El país vivió este martes uno de esos días que la historia registrará como únicos, y que la sociedad recordará aun cuando el tiempo haya pasado largamente. Por primera vez, en efecto, un presidente elegido democráticamente (en este caso, elegida dos veces para la primera magistratura de la Nación) terminó con sus huesos en la cárcel por delitos de corrupción. El caso de Cristina Kirchner no es comparable con el de Carlos Menem, porque este estuvo en prisión preventiva durante poco más de cinco meses, y su orden de prisión la dictó un juez de primera instancia, Jorge Urso. Más todavía: Menem fue luego sobreseído por la Cámara de Casación, aunque con el lamentable argumento de que había pasado el “tiempo razonable”. En cambio, Cristina Kirchner ingresará en prisión, y estará en esa condición durante varios años, después de una condena definitiva en la que intervinieron no menos de 20 magistrados y en la que existen dos sentencias idénticas, la del tribunal oral y la de la Cámara de Casación, previas a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Como se infería, era difícil que el máximo tribunal de justicia del país ignorara el intenso y largo trabajo de jueces y fiscales de instancias inferiores y que cambiara todo lo que ya se había decidido. El fallo de la Corte merece ser leído porque refuta cada uno de los argumentos con los que la defensa de la expresidenta intentó modificar la sentencia que la condenaba. Lo primero que se percibe es la debilidad intelectual de sus abogados defensores, si es que fueron ellos (y no ella) los autores intelectuales de la defensa.

Una de las rarezas de la posición de Cristina Kirchner y de sus abogados defensores es la cacofonía sobre la inverosímil proscripción de la expresidenta. En rigor, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es una pena adicional y automática para los condenados por el delito de defraudación al Estado. No es, en definitiva, una decisión arbitraria de algunos jueces, sino una pena que ordena el Código Penal para ese delito. Llama la atención, en todo caso, que su defensa no haya planteado en su momento la inconstitucionalidad de la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si sabía que un mantra posterior del kirchnerismo sería la inexistente proscripción de Cristina Kirchner. Lo cierto es que por primera vez un expresidente estará preso por varios años y por haber cometido hechos de corrupción; desde este martes, ya no se trata de supuestos hechos de corrupción, porque existe la certeza de que cometió actos corruptos en el ejercicio de la función pública. Así lo estableció definitivamente la más alta instancia judicial del país, que convirtió a esa causa, llamada Vialidad, en “cosa juzgada”, casi imposible de rever en el futuro. Es cierto que existe en el Código Procesal Penal un artículo que prevé un recurso de revisión de una sentencia definitiva, pero establece en qué condiciones es posible acceder a esa revisión. No existe ninguna de esas condiciones en el caso de Cristina Kirchner. La expresidenta podría recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, como lo reconoció el propio Raúl Zaffaroni, amigo de la lideresa del peronismo, no le servirá de nada. Los requisitos para llegar a ese tribunal son interminables y llevan muchísimo tiempo. Ya el presidente del tribunal oral que la condenó por primera vez, Jorge Gorini, decidió darles a todos los sentenciados por el caso Vialidad un plazo hasta el miércoles de la próxima semana para que se presenten en la Justicia y se notifiquen. En el caso de Cristina Kirchner, deberá notificarse de que en adelante será una política presa, no una presa política. No son la misma cosa. Es probable que su defensa pida la prisión domiciliaria y es muy difícil que la Justicia se la niegue, aunque existen pasos procesales que ningún juez puede ignorar. Por ejemplo: la opinión de todas las partes y, sobre todo, la del fiscal.

El trámite puede llevar algunos días; es probable que mientras tanto la expresidenta cumpla la prisión en un establecimiento carcelario o policial a la espera de la decisión final del juez. El fiscal Luciani estableció durante el juicio que el robo al Estado en el caso de Vialidad había llegado a la cifra de 1000 millones de dólares; el tribunal oral lo estimó en 600 millones de dólares de la época del juicio. La Justicia siempre se expresa en pesos; por eso, es necesaria la aclaración. Sea como fuere, el juez Gorini deberá actualizar la cifra, por el tiempo transcurrido, y ejecutar el decomiso de las propiedades de Cristina Kirchner por esa cifra, según lo ordenó la Corte Suprema. O el decomiso de todas sus propiedades si sus bienes en blanco no llegaran a esa cifra. Luego, la Anses deberá establecer si ella seguirá cobrando la jubilación graciable de expresidenta de la Nación, ya que fue condenada por actos corruptos en el ejercicio de la jefatura del Estado. ¿Por qué premiar a quien cometió un delito?

El expediente fue iniciado en 2008 por Elisa Carrió y varios diputados más de su partido por el delito de asociación ilícita, que en rigor debió ser el que se le aplicara a la expresidenta si se leen bien los argumentos de los tribunales que la juzgaron. Tres fiscales (el del tribunal oral, Luciani; el de la Cámara de Casación, Mario Villar, y el jefe de todos ellos, Eduardo Casal) coincidieron en que se trató de una asociación ilícita para robarle dinero al Estado. Sin embargo, tanto la Cámara de Casación -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, este en disidencia- como la Corte Suprema decidieron no modificar la resolución del tribunal oral, que la condenó por defraudación al Estado, y no por asociación ilícita, y le bajó la pena de doce a seis años de prisión.

La intención nunca explicitada de los dos tribunales fue no demorar más, con nuevas modificaciones, el ya extenso trámite judicial que llevaba 17 años. El juez de primera instancia, Julián Ercolini, no pudo avanzar mucho en los primeros años después de 2008 porque el kirchnerismo, entonces en el poder, le negaba los pedidos de información que le enviaba el magistrado. Solo cuando asumió Mauricio Macri, en 2015, la Dirección de Vialidad, en manos de Javier Iguacel, le trasladó al juez Ercolini toda la información que había requerido. Pero el dictamen abrumador contra Cristina Kirchner y su responsabilidad en el delito lo firmaron en 2016 los primeros dos fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. “Esos fiscales dejaron al juez sin otra alternativa que procesarla a Cristina Kirchner y enviarla al juicio oral”, dijeron fuentes judiciales.

En rigor, la Corte Suprema (o la mayoría de ella con la excepción del juez Ricardo Lorenzetti, quien aspiraba a una resolución rápida del caso) se había preparado para dictar una sentencia sobre el recurso de queja de Cristina Kirchner para fines de junio. Fue la expresidenta quien apresuró los tiempos cuando hace diez días anunció su candidatura a diputada provincial, y poco más tarde dispuso la movilización del peronismo y del sindicalismo que le es adicto para rechazar lo que era entonces una eventual decisión el máximo tribunal. Ante la posibilidad de que el escándalo creciera, los jueces supremos decidieron este martes anticipar una decisión que ya la tenían estudiada y macerada desde que les llegó el voluminoso expediente, hace 40 días. Siempre suceden cosas extrañas alrededor de Cristina Kirchner; no puede ignorarse ahora que fue ella la que trabajó para adelantar su condición de presa. Solo por un par de semanas, tal vez, pero la adelantó.

La prisión de Cristina Kirchner y la prohibición para que ella ejerza cargos públicos tendrán naturalmente efectos políticos. Ella, Javier Milei y Mauricio Macri son los tres jefes políticos destacados del país. Cristina forma parte desde este martes de los archivos de la historia. Extrañamente, el peronismo no buscó ni intentó una renovación de su liderazgo después de más de 20 años de hegemonía en su cima de la familia Kirchner. Podrá decirse que en la crisis de 2001 tampoco había una alternativa a Carlos Menem, pero no puede desconocerse que entonces había dirigentes como Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann o José Manuel de la Sota, que reunían las condiciones para relevar a Menem. Y de hecho lo hicieron, sobre todo Duhalde, aunque luego de que Menem desistiera de participar de un balotaje con Néstor Kirchner en las presidenciales de 2003. El relevo de Menem terminó siendo Kirchner, que ideológicamente expresaba las antípodas de Menem.

El peronismo no es, por ahora al menos, una alternativa política y electoral al mileísmo gobernante. La prisión y la inhabilitación de Cristina Kirchner podría hacer bajar el riesgo país (porque ya es seguro que no volverá a la función pública), pero eso no resuelve todo el problema de una Argentina sin alternativas políticas. El Presidente no logró todavía sacar al país de la recesión de la economía y, encima, el Banco Central debió contraer deuda en dólares para aumentar las reservas y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario. Es la refutación de Milei al propio Milei.

El fin de semana se lo vio al Presidente en un amplio escenario del Madrid Economic Forum, un evento privado en la capital española, desplegando actitudes y gestos que no son propios de un presidente de la Nación. Mostraban, más bien, la falta de equilibrio emocional que promueven los viejos traumas. Milei también aludió allí de la peor manera, aunque sin nombrarlo, al presidente del gobierno español; Pedro Sánchez puede ser un líder cuestionable, pero es el presidente del gobierno de un país, cargo para el que fue elegido según los preceptos democráticos de su Constitución. Los españoles son los únicos que tienen facultades para relevarlo. Cristina hubiera sido una pésima alternativa, pero lo cierto es que ya no lo es.

Si el peronismo no es alternativa a Milei, como no lo es, ¿cuál es la alternativa, entonces? Macri debería poner más cuidado en sus negociaciones para inminentes alianzas electorales con el mileísmo, sobre todo después de que se supo que Karina Milei le está imponiendo al macrismo la obligación de ir con el nombre de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses y en las nacionales. Pro puede perder su identidad como partido político. Macri debería descansar menos en las negociaciones de sus delegados y apoyarse más en los que reclaman una mayor independencia de Pro. Las derrotas en política suelen suceder y no son necesariamente el fin de nada; por el contrario, a veces pueden ser la necesaria condición de alguna victoria futura.

No solo Cristina Kirchner se terminó por la condena definitiva que la aparta de la vida pública; podría seguir teniendo una influencia lejana e impersonal en el peronismo. Pero sería muy raro que el peronismo aceptara un liderazgo que carecerá definitivamente de atractivo electoral. Ni siquiera es creíble su denuncia de un lawfare para ser juzgada y condenada; el lawfare es una palabra que concibieron los norteamericanos y que luego la hicieron suya, paradójicamente, los gobiernos populistas latinoamericanos. El improbable lawfare que se abatió sobre Cristina Kirchner denuncia una supuesta colusión de jueces y prensa para condenar a líderes populares que no están en el poder. Es falso: el primer tramo de la investigación del caso Vialidad, entre 2008 y 2015, se hizo bajo el gobierno de la propia Cristina. El juicio oral y público que la condenó a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública se realizó y terminó cuando ella era vicepresidenta de la Nación, entre 2019 y 2023. No se trata de una persecución judicial a una lideresa popular, como ella denuncia; solo estamos ante un hecho histórico de la justicia contra la perversa corrupción de una estirpe política.