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Tucumán: una intendencia radical y otra peronista desafían al gobernador Jaldo en la Justicia

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El viejo “pacto social” de Tucumán, como se conoce al modo en que la provincia acuerda la distribución de los recursos con casi todas las intendencias, comienza a mostrar fisuras.

Dos municipios, primero uno radical, en 2023, y luego otro de extracción peronista, a principios de este año, decidieron abrirse de este régimen, por el cual el gobierno provincial se hace cargo de los gastos corrientes de las intendencias, a cambio de que estas renuncien al 100% de lo que les corresponde por coparticipación. Es decir, cada una a su turno, solicitó a la provincia convertirse en las administradores de los fondos que antes cedían.

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Se trata del municipio de Concepción, donde manda el radicalismo, y el de Tafí Viejo, en manos del kirchnerismo. Consideran que les irá mejor librados a su propio designio con los recursos que por ley les corresponden. Así, se sumaron a San Miguel de Tucumán, la capital, que siempre estuvo fuera del pacto, y a la modesta Burruyacú, cuyo municipio cuenta con menos de 3000 habitantes, que también administra sus propios recursos.

Ahora, tanto Concepción como Tafí Viejo redoblan la apuesta y, por caminos separados, exploran en la Justicia tucumana cómo hacer caer las “injusticias” inherentes a las leyes que regulan localmente la coparticipación, a las que están sometidas tras su renunciamiento. Esta suerte de rebeldía contra la administración central se da en momentos en que Tucumán atraviesa una crisis política por la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi por presuntos lazos de su intendente con el narcotráfico.

La revuelta fiscal comenzó en Concepción con el radical Alejandro Molinuevo. Guiado judicialmente por el constitucionalista Antonio María Hernández, llevó sus reclamos municipales a la Corte provincial. En el planteo, sostienen que tanto el pacto fiscal como algunos artículos de la coparticipación -los dos modos de financiamiento- son directamente “inconstitucionales”, principalmente, por vulnerar la autonomía de los municipios.

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Molinuevo afirma que en su empresa contra la provincia recibe el aliento de otros intendentes peronistas. “No aflojes”, lo arengan en reserva, asegura el concepcionense.

En su origen, la acción estuvo acompañada por otras dos intendencias opositoras al PJ, Yerba Buena y Bella Vista, que terminarían luego acordando con la gobernación y abandonando la demanda.

Por ahora, el planteo de Concepción corre en la Justicia con suerte dispar: la Corte provincial abrió una etapa para recolectar prueba, pero negó incorporar al expediente algunos registros que se presumen públicos como los fondos que el ministerio de Economía local recibe de Nación.

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Con todo, creen que el éxito de la jugada dependerá de lo que eventualmente decida la Corte Suprema, a donde piensan escalar con su reclamo.

El caso de la municipalidad de La Banda contra Santiago del Estero, en 2018, se presenta como uno de los precedentes favorables. Allí, el máximo tribunal obligó a la Corte provincial a atender los planteos de la ciudad, que reclamaba una actualización en los índices de la coparticipación.

La insurrección siguió por Tafí Viejo. Tras varios desencuentros con la provincia respecto a una presunta deuda, el municipio decidió correrse del viejo esquema y recibir directamente los fondos. Ahora, evalúan cómo extender su disconformidad en la Justicia. En principio, consideran que el planteo de Concepción respecto a la inconstitucionalidad de las leyes es demasiado “abstracto” para encauzar su propio reclamo, que es por 1500 millones de pesos que asumen como propios.

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En esta última emancipación no jugó solo lo financiero. El municipio está manejado por Alejandra González, pareja del dos veces intendente Javier Noguera, un dirigente cercano a Cristina Kirchner, molesto con los acercamientos intermitentes que el gobernador Osvaldo Jaldo ensaya con la gestión libertaria.

Javier Noguera, exintendente de Tafí

Tras la salida, el gobernador Jaldo cargó contra el municipio públicamente. “Cuando uno comete un error, cuesta repararlo y el error que ha cometido Tafí Viejo es salir anticipadamente del Pacto Social”, aseguró el jefe comunal, que ya anticipó su voluntad de suspender el pacto social, al igual que lo había hecho en su momento el propio Alperovich. Ahora, la Justicia provincial dictó un embargo contra Tafí Viejo por 200 millones de pesos.

Afinar el lápiz

Los intendentes se enfrentan semestralmente a un dilema: dormir al abrigo de la provincia, sabiendo que las planillas salariales estarán al día, pero resignando margen y autonomía política o, por el contrario, lanzarse a la aventura de la autonomía con los recursos de la coparticipación, asumiendo los riesgos que implica convertirse en sus propios jefes.

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Para muchos, el cálculo que deben hacer viene con decimales. La salida del acuerdo no siempre se traduce en una mayor autonomía. En las leyes que reparten internamente la coparticipación, las intendencias están calificadas en tres niveles. Concepción, con más de 40 mil habitantes, por ejemplo, está catalogada como de “primera categoría”, al igual que Tafí Viejo. Pero otras, con menos población, son consideradas de “segunda” o incluso de “tercera categoría”, como Burruyacú, que, afuera del pacto, ha tenido que pedir asistencia extra a la provincia.

El “pacto social” o “fiscal” fue la salida que encontró la provincia a la crisis que terminaría de explotar en 2001. Los números en la mayoría de los distritos ardían y para algunos de ellos era imposible afrontar los gastos básicos. Con el nuevo esquema, la gobernación se hacía cargo de las planillas salariales, a cambio de que los municipios cedieran el 100% de su coparticipación.

Se ideó como un parche fiscal, bajo la gobernación de Julio Miranda, con José Alperovich como ministro de Economía, pero con en el tiempo se convirtió en una eficaz herramienta para el disciplinamiento político: ese trueque nunca se formalizó y cada municipio lo renueva voluntaria y periódicamente en conversaciones con la provincia. Sobre esa base, se posan acusaciones de favoritismos en el reparto. “Hay queridos y no queridos”, dice un peronista.

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Gonzalo Monteros jura como intendente de la Banda del Río Salí bajo la mirada del gobernador tucumano Osvaldo JaldoEveefALAiupibasTimePramenujasones

La polémica sobre una presunta discrecionalidad en el manejo de los fondos se encendió en agosto del año pasado cuando quedó sobre la mesa que La Banda de Río Salí, un municipio que comanda Gonzalo Monteros, hijo del ministro de Interior de Jaldo, Darío Monteros, recibía el doble de recursos que otros distritos con una población similar, como Tafí Viejo. El contrargumento por parte de la gobernación fue que Río Salí tiene una plantilla de empleados en blanco –la base de todos los acuerdos- mucho más extensa.

En la demanda que encabeza Concepción, una de las pruebas que la Corte tucumana rechazó incorporar fue cada uno de los giros que salieron desde la gobernación tucumana a los municipios, sea por pacto fiscal o por coparticipación. La Corte argumentó que no estaba claro qué se quería probar con ese requerimiento, además de que podía quebrar la confidencialidad de “ciertos movimientos financieros”.



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Santiago Caputo desafió a Karina Milei y dejó al descubierto la interna libertaria

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El ángel caído. La lapicera de hierro de Karina Milei expulsó a las Fuerzas del Cielo de las listas libertarias para la elección bonaerense y Santiago Caputo desató tempestades dentro del Gobierno. La irreverencia desbocada en las redes sociales obligó a la hermana del Presidente a poner un freno desde X. Ahora interviene Javier Milei.

El Triángulo de Hierro hizo crack. Hay dos sin tres. “Que el armador choripanero quede como senador provincial y listo. Que cumpla su función en el marco legislativo y no rompa las bolas”, escribió @Mileiemperor, la nueva cuenta atribuida al asesor presidencial después del límite que buscó poner la secretaria general de la Presidencia.

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Interna libertaria: Santiago Caputo y Sebastián Pareja pujan por el poder en PBA. (Foto: NA/X @SPareja_).

Caputo cambia de arroba, pero no de villano. El “cuervo” expiatorio es Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en la sinuosa provincia de Buenos Aires, trotamundos de la política bonaerense y con intereses en el club del que es un hincha fervoroso. Como en la película El Secreto de sus ojos, no puede cambiar de pasión. Para Caputo, la creme de “la casta”.

La disputa entre celestiales y territoriales era un clásico. Pero el sábado la tribuna de Las Fuerzas del Cielo se vino abajo con el espectáculo “pide Dan, no le dan”. Daniel Parisini -El Gordo Dan– y Agustín Romo habían llevado a Olivos un listado con 20 candidatos a concejales, el sub 30 libertario que milita desde las redes sociales, para que Javier Milei intercediera ante Karina y los Menem, Lule y Martín. Es el precio de bloquearse en WhatsApp. Lule y Caputo cortaron todo diálogo.

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Apenas un celestial accedió a las listas, como diputado por la Tercera Sección electoral. Nahuel Sotelo fue el sábado a La Plata a firmar el acta con mala cara. Al final, el secretario de Culto puso la otra mejilla: de sonar como primer candidato quedó en un deslucido quinto puesto, debajo de la bullrichista Florencia Retamoso. Tanto abogó Santiago Caputo por un acuerdo con el PRO, que priorice la gobernabilidad desde el Congreso, que el segundo lugar fue para María Sotolano, que responde a Jorge Macri. Hay que consignarlo: que no cobren los propios es raro. Salvo que crean que las Fuerzas del Cielo estén pipón de pago. Algo de eso hay. “Se cerraron las listas, definió todo Karina, listo el pollo”, cortan en seco cerca de Pareja.

Karina Milei salió a respaldar a Sebastián Pareja (Foto: NA/@SPareja_).
Karina Milei salió a respaldar a Sebastián Pareja (Foto: NA/@SPareja_).

Parecía un renunciamiento, una ofrenda, del caputismo, pero, no. Desde el cierre de listas, la interna es despiadada. Descontrolado consumo problemático de las redes sociales. Guillermo Francos y Patricia Bullrich ensayaron gestos para un control de daños. El jefe de Gabinete suena como un facilitador, el palo en la boca del cocodrilo. Con un Presidente ensimismado en la economía, ya puede bautizarse Guillermo Flancos: los ataja a todos.

Cerca de Pareja juran que Caputo jamás pidió lugares en las listas. Ni a él ni a Karina Milei. Por momentos, la pelea parece una desmesura. Todo por 20 concejales. Tres empanadas. Pero hay más. Es por quién incide en el Presidente y Karina tiene las de ganar. La secretaria general representa el súmmum. No es la cabeza, es más: el cuello que mueve la cabeza del poder.

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Milei odia a Adam Smith, pero aplicó una división del trabajo. Para Caputo, el Gobierno. Para Karina, el partido. Pero, el monotributista choca, como un flipper, en el triángulo del poder. Aspira a digitar candidatos, con el argumento de una gobernabilidad perdida de un Congreso a la deriva después del 10 de diciembre.

No es casual que Milei haya dejado trascender que José Luis Espert-Diego Valenzuela es la fórmula libertaria para la Provincia en 2027. El candidato de Caputo para la Gobernación es Agustín Romo, el presidente del bloque diputados bonaerense, el siempre excluido de las fotos que arma Pareja.

Agustín Romo preside el bloque de diputados de LLA en la Legislatura (Foto: Twitter / @AgustínRomm).
Agustín Romo preside el bloque de diputados de LLA en la Legislatura (Foto: Twitter / @AgustínRomm).

La interna libertaria amenaza con estallar en la Primera sección. Es un problema para LLA porque el norte del conurbano es clave para vencer al peronismo, que es fuerte en la sureña Tercera. “Es un escándalo, que puede desembocar en una denuncia penal”, alertan los heridos que quedaron tirados en el cierre de listas. No son anécdotas. Ramón “El Nene” Vera fue corrido del armado, primero, y después rebotó con los suyos en la lista de senadores. Vera es diputado provincial y desprecia a Romo. Es mutuo.

Ya hay un plan para la Provincia. Además de la fórmula Espert-Valenzuela para 2027, el excomisario Maximiliano Bondarenko, que encabeza la lista por la Tercera sección, es un virtual ministro de Seguridad. Hace tiempo trabaja con Patricia Bullrich y Lalo Creus en una reforma para la Policía bonaerense.

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La campaña arrancó con una rara sanción de Axel Kicillof, siempre inapetente de purgas. Esta vez desplazó a 24 polícias, acusados de gestar un complot para copar la Policía bonaerense, la fuerza que tendrá el control de las urnas en las elecciones del 7 de septiembre. Kicillof debe confiar a ciegas de Javier Alonso, el ministro de Seguridad, afín a La Cámpora.

Apagón y después

“Cuando el sistema era analógico, lo que hacíamos era mandar a uno de los nuestros sin nada a la Junta Electoral porque a la medianoche te cerraban la puerta y fuiste. Después se completaba. Ahora con la carga virtual pasan estas cosas, un corte de luz te puede ayudar”. Un experimento peronista resumía, en la tortuosa madrugada del cierre de listas, la inventiva del PJ para presentar candidatos cuando el dedo de Cristina Kirchner perdió poder, la espada de Axel Kicillof está desafilada y el ingenio de Sergio Massa no tiene límite.

Una semana después, el peronismo logró una foto de campaña conjunta: Kicillof junto a Mayra Mendoza en Quilmes. El reparto dejó al Gobernador con la marquesina y a La Cámpora, con los morlacos. Máximo Kirchner copó las listas con 15 candidatos. El Gobernador metió las cabezas de la Primera y la Tercera, con Gabriel Katopodis y Verónica Magario. El quiebre estuvo cerca.

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El Gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartieron un acto luego del difícil cierre de listas del peronismo. (Foto: prensa Mayra Mendoza)
El Gobernador Axel Kicillof y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, compartieron un acto luego del difícil cierre de listas del peronismo. (Foto: prensa Mayra Mendoza)

TN fue testigo frente a la Gobernación de los sucesivos pasos desesperados del peronismo para esquivar una ruptura porque no había acuerdo en ninguna de las listas. A las 19 del sábado la negociación entre Kicillof y Máximo Kirchner estaba herida de muerte. Entonces, la orden de Carlos Bianco fue que el Movimiento Derecho al Futuro arme listas propias, como anticipó este medio.

“El operativo apagón” comenzó cuando faltaba una hora del cierre. Un corte de luz en la Legislatura, casualidad o no, disparó el montaje para estirar la negociación por fuera del plazo legal que vencía a la medianoche.

La Junta Electoral ya había dejado trascender que no avalaría una prórroga porque sí. El corte de luz sirvió como argumento a los apoderados del PJ. “Se cayó el sistema y perdimos toda la carga. Un desastre”, se lamentaba un apoderado. Y reconocía: “Muy complejo el cierre. Quizás el cierre más difícil de la historia de la provincia de Buenos Aires”.

A las 22:40 se cortó la luz, media hora después salió en una camioneta a las apuradas Bianco y cinco minutos más tarde ingresaron los intendentes Julio Alak y Alberto Descalzo. Nadie decía nada. Entre uno y otro, llegó una camioneta que traía refuerzo logístico: una antena de wifi para empezar a cargar las listas del MDF que usó el partido de Alberto Fernández, PARTE, por si la ruptura era un hecho.

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En la puerta de la Gobernación empezaron a llegar dirigentes de Berazategui y La Matanza para firmar las actas. La angustia era por la prórroga que la Junta no había consentido. Entonces, en una camioneta, ingresó la secretaria General de la Gobernación Agustina Vila. Empezó a gestarse el plan B. Ante el silencio de la Junta, el PJ presentó un amparo. Había crisis de nervios y gritos por celular. “Si el juez acepta el amparo, va a haber conflicto de poderes y esto puede terminar en la Corte. Hay que impedirlo”, decía un peronista con más cierres que canas. El plan B fue descartado cuando un corte de luz certero afectó a la Junta Electoral a las 23.30 y les alargó la vida.

Tampoco funcionaba el grupo electrógeno de la Legislatura. “Estaban en revisión y mantenimiento. Esas reparaciones se hacen en los recesos que coincide con la feria judicial”, decían en el palacio legislativo. “Nadie puede cortar la luz en media ciudad. No existe eso”, decían en el Frente Renovador. Es verdad. Solo se cortó en la Legislatura y en la Junta electoral.

Elecciones 2025, cristina kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner

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La coparticipación que va a las provincias está dos puntos por debajo del máximo histórico

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CÓRDOBA.- En medio del tironeo entre la Casa Rosada y los gobernadores por la distribución de fondos, un informe privado da cuenta de que en 2024 las provincias y CABA participaron del 32,3% de la recaudación tributaria nacional total. En el análisis de 32 años, marca una caída de dos puntos porcentuales respecto al máximo que fue en el 2020. La clave en esta discusión es la distribución en las responsabilidades del gasto; en los últimos días los mandatarios provinciales subrayaron que se hacen cargo de áreas de las que Nación se retiró.

El Iaraf, que conduce el economista Nadín Argañaraz, describe que en los primeros y últimos años del período analizado, la participación de las provincias ronda 30%, mientras que cayó entre 2002 y 2016 (el piso fue en 2010, gobierno de Cristina Kirchner, con 24,9%).

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Aunque de manera permanente hubo cambio en las responsabilidades de gasto y disputas legales entre las partes, las provincias y CABA siempre se llevaron entre 25% y 34% de la recaudación total.

La reforma constitucional del ’94 ordenó modificar el sistema de coparticipación, pero nunca se hizo. Rige, con parches, la ley que se sancionó en 1988 que fija que el total de los recursos coparticipables se reparta 42,34% para Nación, 56,66% para provincias y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ese es el fondo que los gobernadores, como no se ejecuta completamente, quieren que se distribuya.

Aunque el ministro Federico Sturzzeneger dijo que los proyectos impulsados por los gobernadores modifican la coparticipación, no es así. La única vía es una ley convenio que surge de un acuerdo entre la Nación y las provincias y debe ser refrendada por las legislaturas y por el Congreso.

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El informe del Iaraf pone la lupa en cómo fue la participación del consolidado de provincias y CABA en la recaudación de impuestos nacionales, neta de los recursos de la Seguridad Social y de las retenciones que, en general, no son coparticipables. La película muestra que fueron perdiendo participación primaria en la década del ’90 porque leyes y decretos cambiaron el esquema original.

Entre esas modificaciones se cuentan la del ’92 con Carlos Menem que autorizaba a Nación a quedarse con 15% más una suma fija de $43,5 millones mensuales de la masa coparticipable para financiar el sistema previsional y otros gastos operativos y distribuir entre provincias con problemas financieros; en el ’99 se aumentó la participación de Tierra del Fuego de 0,388% a 0,70%; en 2003 se modificó la de CABA y se le asignó 1,4%, en 2016 se pasó a 3,75% y en 2020 se le quitó un punto.

En la administración de Mauricio Macri, después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Santa Fe, Córdoba, y San Luis, Nación restituyó gradualmente los 15 puntos que, después del 2006 cuando vencieron todos los pactos, había seguido reteniendo. El proceso terminó en el 2020.

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Por esa dinámica, desde 2018 y por el consenso fiscal firmado en la administración macrista, la masa coparticipable bruta creció y, en paralelo, se estableció un sistema de compensación para evitar que las provincias (excepto Buenos Aires) vieran modificada su situación respecto a 2017. Así, en el 2020, la participación de las provincias y CABA en la recaudación tributaria nacional (sin seguridad social y retenciones) sea la más alta en 32 años, con 50,6%.

Entre 2020 y 2024, esas transferencias automáticas cayeron dos puntos porcentuales (p.p), aunque si se excluye CABA (por el cambio en su asignación) la reducción es de 0,8 (p.p). Entre el año pasado y el 2023 la reducción fue de 0.4 p.p.

En el último año solo ocho distritos registraron un leve incremento de participación (Tierra del Fuego, CABA, Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa), mientras que el resto bajó.

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Entre 2015 y 2022 se sumaron envíos de la Nación a las provincias que, si bien no forman parte de la coparticipación, “en muchos casos compensan aspectos”: las Transferencias Financieras por medio de la cuenta Obligaciones a Cargo del Tesoro. En ese período representaron 23,5% del total de transferencias no automáticas.

El Iaraf indica que crecieron a partir del 2016 y saltaron fuerte luego del 2019, “cambiando la lógica del reparto de recursos, puesto que Buenos Aires pasó de prácticamente no recibir fondos por este concepto hasta 2015 ( $2.400 millones), a $24.800 millones en 2016 y $40.000 millones en 2017”. Esa suba fue cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia y Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.

En el 2021 Alberto Fernández recorta la participación de CABA y con esos recursos general el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia administrada por Axel Kicillof. El año pasado no recibió nada por la eliminación del Fondo mientras que a CABA llegan más por la cautelar presentada ante la Corte Suprema.

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El de La Rioja es otro caso particular. Recibe recursos no automáticos bajo la forma de envíos de capital y corrientes que se denominan específicamente como “extra coparticipables” por un acuerdo firmado con Nación para “compensarla” porque con la ley del ’88 había perdido un punto. El gobernador Ricardo Quintela demandó al Estado nacional ante la Corte porque adeuda esos envíos.


una ley convenio,se le quitó un punto,fallo de la Corte Suprema de Justicia,Macri la “compensó” por el congelamiento del Fondo del Conurbano.,Gabriela Origlia,Coparticipación,Javier Milei,Federico Sturzenegger,Conforme a,Coparticipación,,Foto en la Rural. Ocho gobernadores se mostraron con Guillermo Francos, pero no hubo un acercamiento,,Desafío y tensión. Se diluye la posibilidad de un encuentro de Francos con los gobernadores para explorar una tregua,,Polémica. El error de Sturzenneger al decir que el proyecto de los gobernadores modificó la ley de coparticipación

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Cúneo Libarona denunció que atacaron el estudio de su hermano y descartó que se trate de violencia política

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El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona denunció este martes que una persona dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina donde funciona el estudio de su hermano Matías. El incidente fue revelado públicamente por el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X. El ministro explicó que la persona responsable ya fue identificada y subrayó que la explosión del artefacto, que efectivamente detonó en el inmueble, no dejó víctimas ni personas lesionadas.

“Hoy una persona que ya fue identificada dejó un artefacto explosivo en la recepción de la oficina de mi hermano, Matías. Si bien el artefacto llegó a explotar, afortunadamente no hubo heridos”, escribió Cúneo Libarona en X. En el mismo mensaje, el funcionario desestimó que el ataque tuviera motivos políticos y lo vinculó con el estado mental del atacante: “No se trató de un hecho de violencia política, sino de una acción llevada a cabo por alguien que presenta evidentes signos de desequilibrio mental”, aclaró el ministro.

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El episodio se registró en el inmueble donde trabaja Matías Cúneo Libarona, hermano del titular de la cartera nacional. El ingreso del artefacto se produjo durante el horario normal de actividad, trascendió luego de conocido el incidente. Tras la explosión, personal de seguridad del edificio activó el protocolo correspondiente y avisó de inmediato a las autoridades locales. Según el relato de Mariano Cúneo Libarona, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y permitió evitar mayores consecuencias. El ministro agradeció públicamente a los responsables del operativo: “Agradecemos a las fuerzas de seguridad por su rápida respuesta”, concluyó en su publicación.

El ataque con explosivo en la oficina de la familia Cúneo Libarona no dejó heridos, según confirmó el ministro de Justicia

Cómo explicó el actual ministro de Justicia, la evaluación inicial apunta al accionar de un individuo con alteraciones evidentes en su salud mental, sin conexiones comprobadas con organizaciones o motivaciones políticas. Del relato se desprende la intervención de personal idóneo en el manejo de explosivos que llegaron a la conclusión de que el artefacto utilizado tenía capacidad para provocar lesiones, aunque por cuestiones circunstanciales la detonación no generó daños personales.

El antecedente de 2002

El episodio evocó el antecedente de septiembre de 2002, cuando la familia recibió una carta bomba en circunstancias que, en ese momento, fue interpretada como un posible amedrentamiento vinculado a conflictos judiciales. En aquella oportunidad, la oficina de Rafael Cúneo Libarona fue blanco de un intento de atentado a través de un sobre bomba, cuya explosión tampoco generó víctimas pero sí daños materiales y alarma en el edificio. El ministro, en esta ocasión, buscó desvincular los episodios mediante un mensaje contundente que pone el foco sobre la situación personal del atacante.

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Aquel incidente ocurrió cuando Rafael Cúneo Libarona llegó a su despacho, ubicado en aquel entonces a escasos metros de la avenida Córdoba. Las crónicas de la época dan cuenta de que el sobre de papel blanco había sido enviado por Correo Argentino desde la ciudad de Rosario. El paquete, que contenía un libro de Derecho con la inscripción “Congreso de la Nación”, presentaba un detalle inusual: el destinatario figuraba como “Rafael Cunio”, con “i”, una alteración en el apellido que llamó la atención de los investigadores.

El sobre explosivo había llegado al edificio el sábado anterior y permaneció en poder del encargado hasta la mañana del lunes, cuando fue entregado a la secretaria del estudio. Minutos después de las 8, Rafael Cúneo Libarona abrió el paquete y activó inadvertidamente el detonador oculto en su interior. La explosión le provocó una fractura expuesta en el dedo índice de la mano derecha y lesiones en ambas manos y brazos.

El artefacto parecía “muy casero” y “realizado por gente poco profesional”, aunque su confección requería conocimientos específicos sobre explosivos, se dijo aquella vez.

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