POLITICA
La comisión que investiga el escándalo de $Libra vuelve a reunirse para definir a sus autoridades
Este martes a las 16, la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra volverá a reunirse en el Congreso y buscará definir a sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario.
La reunión será encabezada por el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, quien ya condujo el único encuentro previo. Si se logra avanzar, el cuerpo también podría empezar a deliberar sobre las primeras citaciones en el marco de la investigación.
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Además, se fijó una nueva reunión para el miércoles 25 y se facultó al secretario parlamentario Adrián Pagán, en su rol de coordinador provisorio, a que cada bloque presente hasta tres propuestas de invitados para las audiencias. El objetivo es comenzar formalmente con la investigación de los hechos ocurridos el 14 de febrero, que tienen como principal involucrado al presidente Javier Milei.
El bloque Encuentro Federal trabaja en una nómina de especialistas en criptomonedas que puedan aportar al proceso legislativo, mientras que Unión por la Patria (UxP) se enfoca en convocar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a otros funcionarios del Ejecutivo.
Durante la reunión de este martes, la oposición podría intentar consensuar una lista común de citaciones. Sin embargo, cualquier propuesta deberá luego ser votada en el pleno de la comisión y aprobada por mayoría. En caso de que no haya acuerdo, cada moción podría quedar bloqueada con un empate de 14 votos, lo que pondría en riesgo el avance de la investigación y podría derivar en una parálisis del trabajo legislativo.
UxP insiste en que la comisión esté presidida por la oposición
Durante el fin de semana, el jefe de los diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, dejó en claro que no existió ningún compromiso entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y UxP para que la misma sea presidida por La Libertad Avanza. “Lo que votamos en el recinto fue la obligación de reunir a la comisión (contra la voluntad del oficialismo, que quiere impedirlo, para garantizar la impunidad del Gobierno)”.
El legislador anticipó que insistirán con la designación de las autoridades. UxP postula a la bonaerense Sabrina Selva, pero están dispuestos a consensuar un titular del cuerpo de investigación. “Como lo venimos haciendo desde el primer momento, exigiremos que sea la oposición quien presida la Comisión”, dejó en claro el diputado Germán Martínez.
Los 28 integrantes de la misma darán formalmente inicio a las investigaciones, siguiendo en paralelo el trabajo de la justicia, dentro y fuera de la Argentina. Un fallo podría impactar de lleno en el seno de la comisión que, a partir de este martes, volverá a funcionar.
Quiénes integran la comisión
La comisión investigadora fue aprobada por la Cámara baja el 8 de abril, con 128 votos afirmativos, 93 negativos y 7 abstenciones. Está conformada por 28 diputados, fruto de un nuevo esquema de bloques e interbloques. El pasado 30 de abril hubo un primer intento de nombrar a sus autoridades. Allí se produjo un empate en 14 diputados para cada lado ante las postulaciones de Gabriel Bornoroni, por parte de los libertarios, y de Sabrina Selva por UxP.
Los integrantes de Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itaí Hagman y Carolina Gaillard. De Encuentro Federal: Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.De la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. De Democracia para Siempre: Danya Tavela y Fernando Carbajal. Del Frente de Izquierda y Nacional y Popular: Christian Castillo y Julia Strada.
Del oficialismo y aliados: Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Paula Omodeo (Creo), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra, Oscar Zago (MID), Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Yolanda Vega, Carlos Fernández (Innovación Federal), Francisco Monti y Pablo Cervi (radicales libertarios de la Liga del Interior).
Atribuciones y objetivos de la comisión
La comisión tendrá un plazo de tres meses para producir informes, dictámenes y conclusiones. Podrá enviar oficios, pedir documentación a entes públicos o privados, citar funcionarios, recibir denuncias y tomar declaraciones testimoniales. Cada medida deberá ser votada por sus integrantes y puesta en conocimiento de la Cámara.
La comisión debe elevar un informe final dentro de los 30 días posteriores a la finalización del plazo o del cumplimiento de su objetivo.
Este es uno de los puntos que mira de cerca el oficialismo, el tiempo de trabajo de la oposición. “Comienza a correr el reloj”, dice un integrante libertario en referencia al tiempo perentorio de trabajo de los diputados. Este martes será el día uno.
La postura de otros bloques
El diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, no integra la comisión investigadora, pero sostiene que la Cámara ya resolvió investigar los hechos sucedidos. Pero la definición de las autoridades las debe resolver la comisión ya integrada y buscar los acuerdos políticos y no “pretender llevar esa definición al pleno de la Cámara de Diputados como sucedió el pasado miércoles donde estuvimos tres horas con este tema, cuando había que tratar el tema de los jubilados”, señaló Llancafilo.
El pasado 14 de febrero, el jefe de Estado promocionó en la red social X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después generando pérdidas millonarias. También se supo que, previamente a ese día, Milei se reunió con Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis, los responsables de la iniciativa. A partir de allí comenzaron presentaciones judiciales tanto en los tribunales nacionales, como internacionales.
“La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproject.com $Libra”, posteó en sus redes, en su momento, el presidente Javier Milei.
criptomoneda, Libra, Diputados
POLITICA
Juicio por YPF: el Gobierno trabaja en los detalles de la apelación y asegura que no transferirá las acciones
El Gobierno descarta presentar garantías ante la Justicia de los Estados Unidos para avanzar con la apelación del fallo que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del proceso. El Ejecutivo asegura que insistirá con el rechazo a la decisión de la jueza Loretta Preska a través de la vía judicial hasta “las últimas instancias”.
“No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”, expresan en Nación. Dicho de otro modo, quieren evitar pagar la indemnización por US$16.100 millones y no transferirán el 51% de las acciones que Preska solicitó.
La Casa Rosada no da precisiones sobre la fecha en la que presentará la apelación del fallo, pero los equipos técnicos están trabajando para oficializarlo lo “antes posible”.
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En Balcarce 50 sostienen que no están preparando un esquema de pago con los fondos Burford y Eton que incluyan activos o dólares. La mesa política del presidente descarta además tomar deuda para cumplir con la sentencia. “No vamos a usar recursos que puedan complicar las cuentas para pagar”, agregan.
El documento de apelación está a cargo de la Procuración General del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla. El abogado se reunió esta tarde con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia jurídica y discursiva del oficialismo, que cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo culpó por la estatización de la empresa.
El encuentro se realizó luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezara una reunión con la mesa chica de Nación, que integran Caputo; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Javier Milei presidió temprano una reunión de Gabinete.
El fallo de Loretta Preska dispuso: “Se concede la moción de los demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”.
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La definición de la jueza del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York se efectivizó mientras siguen sin resolverse las apelaciones por su decisión anterior que se tramitan en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La Argentina y Burford buscan la revisión del fallo de primera instancia. Mientras que el Estado argentino quiere que se revierta la sentencia, los demandantes piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización.
La Casa Rosada le expresó a su equipo de abogados que retrasaran todo el tiempo posible el pago adjudicado por la Justicia de los Estados Unidos. Se trata del mismo esquema que aplican para todas las demandas contra la Argentina: apelar, solicitar la suspensión de los efectos e impulsar que un nuevo tribunal defina sobre el conflicto.
Gobierno, YPF
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POLITICA
Tensión por los recursos: no hubo acuerdo con los gobernadores y las provincias avanzan con el proyecto de ley en el Senado
CÓRDOBA.- En lugar de un acercamiento de posiciones, la reunión entre ministros de Economía de las provincias y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, derivó este martes en más tensión entre la administración de Javier Milei y los gobernadores.
Tal como adelantó , la respuesta del gobierno central quedó lejos de acercarse a lo que reclaman los gobernadores. Directamente hubo un rechazo a coparticipar el remanente del fondo de ATN y la oferta fue coparticipar la parte que va a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos, transfiriéndoles también las rutas.
Según distintas fuentes provinciales consultadas por este diario, hay consenso para impulsar el proyecto de ley en el Senado. La propuesta es eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte y de Infraestructura Hídrica, que este año recibieron alrededor de $500.000 millones de los $1,5 millones recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos.
Los gobernadores quieren que esos recursos vayan a la coparticipación y que tanto la Nación como las provincias los usen “según las prioridades que cada una defina”.
“Prefieren eliminar los fiduciarios, como lo hace la Rosada, y asumir las responsabilidades -resumió una fuente cercana a varios gobernadores. En el peor de los casos, las obras no se van a seguir haciendo, pero la plata no se la queda Nación».
Las provincias quieren que lo que no se distribuye del fondo se haga “de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria”, teniendo en cuenta el «marco de crisis económica que afecta los ingresos tanto del gobierno nacional como de las provincias“.
La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que la Casa Rosada rechazaba la propuesta de las provincias “en aras del equilibrio fiscal”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.
Desde la Rosada, en un comunicado, confirmaron que Guberman “planteó la posibilidad de transferir recursos y gastos a las provincias y aclaró que el Gobierno nacional “tiene equilibrio financiero y otro tipo de transferencia de recursos implicaría entrar en déficit». En este sentido, propuso pasar las obras viales a las provincias “junto al financiamiento pertinente siempre y cuando esté acompañada de la responsabilidad de la ejecución de las obras”.
En términos de ATN, el funcionario les dijo a los ministros que la Nación “está dispuesta a discutir un monto máximo a repartir de acuerdo a los coeficientes de coparticipación». Explicó que desde Nación “se busca avanzar en todas las normas que establecen asignaciones específicas, como aquellas que estipulan pisos de gastos, y que el ámbito de diálogo entre las provincias, Ciudad y Nación que se está generando a partir de estas reuniones sería propicio para avanzar en este tipo de medidas estructurales”.
“Estamos convencidos de que la única forma de estabilizar la macro es el equilibrio fiscal. Este redunda en beneficios para las provincias como la baja de la inflación del 25% al 1,5%”, afirmó Guberman en la reunión. Y agregó: “Con el proyecto de las provincias pasaríamos de estar balanceados a estar en déficit”.
En la reunión, según el comunicado, también dialogaron sobre “las evaluaciones del cumplimento de las reglas fiscales sobre gasto, empleo, deuda y demás aspectos del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal vinculadas a las cuentas fiscales al cierre del ejercicio 2024″. Además, se realizó el análisis y evaluación de los presupuestos de 2025 y las proyecciones presupuestarias plurianuales 2025-2027 en las provincias.
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