POLITICA
El Gobierno despidió a 110 empleados del Hospital Posadas que “no iban a trabajar”

El Ministerio de Salud anunció este miércoles que despidieron a 110 trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas como parte de un “reordenamiento profundo de los hospitales nacionales”.
El Gobierno argumentó que los afectados “no trabajaban” ni “cumplían sus funciones”. Además, la cartera solicitó a la Secretaría de Trabajo levantar la conciliación obligatoria dictada por la situación del Hospital Garrahan debido al incumplimiento del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Los despidos en el Posadas ocurren en medio de un fuerte enfrentamiento de los médicos residentes con la gestión libertaria. El miércoles pasado, los profesionales se sumaron al reclamo del Hospital Garrahan por mejoras salariales en la marcha frente al Congreso.
La semana pasada renunció el director ejecutivo del Posadas, con quien los profesionales tenían “un buen diálogo”. La expectativa se había puesto en el nuevo titular del equipo directivo, Luis Quintas, luego de un comunicado donde ratificaron que habría “una mejora en los ingresos con recursos propios”.
Este miércoles, en una nueva marcha por los jubilados frente al Congreso, residentes del Hospital Garrahan y del Posadas se sumaron a la movilización, tal como ocurrió la semana anterior.
Mientras eso ocurría, el Gobierno compartió el comunicado de los despidos. “Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes”, informaron.
Según pudo conocer LA NACIÓN, estos 110 telegramas enviados se suman a otros 40 que recibieron empleados del hospital nacional ubicado en Morón, hace cuatro semanas. Así, llegan a 150 los trabajadores despedidos por inasistencia, de acuerdo con información “consensuada” con los responsables de áreas en las que se desempeñaban.
En el Posadas derivaron toda consulta al respecto con el Ministerio de Salud. Entre los 110 despidos que se conocieron hoy, según respondieron, la mayoría corresponde a personal administrativo del área contable, de recursos humanos, logística, mantenimiento y portería. El listado incluye “algunos” auxiliares de enfermería, según refirieron oficialmente a este medio.
“Lo que se comprobó es la inasistencia para cumplir tareas. En algunos casos, ingresaban pero no se presentaban en el área donde estaban destinados y, algunos, ni siquiera presentaban la tarjeta de acceso a diario. Se constató cada caso y las áreas ampliaron esa información con la concurrencia efectiva o no al lugar de trabajo”, ampliaron.
En el comunicado oficial a través del que se difundieron los nuevos despidos, el Ministerio de Salud remarcó, como lo viene haciendo con otras medidas, que en esta gestión “no hay lugar para ñoquis ni acomodos”. “Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes”, sumaron.
El director anterior, Ángel Elia, había realizado una propuesta de aumento salarial para los 514 profesionales médicos residentes, que fue ratificada el lunes por Quintas. Se trata de un refuerzo salarial con un bono no remunerativo de alrededor de $300.000, más el bono trimestral de $250.000 que recibe el personal de planta. También dijo que duplicarían el día de guardia de $120.000 a $240.000.
En el comunicado, la dirección del hospital reafirmó “su convicción de que el fortalecimiento del sistema de salud no solo requiere recursos, sino también criterios claros y transparentes de gestión”. “Para poner fin al descontrol presupuestario es necesaria una limpieza estructural que incluya la revisión de normativas, procesos internos y licitaciones mal hechas que favorecían a unos pocos, perjudicando al conjunto del sistema. Los que trabajan y se esfuerzan deben ganar más y, los que no cumplen, deben quedar afuera”, remarcó.
La situación del Hospital Garrahan
El Ministerio de Salud informó, primero, que había solicitado el fin de la conciliación obligatoria por la situación del centro pediátrico de referencia nacional. A las pocas horas, rectificó en comunicación con que, dentro de ese proceso que prevé la legislación laboral ante una disputa gremial, lo que la cartera había solicitado a la Secretaría de Trabajo era la “suspensión de la audiencia” de este martes “debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE“.
Para Salud, ”el gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes”.
Expresaron también que le descontarán el día a todos los trabajadores que se sumaron a las medidas de fuerza, que calificaron como “ilegales”. “En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias”, señalaron desde la cartera.
Este miércoles comenzó la primera jornada de un paro de 48 horas del personal de planta del Hospital Garrahan, comandada por delegados de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). En medio de la protesta renunció la presidenta del Consejo de Administración, Soraya El Kik, que había asumido en octubre por “motivos de salud”. El consejo se encarga de la gestión del nosocomio.
Los delegados de los sindicatos con presencia en el Garrahan esperaban que las autoridades del consejo se presentaran hoy a una nueva audiencia por los reclamos salariales. Aun así, no concurrieron. Desde las 16 los trabajadores marchan hacia Plaza de Mayo.
“Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical”, concluyó el Ministerio de Salud.
El comunicado completo del Ministerio de Salud
“En el camino hacia una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos, el Gobierno Nacional continúa con el reordenamiento profundo de los hospitales nacionales. Como parte de este proceso, se decidió despedir a 110 personas del Hospital Posadas que no cumplían con sus tareas.
Se trata de personas que directamente no iban a trabajar. Luego de auditorías internas y controles de asistencia, se comprobó que estos contratados no cumplían con sus funciones o presentaban ausencias reiteradas injustificadas. Cada caso fue evaluado individualmente, y se siguieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos. Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días, en mejores insumos, equipamiento y atención para los pacientes.
Además, el Ministerio de Salud solicitó a la Secretaría de Trabajo que levante de inmediato la Conciliación Obligatoria dictada por la situación del Hospital Garrahan, debido al incumplimiento deliberado del sindicato ATE. El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes. Por eso, también avanzaremos con el descuento del día a todos los trabajadores que se sumaron a estas medidas de fuerza ilegales. En esta gestión, nadie está por encima de la ley. El que no cumple, paga las consecuencias.
Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas, para que la salud pública vuelva a estar al servicio de la gente y no de la casta política sindical.»
Con la colaboración de Fabiola Czubaj
luna llena
POLITICA
El Gobierno estableció un régimen para que civiles puedan acceder a fusiles semiautomáticos

El Registro Nacional de Armas (Renar) estableció un régimen especial para autorizar la compra y tenencia de armas semiautomáticas tipo fusil, carabina o subametralladora de calibre superior al .22 LR. Esta normativa alcanzará a legítimos usuarios de uso civil condicional y entidades de tiro deportivo. La medida surge de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fija los requisitos, controles y condiciones para solicitar este tipo de armamento.
El organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, reglamentó lo dispuesto por el Decreto 397/2025, que reemplazó el principio general de prohibición por un régimen de autorización y supervisión específica.
La nueva resolución determina que las entidades de tiro autorizadas para uso de armas cortas o largas y tiro práctico podrán solicitar estas armas para ser utilizadas por sus socios únicamente dentro de las actividades deportivas habilitadas. También podrán emplearlas con fines didácticos, siempre que el uso se encuentre debidamente documentado.
El procedimiento para realizar este trámite incluye la identificación precisa del arma a adquirir o regularizar, indicando marca, modelo, tipo, calibre, número de serie y Código Único de Identificación de Material Controlado (CUIM) si lo tuviera. Los solicitantes deben acreditar un espacio de guarda habilitado bajo la categoría G2, una clasificación prevista en la Resolución 119/2018 de la entonces ANMaC, que implica medidas de seguridad reforzadas para almacenamiento. Además, deben presentar una declaración jurada con los fundamentos del pedido, documentación respaldatoria de esos motivos y registros fotográficos del material, incluyendo vistas laterales y de numeraciones o marcajes.
La resolución indica que el trámite requiere el pago de la tasa correspondiente, equivalente a la vigente para la Tenencia Express y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM). El Renar será el encargado de evaluar cada solicitud y podrá requerir información adicional en caso de considerarlo necesario para la verificación de antecedentes o de la pertinencia del pedido.
Uno de los ejes del régimen es la acreditación de un uso deportivo comprobado. Para cumplir con esta condición, los legítimos usuarios deben demostrar al menos una de tres circunstancias: certificación de una entidad de tiro con instalaciones propias que los reconozca como tiradores asiduos; participación en competencias nacionales o internacionales de tiro en disciplinas que utilicen armamento de estas características; o una solicitud presentada por una entidad de tiro habilitada para ser utilizada exclusivamente por sus socios en prácticas deportivas o con fines didácticos.
Además del uso deportivo, se evaluarán condiciones complementarias. Entre ellas, antecedentes del solicitante, con verificación de que no existan sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el Renar; una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional; y cualquier otro elemento probatorio que el organismo considere pertinente. Estas pautas buscan asegurar que quienes accedan a las armas contempladas por la resolución cuenten con experiencia previa y un historial sin infracciones.
Por otra parte, el anexo de la medida contiene el modelo de declaración jurada obligatoria. En ese documento los solicitantes deben comprometerse a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática y a mantenerla exclusivamente en estado semiautomático. La declaración también establece que la tenencia autorizada será estrictamente personal, sin posibilidad de transferencia o préstamo a terceros. Los solicitantes deberán aceptar someter el arma a verificaciones futuras coordinadas por el organismo.
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POLITICA
La nueva CGT que se elegirá hoy tendrá pocos signos de renovación y el desafío de frenar la reforma laboral del Gobierno

La nueva CGT que nacerá este miércoles tendrá pocos signos de renovación interna (al menos tal como se definió en las últimas negociaciones) y muchos desafíos en una agenda decisiva que está dominada por la batalla para frenar la reforma laboral del Gobierno.
Si no hay sorpresas, el congreso de la CGT, que deliberará a partir de las 9 en el estadio de Obras Sanitarias, avenida del Libertador 7395, CABA, elegirá un Consejo Directivo de 50 miembros liderado por tres cotitulares: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).
La lista que votarán los 2186 delegados de 210 sindicatos se terminó de consensuar en una larga reunión que se hizo este martes en la UOCRA. Allí, los máximos líderes sindicales confirmaron a los tres cotitulares y bosquejaron el resto de los cargos, aunque aún se mantiene la expectativa de que se sumen 3 dirigentes que rechazan el ascenso de Jerónimo y siguen presionando para que no se elijan las nuevas autoridades de la CGT: Luis Barrionuevo (gastronómicos), Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad).

La jugada de estos 3 dirigentes era compartida por “los Gordos” Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), que finalmente tomaron distancia y se integraron a las negociaciones con sus rivales, una alianza del sector independiente (Gerardo Martínez, de la UOCRA; José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, y Andrés Rodríguez, de UPCN, ausente de “la rosca” sindical por un problema de salud) y líderes de unos 40 gremios, que promueven la llegada de Jerónimo al triunvirato.
El otro dirigente en conflicto es el kirchnerista Abel Furlán (UOM): a la Secretaría del Interior, que ocupaba hasta hoy, irá Héctor Daer, que quiere recorrer el país para trabajar con las regionales de la CGT, por lo que al jefe metalúrgico el ofrecieron la estratégica Secretaría Gremial. Se quejó porque quería quedarse en Interior y quedó en pensarlo. Si dice que no, se quedaría afuera.
Sin embargo, para la Secretaría Gremial también figura otro nombre: Juan Pablo Brey (aeronavegantes), cuya candidatura es impulsada por la poderosa Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

Armando Cavalieri, por su parte, ocupará el lugar de su sindicato al frente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, que desde 2021 ejercía su secretario adjunto en la federación mercantil, José González.
Otros dirigentes que seguirán en sus cargos actuales en la CGT serían Andrés Rodríguez (Secretaría Adjunta), Gerardo Martínez (Relaciones Internacionales), José Luis Lingeri (Acción Social), Sergio Romero (Políticas Educativas) y Sergio Sasia (Vivienda), entre otros. Si Maturano decide sumarse, ya le habrían prometido que su hijo Sebastián continuará como secretario de Juventud.
Hay dirigentes que cambiarían de puesto: se habla de Omar Plaini (canillitas) en la Secretaría de Finanzas, Horacio Arreceygor (televisión) en Prensa y un dirigente de SMATA (aún sin definir) en Industria.

Pero, como es tradicional, todos los sindicalistas advierten que nada es definitivo: cuando se vean las caras esta mañana, y disipen la incógnita sobre los “rebeldes”, se sentarán a reconfirmar la lista. Si todo sale como lo planeado, cerca de las 14 asumirán las nuevas autoridades de la CGT, con mandato hasta 2029.
Lo que parece haber quedado archivado fue la idea de que una mujer se integrara al triunvirato. En los últimos meses circuló con intensidad el nombre de Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Pero hubo varios hechos que conspiraron contra ese ascenso. Por un lado, ningún sector la reconocía y defendía como integrante de sus filas. Por otro, causó malestar en la rama masculina un acto promovido por esta sindicalista en el que las mujeres reclamaban más lugares en la CGT.
Sin embargo, fue clave que Hugo Moyano (Camioneros) reclamara que Argüello continuara en el triunvirato. El mismo líder sindical se ofreció ante sus colegas, divididos por la figura de Jerónimo, como “el factor de equilibrio para garantizar la unidad”. Y a todos les pareció importante que la nueva CGT, que estará signada por la pelea contra la reforma laboral, tuviera a un sindicato poderoso del transporte en los máximos puestos.

El dirigente de confianza de Moyano, de 63 años, compartirá el triunvirato con dos figuras en ascenso: Jorge Sola, de 59 años, actual secretario de Prensa de la CGT y líder del Sindicato del Seguro, considerado por sus pares como un buen comunicador y de impronta moderada e innovadora; y Cristian Jerónimo, de 41 años, secretario de Salud Laboral de la CGT y titular del sindicato de empleados del vidrio (SEIVARA), un ex aliado de Pablo Moyano que pasó a ser apadrinado por un dialoguista como Gerardo Martínez, quien lo llevó a la OIT, a sus reuniones con el FMI y lo presentó al círculo rojo.
Serán dos cambios en los tres principales casilleros de la CGT, que no tendrá mucha renovación en el resto del Consejo Directivo, pero sí una fuerte presencia de la vieja guardia por debajo del triunvirato: mantendrán su influencia en la estrategia cegetista dirigentes con poder desde hace décadas como Daer, Cavalieri, Martínez, Rodríguez, Lingeri y, desde la mesa chica, Moyano.
En las últimas negociaciones, incluso, reapareció otro veterano líder sindical como Carlos West Ocampo (Sanidad), quien compartió la época de esplendor de “los Gordos” junto con Cavalieri y el fallecido Oscar Lescano (Luz y Fuerza) y en 2022, luego de cuatro décadas, le dejó a Daer su lugar al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).

Una vez que asuma la nueva CGT no tendrá mucho tiempo para celebrar: a la flamante conducción le espera el desafío de cómo enfrentar una reforma laboral que amenaza con poner en jaque al poder sindical.
Formalmente, Gerardo Martínez es el representante cegetista en el Consejo de Mayo, instancia de diálogo multisectorial de donde saldrá por consenso el proyecto de ley sobre “modernización laboral”. Pero desde que Javier Milei ganó por amplio margen las elecciones legislativas comenzaron a circular versiones sobre cambios laborales que preocupan a la CGT.

El Gobierno tardó demasiados días en desmentir algunas propuestas que trascendieron, pero Federico Sturzenegger, el titular del Ministerio de Desregulación que desautorizó esas versiones, habló esta semana ante empresarios en Madrid y admitió que buscan fomentar los convenios por empresa. Tras señalar que esa idea “desarticula” la estructura sindical, dijo: “Por eso vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”.
El endurecimiento del Gobierno en materia laboral, que responde a una interna libertaria, según la CGT, hizo que también un dialoguista como Gerardo Martínez se mostrara muy crítico: “No queremos ir al conflicto, pero si se nos cierran todas las puertas y no nos dan garantías vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos en la defensa de nuestro derecho”, advirtió.
Esa postura de uno de los dirigentes más moderados preanuncia que a la CGT que nacerá en las próximas horas no le quedará mucho margen para elegir si será dura o dialoguista. Así como no tendría tantas señales de renovación dirigencial, tampoco tendrá tantos nuevos desafíos por delante: el debate por la reforma laboral marcará a fuego a la flamante cúpula cegetista.
POLITICA
El afectuoso saludo entre Francos y Adorni, tras el cambio en la jefatura de Gabinete

La convocatoria fue impulsada por la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), que agrupa a más de 15.000 congregaciones. El encuentro, según sus autoridades, tuvo un carácter institucional: “Fue un evento para bendecir al país, al Presidente y su gabinete, en el marco de una ley nacional que conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas”, explicó Christian Hooft, presidente de Aciera.
La ley 27.741, sancionada el año pasado, instituyó el 31 de octubre como fecha oficial y dispuso que el Poder Ejecutivo “propiciará actividades específicas” relacionadas con el día nacional instituido. Entre 40 y 50 pastores participaron del acto. Karina Milei acompañó a su hermano durante toda la ceremonia.
La escena central fue breve, pero cargada de simbolismo. Sentado y rodeado por pastores, Milei recibió una bendición para él y su equipo. Karina Milei, con las manos extendidas, acompañó la oración, mientras un grupo de esposas de pastores se acercaba para orar por ella, sosteniéndole los brazos. Luego vino el discurso presidencial, cuando lo político irrumpió en el rito: Milei interpretó el resultado bonaerense como una intervención divina.
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