POLITICA
Cristina Kirchner presentó el pedido de prisión domiciliaria y podría evitar tener que presentarse en Comodoro Py para su detención

A última hora de ayer, el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, para que la expresidenta cumpla prisión domiciliaria en el departamento del barrio de Constitución donde vive actualmente.
El juez Gorini, encargado de hacer cumplir la pena, ya le corrió vista al fiscal del juicio, Diego Luciani, para que se pronuncie al respecto junto con la solicitud de otros tres condenados en la causa Vialidad, entre ellos, el exsecretario de Obras Públicas José López.
El juez dio un plazo de cinco días hábiles -que vence el jueves próximo- para que todos los condenados se presenten en el juzgado para su arresto, aunque no se descarta que la expresidenta pueda hacer ese trámite fuera de los tribunales de Comodoro Py.
Así, con esa respuestas del juez, el planteo anterior del fiscal Luciani, que pidió la detención “inmediata” de la expresidenta, quedó “abstracto”, explicaron fuentes judiciales.
El magistrado también requirió este lunes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que “en el término de 24 horas” procure asignar una dependencia de las fuerzas federales, ya sea Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval o Policía Federal que cumplan con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas. El ministerio no había presentado hasta este mediodía una respuesta al pedido del juez.
En Comodoro Py creen que es viable que la expresidenta cumpla el arresto domiciliario en Constitución. “No hay indicios de fuga”, señaló una fuente del tribunal que juzgó a Cristina ante la consulta de . También es probable que se la habilite a estar sin tobillera electrónica.
No descartan, además, que la expresidenta tenga permitido dar entrevistas por teléfono y hacer uso de sus redes sociales. También se contempla que la seguridad quede en manos de su custodia, tal como pidió.
En las últimas jornadas, cuando se daba como un hecho el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia, se dispararon las versiones sobre negociaciones del entorno de la expresidenta para definir un domicilio alternativo donde cumplir la prisión.
Diego Carbone, jefe de su custodia, estuvo la semana pasada con Julio Zamora, intendente de Tigre, uno de los municipios que se barajan para su residencia. Fuentes cercanas al mandatario dijeron a este medio que no se conversó sobre el establecimiento de un posible domicilio allí.
También se barajó Ezeiza, gobernada por Gastón Granados, cercano a la vicepresidenta. Incluso se mencionó la posibilidad de recluirse en Santa Cruz, en El Calafate o Río Gallegos.
El entorno Cristina Kirchner minimizó esta posibilidad, que dejaría a la expresidenta lejos del escenario político, que pretende continuar protagonizando con visitas de dirigentes, pero especialmente de su hija y nieta, que viven en el departamento de Constitución al que la expresidenta se mudó tras el atentado en Recoleta y que hoy convoca en vigilias a sus militantes.
“Nosotros preparamos un escrito en donde detallamos cuáles son las razones por las cuales Cristina Kirchner sólo puede cumplir esta injusta condena en su domicilio. Por eso lo que pedimos es un arresto o prisión domiciliaria que se le da a las personas que tienen más de 70 años, Cristina tiene 72”, señaló Alberto Beraldi, anoche, en C5N.
Agregó que se justifican una serie de circunstancias especiales en la prisión domiciliaria, como la presencia de su custodia, dada su condición de exmandataria. “Esto no es un privilegio, esta es una imposición que hace el Estado para proteger a personas que cumplieron la función de presidente de la nación”, explicó el abogado.
Ayer, tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal N°2 le otorgó a Cristina Kirchner y el resto de los condenados un plazo de cinco días hábiles (es decir, hasta el miércoles próximo) para presentarse en Comodoro Py y quedar detenidos.
El juez Gorini, que es el encargado de velar por la ejecución de la sentencia de los condenados en esta causa, notificó además a la Cámara Nacional Electoral de la inhabilitación de la expresidenta.
El magistrado dispuso que los condenados Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich deben presentarse en los tribunales de Comodoro Py dentro del quinto día hábil de notificados de su condena.
Allí se “harán efectivas sus detenciones”. Se dispuso este “plazo prudencial” atento que “algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas”.
En principio, los condenados deben acudir al sexto piso del edificio de Comodoro Py 2002, donde está el tribunal oral para quedar presos.
POLITICA
Comienza una semana clave para la causa contra Edgardo Kueider en Paraguay

Edgardo Kueider deberá comparecer el próximo miércoles 30 y jueves 31 ante el juez Humberto Otazú. Ambas audiencias están previstas para las 8 de la mañana. También tendrá que presentarse su ex secretaria y actual pareja, Iara Guinsel.
El magistrado, a cargo del Juzgado de Delitos Económicos, tendrá bajo su responsabilidad realizar la audiencia preliminar en el proceso penal que ambos enfrentan. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa, ya que, al haber sido descubiertos, no lograron concretar el ilícito. Las penas previstas en la legislación paraguaya para este tipo de delitos van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión.
El caso
En la madrugada del 4 de diciembre del año pasado, Kueider y Guinsel fueron detenidos por la Aduana paraguaya en la cabecera del Puente de la Amistad. Intentaban ingresar desde Brasil con más de USD 211 mil, 3,9 millones de pesos argentinos y 640 mil guaraníes que no habían declarado. Estaban, según el acta de inspección, en una mochila hallada en la parte de atrás de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban ambos y que figuraba a nombre de Daniel “Gonzalito” González.
En la investigación por enriquecimiento ilícito que la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado instruye en la Argentina, “Gonzalito” sería uno de los testaferros de Kueider. Era empleado del Senado y fue afectado al despacho del ex representante de Entre Ríos en la Cámara alta. Además, figura como socio en Betail, una de las empresas que, según la investigación judicial, habría sido usada de pantalla para ocultar el crecimiento patrimonial del acusado.
Tras la requisa realizada en las primeras horas del miércoles 4 de diciembre, al ex senador se le devolvieron USD 9.900, ya que ese es el tope de dinero que podía entrar sin una declaración. Horas después, tras exponer en sede judicial, fueron imputados por la Fiscalía. Quedaron en arresto domiciliario.
El proceso
Las audiencias tendrán como fin determinar si el caso se eleva o no a juicio oral y público.
Esta instancia debería haberse completado entre el 24 y el 26 de junio pasado. Pero la defensa de Kueider pidió acceso a la totalidad de la prueba reunida en el expediente. El juez Otazú concedió el pedido. Y ordenó realizar la copia de un pendrive que la Fiscalía había presentado en la causa.
En esta instancia, la acusación contra el ex legislador argentino corre por cuenta del fiscal Ysrael Villalba. La Fiscalía paraguaya sindicó a Kueider y a Guinsel por la tentativa de contrabando de divisas.
Desde la primera instancia, los fiscales Édgar Benítez; Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia señalaron que las acciones de los acusados estuvieron dirigidas a “ocultar las sumas de dinero en el sentido de no ingresar por las vías legales un instrumento que, por su valor, debe ser declarado”. Para la legislación del vecino país, el efectivo se considera una mercadería.
Kueider ha sostenido que el dinero secuestrado no le pertenecía. La primera explicación sobre el origen de los fondos dada ante la Justicia paraguaya corrió por cuenta de Guinsel. La exsecretaria sostuvo que era plata destinada a la compra de cosméticos. Y que se la había entregado un representante de la empresa Golsur a quien no identificó.
La investigación detectó que el titular de la firma sería José Fernando Cousirat, un joven paraguayo de 33 años. Cousirat tiene el registro único de contribuyente (RUC) (el equivalente en el vecino país al CUIT argentino) inactivo.
Además, este hombre figura como representante de otra sociedad paraguaya: Exclusiva Py Eas. Esta firma es una de las dos que comercializaba departamentos del complejo Innova. Allí, Guinsel habría comprado en efectivo varias unidades. Por otro lado, Golsur había otorgado un poder de representación a favor de la exsecretaria de Kueider.
En las entrevistas que el exlegislador ha concedido desde su arresto domiciliario en Asunción ha insistido en que ese dinero “no salió de Argentina”. Sin embargo, nunca especificó el origen. También descartó que se tratara del pago de coimas por haber votado la Ley Bases, como insinúa desde un principio el kirchnerismo.
POLITICA
Senado: crecen las dudas por una sesión solicitada dos veces con agenda incómoda para el Gobierno

A una semana para el fin del receso que suelen inventar Diputados y el Senado, en la Cámara alta crecen las dudas en cuanto a cómo manejar una sesión solicitada -ya dos veces- por supuestos aliados del Gobierno: algunos proyectos son incómodos para la Casa Rosada y una iniciativa que genera intensas discusiones dentro de las propias bancadas y tensiona aún más la delicada convivencia.
Los pedidos de sesión fueron realizados a mitad de junio y a inicios del corriente mes por la bancada amigable del Gobierno -al menos, hasta el último convite en el recinto- Provincias Unidas. A la cabeza del reclamo se encuentra la chubutense de extracción radical Edith Terenzi y su colega de interbloque y peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), entre otros.
El temario ya tiene un rechazo del Gobierno: según confiaron enlaces del Congreso y el Ejecutivo a Infobae, la orden es no aceptar ningún proyecto que esté relacionado con el área de salud. Mucho menos, si ello implica un “gasto” extra para el Estado.
Hay otra iniciativa de ley que convertiría al recinto en un maratónico hervidero: es la relacionada con el aumento de penas para las falsas denuncias, cuestión que en la última semana estuvo en el foco mediático tras el caso de un médico que padeció una situación de ese estilo. “Puede convertirse en un desastre”, lanzó a este medio un experimentado senador el mes pasado, cuando se conoció el primer reclamo para sesionar.
Veamos el resto de los textos: creación por ley del sistema de Alerta Rápida Sofía -es de Romero-; modificación de la norma sobre Trasplante de Órganos, tejidos y Células; la institución de la historia clínica ambiental; el Parto Humanizado; cambios a la ley de Manejo del Fuego; y retoques en el Código Penal sobre delitos por siniestros viales.
Otros apuntan a declaraciones como “Capital Nacional de la Ballena Franca” a la ciudad chubutense de Puerto Pirámides; monumento natural al venado de La Pampa o ciervo pampeano; a San Miguel de Tucumán, como “capital simbólica de la República Argentina”; o el interés por el proyecto de investigación Subacuática “Eslabón Perdido”; y la adhesión a la “Semana Internacional de la Ciencia y la Paz”.
“En principio, quiero aclarar que en este recinto se han pedido sesiones especiales. Lo he hecho en dos oportunidades en el último mes. Y pedí que se trataran todos los órdenes del día que estaban pendientes desde el año 2024, más allá del autor, del proyecto o del bloque político que sean. Entonces, primero quiero dejar aclarado que ha habido pedidos formales y me han acompañado varios senadores para dar el debate en sesiones especiales con temarios de órdenes del día ya aprobados por las comisiones”, señaló Terenzi durante el último encuentro del pleno de la Cámara alta.
La batería de proyectos fue dejado de lado por la sesión en la que la oposición más férrea -kirchnerismo- y los “dialoguistas” se unieron sin temor y le aplicaron duras derrotas al Ejecutivo libertario, que tiene sólo un par de días extra para analizar si veta o judicializa las leyes sancionadas que mejora las jubilaciones, que reactiva la moratoria previsional, y que declara la emergencia en discapacidad.
Por ahora, el Senado pispea los próximos pasos de Diputados: allí se aguarda la votación del proyecto que blinda el presupuesto universitario y del que apunta a amortiguar la preocupante situación del hospital Garrahan. El primer punto tendría que ser analizado, una vez aterrizado en la Cámara alta, por la comisión de Educación. La misma es comandada por el camporista Eduardo De Pedro. El año pasado, el legislador bonaerense -y ex ministro del Interior de Alberto Fernández– abrió ese espacio recién a finales de agosto, tras casi medio año de siesta. En 2025 tardó sólo dos meses y medio: trabajó dos veces.
POLITICA
El Gobierno inició el proceso de privatización de Intercargo y determinó un plazo límite para su realización

El Ministerio de Economía puso en marcha el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada del servicio de atención en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Según la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida forma parte de lo previsto en el Decreto 198/2025 y en la ley 27.742, que había declarado la empresa como “sujeta a privatización”.
La normativa instruye a la Secretaría de Transporte, en cuya órbita se encuentra Intercargo, a iniciar las acciones necesarias para concretar la venta y actualizar el inventario de bienes de la empresa.
Intercargo es una sociedad anónima unipersonal cuyo único accionista es el Estado Nacional. Además, es la empresa que presta en exclusividad el Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves —conocido como servicio de rampa— en aeropuertos del país. Para avanzar con la venta, el Gobierno también dispuso rescindir por mutuo acuerdo el contrato de concesión actualmente vigente entre la empresa y el Estado. La rescisión debe producirse antes de llevar a cabo la transferencia accionaria al futuro comprador.
La propuesta de privatización, elaborada por la Secretaría de Transporte y elevada al Poder Ejecutivo con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, no contempla mecanismos de participación preferencial ni planes de propiedad participada. El paquete accionario completo se venderá en una única operación, sin divisiones parciales ni ofertas reservadas para trabajadores.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la responsable de coordinar las acciones del proceso. Tendrá un plazo de ocho meses para completar la privatización. También deberá solicitar a una entidad bancaria del sector público nacional la valuación oficial de la totalidad del paquete accionario, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación informó que no podrá realizar esa tarea en un plazo razonable.
A su vez, se instruyó a la Subsecretaría de Transporte Aéreo para que supervise la transición hacia el nuevo operador, que ese proceso no afecte la prestación del servicio de rampa ni comprometa la conectividad aérea nacional e internacional. El decreto 198/2025 ya había dispuesto que uno de los objetivos principales de la privatización debía ser garantizar la continuidad del servicio sin interrupciones.
La resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, también dispone que todo el procedimiento se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR y asignó a los organismos involucrados la responsabilidad de garantizar el orden de este proceso.
“sujeta a privatización”,Conforme a,,Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Al rojo vivo. Elecciones 2025: el cierre de listas en Buenos Aires en cada sección electoral,,Valores más altos en GBA. Indec publicó la inflación de junio: 1,6% y el Gobierno lo celebró en redes sociales
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