En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la causa Vialidad.

El Tribunal Oral Federal N°2, que la condenó en primera instancia, instó a la expresidenta a que se presente dentro de los cinco días hábiles desde que sea notificada de la sentencia en su contra. Además, el tribunal integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que disponga de un lugar para su detención.

La decisión confirmada este martes por la Corte sacude a todo el sistema político. Cristina Kirchner es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, aún la figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei, quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

Por su edad, 72 años, Cristina Kirchner puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario. Esperó el pronunciamiento de la Corte rodeada de dirigentes y militantes en la sede del PJ.

La Corte Suprema resolvió de manera unánime, con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

A las 17.50, la expresidenta dio un mensaje frente a la militancia, desde la sede del PJ. “Es un triunvirato de impresentables”, dijo sobre los jueces de la Corte. Y añadió: “Agregaron el cepo al voto popular”. Relacionó el fallo “al cronograma electoral”.

Con la decisión de la Corte, quedó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

El máximo tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.

Los jueces Rosatti y Rosenkrantz hicieron un voto conjunto al que se sumó luego Lorenzetti. Los tres rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir, en su recurso de queja, la condena en su contra.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.

Todo se precipitó por la mañana, cuando Rosatti informó que los jueces se reunirían para tratar el asunto, algo inusual en la comunicación de la Corte.

Los jueces consideran a Cristina Kirchner responsable del delito de defraudación contra la administración pública para favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.

Después de la segunda instancia, la expresidenta había presentado un recurso de queja ante la Corte, mientras que el fiscal Mario Villar reclamaba duplicar la pena a 12 años (a partir de agregar el delito de asociación ilícita).

Las señales de que llegaría una decisión del máximo tribunal se aceleraron la semana pasada, cuando los tres jueces rechazaron “sin más trámite” la recusación del juez Ricardo Lorenzetti que presentó la defensa de la expresidenta.

Ella lo tomó como una confirmación de lo que vendría. El sábado, en un acto en Corrientes, dijo: “Hay que estar atentos a que me metan presa”. Y añadió: “Mirá cómo tiemblo”. El lunes organizó un acto en la sede porteña del PJ para convocar a una resistencia política, del que participó incluso su reciente adversario interno, Axel Kicillof.

“Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, dijeron los tres jueces.

Y añadieron: “El argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto —entre ellas, el jefe de gabinete de ministros de la Nación y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos— se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa en torno a la modificación implementada por el decreto 54/2009 y la indisputada competencia y responsabilidad de la encausada en la emisión del mismo. Además, omite rebatir las demás circunstancias ponderadas por el a quo respecto de la intervención personal de la recurrente en los hechos, en particular, el beneficio económico obtenido”.

La denuncia original que derivó en esta causa la presentó Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, mientras Cristina Kirchner era todavía presidenta de la Nación.

La investigación apuntó a determinar si el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos sin terminar. El holding de empresas de Báez apenas terminó 27 de las obras adjudicadas.

Los jueces consideraron como una prueba clave el decreto 54/2009, al que calificaron como un “instrumento para la maniobra criminal”. Esa medida modificó un fideicomiso preexistente e incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria. Así, según los jueces del proceso original, “proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente. Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso”.

Además de Cristina Kirchner, el TOF 2 condenó a Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); entre otros. En cambio, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, sobre quien pesaba un pedido de condena de 10 años, fue absuelto junto con Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Héctor Garro, exjefe de Vialidad de Santa Cruz. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y exsecretario de Coordinación de la Obra Pública, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y fue sobreseído.

La Corte ratificó todo lo actuado.

Las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y los gremios estatales continúan sin avances significativos. Este lunes fue el turno del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), que, al igual que otras organizaciones, rechazó de manera categórica la propuesta oficial de un 2% de aumento para junio.

La oferta del Ejecutivo no varió respecto a la realizada la semana pasada: una suba mínima que, según los funcionarios, llevaría el salario inicial estatal a $610.000, y el de los docentes a $715.000. Sin embargo, para los representantes gremiales, el incremento es insuficiente y no resuelve los problemas estructurales del salario.

El secretario general del SEOM, Sebastián López, lamentó que no se atendieran los reclamos particulares del sector, como el pase a planta permanente, el blanqueo salarial y la recategorización. “El aumento propuesto no alcanza. Solo beneficia marginalmente a los compañeros de las categorías más bajas. Para el resto, el impacto es prácticamente imperceptible”, explicó en declaraciones radiales.

López también denunció el achicamiento progresivo de la pirámide salarial: “Hay compañeros con 15 o 20 años de antigüedad cobrando lo mismo que alguien que ingresó hace un año. Esto achata el sistema y desvaloriza la experiencia laboral”.

La respuesta del gobierno fue tajante: la cuestión salarial ya está cerrada y cualquier mejora deberá discutirse con los intendentes. Sin embargo, desde SEOM advierten que ese camino ya está agotado. “Siempre nos mandan a hablar con los jefes comunales, que a su vez esperan que el gobernador les envíe fondos. Es un círculo sin salida”, sostuvo López.

Uno de los puntos más graves señalados por el dirigente sindical fue el nivel de endeudamiento de los trabajadores municipales. “Desde nuestra mutual vemos cómo crece la demanda de préstamos. Los compañeros no llegan a fin de mes. Cada vez se endeudan más para cubrir necesidades básicas”, alertó.