POLITICA
Milei, ante el desafío de no enfrentar la inflación, ni a Cristina
¿Sin Cristina Kirchner y sin inflación? El mapa político 2025 entra por estas horas a una zona de turbulencia extrema a partir de ese cambio de escenario cada vez más posible y de esa pregunta doble, que por ahora queda abierta. Sintetizando los dilemas y desafíos de Milei y los suyos: con la baja de la inflación a niveles que desde hace mucho los argentinos no experimentan, ¿no alcanza y sin esa tendencia a cero no se puede? Y con Cristina tampoco alcanza, pero sin Cristina, ¿no se puede? Ese oleaje extremo de dudas políticas desafía la escalada del proyecto de poder del mileísmo, el único polo partidario con chances reales de fortalecerse. ¿Hasta cuánto puede consolidarse ese poder? Es el gran interrogante de las elecciones de este año.
Por el lado de Cristina, ayer a la noche, desde la sede del Partido Justicialista, el kirchnerismo inauguró la vía de acción política para enfrentar las horas más críticas de su conductora. En el año legal y político más riesgoso para Cristina, el PJ decidió homenajear a “los compañeros fusilados de José León Suárez” en 1956 en el Día de la Resistencia Peronista. Fue la primera vez que ese acto tuvo lugar en la sede partidaria. Contrasta con la épica cero de la última reunión en el PJ, que hace menos de un mes, el 20 de mayo, apenas se reunió por Zoom y sin la presencia de su presidenta. Esta vez, Cristina se hizo presente. Pero, por el momento, eligió un discurso lejos de la contundencia encendida de su alegato de cierre en la causa Vialidad: las alusiones a la Corte fueron en general, como cabeza del “Partido Judicial”, y no hubo referencia explícita y directa al fallo que está por llegar.
La expresidenta hizo dos cosas. Reorganizó una saga histórica: cuestionó la fecha origen de “la grieta” argentina, el 25 de mayo de 2003, con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, y la interpretó, en cambio, como una polarización entre pueblo y antipueblo transversal a la historia argentina. Construyó una saga de heridas populares que se remonta a: el derrocamiento de Perón y el alzamiento de Valle, el golpe a Yrigoyen, el degollamiento del Chacho Peñaloza, el fusilamiento de Dorrego, el envenenamiento de Moreno. Cristina se inscribió en esa saga: “Soy una fusilada que vive”, dijo. También hubo un anticipo de su posicionamiento ante una eventual condena definitiva con prisión efectiva: “Hay momentos en la historia en que estar presa es un certificado de dignidad”. Y se comparó implícitamente con Macri, Luis Caputo, Pepín Rodríguez Simón, aunque sin nombrarlos, a quienes vinculó con hechos de corrupción mencionados sin precisiones.
En el trasfondo de la reacción a la decisión de la Corte operan otras parte del manual de la historia peronista que le da las chances de reinventar el Día de la Lealtad con un llamado a la movilización, resistencia y lucha, en lengua perokirchnerista, contra el fallo de la Corte, leído como “proscripción” política. La coreografía pública de Juan Grabois de los últimos días empezó a construir ese camino. La semana pasada anunció: “Si tocan a Cristina, vamos a estar en la calle”.
La inminencia de la decisión de la Corte Suprema con relación a su condena en la causa Vialidad altera la naturalización de un triunfo mileísta casi seguro en las elecciones nacionales. O, al menos, un buen desempeño en elecciones claves como las de la provincia de Buenos Aires.
La reposición de la grieta kirchnerismo vs. antikirchnerismo está en el centro de la narrativa libertaria tanto en las elecciones provinciales como en al de este año. Con esa polarización, el mileísmo busca encarrilar el caudal del afluente Pro y sus votantes hacia el gran río libertario. Excluido ese riesgo de sobrevivencia kirchnerista, se quedaría sin una variable central para domar y disciplinar, castigar y ordenar los territorios políticos.
Las versiones de estas últimas horas giran en torno a una ratificación de la condena y a la exclusión de Cristina Kirchner de la vida política y electoral. La Corte tiene en sus manos la llave del mapa político: cualquiera sea su decisión, confirmatoria de la condena de la expresidenta o habilitando algún tipo de revisión, su fallo impactará políticamente. La Corte está condenada al cuestionamiento de una parte de la ciudadanía: para los jueces del máximo tribunal, es un callejón sin salida. Si abren la revisión del proceso pedido por Cristina o por el fiscal, que quiere elevar la pena, la sentencia seguirá sin sanción definitiva: la expresidenta quedaría habilitada para competir en las elecciones de este año. Si finalmente se confirma la sentencia, quedará en prisión e inhabilitada para ocupar cargos públicos.
Por su naturaleza institucional, el Poder Judicial, y la Corte como su máxima autoridad, representa el poder contrahegemónico de la república: su lógica encuentra sentido en la medida en que se queda al margen de los vaivenes de la política y de las mayorías o de las primeras minorías circunstanciales. Exactamente lo opuesto a la reforma del Poder Judicial que avanzó en México bajo el gobierno de AMLO y que se acaba de concretar en la presidencia de Claudia Sheinbaum, muy elogiada por el kirchnerismo, donde los jueces de todas las instancias son votados. Pero aun si la Corte argentina lograra encerrarse bajo siete llaves y se esforzara por decidir según esa naturaleza institucional, va a toparse con un dilema que, como tal, no tiene resolución final, sino puros costos: de un lado y del otro de la grieta, su fallo será leído políticamente.
El aparato peronista y sus alianzas internacionales, con el Grupo de Puebla a la cabeza, también están siendo activados. La denuncia de lawfare es unos de los puntos en común de la dirigencia del grupo donde el chileno Marco Enríquez-Ominami es uno de los nombres claves. No es la primera vez que el kirchnerismo profundiza su contacto con Ominami: a partir de una relación de amistad con Alberto Fernández, cuando todavía era presidente, en mayo de 2021, el mismo Fernández se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como amicus curiae y presentó un documento con un “análisis jurídico” de la situación legal de Ominami. El dirigente chileno estaba siendo investigado por delitos tributarios, en el marco de su campaña presidencial. Fue sobreseído por un tecnicismo, que también benefició a actores políticos de diversos partidos. El kirchnerismo también imagina ahora presentaciones ante la CIDH.
Por el lado de la inflación a la baja, la presidencia de Milei enfrenta una paradoja: cuanto más cercana a cero la inflación mensual, más naturalizada como conquista alcanzada. La inflación del IPC CABA, del 1,6% en mayo, recupera un nivel abandonado hace cinco años: un éxito claro de la visión de Milei y su concepción de la “naturaleza monetaria de la inflación”, según explicó el domingo en el Madrid Economic Forum, en España. Ante jugadores del mundo cripto madrileño, Milei insistió con una frase que en la Argentina es ya uno de sus lugares comunes: “Argentina es uno de los cinco países del mundo que no tienen déficit fiscal en la línea financiera”. Si la checklist del votante da la baja segura de la inflación como objetivo alcanzado, el Gobierno corre el riesgo de recibir presión electoral de otras demandas sociales que todavía no cumplió y son más difíciles de cumplir. Si el próximo jueves la inflación del IPC nacional confirma la perforación del 2% hacia abajo, será una gran noticia y, al mismo tiempo, la puerta de entrada de otros reclamos.
En mayo, la inflación quedó octava entre las preocupaciones de los argentinos. Apenas un 14% la menciona como preocupación. Ahora, el primer lugar lo ocupa la inseguridad, con el 36%; el segundo, los bajos salarios, con el 32%; el tercero, la corrupción, con el 29%; en quinto lugar, la falta de trabajo, con el 28%. Así surge de la Encuesta de Insatisfacción Política y Opinión Pública, de la Universidad de San Andrés, correspondiente a mayo de 2025.
Hace meses que las encuestas de temas que preocupan a los argentinos encuentran a la inflación en el tercero o cuarto puesto del ranking o, incluso, bien lejos, en el octavo puesto. Consumo minorista y poder adquisitivo de los salarios reales, incluidas las jubilaciones, empiezan a instalarse en la opinión pública: la economía micro de bolsillo versus los grandes números de la macro organizada. Milei empieza a verse obligado a ser algo más que el presidente antiinflación y antidéficit.
Desaparecida la angustia de la suba de precio veloz y en escalada continua que caracterizó a las crisis argentinas, la pregunta que llega ahora es: ¿cómo hacer para llegar a fin de mes, a pesar de todo? Excluida Cristina Kirchner de la competencia electoral, si el fallo de la Corte confirma la sentencia, el cambio de percepción del votante puede entrar en un proceso novedoso cuyas consecuencias por ahora son difíciles de anticipar.
POLITICA
Con el apoyo de exaliados del oficialismo, el Senado volvió a rechazar los vetos de Milei y dejó aislada a LLA
El Senado rechazó este jueves, por amplias mayorías que superaron los dos tercios requeridos por la Constitución, los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia en pediatría y financiamiento a las universidades nacionales.
Con esta decisión, el jefe de Estado queda obligado a promulgar e implementar las normas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, como anticipó TN, en Casa Rosada ya estudian alternativas para evitar la implementación de estas leyes, como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad.
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Como viene ocurriendo en las últimas sesiones del Senado, La Libertad Avanza no logró construir mayorías, más allá de sus propios seis legisladores y algún acompañamiento más, pero a los votos en contra se sumaron exaliados del oficialismo como la gran mayoría de los senadores de la UCR y del Pro.
La insistencia a la Ley de declaración de Emergencia en Pediatría, donde se contempla el auxilio financiero para el Hospital Garrahan, fue sancionada por 59 votos afirmativos, siete negativos y tres abstenciones de los senadores del PRO Alfredo De Ángeli, Martín Goerling Lara y María Victoria Huala. En tanto, la Ley de Financiamiento a las Universidades Nacionales fue por 58 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, los mismos senadores del PRO, más la radical Carolina Losada.
El debate
La sesión encabezada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, mostró una primera opinión del Cuerpo sobre estos dos debates. Al habilitar sus tratamientos en el recinto, ambas insistencias superaron los 60 votos a favor y solo siete en contra, donde estuvieron los seis libertarios y Carmen Álvarez Rivero del Pro.
Ambos vetos presidenciales se discutieron en conjunto y luego se votaron por separado. Abrieron la sesión los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci y de Educación, Eduardo Wado de Pedro, ambos de Unión por la Patria (UxP).
“Esta ley ya se ha discutido en comisiones y en el recinto. Dentro de sus objetivos contempla afianzar el ingreso y la permanencia de los estudiantes en la universidad pública, así como garantizar las condiciones laborales mínimas de docentes y no docentes”, dijo De Pedro, mientras que su colega Corpacci, en relación con la Emergencia Pediátrica dijo: “Parece increíble que estemos nuevamente hablando de la necesidad de la Emergencia Pediátrica. El proyecto ha sido aprobado en las cámaras prácticamente con la totalidad de los senadores. Esto refleja que las provincias necesitan del Hospital Garrahan”.
Desde Convicción Federal, la senadora Carolina Moisés planteo: “El Garrahan es un hospital de alta complejidad y hay que tener en cuenta esto al analizar los números, no se lo puede comparar con un hospital común. Atiende a más de 600 mil pacientes por año, con 560 camas de internación y 120 de terapia intensiva”.
Por su parte desde la bancada Por Santa Cruz, la senadora Natalia Gadano expresó: “Que nuestros médicos y niños con las patologías más complejas, que nuestros docentes y estudiantes universitarios estén afuera esperando que volvamos a decidir por mayoría los mismos temas es una falta de respeto a ellos y al resto de los argentinos”.
En relación con el financiamiento a las universidades, la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) planteó la sospecha de si desde el Gobierno “están caminando hacia el arancelamiento de la Universidad Pública”. Mientras que el radical Maximiliano Abad dijo: “Llevamos un año y medio debatiendo el financiamiento de las universidades, me da vergüenza decirlo. Ninguna política pública tiene sentido si no le damos prioridad a la educación”.
Su correligionario Pablo Blanco afirmó: “El presidente debe entender que hay que tener empatía con la gente, que hay necesidades y que hay emergencia social. La obligación del Gobierno, si bien todos defendemos el equilibrio fiscal, es que haya también equilibrio social”.
Allí estuvieron los votos en contra de los vetos presidenciales, un amplio abanico opositor encabezado por UxP de José Mayans, gran parte de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
La defensa del oficialismo
El debate transitó con los posicionamientos principalmente de la oposición que se llevó el mayor tiempo de los discursos en el recinto. El oficialismo tuvo la defensa de solo dos voces, Ezequiel Atauche, jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien cerró el debate con un cuestionamiento al kirchnerismo, y de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, que planteó: “No estamos discutiendo el abandono escolar, en Córdoba hay 150 mil adolescentes que están fuera de la secundaria. Hay una relación entre la falla en la educación y la pobreza”.
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El contenido de las leyes
En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país. Entre sus puntos clave, incluía: asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes y establecer una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Mientras que la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria en el área por dos años. Dispone una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes, que no podría ser inferior —en términos reales— a lo percibido en noviembre de 2023. Además, dejó sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.
Senado, universidades, garrahan, veto
El 26 de octubre, Tucumán llevará a cabo las elecciones legislativas nacionales para renovar cuatro bancas de diputados nacionales. En este proceso, finalizarán sus mandatos los actuales legisladores como Paula Omodeo, que buscará renovar su banca con el espacio Creo. Con la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP), la provincia vivirá una jornada electoral que marca un hito en el sistema argentino y definirá la nueva representación provincial.
Los candidatos a diputados nacionales de Tucumán en las elecciones 2025, frente por frente
El proceso electoral cuenta con nueve listas oficializadas, lo que refleja la diversidad política vigente. Tucumán elegirá a sus representantes para el período 2025-2029.
Las listas y candidatos oficializados son:
- Frente Tucumán Primero: Osvaldo Francisco Jaldo, Gladys del Valle Medina, Mariano Javier Noguera, Elia Marina Fernández.
- La Libertad Avanza: Federico Agustín Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone, Celina María Moisa Terán.
- Creo: Paula Omodeo, Sebastián Murga, Sonia María Estela Assaf, Gustavo García.
- Fuerza Republicana: Ricardo Argentino Bussi, Sandra del Valle Orquera, Gerónimo José Cruz Cornejo, Blanca Lorena Palomino.
- Del Trabajo y del Pueblo: Sebastián Solís, Nidia Juri, Walter Díaz, Hilda Beatriz Disatnik.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad FIT: Alejandra Arreguez, José Martín Correa Tejerizo, Clarisa Alberstein, Carlos Alberto Melian.
- Frente del Pueblo Unido: Silvio César Bellomio, María Alejandra Medina, Leandro Hipólito Parajón, Daniela Dennis Huespe.
- Política para la Clase Obrera: Margarita Raquel Grassino, Diego Luis Carrazán, Alejandra Carolina del Castillo, José Rubén Kobak.
- Unidos por Tucumán: Roberto Sánchez, María Micaela Viña, José María Canelada, Milagros Celiz.
La Boleta Única de Papel de Tucumán para las elecciones 2025
La gran novedad de estos comicios será la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley N.º 27.781. Este sistema reemplaza al tradicional de boletas partidarias múltiples y reúne a todos los candidatos y alianzas en una sola hoja oficial.
El nuevo mecanismo busca simplificar la elección, reducir la manipulación de boletas y brindar mayor transparencia al proceso. La Cámara Nacional Electoral ya difundió el modelo definitivo, idéntico al que emplearán los electores.
Cómo se vota con la BUP
El procedimiento es sencillo. El presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de Papel en blanco y un bolígrafo indeleble. Luego, el votante marca su opción dentro de la cabina, según las indicaciones. Después debe plegar la boleta para mantener el secreto y depositarla en la urna.
Para votar, es obligatorio presentar uno de los documentos habilitados: libreta de enrolamiento, libreta cívica, alguna de las versiones de DNI (libreta verde, libreta celeste, tarjeta, incluyendo el formato 2012 y el más reciente). El documento no puede ser anterior al que figura en el padrón electoral.
Cómo consultar el padrón electoral
Pueden votar los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, así como los naturalizados a partir de los 18, siempre que figuren en el padrón y presenten el documento correspondiente.
El voto es obligatorio, aunque no hay sanciones para quienes tengan menos de 18 o más de 70 años.
El padrón electoral habilita a más de 1,3 millones de tucumanos a participar. Resulta fundamental consultar la mesa y el establecimiento de votación con anticipación a través de los canales oficiales.
POLITICA
«Más castigo para los delincuentes»: qué dice el nuevo Código Penal que impulsa el gobierno de Javier Milei
El Gobierno presentó este jueves la reforma del Código Penal. El documento, que reemplazará al que está vigente desde 1921, tiene tres ejes centrales: agravamiento de penas, baja en la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevas figuras delictivas.
El Presidente explicó que esta nueva norma le pone fin “a años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales”.
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Según fuentes oficiales, el objetivo detrás de esta reforma es lograr “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.
Las claves de la nueva reforma del Código Penal
El nuevo texto propone que la edad de imputabilidad baje a los 13 años. Así lo confirmó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, durante la actividad en el penal de Ezeiza.
Además, propone que los homicidios, el abuso sexual en todas sus modalidades, la trata de personas y los delitos vinculados al narcotráfico sean imprescriptibles. También se elimina el beneficio de la libertad condicional a los condenados por hechos de especial gravedad o reincidencia.
En ese sentido, en el Gobierno aseguraron que buscarán que se realice un cumplimiento efectivo de la pena. “Ocho de cada 10 delitos tendrán cumplimiento efectivo. Aumentan los mínimos de una gran cantidad de sanciones penales”, expresaron en el Ministerio de Seguridad.
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Novedades de la nueva reforma del Código Penal
- Homicidios y lesiones: el homicidio simple tendrá una pena de 30 años de prisión. Se amplían los supuestos de homicidio agravado, que tendrán prisión perpetua.
- Medidas de protección y menores: se crea delito de desobediencia por incumplir medidas cautelares de restricción. Aumentan las sanciones por sustracción de menores.
- Delitos sexuales: escalas más altas para abusos sexuales. Se incorpora el stealthing como delito (el retiro del preservativo sin consentimiento) y se castiga el acoso sexual en ámbito laborales. Hay penas más graves por grooming y difusión de abuso infantil por redes sociales o IA. También se tipifica la pornovenganza.
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- Prostitución y trata de personas: se agravan delitos de secuestro, trata y privación de libertad, con foco en víctimas vulnerables.
- Integridad personal y honor: suben las penas por abuso de armas y omisión de auxilio. Por injurias, las personas tendrán penas más graves si las realizan de manera anónima, con identidades falsas o con IA.
- Se tipifica el hostigamiento como delito, actualmente es solo una contravención. Se incorpora el secuestro virtual como modalidad de extorsión. Asimismo, se crean figuras específicas como la de los motochorros, viudas negras, robos masivos y de celulares.
- Estafas: se sistematizan y aparecen la piramidal, la procesal y fraudes con IA.
- Denuncias falsas: se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en delitos sexuales o “cuando se generan restricciones indebidas de contacto familiar”.
Qué dice la nueva reforma del Código Penal sobre corrupción, narcotráfico y contrabando
La reforma del Código Penal prevé una modificación integral de los delitos contra la administración pública, con penas agravadas y nuevos tipos penales. Además, se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal.
En esa misma línea, se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se aumentan los castigos por falso testimonio, en especial en causas de delitos sexuales.
En relación con el narcotráfico, se elevan de forma exponencial las penas. También se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias especialmente peligrosas.
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Por último, la nueva norma crea figuras para el contrabando, con agravantes si el autor tiene una posición que facilite el delito (por ejemplo, personal aduanero). El documento sube las penas para el contrabando de estupefacientes e incluye los delitos militares.
El proyecto completo será firmado por el Presidente y, luego, girado al Congreso, que deberá aprobarlo. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo evitaron confirmar si el texto llegará al Poder Legislativo antes de las elecciones del 26 de octubre.
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