Artículo publicado originalmente en Clarín

En agosto de 2016, tres días después de ser procesada en la causa Vialidad, Cristina Kirchner hizo una maniobra típica de los delitos de guante blanco: una herencia anticipada de bienes a sus hijos Máximos y Florencia para evitar devolver al Estado los fondos públicos robados en complicidad con Lázaro Báez.

En esa oportunidad, Cristina anunció que cedía “el 50% de los activos financieros, los bienes muebles y los inmuebles que me correspondieran en concepto de bienes gananciales en la sucesión de Néstor Carlos Kirchner fueron cedidos legítima y legalmente a mis hijos, dentro del expediente sucesorio”. El otro 50 por ciento era ya de sus hijos. Ella solo se quedó solo con 200 mil dólares.

Ahora los fiscales Diego Lucini y Sergio Mola deberían denunciarla por insolvencia fraudulenta para que devuelva 55 millones de dólares por el robo al Estado en el direccionamiento de contratos de obra pública a Lázaro Báez por 3.500 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando condenó a la ex presidenta y otros ocho imputados por fraude el Estado fijó en unos 500 millones de dólares el dinero a decomisar en forma solidaria. De ese total, a Cristina le corresponden 55 millones de dólares según una primera estimación, aunque el TOF 2 pidió esta semana al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualizaran esa cifra.

Como se prevé que la mayoría de los condenados se declaren insolventes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya tienen embargados a todos los condenados 145 inmuebles, 42 autos, 2 barcos, 18 productos bancarios y 11 participaciones en sociedades.

Luego de la detención efectiva de la ex presidente y los otro ocho condenados, los fiscales pedirán abrir lo que se llama un incidente en la causa para decidir cómo recuperar ese dinero al Estado. Según el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Luciani y Mola deben denunciar a Cristina por el delito de “insolvencia fraudulenta”.

El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, dijo a Clarín que coincide con el diputado de Elisa Carrió. Federici fue el aportó datos clave en la causa cuando era funcionario de Mauricio Macri.

Federici explicó que “es altamente probable que una porción significativa de los activos que constituyen el producto del delito no haya sido aún legitimada (lavada), y que muchos otros hayan sido objeto de maniobras de disposición fraudulenta destinadas a extraerlos formalmente de su patrimonio personal”.

“Su patrimonio declarado (unos 200 mil dólares) eestá muy lejos de reflejar la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos”, agregó.

“Una parte de los activos sustraídos permanece oculta; otra quedó en poder de testaferros y operadores cercanos, como Daniel Muñoz o Báez; y otra —la porción ya blanqueada— habría sido transferida, posiblemente mediante actos simulados o fraudulentos, en favor de sus hijos, a los efectos de sustraerla de eventuales acciones de recuperación patrimonial”, contó Federici. El ex secretario Muñoz invirtió 65 millones de dólares en propiedades en Miami y Nueva York

En la etapa de ejecución de la sentencia “corresponde que los fiscales avancen de manera integral sobre la totalidad de los activos identificables (hoteles, inmuebles, cuentas bancarias, sociedades, etc.)”, agregó.

“En caso de que se alegue la inexistencia de bienes suficientes, deberá considerarse la eventual configuración de insolvencia fraudulenta, a fin de impedir que esas maniobras de vaciamiento patrimonial terminen en efecto frustrando la efectividad de la condena”, subrayó Federici.

Cómo es el trámite. En primer término, los jueces del TOF 2 solicitarán a los condenados que cubran esa suma, en forma solidaria. Como la mayoría dirá que no tiene dinero, se procederá al remate de los bienes que ya están embargados de acuerdo a una lista que confeccionaron el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita en la instrucción de la causa.

El reclamo de 500 millones de dólares es por el daño provocado al Estado con las obras que no se terminaron, los sobreprecios, los adelantos financieros y otros delitos.

Esa reparación al Estado tienen que pagarla, además de Cristina, los otros condenados: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

En tribunales se espera que la ex presidenta use la misma estrategia que la ex secretaria de Medio Ambiente menemista María Julia Alsogaray que fue condenada en 2014 a 4 años de prisión y la devolución de un millón de dólares en una causa por enriquecimiento ilícito. Se declaró insolvente y entonces le embargaron y remataron su mansión construida en un ex petit hotel de la Recoleta.

Además, en noviembre del año pasado Milei le anuló la jubilación de privilegio 14 millones de pesos que cobraba Cristina, tras la decisión de la Cámara de Casación de confirmar su condena en la causa Vialidad. No se sabe si cobrar sueldos como presidenta del PJ y dirigente del Instituto Patria.

Los fiscales Luciani y Mola ya pidieron al juez de ejecución penal Jorge Gorini que los más de 500 millones de dólares que se deben decomisar de los bienes y cuentas de Cristina Kirchner y otros condenados sean destinados a escuelas, hospitales públicos u otro fin social.

El decomiso para construir escuelas

En un escrito, los fiscales pidieron “asegurar que el decomiso cumpla una función social. En otras palabras, debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”.

En especial, “provocan un daño social grave, dado que el dinero público que se desvía para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud, jubilaciones, asistencia social, infraestructura, educación, vivienda, trabajo y justicia”, sostuvieron en el escrito presentado esta semana y al que accedió Clarín.

Por eso, “la corrupción atenta directamente contra los principios democráticos del Estado de derecho, al impedir el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos”, agregaron.

Por lo tanto, “a las personas más necesitadas se las privó de los fondos que terminaron en los bolsillos de los condenados”. Esos fondos podrían haber servido para paliar, en parte, la formidable pobreza existente en el país desde hace décadas. Esto es, podrían haberse destinado para el progreso y el desarrollo”.

Y esto es así porque, en definitiva, “la corrupción impide que esos fondos se destinen a fines nobles. Es decir, obliga a recortar políticas públicas esenciales, lo que agrava las desigualdades sociales y condena a los sectores vulnerables a la pobreza y la precariedad”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo en cuenta consideraciones de esta índole al dictar la Acordada N° 2/18, mediante la cual se reglamentaron las acciones concretas para lograr la identificación, la localización, el embargo, el decomiso de bienes y el recupero de activos.

Además, estipuló que el “producido de la venta de los efectos secuestrados con arreglo a la ley 20.785 y los bienes decomisados, deberá ser ingresado por las respectivas instituciones bancarias, a las cuentas abiertas a nombre de este Tribunal”.

Cristina dice que solo tiene US$ 200 mil

Ahora, con fecha del 22 de enero y ante la Oficina Anticorrupción, Cristina declaró un patrimonio de 249.421.220 pesos. Se integra por un Corolla Seg Hev 1.8, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y un terreno de El Calafate, más acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras. Al departamento del barrio de Recoleta le puso un valor fiscal de 35.706.295 pesos, y la residencia de El Calafate, de 24.848.436.

Cristina Kirchner tiene acciones de Mercado Libre por 39.771.286 pesos, acciones de Apple por un valor de 34.660.857,00 pesos. También declaró acciones de Vista Oil (Miguel Galuccio fue presidente de esta firme), 1203 en total por un valor de 34.224.147 pesos, entre otras.

El grupo de sus bienes se los pasó a sus hijos con aquella maniobra de 2016. Así Máximo y Florencia tienen 25 inmuebles (2 en Capital y 23 en Santa Cruz), un auto, las acciones en las sociedades Hotesur y Los Sauces y US$ 5.969.144 y $ 53 mil., que son los bienes de su padre y los que le transfirió Cristina.

En su declaración jurada de bienes de 2023, Máximo afirmó tener una fortuna de 4.719.066.772 (unos 4 millones de dólares).

Al margen de la denuncia por insolvencia fraudulenta que los fiscales harían contra Cristina, Máximo está procesado en la causa por lavado de dinero llamada Hotesur y Los Sauces y los hoteles, ahora a su nombre y de su hermana, están embargados.

En cambio, Florencia fue sobreseída y no pesa nunca causa judicial en su contra, más allá de los casi 5 millones de dólares que le encontraron en una caja de seguridad en el banco Galicia y que fueron, también, una donación anticipada de su madre.