POLITICA
la Obra Social de las Fuerzas Armadas no le paga hace cinco meses, y está al borde del quiebre

“Esto nunca pasó: dicen ‘no hay plata’, no te pagan, nadie da la cara. Nos deben cinco meses, estamos en rojo y tuve que sacar un crédito para pagar los sueldos”.
Al otro lado de la línea, a la doctora Marta Kura se la escucha desesperada y agobiada. El mundo militar es el suyo propio: lleva 25 años en el Hospital Militar Central, tiene un hijo que es médico militar, “mis pacientes van de la esposa del cabo a la esposa del general”, ilustra. Por eso, quizás, le duele todavía más lo que le está pasando: IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, y también de la Gendarmería y la Prefectura, que atraviesa una grave crisis, le debe en este momento cinco meses de prácticas a Diagnóstico Científico Integral, el centro de diagnóstico por imágenes que dirige, y del cual es propietaria, ubicado en la calle Humboldt, en Palermo.
IOSFA tiene 550 mil afiliados y es una de las cinco obras sociales más grandes del país. Todos los meses suma un déficit de $15 mil millones a una deuda que ya escaló a $120 mil millones desde que arrancó la administración de Javier Milei, según reconoció el ministro de Defensa, Luis Petri, la semana pasada ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
La situación tiene impacto directo en las prestaciones de salud sobre toda “la familia militar” y de las fuerzas de seguridad. El caso de la doctora Kura es ilustrativo de esto y también de los graves problemas que la falta de pago por parte del Estado nacional genera a prestadores y las personas que están laboralmente vinculadas.
“Tengo toda una vida en el Hospital Militar Central (HMC). Entre varios médicos en un momento pusimos algo afuera, el centro en la calle Humboldt 1990. Empezamos en 2012 como Centro de la Mujer en el HMC (un espacio donde la mujer pudiera realizarse todos sus estudios), hasta que llegó la pandemia. Dijeron que solo se podía atender Covid y la experimentación de la vacuna Pfizer. Me hicieron cerrar el servicio, y seguí pagando sueldos sin poder trabajar”, cuenta la doctora, nacida en Misiones, graduada con honores en la UBA en 1982, docente en la UBA y en la Universidad del Salvador, y especialista en Medicina Nuclear con posgrado en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
“Todos los servicios del HMC están en concesión, a través de la Fundación Sanidad Ejército Argentino. Que se creó porque el HMC no tenía cómo mantenerse. La Fundación cobra un canon, y el Hospital el alquiler. Yo en 2020 con la pandemia no pude seguir con el Centro de la Mujer. Formamos el Centro de Diagnóstico, con médicos del Hospital. Hipoteco mi casa en Belgrano, compro resonador, tomógrafo… pasé a ser un centro independiente. IOSFA es el 50% de mi facturación, porque todos los pacientes se querían seguir atendiendo conmigo, la mayoría oncológicos.
“A partir de 2023 empezaron a posdatarme los pagos. Yo siempre le di prioridad a IOSFA, ahora no puedo hacerlo. Si hago una tomografía, una resonancia, no sé cuándo me van a pagar. Tengo 70 empleados, y 40 médicos trabajan con nosotros, incluido el doctor Diego Alasia, director (médico) del HMC. Hoy no tengo para pagar los sueldos del mes que viene y el aguinaldo. En IOSFA nadie me da una solución, nadie me habla. Me dicen ‘no hay plata’…
La doctora Kura se formó con Enrique Rossi y otros especialistas, un mundo donde todos se conocen. Ella menciona a grandes centros médicos, y diferencia: “Han sido comprados por grandes capitales, brasileños, nosotros en cambio somos una empresa unipersonal, familiar. Tenemos que salir adelante, yo no pienso vender. Es una situación injusta y desesperante, y los pacientes están desesperados también.
“Los médicos en nuestro centro cobran 15 mil pesos la consulta, no quieren dejar a sus pacientes, hay una historia detrás. Además, esto se había creado, también, para aliviar un poco la carga sobre el HMC.
“Hoy IOSFA nos debe 110 millones de pesos. Nos tiraron hace poco 20 millones. Porque yo conozco a todos, y me conocen desde chica, yo me recibí de médica y empecé en el HMC, y debajo del presidente (de la obra social) hay un directorio, hay generales. Fue la nada, lo agradecí, pero no alcanza. Tuve que pedir un crédito al HSBC para pagar sueldos.
“Yo no tengo filiación política, nada… Incluso voté a Milei, quería un cambio. Pido que las pequeñas y medianas empresas que dan trabajo, que se las tenga en cuenta. No están cobrando y van a tener que cerrar.
La doctora Kura advierte que se pasó un límite. “No existe el IOSFA en el interior, la gente viene a atenderse acá” (se refiere a que donde no hay red de hospitales militares, como Buenos Aires o Córdoba, los afiliados tienen servicios de salud a través de prestadores). Ella misma dice que excepto a los pacientes oncológicos, empezaron a postergar turnos de la obra social militar. Y cuenta que ya se habla en el HMC de “dejar de recibir ambulancias, porque no hay dónde mandar a hacer estudios al no estar cobrando los prestadores”.
Junto con los salarios derrumbados, la situación del IOSFA está al tope de las preocupaciones en las FF.AA. Si bien supo tener otras crisis, la suba de costos de la salud desde la megadevaluación de fines de 2023 (medicamentos, prestaciones) generó una deuda crítica. Entre las causas del déficit se menciona desde los bajos aportes a causa de los salarios castrenses deprimidos; a la falta de auditorías; la falta de contribuciones “patronales” adecuadas (las mismas fuerzas, es decir, el Estado nacional), o los costos de la estructura administrativa de la obra social, de 2.700 empleados.
Fuerzas Armadas,Obras sociales,Luis Petri,Ministerio de Defensa,Javier Milei
POLITICA
El fin de una época, en medio de la tempestad

El cierre de alianzas electorales para octubre operó como una tomografía milimétrica del estado de situación del sistema político argentino, profundamente atomizado desde 2023, cuando Javier Milei y su proyecto libertario rompieron el tablero que se había consolidado en las décadas previas.
Hubo múltiples historias mínimas que retrataron como pinceladas sueltas el estado de desconcierto y dispersión. El senador Francisco Paoltroni, después de romperse la garganta para criticar al Gobierno, terminó aliado a LLA en Formosa. Algo similar ocurrió con el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien tras años de militar contra el kirchnerismo confluirá con Fuerza Patria para tratar de volver al Congreso.
Otra reconciliación histórica fue la de Lilita Carrió con Graciela Ocaña, quien se postulará en la Ciudad tras más de una década de distanciamiento. Los libertarios Gabriel Bornoroni y Romina Diez se encaminan a encabezar listas en Córdoba y Santa Fe respectivamente, aunque sus actuales bancas vencen en 2027. Vicios de la nueva casta.
Luis Juez fue exculpado de sus últimos votos a favor de jubilados y discapacitados y logró cerrar con LLA en Córdoba. Pero en la misma provincia al radical Rodrigo de Loredo no le resultó tan fácil, pese a haber sido igual de cooperativo con el Gobierno, y hoy depende de que lo rescate Karina Milei.
Es que los libertarios son ambivalentes con los radicales: le estrecharon la mano al chaqueño Leandro Zdero en un acuerdo electoral, pero se la rechazaron al correntino Gustavo Valdés, quien había sido su mentor y había apoyado a la Casa Rosada en igual modo. También son oscilantes con el macrismo: en la ciudad los enfrentaron en mayo, pero se aliaron para octubre. Mejor no repasar lo que se dijeron meses atrás en plena campaña.
Los cinco gobernadores de Provincias Unidas habían dicho que no tendrían candidatos en AMBA, pero aparecieron Facundo Manes y Martín Lousteau en la Ciudad como sus referentes. Los mandatarios dejaron trascender que no le habilitaron el sello partidario, en lo que pareció un chispazo de arranque. Los operadores del espacio, vía Emiliano Yacobitti, también buscaron meterse en el armado bonaerense de Somos y lo hicieron implosionar, lo que terminó con la salida de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
Mientras tanto, los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de San Luis, Claudio Poggi, tomaron la extraña decisión de no proponer listas propias, cuando se supone que los caciques del interior siempre buscan contar en el Congreso con un instrumento de negociación con la Casa Rosada.
Osvaldo Jaldo, en Tucumán, se olvidó de elogiar al Gobierno y volvió a confluir con su viejo mentor, Juan Manzur, para aportar a las filas de Fuerza Patria. Algo similar ocurrió en San Juan entre los enemigos Sergio Uñac y José Luis Gioja. En cambio Natalia De la Sota se desentendió de los herederos de su padre y partió el peronismo cordobés de Martín Llaryora y Juan Schiaretti.
Este rápido repaso de la última semana se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de congruencia política; no hay definiciones ideológicas ni grandes armados. Por el contrario, es una obscena exhibición de tacticismo extremo, producto de la descomposición del sistema.
La mirada más global del cierre de alianzas refrenda un concepto central: terminó de desaparecer el ordenamiento de partidos que emergió como respuesta a la crisis de 2001-2002, es la ruptura definitiva de ese sistema y el inicio de una transición hacia una etapa diferente que empezará a germinar después de octubre, en función de los resultados.
En ese contexto, LLA quedó como la única fuerza organizada a nivel nacional; favores que presta el ejercicio del poder. En su primera definición como oficialismo, mostró dos características. La primera, un etnocentrismo intenso; una determinación profunda por imponer su marca, su color, sus candidatos. No quedó claro si las camperas violetas que le enfundaron a sus flamantes socios de Pro en la foto de La Matanza fue un gesto para reforzar la pertenencia compartida o simple maldad.
Mauricio Macri intuyó un espíritu de humillación y el miércoles eludió la foto con Karina Milei para sellar el pacto. Molesto por la difusión de que habría un abrazo en público, el expresidente puso en duda su visita a Olivos, que debió atrasarse varias horas. Finalmente fue a la quinta presidencial a la noche. Una escena de rendición, a la que buscó darle el mero carácter de lo protocolar. Milei lo dejó solo con su hermana para que el mensaje quedara bien claro.
En los libertarios aparece todo el tiempo una necesidad por reafirmarse como un partido consolidado, al menos desde la estrategia y desde lo territorial. No hay ningún indicio aún de que haya vocación por crear ámbitos de discusión o decisión colectivos. No sólo porque sería replicar la organización de la casta, sino fundamentalmente porque esa sigue siendo una atribución fraternal.
La segunda particularidad del armado es que LLA demuestra pragmatismo para hacer acuerdos puntuales, pero evidencia que no se siente cómodo con esquemas aliancistas. El mapa final marca que competirá por su cuenta en 8 provincias, y en algún tipo de frente en las otras 16 (9 con Pro, 2 con la UCR y 5 con fuerzas provinciales, aunque en varias hay mixturas).
Sin embargo, en la mayoría de los distritos en los que compite con socios lo hace después de un proceso de absorción más que como una integración. Milei construyó una fuerza unipersonal distintiva y no comulga con la idea de una ampliación orgánica de su espacio. A lo sumo, hace concesiones puntuales guiado por la conveniencia en cada distrito.
En definitiva, la fuerza emergente y dominante del sistema político, adoptó un modelo híbrido de construcción, que le permite conjugar pureza con pragmatismo en dosis variables. Es un esquema más moderno, flexible y ágil; también puede ser más volátil e incierto.
Por eso del lado de Pro desconfían de la promesa de hacer un pacto de gobernabilidad a nivel nacional que se corresponda en la Ciudad. El partido amarillo quedó irremediablemente partido. Es difícil mirar hacia adelante sin pensar en que la creación de Macri inició su fase de desagregación definitiva, anticipada por la partida de sus dos candidatos presidenciales de 2023, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (quien paradójicamente volverá a ser acompañada por sus antiguos socios).
¿Cómo conviven la campera violeta de Cristian Ritondo con la resistencia de María Eugenia Vidal? ¿Y el acuerdo con los libertarios de Rogelio Frigerio en Entre Ríos con el flamante vínculo de Ignacio Torres con radicales y peronistas? Parece haberse abierto una grieta que interpela el sentido más profundo y la identidad de Pro.
Mucho peor le va al radicalismo, atomizado en mil partes, con gobernadores aliados al Gobierno (Zdero, Alfredo Cornejo), otros mandatarios en un frente alternativo (Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir), y esquirlas dispersas en múltiples frentes en todas las provincias. La vieja UCR es un ser invertebrado, aún con vida, pero desarticulado.
Y la Coalición Cívica enfrenta su hora más difícil, ya que podría quedarse con sólo dos diputados. La desaparición de Juntos por el Cambio dejó al descubierto los beneficios que le reportaba esa alianza al partido de Carrió.
Sólo ganan espacio las fuerzas locales, que gobiernan 6 provincias, y que poblaron la grilla de opciones electorales multicolor. Expresión nítida de la dispersión y el desorden del nuevo ecosistema político.
Como para las fuerzas no peronistas el karma de los armados electorales es la cuestión de las alianzas, para el peronismo el destino se define por la unidad, una rémora de las épocas gloriosas en las que la confluencia de todas las corrientes internas se transformaba en garantía de éxito.
En líneas generales, Fuerza Patria, la nueva transfiguración del PJ, competirá unificada en 18 provincias, y tendrá escisiones en las otras 6. El balance no es tan negativo. El problema es que unificado no significa lo mismo que unido. No sólo porque no hubo una estrategia coordinada, sino esencialmente porque el acuerdo por las listas en muchos casos es apenas un gesto interesado para disimular las diferencias intestinas.
A este peronismo todavía desconcertado por ahora le bastan sus recursos para confluir en sus críticas a Milei y alcanzar un armado de listas digno, no para mucho más. Todavía le falta un recorrido largo para empezar a construir una alternativa potente hacia el futuro. Tomó el atajo de resolver la inmediata ecuación electoral y se salteó el difícil proceso de actualizar su propuesta doctrinaria. Está anclado en 2023 y no puede apelar más que a quedarse con los votos desencantados por el ajuste.
No hay caso más nítido de la persistencia de las disputas que el de la provincia de Buenos Aires, donde el abismo entre el ala de Máximo Kirchner y el de Axel Kicillof sólo se ha ensanchado, aun cuando el gobernador se corrió del cierre de listas nacionales. Los relatos sobre las tensiones que hay en la campaña son una crónica viva del desencuentro. A eso se suma ahora la amenaza de ruptura de Juan Grabois, que actúa como un obturador para una eventual candidatura de Sergio Massa.
En el campamento peronista hay mucha incertidumbre sobre la escala electoral del 7 de septiembre. Hay un temor perceptible a que el experimento del desdoblamiento concluya mal y eso termine de hundir las chances para octubre. Curiosamente, en el bunker libertario también reina el pesimismo respecto de la disputa bonaerense. Quizás es el preludio de una elección sin ganadores absolutos.
Este diagnóstico empezó a revelarse en la primera reunión del equipo de campaña con el que Milei buscó suturar las heridas entre su hermana y Santiago Caputo tras el cierre de listas. Frente a un primer balance positivo, el asesor hizo retumbar una frase contundente: “Yo tengo otros números”. Mostró allí que LLA está abajo en la tercera sección (conurbano sur) por 17 puntos, y en la octava (La Plata) por 2 puntos; que están complicadas la cuarta (Junín) y la segunda (San Nicolás); que pelean con chances la séptima (centro) y la primera (conurbano norte), y que hasta ahora sólo ganarían con claridad la quinta (Mar del Plata) y la sexta (Bahía Blanca).
Milei ensaya un discurso que debutó en el Derecha Fest: “Para nosotros la elección en la Provincia va a ser un piso; para ellos, un techo”. Sus estrategas ya preparan la interpretación de la noche electoral, que se basa en contraponer al posible triunfo peronista en cantidad de votos la idea de que lo importante es haber ganado más secciones electorales, lo que podría derivar –no necesariamente-en un mayor caudal de bancas en la Legislatura. “Conceptualmente, creemos que vamos hacia un empate”, sintetizan.
Es cierto que un desempeño opaco del oficialismo en septiembre no diluye las posibilidades de un triunfo luminoso en octubre. El problema es el mes y medio que separa una y otra elección y la interpretación que hagan los mercados de ese primer resultado. Los inversores están tan escaldados con la Argentina que no alcanza con explicarles que un triunfo limitado del peronismo en la provincia no sería un gran resultado para la fuerza que hegemonizó las urnas bonaerenses. Les basta una sonrisa de Cristina Kirchner para alarmarse.
Ese espíritu temeroso volvió a flotar esta semana después de la catastrófica sesión que padeció el oficialismo en Diputados. Fue otra exhibición de cuan desgastado está el mecanismo de articulación política del Gobierno. Hubo un tibio intento por desactivar el quórum a través de una promesa a los gobernadores de tratar su proyecto de ATN la semana próxima y fracasó de un modo sonoro.
En la sesión los libertarios habían acordado con algunos aliados levantarse tras los primeros proyectos, y cuando lo hicieron se quedaron solos. “Ya no nos responden, cada uno está mirando su situación electoral y no se van a jugar por una gestión que no les ofrece nada”, comenta un diputado libertario. En ese bloque sacaron una cuenta que ayuda a entender mejor el cuadro: de los 158 legisladores que votaron a favor de las universidades, a 84 se les vence el mandato en diciembre. Son células autónomas pendientes de su futuro.
Wednesday,Aug.6,2025Hernan Zenteno –
El miércoles no sólo se aprobaron todos los proyectos previstos, sino también le rechazaron cinco decretos a Milei, algo que no estaba en los planes originalmente y que se logró por la simple inercia de la sesión. “Fue un desastre otra vez. La oposición dialogó con fluidez con nuestros viejos socios pese a sus diferencias y nosotros la vimos pasar”, se quejó un diputado de LLA.
En el bloque oficialista hubo críticas a la conducción de Bornoroni porque ni siquiera sabían quién tenía que hablar para cada tema. Las gestiones de Guillermo Francos fueron infructuosas. Las de Martín Menem, también. Santiago Caputo operó a reglamento en la cámara de su enemigo. Entre los diputados violetas se resignan a que hasta diciembre va a ser un calvario.
Pero el dato que más preocupó en la Casa Rosada no fue la seguidilla de reveses, sino los números que alcanzaron algunos proyectos. El del hospital Garrahan se aprobó con 159 votos, muy cerca de los dos tercios con los que se puede voltear un veto. Las alarmas se encendieron al punto de que Milei decidió convocar fuera de agenda a una reunión de gabinete para el jueves a la tarde, una rareza.
Allí hubo preocupación por el efecto en los mercados (cayeron las acciones argentinas bruscamente) y también porque perciben que hay sectores sociales que empiezan a dudar de la rigidez fiscal frente a temas sensibles como el de la discapacidad o el de la salud. Al mismo tiempo se bajó un mensaje tranquilizador basado en el análisis que se hizo de trabajos cuantitativos y cualitativos que encargaron.
Según esos estudios, de todos los proyectos tratados en el Congreso el único que escala en la consideración social es el de los jubilados, y el apoyo mayoritario al plan económico del Gobierno se mantiene. “Estamos en una cinchada muy difícil. Si en este momento cedemos y soltamos la cincha, nos llevan puesto”, graficó una figura importante del gabinete que participó de esas conversaciones.
La semana cerró con el mensaje de Milei por cadena nacional, una idea que se empezó a evaluar tras la reunión de gabinete. Una manera de levantar la voz y reafirmar su inconmovible convicción fiscal. Pero nadie duda de su determinación. El interrogante que sobrevuela entre los que deciden de verdad gira en torno de cuál es la musculatura real del Gobierno para avanzar con su agenda. Para responder esa pregunta, el cierre de alianzas no arrojó demasiadas certezas.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Cristina Kirchner aún no depositó la plata que tiene que devolver por la causa Vialidad: la medida que evalúa la Corte

A menos de una semana del vencimiento del plazo fijado por la Justicia, ninguno de los condenados en la causa Vialidad devolvió fondos para completar los 530 millones de dólares que, según el fallo, deben restituir al Estado.
Entre ellos figura la expresidenta Cristina Kirchner, quien aún no realizó ningún depósito en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación. Tampoco lo hicieron Lázaro Báez ni José López, los otros principales condenados.
Leé también: Las últimas noticias de los candidatos en provincia de Buenos Aires y de Javier Milei
La fecha límite para cumplir con la devolución es el próximo 13 de agosto. Si ese día los fondos no aparecen, la Justicia avanzará con una nueva etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados.
Sin embargo, una acordada reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió otra posibilidad: que parte de esos inmuebles pasen a ser utilizados por el máximo tribunal de Justicia o por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Vialidad: Cristina Kirchner aún no devolvió fondos y sus inmuebles podrían pasar a la Corte Suprema
“Esta Corte puede afectar o asignar por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso o el del Consejo de la Magistratura, aquellos inmuebles que hubieran sido decomisados”, indica el texto aprobado por los ministros del máximo tribunal.
Si bien la premisa, según fuentes judiciales es vender los inmuebles para recuperar los millones de dólares, existe la posibilidad de que parte de los inmubles se puedan destinar a juzgados o se conviertan en archivos. Se trataría de un destino institucional.
Leé también: Candidaturas testimoniales en la provincia de Buenos Aires: la Junta Electoral evalúa un pedido de impugnación
En el caso de Cristina Kirchner —condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta— los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires que podrían ser objeto de decomiso. A ellas se sumarían los departamentos del complejo Madero Center y otras 24 propiedades ubicadas en el sur del país.
Allí habrá toda una discusión jurídica porque esos inmubles -cedidos a Máximo y Florencia Kirchner- están embargados en la causa Hotesur – Los Sauces. Pero los fiscales insisten en que se deben subastar en la causa que primero llego a sentencia, es decir, Vialidad. Incluso están trabajando en un segundo listado de inmuebles que contempla los departamentos de Madero Center y la propia unidad ubicada en San José 1111.
Cómo podría usar la Justicia los inmuebles de Cristina Kirchner y otros condenados
Los inmuebles forman parte del conjunto de bienes que podrían ser subastados si no se concreta el reintegro del dinero antes del 13 de agosto. Pero ahora también está sobre la mesa la posibilidad de que algunos de ellos sean destinados a oficinas judiciales o a programas públicos.
Leé también: Examen de residencias: 141 médicos tendrán que volver a rendir y Salud denunciará a un postulante ecuatoriano
La acordada de la Corte contempla que, si no se avanza con la venta inmediata de los bienes secuestrados, puedan firmarse convenios con provincias, municipios o entidades de bien público para darles un uso prioritario en áreas sociales. Entre los destinos posibles se mencionan programas educativos, de salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.
En el fallo de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal Nº2 concluyó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de manera fraudulenta contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. La maniobra habría provocado un perjuicio millonario al Estado, que ahora busca ser reparado.
cristina kirchner, Vialidad, Corte Suprema, Lázaro Baez
POLITICA
Desde el peronismo buscan derogar en Diputados el aumento de aportes a los clubes del fútbol

Tras la escalada entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde el peronismo presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca derogar los últimos decretos que endurecieron los aportes de los clubes al sistema de seguridad social. La iniciativa reactiva la discusión sobre el régimen especial de aportes patronales y personales que históricamente distinguió al fútbol profesional frente al régimen general.
La propuesta de ley, presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Carlos Cisneros, propone derogar el Decreto 939/2024 —que había revocado el régimen especial vigente hasta ese momento— y la reciente Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, que elevó de forma significativa las alícuotas de aportes para los clubes. Asimismo, ratifica parcialmente el régimen dispuesto por el Decreto 510/2023, pero suspende el artículo 8 de ese decreto por dos años, con el objetivo de ofrecer alivio financiero a los clubes y volver a un esquema más equilibrado.
Un régimen a debate: de los privilegios al déficit
La historia del sistema especial para el fútbol argentino se remonta a la crisis de 2001. Por entonces, el Decreto 1212/2003 estableció un régimen simplificado de aportes y contribuciones para el personal y los jugadores de fútbol profesional, vinculando las contribuciones a ingresos específicos de los clubes como la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos televisivos. El objetivo era ofrecer seguridad jurídica, facilitar la fiscalización estatal y resguardar a los trabajadores ante la debilidad financiera de las instituciones.
Distintos ajustes y reformas posteriores, incluidas las modificaciones introducidas en 2019 y 2023, fueron elevando paulatinamente las alícuotas para reducir un déficit estructural que, según el Gobierno, terminó siendo cubierto por el sistema previsional general. El conflicto escaló en agosto de 2025, cuando la Subsecretaría de Seguridad Social dictó un aumento de casi once puntos porcentuales en la contribución de los clubes, elevando la tasa al 18,62% sobre el monto bruto recaudado.
La explicación oficial remite a un desbalance financiero crónico. El Ministerio de Capital Humano informó que, pese a los ingresos generados por los clubes —solo en 2024, el fútbol argentino facturó 324 millones de dólares en ventas de jugadores—, el régimen especial apenas cubría el 57% de las obligaciones previsionales. En el primer año de gestión del actual Gobierno, esa cobertura llegó a reducirse al 33%, con un déficit cercano a los 20 mil millones de pesos anualizados. El Gobierno justificó el aumento como respuesta a la insuficiencia de fondos para el Sistema Integrado Previsional Argentino y otras coberturas sociales, y atribuyó el problema tanto a los beneficios del régimen especial como a maniobras de los clubes para dilatar o eludir obligaciones.
La reacción de la AFA: resistencia y advertencia
La AFA rechazó duramente la decisión oficial y denunció que no fueron tenidas en cuenta sus alternativas propuestas, entre ellas, un esquema gradual y consensuado para equilibrar la recaudación sin paralizar la actividad. La entidad que preside Claudio Tapia sostuvo que trabajó “incansablemente junto a los clubes y autoridades gubernamentales” para encontrar soluciones razonables, pero que el Poder Ejecutivo decidió avanzar de manera unilateral. En un comunicado oficial, la AFA remarcó el papel social de los clubes y advirtió que las medidas adoptadas ponen en riesgo el desarrollo de los programas formativos, la infraestructura y el trabajo comunitario que alcanzan a miles de jóvenes y niños a lo largo del país.
El conflicto se trasladó a la justicia y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 dispuso suspender, de manera provisional, la aplicación del nuevo régimen hasta tanto se resuelva de fondo la controversia. Sin embargo, la judicialización profundizó la incertidumbre y dejó expuesta una grieta entre el Gobierno y el principal articulador del fútbol nacional.
El nuevo proyecto, entre la búsqueda de equilibrio y el debate de fondo
En ese contexto, el proyecto de ley presentado en Diputados propone derogar los incrementos impulsados por el Gobierno, volver a la estructura fijada en 2023 y suspender temporalmente la aplicación de los puntos más controversiales, como el artículo 8 del Decreto 510/2023. Según sus fundamentos, la iniciativa busca preservar la sustentabilidad de los clubes y evitar su asfixia financiera, sin dejar de atender las demandas del sistema de seguridad social.
La discusión de fondo enfrenta a dos visiones opuestas: por un lado, el Gobierno quiere “eliminar privilegios”, cerrar déficits y equiparar la carga de aportes de los clubes al resto de los empleadores; por el otro, la AFA y los clubes reivindican su especificidad institucional y social, y reclaman un trato diferencial que reconozca el rol del deporte en la comunidad.
El debate recién comienza y la iniciativa presentada suma presión al Congreso y obliga a un debate profundo sobre el vínculo entre fútbol, política social y responsabilidad fiscal.
- POLITICA2 días ago
La foto de Javier Milei con los candidatos de La Libertad Avanza en Buenos Aires: “Kirchnerismo nunca más”
- POLITICA2 días ago
Lilia Lemoine reaccionó a las declaraciones de Diana Mondino y dijo que “atentó” contra el Presidente: “Está armado”
- POLITICA1 día ago
Milei grabará la cadena nacional con un mensaje sobre los vetos orientado a “amurallar el déficit cero y la política monetaria”