear otro equipo que tenga esta compacidad».

En tanto, sobre una posible colaboración de miembros de Pro en el Gabinete, luego del acercamiento de los últimos días con Mauricio Macri, Milei dijo: “Bueno, del Pro hay funcionarios que tuvieron en el Pro. Es más, de dónde venía Patricia [Bullrich]”.

“Con Macri hubo un contacto, pero no vemos que haya cambios en la relación, ni en alguna participación extra a la que tienen”, deslizó este martes un colaborador del libertario al ser consultado por lo que puede derivar del acercamiento con el expresidente, que el domingo estuvo reunido tres horas en la residencia oficial de Olivos con Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tal como el mismo exmandatario contó en su cuenta de la red social X.

En la Casa Rosada, por fuera de las carteras, aunque con rango ministerial, se inscribirá la salida del portavoz, Manuel Adorni, quien en diciembre asumirá una banca en la Legislatura porteña. Su lugar en la Secretaría de Medios sería ocupado por su segundo en el área, Javier Lanari, a la vez que podría desdoblarse el rol de vocero, aunque por ahora no hay mayores definiciones.

La Cámara Federal de Casación confirmó la validez de un audio de Lázaro Báez que asocia a Cristina Kirchner con su fortuna. En esa grabación el empresario santacruceño dice que el dinero que acumuló no le pertenece a él, sino a alguien que está por encima suyo.

Esta grabación es clave para determinar la posible vinculación de la expresidenta con la maniobra principal por la que fue condenado Báez, es decir, el lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

En este expediente, Báez y sus familiares, además de contadores, abogados y el financista Leonardo Fariña fueron condenados por lavar 54 millones de dólares.

En esta causa se investiga si la fortuna de Báez −unos 210 millones de dólares− es suya o si el empresario era testaferro de Néstor Kirchner. Se busca determinar si Cristina Kirchner es coautora del delito de lavado de dinero.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo dictado, por la mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, con Mariano Borinsky en disidencia, no hizo lugar a la queja interpuesta por Cristina Kirchner.

Con el fallo quedó firme la resolución de la Sala II de la Cámara Federal que convalidó que el audio se incorpore a la causa en la que Cristina Kirchner es investigada por presunto lavado de dinero. En la grabación, Báez afirma que los fondos que administraba “eran de alguien de arriba” y admite que pudo haberlos “administrado mal”.

El pedido de utilización de esa conversación como prueba lo había formulado la ONG Bases Republicanas, al afirmar que “resulta esencial para reforzar la hipótesis de que Báez actuó como testaferro del matrimonio Kirchner”.

En un fallo dividido, la Cámara de Casación rechazó el recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner y confirmó que no correspondía admitirla.

Dijo que la decisión no era una sentencia definitiva. La decisión fue tomada por mayoría, considerando que no se evidenciaron motivos para apartarse de las reglas procesales previstas y que no se acreditó la existencia de una cuestión federal que habilitara la revisión del recurso.

El juez Borinsky, en disidencia, propuso hacer lugar a la queja, declarando que la resolución atacada había sido erróneamente denegada y, en consecuencia, debía admitirse la vía intentada.

Borinsky consideró que la resolución impugnada tenía carácter de pronunciamiento de carácter definitivo, razonablemente fundado, y que la parte recurrente tenía legitimación para presentar la queja. Además, destacó que se cumplían los requisitos para habilitar la instancia, sin que ello implicara abrir juicio sobre el fondo del asunto.

Bases Republicanas, integrada por exfuncionarios del macrismo, había indicado en su escrito que resultaba útil “contar con las escuchas que tomaron estado público y que fueron valoradas por el Fiscal de Cámara (Diego Luciani) en la causa N°5048/2016 (Vialidad) al momento del alegato final, como evidencia de que el condenado Lázaro Báez fue efectivamente un testaferro del matrimonio Kirchner”.

“En esa conversación −de corroborarse su veracidad− el imputado Lázaro Báez habría corroborado la hipótesis del caso que esta querella viene sosteniendo, es decir, que los bienes que aparecen en su nombre, no son de su propiedad, sino de la familia Kirchner”, se añade.

El audio en cuestión fue revelado por el programa de Periodismo para Todos, en junio de 2019. ”Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara», decía Báez, desde la cárcel, en una conversación que mantiene con una mujer que le dice que lo ama.

El juez Sebastián Casanello, a cargo del caso, rechazó incorporar el audio argumentado que la legalidad del mismo había sido puesta en duda años atrás. Además, afirmó que la figura del “testaferro” es propia de las investigaciones por enriquecimiento ilícito.

En este expediente, iniciado en 2013, se investigaron presuntas maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares.

Tuvo su origen después de una emisión del programa del periodista Jorge Lanata, en el que Fariña y el financista Federico Elaskar confesaron haber sacado dinero negro de Báez del país. Después aparecieron videos de los acusados contando fajos de dólares y tomando whisky en una financiera de Puerto Madero.

En la causa, Báez está condenado a 15 años de prisión (pena unificada); su hijo Martín, a seis años y seis meses, al igual que Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador del empresario, entre otros sentenciados.

La Corte dejó firme esas condenas y Báez está preso en el penal de Río Gallegos.

Respecto a Cristina Kirchner, el fiscal Guillermo Marijuan, que instruyó el expediente, primero la imputó, sostuvo la acusación durante años y al final llegó a la conclusión de que no había elementos para acusarla, y pidió su sobreseimiento.

Los cuerpos de este expediente se mueven en distintas velocidades: la condena a 10 años de prisión al empresario Báez fue confirmada por la Corte, pero la participación de la expresidenta en esta maniobra puntual no superaba el grado de la “sospecha”, según dijo Marijuan en su dictamen.

No obstante, Bases Republicanas, sobre la base de una visión “conglobante” con otros expedientes, puja por reintroducir a Cristina Kirchner en la causa.

La ONG, la única que impulsa por estas horas esta parte de la investigación, parte de la premisa de que buena parte del dinero que Báez giró al exterior y por el cual fue condenado provendría de los contratos irregulares en la obra pública de la provincia de Santa Cruz que, entre 2003 y 2015, con Néstor y Cristina Kirchner en el Poder Ejecutivo, fueron adjudicados al conglomerado empresarial de Báez. Estos hechos se investigan por separado en la causa conocida como Vialidad, donde Cristina Kirchner tiene una condena confirmada.