POLITICA
Carlos Beraldi denunció irregularidades y confirmó el pedido formal de prisión domiciliaria

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner, criticó con dureza la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la condena en su contra por administración fraudulenta en el causa Vialidad. El letrado cuestionó al máximo tribunal y advirtió sobre supuestas anomalías en el proceso de decisión. Según explicó, el proyecto de sentencia fue elaborado por un secretario -en referencia a Diego Seitún– cuya intervención no estaría regulada de forma clara y cuya participación habría sido decisiva en la definición del fallo.
En cuanto al futuro del proceso judicial, el abogado confirmó que la defensa ya presentó un pedido formal para que Cristina Kirchner cumpla la condena en arresto domiciliario. Argumentó que la solicitud se basa en lo dispuesto por la ley para personas mayores de 70 años —la ex mandataria tiene 72— y en las condiciones específicas de seguridad que le corresponden por haber sido jefa de Estado.
Beraldi explicó que esperan una respuesta del tribunal sobre el pedido de prisión domiciliaria antes del vencimiento del plazo de cinco días hábiles. Señaló que una resolución favorable sería lo que corresponde para cualquier persona, dadas las condiciones previstas en la legislación vigente.
Respecto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, indicó que, al tratarse de una sentencia firme, las instancias nacionales ya se encuentran agotadas. En ese marco, anticipó que se analiza recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prevé mecanismos especiales para situaciones urgentes. Según precisó, una eventual resolución de ese organismo podría dar lugar a la presentación de un recurso de revisión en la justicia argentina, con el fin de aplicar de forma inmediata los efectos del pronunciamiento internacional.
El abogado advirtió que ese proceso insumirá tiempo y que quienes promovieron la condena “saben que de esta manera sacan a Cristina de la cancha, al menos en términos electorales, durante un tiempo”. Sin embargo, explicó que, de prosperar el reclamo ante la CIDH, se abriría una vía legal para revertir la inhabilitación.
En paralelo, Beraldi lamentó que la consecuencia institucional de este escenario podría derivar en una sanción para la Argentina. “En definitiva, por estas personas que no cumplen con sus deberes constitucionales, el país va a ser el que termine castigado”, afirmó.
En ese marco, explicó que la defensa concentrará sus esfuerzos en lograr que se otorgue el arresto domiciliario. Además, advirtió que la resolución sobre ese pedido permitirá evaluar si los jueces involucrados “van a actuar como un tribunal de justicia o si se van a encolumnar en esta idea de que se le puede hacer cualquier cosa al peronismo”.
Por otra parte, el abogado vinculó la irregularidad señalada en relación a la participación de Seitún a un episodio previo que involucró al propio juez Ricardo Lorenzetti, quien, en una disidencia, denunció la participación de un secretario asignado para causas penales sensibles, sin control ni transparencia sobre sus funciones. Beraldi señaló, en diálogo con C5N, que se trata de observaciones formuladas dentro del propio tribunal y que reflejan, a su juicio, una “descomposición total” de la Corte.
En sus declaraciones, Beraldi sostuvo que la resolución del máximo tribunal es “muy lamentable no solo para Cristina sino también para la democracia y fundamentalmente para el poder judicial de la Nación”. Dijo además que “de una Corte vergonzosa no se podía esperar otra cosa”.
También cuestionó el modo en que la Corte desestimó el recurso de la defensa. Afirmó que el tribunal argumentó que no se había demostrado la existencia de una cuestión federal, pero lo hizo, según su evaluación, sin realizar un análisis completo del planteo.
Beraldi insistió en que durante el proceso se vulneró la garantía del juez natural, es decir, la condición de imparcialidad. En ese sentido, apuntó contra los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación, quienes intervinieron en el expediente. “Se reunían con el presidente Macri a conversar no se sabe de qué, porque no había ningún motivo oficial”, señaló.
El abogado advirtió sobre otras irregularidades que, a su entender, también vulneraron garantías constitucionales. Señaló que durante el proceso algunos jueces actuaron como si fueran fiscales. A modo de ejemplo, mencionó que, tras el alegato del fiscal Diego Luciani, cuando la defensa respondió punto por punto, el tribunal incluyó en la sentencia argumentos que ni siquiera habían sido planteados por el Ministerio Público.
En ese mismo sentido, puso en duda la base de la condena. Indicó que si bien se habla de 51 obras viales asignadas de forma irregular, la única fundamentación que le dan a la condena es la firma del decreto 54, que aún sigue vigente. Según relató, incluso consultaron a Rodolfo Barra, quien fuere ministro de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Justicia y que es especialista en derecho administrativo, y elaboró un dictamen en el que consideró improcedente el inicio de la causa contra la ex presidenta por no haber administrado fondos públicos de manera directa.
Beraldi cuestionó además las restricciones impuestas a la defensa para refutar los argumentos planteados en contra de la ex presidenta. Detalló que las sentencias emitidas en el marco del caso Vialidad superan ampliamente las mil páginas, mientras que a la defensa se le impuso un límite de 40 carillas para responder, y que cuando la causa llegó a la Corte, se redujo incluso más, a 10 carillas. En ese contexto, criticó que se acuse a la defensa de no haber desarrollado suficientemente sus argumentos.
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POLITICA
Tras el cierre de alianzas, La Libertad Avanza y el PRO comienzan a definir quiénes serán los candidatos

El mismo día en el que finalizó el plazo para la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, el presidente Javier Milei decidió involucrarse en la campaña bonaerense y se fotografió en la provincia de Buenos Aires junto a los dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO, que alcanzaron un acuerdo para octubre, al igual que en varios otros lugares del país.
En la imagen estuvieron dos figuras importantes del partido fundado por Mauricio Macri: Cristian Ritondo, líder del espacio a nivel bonaerense, y Guillermo Montenegro, quien encabeza la lista en la Quinta Sección y es intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata).
Unas horas más tarde, las dos fuerzas políticas publicaron en las redes sociales un comunicado conjunto en el que confirmaron el pacto en territorio porteño y remarcaron que van a cooperar hasta el 2027 para “consolidar a través de sus representantes en el Congreso” las reformas impulsadas por el Gobierno.
Los frentes pudieron conformarse luego de arduas negociaciones entre los representantes de ambos sectores, que discutieron durante semanas -en algunos casos, a último momento- los lugares en las listas que iba a tener cada uno.
Ahora, con ese debate ya saldado, las partes tienen que ponerse de acuerdo sobre quiénes serán los candidatos en los distritos en los que irán juntos, que son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro. En Mendoza y Chaco, el acuerdo fue con la UCR.
En territorio bonaerense, el PRO ya anticipó que postulará a tres diputados que este año tienen que renovar sus bancas, que son Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.
Por el lado de los libertarios, en tanto, el armador Sebastián Pareja está concentrado en las elecciones locales de septiembre y todavía no comenzó a pensar en la boleta para las nacionales.
Quien ya está confirmado como cabeza de lista en este distrito es José Luis Espert, que también tiene mandato en la Cámara baja hasta diciembre y estuvo en la foto de campaña con Milei en La Matanza.
El jueves pasado, el asesor presidencial Santiago Caputo volvió a recibir en su oficina de la Casa Rosada a Pareja y a Espert para coordinar la estrategia que se llevará adelante en los comicios provinciales.
Del otro lado de la General Paz, en tanto, el PRO consiguió solamente el quinto y sexto lugar de la boleta para diputados y ningún puesto en la de senadores, por lo que solamente aportará dos nombres para los “entrables”.
Estos serían el ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, muy cercano a Mauricio Macri, y la consejera de la magistratura, Jimena de la Torre, que es quien más está en duda de los dos.
El primero de ellos, si bien todavía no confirmó su candidatura, celebró a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X el acuerdo que su espacio alcanzó con La Libertad Avanza en la ciudad.
“Vamos a escribir un nuevo capítulo en la historia del partido, siempre respetando lo que nos trajo hasta acá: transformar al país. Vamos a estar siempre de ese lado, desde donde nos toque, liderando o acompañando”, expresó.
Por su parte, De la Torre tiene un buen vínculo con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde a Caputo, pero no tendría el visto bueno de las autoridades libertarias.
Se trata de una abogada especialista en impuestos, ex funcionaria de la AFIP en la gestión de Leandro Cuccioli durante el gobierno de Macri y que asumió en el Consejo de la Magistratura en representación de los letrados.
Desde la Casa Rosada buscaron originalmente que ese puesto lo ocupara una diputada que también es del PRO, pero que desde hace tiempo está muy alineada con la actual gestión nacional, Sabrina Ajmechet.
Finalmente, la legisladora integraría la boleta, pero no lo hará por el macrismo, sino como parte del sector que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se perfila para ser la primera aspirante al Senado.
El compañero de fórmula de la funcionaria todavía es una incógnita, como así también el resto de los candidatos para ambas Cámaras. Aunque comenzaron a circular algunos nombres, como el de Diego Recalde, aún no se trató en profundidad.
Cuando la secretaria general de la Presidencia y líder de LLA, Karina Milei, estaba por abordar el tema junto a sus armadores porteños, surgió la posibilidad de la alianza con el PRO, por lo que se postergó la discusión.
En el interior del país, en tanto, ya hay algunos dirigentes que se posicionan como posibles cabezas de lista, especialmente para senadores, como son Lorena Villaverde, en Río Negro; Nadia Márquez, en Neuquén, y Tomás Figueroa, en Santiago del Estero.
El próximo 17 de agosto es la fecha en la que todos los espacios que competirán en las elecciones nacionales de octubre deberán presentar formalmente a sus candidatos, por lo que los libertarios tienen nueve días para terminar de acordar con sus aliados.
POLITICA
Los detalles de la cláusula «secreta» entre Karina Milei y Mauricio Macri y la jugada de Máximo Kirchner que sorprendió a Massa

Posición totalmente dominante. Ni un insulto, pero la agresión fue total. El kirchnerismo flageló a La Libertad Avanza en Diputados. Karina Milei arrastró a Mauricio Macri hasta la quinta de Olivos y a Cristian Ritondo a Villa Celina para la foto de una División Violeta, con buzo libertario al tono, sin chistar. Fue la primera vez de Javier Milei en La Matanza como presidente y abrió la campaña con balas de fogueo: “Kirchnerismo Nunca más”.
Servido para La Cámpora que devolvió con un tácito “kirchnerismo nunca menos”. Máximo Kirchner como cabeza de la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria fue el rápido pedido de dos intendentes. Sorpresa para Sergio Massa, que ni la esperaba. Como tampoco que Axel Kicillof presentara listas “b” en la noche del traumático cierre de listas. Sobresalto. Por una fuerza incontrolable, el líder del Frente Renovador aceleró los pasos hacia el Gobernador que retrocedía, trastabillándose en explicaciones alrededor de una lustrosa mesaza. Ahora Juan Grabois que pidió por la cabeza de la lista amenaza con presentar una colectora.
Los cierres de listas fueron caóticos, pero hay tregua. Santiago Caputo y Sebastián Pareja, el armador bonaerense de la hermana de hierro, empezaron a trabajar juntos en la campaña. El asesor, como estratega comunicacional y Pareja, como jefe de las campañas del 7 de septiembre y el 26 de octubre.
La disfuncional familia ensamblada de Cristina y Máximo Kirchner, Kicillof y Massa también esconde por ahora la tierra bajo la alfombra. “La basura” emergió como el significante de la campaña. Jorge Macri, con los que revuelven las bolsas de residuos y ensucian. Milei, con la foto en el basural de Villa Celina. Un déjà vu al lanzamiento porteño de Mauricio Macri en 2007 en un basural de Lugano, donde el candidato pulseó por el protagonismo con una nena, Melina, de 8 años, que espontáneamente apareció frente a los flashes con una remera: “Yo amo Argentina”.
Uno de los intendentes que pidió por “Máximo candidato” fue Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. No es cualquiera. Cristina Kirchner había pedido por Nardini como cabeza de lista para la Primera sección y por la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza para la Tercera. Kicillof taponó los dos primeros lugares: con Gabriel Katopodis en la Primera y Verónica Magario en la Tercera.
El pedido de Cristina Kirchner por Nardini era en realidad un gesto para Luis Vivona, padrino político del intendente. Vivona es el senador provincial que impulsó la derogación del límite a la reelección de los legisladores. Cosas de la vida. El polémico proyecto fue aprobado en el Senado con el desempate de Magario, pero no avanzó en Diputados. Al final, Vivona encontró la trampa a la ley. Pura avivada: va como candidato a diputado por otra sección electoral, la Tercera.
La provincia de Buenos Aires es un puño izquierdo apretado con el pulgar para abajo. Cartográfica y metafóricamente. Dividida en ocho secciones, la Primera -conurbano norte- y la Tercera -conurbano sur- concentran la mitad del total de electores: 5 millones cada una. Son el corazón de la pobreza.
El Tetris electoral produjo estragos. Hay episodios más que traumáticos. Fuerza Patria batalla en la justicia porque la Junta Electoral rebotó las listas locales en San Nicolás (Segunda sección) y Morón (Primera sección). La interna feroz llevó a presentarlas pasadísimas de término. Son votos clave para una elección peleada. “Tenemos trece listas con problemas en la Junta. Si no nos aprueban la de San Nicolás y la de Morón es un problemón”, admite un armador del peronismo.
La Libertad Avanza está en alerta. “Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos peleando con ‘el cuco’, el hombre sabe mucho, mucho”, decía un colaborador de Pareja que pulsea en un territorio con un experimentadísimo intendente peronista. Tanto que ni el cambio de las mesas de votación que dispuso la Justicia electoral y logró alterarlo. Para los libertarios, el “kuka” es el “cuco”.
La Junta Electoral devolvió los trapos sucios de las candidaturas testimoniales a la Legislatura. Las consideró “reprochables”, pero no las anuló. Hay que mirar a los integrantes de la Junta, con sede en La Plata. La mayoría tiene vínculo con el intendente Julio Alak, exministro de Justicia de la Nación y Provincia. A la Junta la comanda la presidente de la Corte Hilga Kogan. Todo tiene que ver con todo. La jueza del caso Maradona Julieta Makintach espera que después de la oficialización de las listas, que depende de Kogan, Kicillof acepte la renuncia que presentó hace un mes y medio, para evitar el juicio político. “Vencido ese plazo se terminó el rehén”, dicen en los tribunales de La Plata que leen debajo del agua el sinuoso entramado de justicia y política. Dicen que hay un encono de Kogan con otro juez de la Corte, Carlos Torres, que los termina pagando sin querer Makintach. Diego Maradona fue el que bautizó “cartonero” a Macri. Ocurrió en los ’90 en los duelos mediáticos por Boca Juniors. Tiempo después, los cartoneros fueron el emergente de la crisis de 2001.
Hay un residual en el tuit que publicó Karina Milei sobre el acuerdo con Macri. Tanto comer milanesas con el Presidente, Macri volvió a Olivos esta vez por el fondo de la olla. La Libertad Avanza cedió los dos últimos lugares expectantes de la lista, el 5to y 6to. El típico anzuelo que una “posición dominante” otorga a “un dominado” para que si no quiere quedar afuera milite con toda la lista. “Está bien el acuerdo. Si no lo hacíamos, qué nos quedaba. ¿Arreglar con los radicales? Y encima, como somos tan boludos, seguro que les dábamos los primeros lugares», decía un PRO.
¿Qué esconde el tuit? “Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre. Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023. Por eso, la base de este acuerdo es el compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027″.
Curioso o no tanto. Los mandatos de los legisladores que surjan del 26 de octubre vencerán en 2029 para los diputados y 2031 para los senadores. Pero es sabido la hermana de hierro, Karina Milei, quiere un libertario en la Ciudad de Buenos Aires en 2027. ¿Será por eso que Patricia Bullrich se desveló en la madrugada del miércoles? La ministra de Seguridad, segura candidata a senadora nacional, quiere suceder a Jorge Macri.
Todo dependerá de las urnas y del Congreso, donde el peronismo y sobre todo el kirchnerismo está parapetado. El Gobierno ya cantó una “V de la Victoria” peculiar: “Vamos a vetar”.
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POLITICA
La Iglesia sube el tono de las críticas al Gobierno y profundiza el perfil político opositor

La homilía pronunciada en la celebración de San Cayetano por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, condensó como pocas veces las profundas y contundentes críticas que viene haciendo la Iglesia Católica contra el Gobierno. Fue un discurso pastoral, pero sobre todo político, respecto del impacto social y económico de las decisiones y actitudes del Ejecutivo.
Sin mencionar a Javier Milei, pero con un estilo más directo que en otras expresiones públicas de los obispos, la homilía se refirió a los jubilados, los discapacitados, desocupados y excluidos, un amplio universo afectado por las medidas de la Casa Rosada. Pero García Cuerva también apuntó contra “los niveles de agresión y crueldad” que se vienen registrando en el ámbito público.
Son todas críticas que se vienen expresando por distintas vías desde que se inició la actual gestión y que muestran a la Iglesia Católica en una vereda opuesta. Es una rivalidad que no llega a expresarse de una manera ruidosa, pero que aparece de manera constante. En el oficialismo miran este fenómeno con recelo, por la posibilidad de convertirse en un emergente político que se consolide como un polo de atracción de descontento.
“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y los enfermos; no podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer… Y no lo hacen porque les gusta”, manifestó García Cuerva, en referencia a los argentinos en general.
Frente al templo del barrio porteño de Liniers -donde cada 7 de agosto se concentra una multitud- el arzobispo de Buenos Aires agregó: “San Cayetano, ayudanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal, y de usar palabras que lastiman mucho (…) que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, de indiferencia, de individualismo, de crueldad”.
Son párrafos que concentraron las profundas disidencias que existen en la Iglesia respecto del presente. No hizo falta mencionar a Milei ni al Gobierno para identificar destinatarios del discurso. Se trata de una narrativa anclada en un posicionamiento previo que comparte en la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y lo secunda su par de Córdoba, el jesuita Ángel Sixto Rossi.
Los obispos, por sus diversos órganos de representación, viene expresando fuertes cuestionamientos. Se pronunciaron públicamente en contra de la baja de edad de imputabilidad, los cierres de organismos públicos, cuestionaron la represión en las protestas de jubilados, apoyaron a los que luchan por la situación del Hospital Garrahan y denunciaron que el retiro del Estado en las villas deja el campo libre para los narcos.
Son definiciones críticas que se sumaron a otras que se venían expresando desde el año pasado respecto a la política social, como el apartamiento de las organizaciones sociales y piqueteras que brindaban asistencia y alimentos en comedores, o a la desarticulación del FISU, el plan que urbanizaba barrios populares.
Contrapunto de baja intensidad
Lo cierto es que en un contexto marcado por el ajuste, la motosierra y la “batalla cultural”, la Iglesia Católica argentina optó por una estrategia clara. Tener una fuerte presencia en los temas concretos que afectan a la vida cotidiana de la gente, pero sin entrar en una confrontación directa con la figura del presidente Milei.
En la agenda episcopal se destacan cuestiones como la situación de los jubilados, el financiamiento del Hospital Garrahan, la atención a personas con discapacidad, la respuesta a la represión en las marchas y, más recientemente, el problema del trabajo.
El enfoque -según fuentes que están interiorizadas de la relación entre el Gobierno y la Curia- apunta a señalar “las injusticias” que surgen del modelo económico actual y advertir sobre el riesgo de que el ajuste se convierta en la única variable de política pública.
La relación con la Casa Rosada es entre fría y nula. Milei no responde a los planteos de la Iglesia y, del otro lado, entre los obispos hay una prudente distancia, ante la imposibilidad de establecer un diálogo político con la Casa Rosada.
De hecho, hasta ahora, el presidente de la Nación nunca recibió a las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal que asumieron el año pasado. El vínculo se reduce a los canales institucionales que abre la Secretaría de Culto y al contacto que los obispos mantienen con intendentes y actores locales en cada diócesis. “Rosca política no hay”, aclaran.
En este escenario, la conducción de la Conferencia Episcopal atraviesa un momento de cohesión interna, después del final del mandato de Oscar Ojea y la llegada del arzobispo Colombo, quien no suele rehuir las tensiones con el Gobierno.
La mirada de la Iglesia, resaltan los informantes, no se limita al gobierno nacional: también abarca la realidad de las provincias, donde la agenda incluye crisis económicas, tensiones sociales y confrontación con dispositivos políticos que a veces traspasan los límites de lo legal.
Otro eje que la Iglesia viene subrayando es el de las formas en el debate público, en el que Milei imprime un tono de inusual brusquedad (aunque la semana pasada prometió cambiar y moderarse). Es en ese contexto que se produjo la homilía de García Cuerva y su pedido frente a la iglesia de la calle Cuzco de “salir del chiquero de la descalificación y la crueldad”.
Se trató de un mensaje que apuntó a un clima social enrarecido y a un estilo político que, según observan en ámbitos eclesiales, tiende a desoír a quienes atraviesan dificultades.
Pero además, en lo que va del año, el Episcopado recibió a numerosos grupos en conflicto con el Gobierno: algunos encuentros fueron públicos, otros se mantuvieron en reserva, pero en todos se repitió la sensación de maltrato o indiferencia por parte de las autoridades. En esto aparecen las suspicacias del oficialismo.
Igual, en el terreno electoral, la postura es terminante: la Iglesia mantendrá su histórica prescindencia, sin involucrarse en lo partidario, más allá de que pueda haber pronunciamientos de curas u obispos con posiciones más firmes. La posición de los obispos es acompañar, escuchar y marcar las desigualdades, sin entrar en la competencia por el poder.
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