Acción e inacción. La primera es visible, puede medirse y se maneja en el plano de lo concreto, mientras que la segunda es más difícil de detectar, pertenece al mundo de lo opaco. En los casos de corrupción, la hipótesis del académico Germán Feierherd es que el sistema judicial argentino está anclado en la persecución partidista. Si el acusado pertenece al poder de turno, la investigación de los fiscales federales no se mueve. Sale de su letargo solo si cambia el signo político gobernante.

Feierherd, profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y doctorado en Yale, presentó el resultado de un estudio y advirtió sobre la gran influencia que tiene un fiscal en los casos de corrupción y cómo su actividad o falta de ella se vincula a su alineamiento político y el del investigado.

Los datos fueron extraídos de todos los casos de los tribunales de Comodoro Py entre 2013 y 2023, que involucraban a funcionarios, exfuncionarios y miembros del Congreso. Según el académico -que expuso en la Universidad Torcuato Di Tella– un fiscal federal tiene escasos incentivos para investigar al gobierno que lo nombró. Existe un riesgo de no avanzar en su carrera profesional o que su investigación se obstaculice.

En cambio, hay una recompensa por proteger al funcionario cuando existe una coincidencia partidaria. En los momentos de transición política se ven los cambios en la actitud de los acusadores. Aún con las falencias que denunció sobre el funcionamiento del sistema judicial en nuestro país concluyó que en la democracia argentina nadie inocente es condenado por corrupción.

“Las investigaciones de corrupción se volvieron relevantes en el mundo y siguen un trayecto conocido. Cuando los gobernantes están en el poder no hay muchos avances, los presidentes tienen un control fuerte sobre la Justicia. Esta influencia de poderes formales e informales se debilita recién cuando los partidos vuelven al llano”, dijo Feierherd.

Ilustró su teoría con los casos recientes de Corea del Sur, donde dos expresidentes fueron apresados, la condena a Nicolas Sarkozy en Francia, las investigaciones que avanzaron contra el mandatario norteamericano, Donald Trump, cuando terminó su primera presidencia y la más actual, la sentencia de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner.

Para el investigador, la posición de los expertos sobre aquel patrón en las democracias modernas se divide entre quienes lo ven como un reflejo de persecución política y quienes entienden que es un símbolo de que la Justicia finalmente llega a donde antes no podía acceder por el obstáculo del poder.

Según Feierherd, el poder de selección de los presidentes es limitado. Pueden nombrar importantes fiscales para blindarse, pero cuando estos actores ven que los políticos pierden su poder se realinean. “Cuando las causas son asignadas a fiscales afines al gobierno la justicia camina más lenta y hay menos conflictividad, progreso, apelaciones y posibilidades de que el caso llegue al juicio oral”, señaló el académico sobre el resultado de la investigación que realizó con Guadalupe Tuñón, académica de la Universidad de Princeton.

Feierherd dijo que la actitud de los fiscales es medible en base a la producción de pruebas, el llamado a testigos y las apelaciones que presentan. De las denuncias que entraron a Comodoro Py en el periodo de muestra, identificó 1000 causas vinculadas a funcionarios kirchneristas y 1000 de Juntos por el Cambio, que indicaban una conclusión: cuando cambió el gobierno cambiaron las actitudes de los fiscales.

“Los fiscales tienen estabilidad en el cargo, lo que nos permitió comparar su comportamiento bajo un signo político y otro. Los cambios son visibles. En una transición de gobierno, los fiscales que tienen incentivos débiles para investigar aprovechan las posibilidades de avanzar en su carrera ante un nuevo gobierno. Mientras que investigar al poder de turno supone un riesgo, la falta de acción no trae consecuencias”, añadió Feierherd.

Consultado por sobre el impacto del resultado de su estudio en la calidad democrática argentina, expresó: “Son muchas las instancias y los actores que intervienen en el proceso judicial. Actúan múltiples jueces y fiscales, es un proceso muy largo. Si bien tenemos un sistema judicial con fiscales que se manejan con un sesgo partidario, y donde no se sanciona su inacción al momento de investigar, es muy difícil que un político que es inocente termine condenado por corrupción”.

La confirmación de la condena de Cristina Kirchner y su posterior detención la sacaron del terreno electoral de cara a los comicios del 7 de septiembre y el 26 de octubre.

La ex presidenta había anunciado su candidato en la primera elección, la provincial, por la Tercera Sección, aunque el cambio no modifica, en principio, los planes de la oposición bonaerense, tras el acuerdo anunciado entre La Libertad Avanza y el PRO.

En el frente electoral que están armando ambos partidos no creen que la salida del escenario de Cristina altere la estrategia ni el nombre de los candidatos que se van a elegir para competir sección por sección.

Pero sí piensan que puede modificar otros aspectos relevantes, como por ejemplo, profundizar el nivel del ausentismo. «Estaba bueno que jugara, porque potenciaba a todo el antikirchnerismo a ir a votar en una elección que, de por sí, va a tener mucho ausentismo», sostuvo una fuente del macrismo que viene tendiendo puentes en la negociación con los libertarios.

Y amplía, en ese sentido, que «hay secciones en el interior de la Provincia que son profundamente antikirchneristas, te desmotiva para ir a votar que ella no esté».

En la oposición bonaerense creen que «Cristina era la mejor candidata que podía tener el peronismo en la Tercera Sección, pero generaba un contrapeso importante en las otras siete». E insisten: «Mucha gente tenía ganas de ir a votar contra Cristina o contra el candidato que ella apoyara».

Desde el mileísmo, en tanto, aseguran que ellos venían analizando un doble escenario político-electoral, con Cristina «compitiendo en la Tercera, pero también a nivel nacional». Y sostienen que esto «viene a cambiar el esquema».

La estrategia, no obstante, se mantiene, y tiene que ver con la idea de ganar las otras siete secciones, a excepción de la Tercera, donde consideran que ponga el candidato que ponga el peronismo tiene chances concretas de ganar, como ha sucedido casi siempre, con la excepción de las legislativas de 1997.

Preocupa, sin embargo, que el Gobierno termine perjudicado en caso de prosperar lo que definen como una campaña de «victimización» de Cristina, instalando la idea de «proscripción».

El último encuentro entre los referentes del PRO y La Libertad Avanza, el lunes pasado, dejó como saldo un acuerdo para ir juntos especialmente en la elección del 7 de septiembre, que definirá a los legisladores provinciales.

La idea allí es establecer una sociedad electoral que compita bajo el sello de La Libertad Avanza, que impuso condiciones en las negociaciones a través de Sebastián Pareja, uno de los que suena como posible candidato en la Tercera Sección.

En el encuentro de esta semana, se punteó «distrito por distrito y sección por sección», detallaron fuentes involucradas en la negociación partidaria, pero lo más relevante, argumentó una de ellas, es que Pareja pasó el mensaje de que «esto es violeta y libertad».

Así, el poder de fuego lo tendrán los libertarios, más allá de que el tándem de Diego Santilli y Cristian Ritondo, más Guillermo Montenegro, intentarán asegurarse que el PRO gane al menos una banca propia en cada una de las ocho secciones electorales.