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Por qué Trump se juega su política migratoria en Los Ángeles, una ciudad donde el 48% es hispano

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Los Ángeles está marcando hoy a fuego la polémica agenda migratoria de Estados Unidos. Las violentas protestas que estallaron en los últimos días contra las masivas redadas de migrantes prendió una mecha difícil de apagar en una ciudad donde la mitad de sus habitantes son hispanos.

Cada redada, cada arresto y cada deportación impacta de lleno en una comunidad orgullosa de sus raíces latinas. La militarización ordenada por Donald Trump para reprimir las protestas no hizo más que agravar un conflicto entre dos partes dispuestas a ir a fondo.

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Por un lado, los angelinos tienen un historial de movilización superior a otras ciudades de los Estados Unidos, como ocurrió en 1992 con el llamado “levantamiento de Los Ángeles” tras la absolución de los policías blancos que molieron a palos al taxista afroamericano Rodney King. Hubo saqueos, disturbios e incendios. Entonces también fue necesario desplegar, como ahora, la Guardia Nacional y hasta soldados del ejército, aunque en esa ocasión contó con el permiso de las autoridades locales.

En frente está nada menos que el gobierno de Trump, dispuesto a demostrar que actúa en serio cuando habla de deportar a 11 millones de inmigrantes. “Todo es parte de un plan. Busca sembrar el miedo, mostrar mano dura y asegurar que lo sigan apoyando quienes lo votaron. Está mostrando con evidencia que el país necesita ser limpiado de esta gente”, dijo a TN desde Los Ángeles el analista estadounidense de origen mexicano-salvadoreño Luis Alvarado.

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¿Pueden extenderse las protestas hacia otras ciudades de Estados Unidos?

Hoy Trump se juega en Los Ángeles el futuro de su política de mano dura migratoria. Las masivas redadas contra migrantes desataron las protestas. Los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a cientos de latinos.

Las razias son visibles en una ciudad donde el 48% de sus casi cuatro millones de habitantes es hispano. Se llevan a vecinos, familiares, amigos, conocidos o compañeros de trabajo. No pasan desapercibidos.

Manifestantes buscan resguardo en medio de la represión de la Guardia Nacional en Los Ángeles (Foto: REUTERS/Barbara Davidson)

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Las protestas estallaron el viernes y no se detuvieron ni siquiera con la llegada el domingo de los primeros 300 efectivos de la Guardia Nacional, sin el consentimiento de las autoridades locales. Es la primera vez que esto ocurre en el país desde 1965.

Las protestas son lo que Trump necesitaba para mostrar poder. Es calculado. Pero esto se puede ir rápidamente de las manos. Estamos viendo rasgos de las protestas que sacudieron a Los Ángeles con el caso de Rodney King”, dijo Alvarado.

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En ese escenario de disturbios y movilizaciones populares, el mayor temor de las autoridades es que las protestas se extiendan a otras partes del país.

“Diría más que todo en los estados del oeste”, dijo el analista. Esa es la región con mayor presencia latina organizada en todo Estados Unidos.

Según Alvarado, Los Ángeles será el centro neurálgico de cualquier movimiento de protesta latina, aunque señaló que las manifestaciones podrían propagarse hacia ciudades vecinas como San Francisco, San Diego, Sacramento, San José o Fresno, donde la presencia hispana es también muy fuerte.

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“Agitadores profesionales”

Trump, desde la Casa Blanca, necesita dominar los disturbios en forma rápida. De no hacerlo, corre el riesgo de que se propaguen las protestas. Necesita mostrarse duro, expeditivo y dominante contra todo aquel que se oponga a sus planes de mano dura contra la migración. Lo presenta como una lucha entre el bien y el mal.

Así, el discurso oficial se repite: “Las personas que causan los problemas son agitadores profesionales e insurrectos. Son malas personas”, declaró. Además, defendió la “excelente decisión” de militarizar la represión.

“Si no lo hubiéramos hecho, Los Ángeles habría sido completamente arrasada”, dijo en su red Truth Social.

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La guerra también está entablada contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, a los que consideró “muy incompetentes”. Newsom nunca ocultó su deseo de liderar a su partido contra el gobierno de Trump para posicionarse como presidenciable en las próximas elecciones de 2028.

Pero la situación está comenzando a impactar entre los propios aliados republicanos de la comunidad latina. La senadora estatal de la Florida Ileana García, confundadora del grupo “Latinas for Trump”, dijo estar “profundamente decepcionada” de la actual política migratoria.

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“Esto no es por lo que votamos. Siempre he apoyado a Trump, en las buenas y en las malas. Sin embargo, esto es inaceptable e inhumano”, afirmó la senadora de Miami, hija de refugiados cubanos.

Organizaciones de derechos humanos también encendieron la alarma. “Llamar a la Guardia Nacional sin que lo hubieran pedido las autoridades locales exacerba las violaciones de derechos humanos generalizadas que ya se están cometiendo con la Administración Trump y que incluyen arrestos ilícitos, detenciones multitudinarias y deportaciones masivas, expulsiones a prisiones peligrosas en otros países, la represión de la libertad de expresión, separaciones familiares y la negación del debido proceso”, dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Paul O´Brien.

No fue el único en advertir sobre esta situación. Las Naciones Unidas, en un pronunciamiento divulgado este lunes, afirmó: “No queremos ver una mayor militarización de la situación y pedimos a todas las partes a nivel local, estatal y federal que trabajen en este sentido”, dijo Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

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Los Ángeles, Donald Trump

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Chile entregó archivos confidenciales a familiares de víctimas de la dictadura y anunció un banco público de ADN

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Chile entregó archivos confidenciales a familiares de víctimas de la dictadura y anunció un banco público de ADN (REUTERS/Ivan Alvarado)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este lunes la entrega oficial de archivos reservados a familiares de víctimas de la dictadura militar (1973–1990), en el marco de una política estatal que busca avanzar en verdad y justicia. Las denominadas “carpetas de calificación” contienen antecedentes que permitieron acreditar como víctimas a personas ejecutadas o desaparecidas durante el régimen de Augusto Pinochet.

Esta documentación representa un patrimonio y parte de la memoria de las familias, la comunidad y el país en general”, señaló la Presidencia en un comunicado. El acto se llevó a cabo coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos y forma parte del Plan Nacional de Búsqueda, una estrategia estatal inédita mediante la cual el Estado asume por primera vez la responsabilidad directa en la búsqueda de detenidos desaparecidos.

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Los archivos entregados incluyen testimonios, informes, antecedentes personales y resoluciones administrativas recabados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismos creados durante la transición democrática.

El presidente de Chile, Gabriel
El presidente de Chile, Gabriel Boric (REUTERS/Rodrigo Garrido/Archivo)

La documentación proviene tanto de organismos del Estado como de organizaciones de la sociedad civil, familiares de las víctimas y sobrevivientes. Este archivo fue declarado Monumento Nacional en 2022, por su relevancia histórica y simbólica.

Según cifras oficiales, la dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 muertos, de los cuales 1.469 corresponden a desapariciones forzadas. Hasta la fecha, se han identificado los restos de 307 personas, mientras que otras 1.162 continúan desaparecidas. Los antecedentes contenidos en las carpetas entregadas son clave para continuar esas investigaciones.

De forma paralela, el gobierno también anunció la creación de un banco público de ADN para facilitar la identificación de víctimas de las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura, muchas de las cuales fueron orquestadas con la participación de funcionarios del Estado y actores del sistema de salud y justicia.

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Chile también anunció la creación
Chile también anunció la creación de un banco público de ADN para facilitar la identificación de víctimas de las adopciones ilegales cometidas durante la dictadura

Organizaciones como la Fundación Hijos y Madres del Silencio exigen que el banco de ADN se implemente antes del fin del mandato de Boric, en marzo de 2026. “Es una medida muy importante, similar a lo que tienen las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, pero queremos que realmente se cumpla”, señaló Marisol Rodríguez, vocera de la fundación, quien busca a su hermano, sustraído en un hospital de Santiago en 1972.

Las víctimas denuncian que fueron sedadas, engañadas o presionadas para entregar a sus hijos recién nacidos, en muchos casos bajo la falsa premisa de que habían fallecido. El sistema de adopciones ilegales involucró a médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos, y afectó principalmente a madres jóvenes y de escasos recursos. Se estima que alrededor de 20.000 menores fueron adoptados de manera irregular por familias extranjeras. De ellos, solo 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias de origen, según datos del Poder Judicial.

La dictadura de Pinochet dejó
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 muertos, de los cuales 1.469 corresponden a desapariciones forzadas

El presidente Boric anunció la creación del banco genético en su reciente cuenta pública ante el Congreso, pero hasta ahora no se han detallado los plazos ni el funcionamiento del sistema. La medida permitiría a cualquier persona con dudas sobre su origen consultar la base genética de forma extrajudicial, sin necesidad de iniciar un proceso penal ni involucrar directamente a las familias adoptivas.

“Hay muchas personas apropiadas que no tuvieron un proceso legal de adopción y que no quieren involucrar a sus padres adoptivos, pero sí quieren saber quiénes son”, explicó Rodríguez. Otras afectadas, como María Inés Soto, expresaron escepticismo debido a intentos fallidos anteriores, como el proyecto impulsado en 2020 durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, que no avanzó más allá de la recolección de unas pocas muestras de ADN.

El anuncio ocurre en una semana marcada también por un hito judicial sin precedentes: por primera vez, un juez chileno acreditó la existencia de una red de adopciones ilegales durante la dictadura y procesó a cinco personas por sustracción de menores. La investigación penal se abrió formalmente en 2018, cuatro años después de las primeras denuncias públicas.

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“Yo pido a quien tenga información que nos la dé, para que todos nuestros hijos e hijas vuelvan”, declaró Nilda, otra madre que busca desde 1974 a su hija, presuntamente fallecida al nacer. “Me dijeron que estaba enferma, pero era una guagua sana. Se la llevaron para siempre”.

Con estas dos medidas —la entrega de archivos de víctimas del régimen y la creación del banco de ADN— el Estado chileno profundiza su responsabilidad en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad y en la reparación de sus consecuencias, más de tres décadas después del fin de la dictadura.

(Con información de EFE)

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South America / Central America,VALPARAISO

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113 House Dems vote against GOP resolution to condemn Boulder attack on pro-Israel activists

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

More than 100 Democrats voted against a House GOP-led resolution to condemn the accused terror attack in Boulder, Colorado.

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It passed 280-113, with 75 Democrats joining Republicans to vote for the bill. Six lawmakers, five Democrats and one Republican, voted «present.» 

The legislation was introduced by Rep. Gabe Evans, R-Colo., last week in response to the attack. But Democrat lawmakers made clear they were opposed to language in the resolution that they felt was politically charged.

In addition to condemning the attack, Evans’ resolution also appeared to rebuke blue-leaning sanctuary jurisdictions that were at odds with federal immigration authorities, and he condemned illegal immigrants who overstay their visas as well.

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A second bill, led by Reps. Jeff Van Drew, R-N.J., and Joe Neguse, D-Colo., more broadly condemned the rise in antisemitic attacks in the U.S. That legislation netted much wider bipartisan support, passing 400-0, with just two lawmakers voting «present.»

HOUSE GOP TARGETS ANOTHER DEM OFFICIAL ACCUSED OF BLOCKING ICE AMID DELANEY HALL FALLOUT

Police work at the scene after an attack that injured multiple people in Boulder, Colo., on June 1, 2025. (Reuters | Fox News Digital)

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But Evans’ resolution more specifically noted that the case of terror suspect Mohammed Sabry Soliman, who overstayed a tourist visa and a subsequent work authorization, «demonstrates the dangers of not removing from the country aliens who fail to comply with the terms of their visas.»

The Egyptian national is facing federal charges after allegedly attempting to set fire to peaceful demonstrators who were protesting Hamas’ continued possession of Israeli hostages in Gaza.

The Trump administration has vowed that he and his family will be deported from the U.S.

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Evans’ resolution also «affirms that free and open communication between State and local law enforcement and their Federal counterparts remains the bedrock of public safety and is necessary in preventing terrorist attacks» and it «expresses gratitude to law enforcement officers, including U.S. Immigration and Customs Enforcement personnel, for protecting the homeland.»

It comes as Democrat-controlled cities like Los Angeles and Nashville, Tennessee, have seen their leaders criticize the Trump administration’s ICE crackdown.

The Trump administration’s handling of anti-ICE riots in Los Angeles has spurred an outpouring of scorn from Democrat officials, particularly the decision to send National Guard troops in to break up the demonstrations.

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House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., criticized Evans’ resolution in comments to reporters on Monday.

Gabe Evans closeup shot

Rep. Gabe Evans led the resolution. (Tierney L. Cross/Getty Images)

«Who is this guy? He’s not seriously concerned with combating antisemitism in America. This is not a serious effort,» Jeffries said. «Antisemitism is a scourge on America. It shouldn’t be weaponized politically.»

Jeffries also called Evans «a joke.»

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Evans responded on X, «I served our nation in uniform in the Middle East, as a cop in Colorado, & now as a Congressman. This wildly offensive sentiment from Democrat’s Leader is why antisemitism persists. The Left is unserious about finding real solutions.»

Rep. Dan Goldman, D-N.Y., who is Jewish, also criticized Evans’ resolution.

MEET THE TRUMP-PICKED LAWMAKERS GIVING SPEAKER JOHNSON A FULL HOUSE GOP CONFERENCE

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«You weren’t here, Mr. Evans, last term, but there were about 10 antisemitism resolutions that effectively said the same thing solely to score political points. We Jews are sick and tired of being used as pawns,» Goldman said during debate on the bill.

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But Van Drew, who is leading a bipartisan resolution that similarly condemns antisemitism but does not discuss immigration, defended Evans’ measure.

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«Yes, it is different than mine. Mine focused purely on antisemitism here in the world. But he brings up a valid point not only for Jews, but for many innocent victims. Whether it was Laken Riley, whether it was the women that were raped, the women and men that were killed, those that were beaten, those that were hurt, who were in law enforcement. Illegal immigration is not a good thing,» Van Drew said.

The two lawmakers who voted «present» on Van Drew’s resolution were Reps. Rashida Tlaib, D-Mich., and Marjorie Taylor Greene, R-Ga.

Greene wrote on X after the vote, «Antisemitic hate crimes are wrong, but so are all hate crimes. Yet Congress never votes on hate crimes committed against white people, Christians, men, the homeless, or countless others. Tonight, the House passed two more antisemitism-related resolutions, the 20th and 21st I’ve voted on since taking office. Meanwhile, Americans from every background are being murdered — even in the womb — and Congress stays silent.»

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Brasil: comenzaron los interrogatorios a Jair Bolsonaro y sus colaboradores, acusados de intento de golpe de Estado

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La corte suprema de Brasil inició los interrogatorios al expresidente Jair Bolsonaro y colaboradores suyos acusados de intento de golpe de Estado contra Lula en 2022.

La fiscalía acusó en febrero al ex mandatario ultraderechista, de 70 años, de liderar una «organización criminal» para desconocer los resultados de los comicios de octubre de 2022 e impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

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Por el orden de los testimonios previstos, se espera que Bolsonaro responda a preguntas en el juicio a partir del martes.

De traje oscuro y sin su habitual vestimenta informal, el expresidente se sentó junto a otros acusados y sus abogados en una hilera frente al juez Alexandre De Moraes, relator del caso, a quien Bolsonaro ha llamado de «dictador».

El presunto plan golpista habría fracasado por falta de apoyo de altos mandos militares, pero Bolsonaro y otros siete excolaboradores podrían enfrentar una pena de unos 40 años de prisión si son condenados por los crímenes de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado.

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El líder de la derecha y extrema derecha brasileñas insiste en su regreso político a pesar de estar inhabilitado para las elecciones de 2026 y niega las acusaciones, declarándose un perseguido de la justicia.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saluda durante una marcha a favor de la amnistía para los condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023, en Brasilia. Foto Reuters

Aunque tiene derecho a quedarse callado, Bolsonaro dijo la semana pasada a periodistas que responderá «sin ningún problema» a los cuestionamientos de la corte.

«Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió», afirmó el jueves el excapitán del Ejército.

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Al día siguiente, ante un grupo de mujeres de su conservador Partido Liberal mostró un tono conciliador, señalando que comparecerá ante los jueces «sin querer desafiar a nadie».

«Es la hora de la verdad», apuntó.

Los otros acusados

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Los interrogatorios tienen lugar en la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, uno de los edificios depredados por seguidores bolsonaristas en enero de 2023 para pedir a los militares que derrocaran a Lula, hechos que la fiscalía también vincula al expresidente.

Son transmitidos en vivo y podrían extenderse toda la semana.

El primer coacusado en declarar es Mauro Cid, exedecán y mano derecha del exmandatario, convertido para el bolsonarismo en traidor por haber colaborado con la fiscalía a cambio de una eventual reducción de pena.

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El testimonio del teniente coronel permitió a la policía identificar a los distintos actores de la trama golpista y sus comprometedores intercambios de información, según la investigación.

En el banquillo, también se hallan cuatro exministros y los exjefes de la Marina y de la agencia brasileña de inteligencia.

Moraes, así como la fiscalía y las defensas, pueden cuestionar a los acusados.

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El proceso judicial ha avanzado con mayor rapidez que el promedio de casos penales en Brasil, según Rogerio Taffarello, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.

Pero la corte suprema aún podría escuchar nuevos testigos, además de los argumentos finales de las partes, antes de que los magistrados empiecen la votación para una eventual condena.

Debido a que el supuesto complot fue ideado durante largo tiempo y algunos crímenes imputados -como abolición violenta del Estado democrático- son nuevos en el estamento brasileño, se espera «una discusión jurídica extremadamente compleja», dijo Taffarello a la AFP.

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Bolsonaro pasó el fin de semana con sus abogados para preparar su testimonio, alojado en la residencia oficial de su aliado y gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, según medios locales.

En una fase previa en que la corte escuchó a medio centenar de testigos, Freitas, que fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro, salió en su defensa, afirmando que «nunca» oyó al ultraderechista referirse a un plan golpista.

Pero dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron que Bolsonaro les presentó la posibilidad de eventualmente decretar un estado de «defensa o de sitio» para anular las elecciones y mantenerse en el poder.

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El plan golpista contemplaba incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes, según la fiscalía.

«La historia de Brasil se estará escribiendo» durante el juicio, el primero por una tentativa de golpe bajo un régimen democrático en el país, dijo a la AFP Marcio Coimbra, director del «think tank» Casa Política.

Brasil,Lula Da Silva,Jair Bolsonaro

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